El balance 2020 entregado por el Partido Comunista al Servel reveló nuevos aspectos de la venta de gran parte del patrimonio inmobiliario de esa colectividad, realizada en 2016 para cumplir con la ley que limitó las actividades económicas de las agrupaciones políticas. Inicialmente, la enajenación de más de cien inmuebles involucró un plazo de pago de 12 años, pero dos repactaciones –una en 2018 y otra en 2021– lo ampliaron a 28 años, hasta 2049. La deuda actual bordea los $4 mil millones. La sociedad que adquirió los bienes fue constituida por el militante comunista Ricardo Castro y aunque el negocio fue investigado por supuesta “venta simulada”, el partido fue sobreseído.
En 2016 el Partido Comunista vendió más de 100 propiedades para cumplir con la nueva ley que puso límites a las actividades económicas de las agrupaciones políticas. El negocio inmobiliario se hizo público al año siguiente, cuando se supo que la empresa compradora había sido constituida por uno de sus militantes, el académico Ricardo Castro, quien no poseía solvencia declarada para adquirir en $3 mil millones casi el total del patrimonio de su colectividad. La Sociedad de Inversiones Progreso SpA, había sido constituida por Castro con otro socio -Pablo González- especialmente para concretar la transacción. El PC enfrentó una querella presentada por el Partido Regionalista Independiente (PRI), cuya directiva acusó contrato simulado y estafa, de la cual fue sobreseído un año después.
Según explicaron entonces desde el PC, la nueva Ley de Partidos Políticos los obligó a enajenar sus bienes, pues estipuló que sólo un tercio de sus propiedades podría destinarse a actividades económicas como arriendos, ejercicio comercial que la colectividad había hecho por décadas. Vender a la sociedad de Castro fue una opción –según informó el PC– para evitar posibles conflictos de interés.
A seis años de la transacción, CIPER constató la buena voluntad que existe entre las dos partes que intervienen en este negocio: el PC ha repactado en dos oportunidades con la Sociedad de Inversiones Progreso, extendiendo el plazo de pago. Si bien originalmente se acordaron 12 años para saldar la deuda, a contar de julio pasado se fijaron otros 28 años, con lo que recién en 2049 estará completamente pagada. Así se desprende del balance 2020 entregado por el partido al Servicio Electoral (Servel) y de las observaciones que esa repartición pública hizo al mismo documento, cuyo informe final es del 29 noviembre de 2021. El procedimiento es parte de la fiscalización que año a año realiza el Servel a las finanzas de las agrupaciones políticas.
El balance y la revisión hecha por el Servel indican que el PC firmó en 2016 un trato a 12 años para el pago de $3 mil millones en cuotas mensuales, pero en 2018 repactó y consolidó esa deuda, otorgando desde diciembre de ese año, otros 20 años para pagos mensuales. En julio de 2021, el colectivo volvió a reformular las fechas, entregando ahora un plazo por 28 años más, fijando así para 2049 el vencimiento final.
En el acuerdo original, que data de octubre 2016, se estipula que la Sociedad de Inversiones Progreso, representada por José Solé (también militante PC y cercano al presidente del partido, Guillermo Teillier), adquirió 4 mil acciones de la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Araucaria SpA (también representada por José Solé). Esta última administraba los bienes de la colectividad hasta entonces. Esas acciones se cifraron en 117.710,69 UF que, según la escritura, equivalían entonces a $3.086.880.555.
En esa transacción Progreso se comprometía a pagar un pie inicial de 25.234,11 UF en 90 días, lo que a valor de la época correspondía a $662.672.963. Según la compraventa, el resto debía ser pagado en 142 cuotas mensuales, es decir, casi 12 años (11,8) por montos sucesivos e iguales de 650 UF, que por entonces significaban $17 millones mensuales.
La información proporcionada por el Servel a CIPER indica que los pagos hechos en 2017 completaron la suma de $427.301.183, pero que no se hicieron consecutivamente, mes a mes, como estaba pactado: hay tres pagos de $17 millones en mayo y uno de $233 millones en agosto, por ejemplo. En 2018, en tanto, se contabilizaron 22 depósitos por un global de $575.653.377.
En diciembre de 2018, el PC repactó y consolidó la deuda que sostenía con Inversiones Progreso y extendió el plazo de pagos por un periodo de 20 años: “240 cuotas mensuales”, dice el escrito. En el documento se determina que la deuda alcanzaba los 147.309,59 UF, monto que entonces equivalía a $4.060.705.223. Según esa consolidación, a esa fecha Inversiones Progreso todavía adeudaba $2.232 millones.
Ricardo Castro, militante del Partido Comunista (Fuente: Facebook).
