Relaves mineros bajo cambio climático: gestión de riesgo de desastres, gobernanza e innovación

Considerando la gran cantidad de depósitos abandonados hoy en el país (sobre los 700), los relaves mineros manifiestan una urgencia socioambiental para la cual no existe hoy información actualizada, denuncia y describe esta columna para CIPER: «Intento con este texto abrir la discusión sobre alternativas para la gestión de los depósitos de relaves, un esfuerzo público-privado que debe ser prioridad para las carteras de Minería y Medio Ambiente, y de la industria en general».

Nuestro país es el tercero del mundo con mayor cantidad de relaves, lo cual es comprensible a la luz de nuestra orientación hacia la minería. Muchos de estos depósitos se encuentran abandonados, y no existe información actualizada respecto a su estado. De los 742 depósitos de residuos mineros que existen en el territorio, 463 se encuentran inactivos y 173 abandonados (Fundación Chile, 2020). Las importantes aglomeraciones socioterritoriales y los patrones de cercanía de estos relaves con zonas urbanas y ríos son una situación que debería preocuparnos en un contexto de cambio climático.

Brasil y Canadá nos han recordado recientemente el potencial destructivo de estos depósitos y la alta probabilidad de que puedan fallar o ceder ante aumentos significativos de lluvias (por ejemplo, en zonas áridas, como las del norte de Chile). Las investigaciones sobre el colapso de relaves de la mina Mount Palley, en Columbia Británica (Canadá, 2014), demostraron que la empresa propietaria, Imperial Metals, no sólo había construido en terreno inadecuado, sino que además le había agregado anualmente altura a la presa para aumentar su capacidad (Lamberti, 2015). Producto de esta falla, se derramaron aproximadamente 17 millones de metros cúbicos de agua y 8 millones de metros cúbicos de relaves; es decir, un total de 25 millones de metros cúbicos contaminantes. Esto afectó gravemente al medioambiente y la fauna; en especial, los lagos Polley y Quesnel, el río Cariboo y el arroyo Hazeltine, a los que llegó la mayor parte del material. Además, hubo que cortar el suministro de agua potable de más de trescientas familias cercanas al lugar (Government of British Columbia, s.f).

Un año después, en el estado de Minas Gerais (Brasil) fallaron dos diques de contención de relaves de la mina Samarco, propiedad de la empresa brasileña Vale y la anglo-australiana BHP. Lamentablemente, hasta hoy no se ha aclarado la causa del desastre. Sus efectos fueron evidentes: luego que cedieran los diques, se liberaron 55 millones de metros cúbicos de lodo y desechos mineros que avanzaron más de 600 kilómetros por el río Doce. Los sondeos al material concluyeron que había minerales, como el hierro, que superaban en un más de 1.000% lo permitido por la norma internacional (Menezes, 2015). El gobierno reconoce doce personas muertas, pese a que los lugareños reportan 120 fallecidos y 200 desaparecidos (Lamberti, 2015). En 2019 otra tragedia de la industria minera azotaría al país, cuando colapsó y se derrumbó una represa de relave de la mina Córrego de Feijao ―también propiedad de la empresa Vale―, ubicada en el municipio de Brumadinho (Minas Gerais). Se derramaron 13 millones de metros cúbicos de residuo, los que llegaron a avanzar a una velocidad de 80 kms. por hora. Esto arrasó con prácticamente la totalidad del ecosistema aguas abajo y con un número importante de poblados, dejando una dramática cifra de más de 150 personas muertas y 200 desaparecidos (Gavidia, 2019; Darlington et al., 2019).

Tal como hemos mencionado, en Chile existen 742 depósitos de relave, de los cuales 463 se encuentran inactivos y 173 abandonados. Respecto a su tonelaje, la Fundación Chile estimaba en 2014 que en el país se generaban 525.000.000 de toneladas anuales, y que para el 2026 aquello crecería en más de un 70% (915.000.000 de toneladas). Cada 36 horas se depositan 2.572.263 toneladas de relaves, lo que equivale aproximadamente a un cerro Santa Lucía. Siguiendo la proyección, en 2026 esto mismo ocurriría cada 21 horas.

Esta es la compleja realidad que enfrentamos, la cual ha sido tematizada por la propia Fundación Chile, desde donde se lideran iniciativas público-privadas, como el Programa Tranque; y por otras organizaciones, como Fundación Relaves.org, la cual ha realizado un trabajo constante de educación socioambiental respecto a la materia. Esta última surgió en 2010,  cuando luego del terremoto se derrumbó un relave minero en el norte, sepultando a una familia completa bajo lodo tóxico.