En los documentos que forman parte de la fiscalización sobre el ejercicio contable del año 2020 del partido, no se detalla la razón detrás del aumento de la deuda que, originalmente en 2016 era de $3 mil millones, pero en 2018 se cifró en más de $4 mil. CIPER intentó sin éxito resolver esta duda con el PC, contactando a su secretario general, Lautaro Carmona, al departamento de prensa del colectivo y a la propia sede del partido.
Lo que sí se detalla en la repactación de 2018, es un nuevo cronograma de pagos: las primeras 30 cuotas, es decir hasta junio de 2021, se pagarían en montos mensuales de 363 UF ($10.006.382). Y desde julio de 2021 la cuota mensual subiría a 649,612 UF ($19.301791 al valor de ese mes). Se estipuló también que las cuotas tendrían un interés anual del 2%, el que se pagaría en los meses de diciembre de cada año.
Pese al acuerdo, según los registros, entre enero y noviembre de 2019, Inversiones Progreso pagó 12 cuotas a través de montos distintos (desde $149 mil a $40 millones). Ese año, en total, se pagaron $181.869.643.
En el balance que el PC entregó en septiembre de 2021 al Servel, respecto del ejercicio contable 2020, se informan hechos posteriores al año auditado. Es por eso que el partido explica al organismo electoral que, el 30 de julio de 2021, fecha en que en virtud del acuerdo de 2018 las cuotas debían aumentar a casi $20 millones mensuales, el PC volvió a negociar y extendió otra vez el plazo de pago. Según señaló, las nuevas facilidades las dio en virtud de la emergencia sanitaria: “En consideración con la crisis económica con ocasión del Covid-19 que ha afectado al país impactando en forma importante al mercado inmobiliario, se ha convenido nuevamente la deuda”, informó. Así amplió el plazo para que Progreso pagase en 338 cuotas mensuales (28 años) y cifró la deuda en 131.715,04 UF, que al valor de ese día equivalía a $3.919.402.296.
También se fijaron nuevas condiciones en el cronograma de pago:
Desde la cuota 1 a la 36, es decir hasta agosto de 2024, se pagarían cuotas mensuales de 403,26 UF (casi $12, 7 millones).
Desde la cuota 37 a 96, o sea, desde agosto 2024 a julio de 2029, la cuota sería de 450 UF (unos $14 millones).
Y desde la cuota 97 de 2029 a la última 338 en julio de 2049, las cuotas mensuales serían de 551 UF (aproximadamente $17,3 millones).
El 2% de interés ahora se cargaría cada mes.
Al ser consultado, el secretario general del PC, Lautaro Carmona, explicó por escrito las razones que tuvo el partido para ampliar los plazos de pago a Progreso SpA:
«Hasta julio de 2021 las condiciones de pago de la deuda de la empresa Progreso Spa con el Partido Comunista se regía por el acuerdo firmado entre las partes, en diciembre de 2018.
En consideración de las condiciones de crisis económica provocadas por el Covid-19, que afectó al país a partir de principios de 2020 y que impactó de forma importante al mercado inmobiliario, generando una alta vacancia de inmuebles, provocando que la empresa Progreso se viera imposibilitada de cumplir con el compromiso con el PC, en julio de 2021 se firma un nuevo acuerdo.
El objetivo del acuerdo es la repactación de la deuda existente a la fecha, con el propósito de viabilizar los pagos considerando la situación antes descrita.
En concreto, la repactación considera la consolidación de toda la deuda, la fijación de un número de cuotas a pagar en un plazo más extendido, lo que trae consigo un aumento del monto total, debido a los intereses que genera el aumento del plazo».
Según la fiscalización realizada por el Servel al balance de 2020 del Partido Comunista, Inversiones Progreso arrastraba una deuda de $64 millones, equivalente al 2% de interés de los años 2019 y 2020. El organismo electoral además objetó que de los $130 millones que señala el PC haber recibido como pago en 2020, cerca de $20 millones no cuentan con comprobantes de respaldo. Por esta y otras 49 observaciones realizadas en ese documento, el Servel terminó por rechazar en forma provisoria el balance del ejercicio contable 2020 del PC, esto mientras el colectivo no corrija o subsane las observaciones señaladas. Tal como consignó diario El Mercurio el 12 de febrero pasado, el organismo electoral rechazó el balance de otros 11 partidos en su revisión de las contabilidades 2020: Unión Demócrata Independiente, Democracia Cristiana, Partido Progresista, Partido Radical, Partido Republicano, Comunes, Partido Igualdad, Federación Regionalista Verde Social, Partido Nacional Ciudadano, Unión Patriótica y Nuevo Tiempo.
Carmona también se refirió al rechazo del balance de su partido: “La fiscalización de Servel se enmarca en la presentación del balance anual exigido a los partidos, nuestro partido en cumplimiento de la ley ha presentado su balance, este tuvo observaciones que están siendo respondidas para cumplir todo el proceso. De momento no existe ninguna fiscalización fuera del marco de la aprobación o rechazo del balance 2020”, afirma.
Durante el ejercicio 2020, el Partido Comunista recibió del Estado la suma total de $343.855.174 como aporte fiscal para su funcionamiento, monto que se calcula según la cantidad de votos obtenidos por candidatos a diputados de la colectividad.
El PC, además, reportó para ese año ingresos totales por $751 millones, cifra que incluye el aporte fiscal ya mencionado e ingresos por cotizaciones de sus militantes, donaciones y los recursos obtenidos por el rendimiento de su patrimonio. Sobre esto último, en su revisión el Servel reparó en el contrato que el partido suscribió en enero de 2020 con la sanitaria Esval, para darle servidumbre de paso en una de sus propiedades, y que generó un ingreso por $10 millones para la colectividad. “Del ingreso proveniente de la empresa Esval, se solicita remitir el contrato de arriendo efectuado entre las partes”, dice la observación. El PC respondió:
“Se adjunta la orden de Compra de Esval respaldando la operación y borrador del documento sobre acuerdo entre Esval y el partido que otorga una servidumbre de paso en el terreno de la institución en la comuna de El Tabo para que la empresa sanitaria atraviese con ductos propios su operación”.
En otra objeción, el Servel también alude a un antiguo préstamo que el partido realizó a Radio Nuevo Mundo. Según se detalla, el 15 de mayo de 2014, el PC facilitó un préstamo por $50 millones, vía contrato de mutuo, con la Compañía Radio y TV Nuevo Mundo. Según ese contrato, se pactaron pagos anuales de $10 millones por cinco años, con un 2% de interés anual y reajustable según el IPC. Sin embargo, el Servel hace notar que desde 2019 no se registran pagos de parte de la radio y que el partido no ha gestionado la cobranza. El PC señala en sus descargos que sí ha hecho trámites de cobranza y que, si estos no resultan efectivos, procederá a acciones judiciales. Pero el Servel mantiene sus objeciones, debido a que la colectividad que acompañó respaldos de las gestiones de cobranza.
El servicio también observó los honorarios pagados al abogado Rodrigo Garay Rojas, colaborador de la Municipalidad de Recoleta y socio de Ramón Sepúlveda (abogado imputado en el caso Itelecom). Según se lee en el informe, el Servel requiere conocer las razones por las cuales se pagaron $2 millones a Garay, para saber si esa asesoría jurídica se ajusta a las actividades que pueden ser financiadas con recursos aportados por el Estado. Según respondió el PC, el abogado se encargó de defender al partido frente a la demanda que presentó Eliana Poblete, cuidadora de una propiedad del PC ubicada en Lo Barnechea, por no pago de remuneraciones como cuidadora, que fue conocida por la opinión pública en 2020. Tras esta aclaración, el Servel de todas maneras solicitó al partido que “dicho gasto se realice con recursos propios de la colectividad”, pues a su juicio no debe ser cargado como gasto financiado por el Estado.
El partido también debió explicar detalles sobre propiedades que ha entregado en comodato. Una de ellas es la que posee en calle Covadonga, Antofagasta, cedida para uso del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschütz (ICAL), del cual le solicitan el documento que estipuló el comodato. Lo mismo le piden sobre otro inmueble entregado a ICAL: el de Ricardo Cumming 350, Santiago. Este último es subarrendado por ICAL, según un contrato de marzo de 2019, a Servicios de Banquetería Baltos & Nicolas SpA, que paga $600 mil de alquiler. Pero este acuerdo tenía fecha de término en 2020, por lo que el Servel solicita el anexo de ese contrato para acreditar su vigencia. ICAL es el principal asesor legislativo del PC, rol por el que recibe pagos que son financiados con las asignaciones parlamentarias de los representantes del partido en el Congreso.
(*) Este reportaje fue actualizado el 22 de febrero del 2022 a las 19:15 hrs
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Los fachos rojos y sus negocios. Son unos caraduras pidiendo sacrificios para el pueblo mientras ellos viven como reyes.
Boris Rojas | 24.02.2022
Muy buen trabajo de investigación, ojalá toda la prensa actuara así.
¿Cuáles son todos los bienes no declarados de la UDI el partido político con más ricos de Chile, que es el más pobre según su declaración?
Tomás | 23.02.2022
A ver si entendí: el PC en vez de vender sus propiedades abiertamente al mercado, decidió traspasarle "en buena onda" a un privilegiado grupo de miembros del partido a precio rebajado las propiedades para ser pagadas en un plazo de 50 años.