De todos modos, el manejo de información respecto a este tema es tan difuso, que actualmente no existen trabajos sistemáticos que aborden las fallas o fracturas que han ocurrido en nuestro país- Resulta por eso fundamental que se asignen recursos para este tipo de investigación.

Esta columna reúne evidencia que hemos construido en más de tres años de investigación sobre depósitos de relaves mineros, investigaciones de colegas e inquietudes cada vez más recurrentes que emergen al revisar la prensa nacional.  Más que establecer horizontes normativos, es un texto en el que pretendo abrir la discusión sobre los retos que genera el cambio climático para la gestión de los depósitos de relaves y, en adelante, propongo a la gobernanza y la innovación como dos opciones que considero vale la pena explorar para comenzar a conversar sobre el futuro de estas infraestructuras. 

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El conocimiento respecto a las repercusiones que generarán los relaves en un contexto de cambio climático es bastante incipiente, y por una razón simple: es un fenómeno que actualmente está sucediendo y que por lo tanto se va evaluando sobre la marcha. Ahora bien, lo que hoy sabemos y es de gran relevancia para la cantidad de depósitos de relaves que existen en Chile es que las dinámicas de precipitación (lluvias) pueden verse impactadas [Sarricolea, Meseguer y Romero-Aravena, 2017] al presentar escasez de lluvias en algunos sectores y aumento de precipitaciones intensas en otros.

En la misma investigación recién citada se  sugiere continuar monitoreando la situación en el norte de nuestro país, y construir más estaciones de medición: en el Altiplano hay una reducción significativa de la precipitación anual y en el desierto costero no existen variaciones significativas; en cambio en la precordillera, en Poroma y San Pedro de Atacama, la tendencia es hacia el incremento. En algunas zonas puede llover menos cantidad anual, pero concentrada en menos días, lo cual puede generar aludes y deslizamientos, entre otros.

La situación socioambiental chilena es bastante frágil, y en los últimos años ha sido explorada por diferentes investigadores. Algunos ejemplos son los de Aliste y Stamm (2015), quienes mapean los conflictos socioambientales de la ciudad de Santiago ―irónicamente concentrados en los sectores socioeconómicamente más favorecidos de la ciudad―, y el de Castillo, Sandoval y Frías (2022), quienes analizan las percepciones y legitimación de la desigualdad socioecológica, explicando cómo el habitar en una zona ambientalmente degradada se vincula con la construcción de distintas gramáticas: naturalización, relativización, negación y resignación.

Uno de los ejemplos más reconocidos al respecto es el trabajo de Delamaza, Maillet y Martínez (2017), que da cuenta de un aumento sostenido de la actividad contenciosa (protestas) relacionada a conflictos socioterritoriales en Chile entre 2005 y 2014. Específicamente, en relación a relaves y minería, hace algunos meses se publicó en un medio nacional un artículo en el que entregamos algunos antecedentes sobre la situación socioterritorial actual de Chile, a propósito de estas infraestructuras.

A grueso modo, consideramos que es necesario relevar que la geografía de los depósitos de relaves en Chile se caracteriza por las marcadas aglomeraciones socioterritoriales, las cuales en ocasiones se concentran en torno a cursos de agua y/o zonas urbanas. Un caso emblemático de esta última situación es Andacollo, que posee relaves dentro de la propia ciudad (Campos-Medina, Ojeda-Pereira & Ponce, 2021) [1]. Al mismo tiempo, nos encontramos explorando la conflictividad social que estas infraestructuras generan. Si bien aún es prematuro exponer resultados, hemos hallado indicios de protestas y tensiones por relaves desde el Norte del País, hasta incluso en la Patagonia en la XI Región de Aysén.

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Siendo extremadamente responsable con las aseveraciones en torno a esta información, intento levantar una alarma en torno a la necesidad de comenzar a generar planes que garanticen la estabilidad física y química de los depósitos ante un contexto geográfico-físico y social variante. En esta línea, propongo dos alternativas conceptuales que pueden aportar a la discusión pública: gobernanza(s) e innovación, tanto en el contexto del mundo público/político, como también en las prioridades y alternativas del mundo privado.

Si bien el concepto de ‘gobernanza’ es jabonoso y difícil de definir, existen puntos mínimos a su favor como alternativa a la hora de afrontar problemas complejos. A grueso modo, la gobernanza ―o, más bien, las gobernanzas― guardan relación con el proceso de toma de decisiones sobre tal o cual materia de interés, comprendiendo el acceso y producción de información, los procesos de negociación, el rol e intereses de los actores implicados (públicos, privados, organizaciones comunitarias y otros) y los modos de gestión de conflictos, etc. Desde esta amplia definición, los procesos de gobernanza no son una alternativa mágica que nos solucione una problemática, sino que se abre al diálogo y establecimiento de claves comunes para llegar a un buen puerto.

Podríamos llenar una biblioteca completa con propuestas de gobernanza con apellido; algunos ejemplos son gobernanza interactiva (Edelenbos y Van Meerkerk, 2016), gobernanza adaptativa (Schultz, Folke, Osterblom y Olsson, 2015; Chaffin, Gosnell y Cosens, 2014), gobernanza resiliente (Duit, Galaz, Eckerberg  Ebbeson, 2010).  «buena» gobernanza (Dellepiane-Avenllaneda, 2010), entre otras. Ahora bien, lo que considero atractivo de este concepto es su enfoque constructivista y flexible para consensuar un modelo de toma de decisión respecto a un tema o elemento de interés de múltiples actores. Aquella posibilidad es bastante interesante a la hora de abordar procesos socioterritoriales complejos; más aún, cuando entre los actores existen diferenciales de poder y múltiples intereses, lo que inmediatamente se transforma en un reto ―y, también, en una gran oportunidad― para el Estado y el sector público, como orientador, guía y también, juez de fe en el proceso.

Al mismo tiempo, la innovación, como un fenómeno complejo, también pareciera ser digna de explorarse para la gestión de estas infraestructuras. Gran parte de la literatura internacional respecto a depósitos de relaves de la última década, se ha enfocado en proponer nuevas alternativas tecnológicas y formas para su administración (Campos-Medina, Ojeda, Quiroz y Guzmán, 2022). No solo comprende  la idea de importar maquinaria extranjera e invertir, sino que es un proceso social de mayor envergadura, el cual comprende al capital humano, sus competencias y capacidades para la gestión tecnológica. Además, es sumamente interesante explorar la dimensión temporal y política de las innovaciones; es decir, ¿cuándo una innovación deja de ser una innovación y se transforma en capacidad adquirida? ¿Cuál es el rol de las comunidades aledañas a las infraestructuras en la  toma de decisión respecto a la implementación de nuevas tecnologías y en qué momento participan? Son solo algunas de las preguntas que considero centrales a la hora de dialogar sobre innovación.

En este breve texto he intentado abrir la discusión sobre alternativas para la gestión de los depósitos de relaves, un esfuerzo público-privado que debe ser prioridad para las carteras de Minería y Medio Ambiente, y de la industria en general. Los relaves sin duda manifiestan una problemática socioambiental, más aún, cuando se considera la gran cantidad de depósitos abandonados hoy en el país, sobre los cuales no existe información actualizada, hay pocas ―por no decir nulas― capacidades de fiscalización, ni tampoco una hoja de ruta consensuada por los múltiples actores interesados.

Existen múltiples iniciativas para revalorizar este material e insertarlo a nuevas cadenas de valor, tales como el programa I+D Relaves con Valor o el proyecto T2CM. También propuestas de phytoremediación, en las que se testea el uso de ciertas plantas para gestionar depósitos abandonados (Lam et al., 2021; Lam et al., 2017). Ahora bien, pocas iniciativas consideran la arista social y socioterritorial dentro de sus áreas de intervención. De hecho, en una reciente investigación exploramos 8434 publicaciones científicas internacionales de alto nivel de la última década, y descubrimos allí que la tendencia es a desarrollar múltiples propuestas técnicas hacia el futuro, proponiendo formas alternativas para la gestión de los depósitos como la principal tendencia (Campos-Medina, Ojeda-Pereira, Quiróz y Guzmán, 2022).

El cambio climático y las posibles transformaciones en las dinámicas de precipitación, la lluvia y el viento muchas veces movilizan el material tóxico desde los depósitos hacia zonas aledañas. También los cambios drásticos y aumentos en la precipitación pueden generar que las infraestructuras fallen, se fracturen o cedan: es ésta la gran preocupación que ha motivado este texto.  Las amenazas y el riesgo de desastre de los depósitos de relaves para los ecosistemas y comunidades aledañas son un hecho de facto que no debe ser subjetivizado ni flexibilizado. La gran pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a hacer para que esto no suceda? ¿Cuál es el valor de los ecosistemas y de la salud de nuestros niños y niñas? ¿Cuánto esfuerzo pondrá el estado y el sector privado?

REFERENCIAS