La opinión reciente de la ciudadanía sobre el reconocimiento a los pueblos originarios, sus derechos constitucionales y el modo de resolver el conflicto entre éstos y el Estado de Chile arroja resultados elocuentes: «Mayoritariamente acepta la idea de convivir en la diversidad, con colectivos que gozan de ciertos niveles de autonomía territorial, política, jurisdiccional y cultural. Una minoría apoya la idea de la independencia. De hecho, sólo un 12% se muestra de acuerdo con la frase de que los pueblos originarios debiesen establecer un estado independiente, separado de Chile».
La siguiente columna comenta los resultados del Quinto Estudio de Opinión Pública Pueblos Originarios y Nueva Constitución (disponible aquí), realizado por el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) en el contexto del debate constituyente en curso en Chile.
La quinta medición sobre pueblos originarios y nueva Constitución realizada en enero de 2022 por el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas nos advierte de varias tendencias interesantes de destacar. La primera constatación es que existe un consenso abrumador y permanente sobre la necesidad de reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios. Sobre el 95% de los encuestados en forma constante ha señalado estar de acuerdo con aquella opción desde que comenzó a aplicarse esta encuesta en el 2020.
La pregunta aquí es el tipo de reconocimiento que la población encuestada prefiere. Desde el punto de vista de las «etiquetas», la mayoría (51%) se inclina por el reconocimiento del multiculturalismo, mientras un 21% lo hace por la plurinacionalidad. Sin embargo, a partir de esa pregunta no sabemos el significado que los encuestados le asignan a cada concepto. Lo que sí podemos plantear es que, si sumamos ambos, existe la adhesión a un cambio de paradigma que alude a modificar la república de carácter monocultural.
Por «multiculturalismo», una de las definiciones en base a la teoría sería el reconocimiento de aspectos culturales y patrimoniales. Aunque definiciones más críticas, provenientes de estudios mayas y afroamericanos, lo plantean como una ofensiva liberal para despotenciar los derechos políticos a favor de cambios netamente culturales. De ese modo, la «plurinacionalidad» se asocia con dimensiones políticas, económicas y jurisdiccionales más amplias, pero que deben ir asociadas a la interculturalidad crítica como un mecanismo para llevar a construir una plurinacionalidad comunitaria.
Para profundizar en esas dimensiones se les preguntó a los encuestados sobre aspectos específicos del reconocimiento, y la mayoría tiende a favorecer dimensiones tales como: la protección de la generación y difusión de conocimientos de los pueblos indígenas (95%), consulta a autoridades ancestrales de pueblos originarios sobre asuntos que involucren a su territorio (83%), recepción de beneficios económicos por parte de pueblos originarios por la explotación extractiva de sus territorios (70%), devolución de tierras a los pueblos originarios (70%), expropiación de territorios reclamados y su devolución a los pueblos originarios (61%).
Cuando se consulta qué ámbitos específicos deben reconocerse en la Constitución, sobre un 80% de los encuestados apoya el derecho a ser educados en su propia lengua, tener escaños reservados, tener derecho a propiedad comunitaria, uso de medicina indígena en el sistema público de salud, y el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de Derecho. Estos aspectos podrían estar considerados en el marco del reconocimiento cultural; sin embargo, al revisar los datos sobre derecho a espacios de jurisdicción indígena propia (73%), el derecho a que determinados territorios sean administrados por indígenas (66%), el reconocimiento al derecho de libre determinación y autonomía (66%) y el derecho a tener una policía comunitaria en territorios indígenas (58%) es factible considerarlo en un ámbito de lo plurinacional.
En otras palabras, una gran mayoría de los encuestados apoya que existan colectivos o pueblos con identidades propias y con su posibilidad de ciertos grados de autonomía. Entonces, al menos a nivel social no parece existir esta dualidad entre el reconocimiento meramente cultural vs. un reconocimiento político. La sociedad mayoritariamente acepta la idea de convivir en la diversidad, con colectivos que gozan de ciertos niveles de autonomía territorial, política, jurisdiccional y cultural. Una minoría apoya la idea de la independencia. De hecho, sólo un 12% se muestra de acuerdo con la frase de que los pueblos originarios debiesen establecer un estado independiente, separado de Chile.
La resolución del conflicto entre el Estado de Chile y los pueblos originarios también formó parte de esta encuesta. Aquí hay cambios significativos en las percepciones de opinión desde septiembre de 2020 a la fecha. Por ejemplo, cuando se pregunta sobre las medidas más relevantes para solucionar el conflicto, en septiembre de 2020 se planteaba como primera opción la restitución de tierras (46%), seguido del reconocimiento constitucional (35%), y la inversión en educación y salud (13%). En la versión de enero de 2022 las prioridades cambiaron quedando en primer lugar el reconocimiento constitucional (30%), restitución de tierras (26%), y la inversión en educación y salud (14%). Llama la atención el incremento en preferencias respecto de aumentar la seguridad pública (13%) y de pedir perdón por los abusos cometidos (8%).
¿Cómo podemos interpretar estos resultados? Tal vez, el proceso constituyente ha tenido un impacto en las conversaciones sobre este reconocimiento haciendo más relevante la dimensión política del mismo (reconocimiento, perdón, seguridad pública), en detrimento de la cuestión material (devolución de tierras). Al estar expuestos a un debate más abierto sobre la discriminación histórica sufrida por los pueblos originarios y hacerse más patente sus demandas, las opciones tienden a complejizarse y las soluciones, a diversificarse.
Del mismo modo, las opiniones sobre el uso de la fuerza para resolver el conflicto también se dividen. El 55% de los encuestados indica que «el uso de la fuerza por parte de Carabineros para disolver las protestas cometidas por personas indígenas» se justifica «siempre o en algunas circunstancias». En tanto, un 44% dice que esa opción no se justifica. Respecto de la toma de tierras por parte de indígenas, un 51% dice que «a veces o siempre» se justifica, mientras un 47% indica que no se justifica. Los ataques incendiarios, la autodefensa y el allanamiento de comunidades indígenas reciben mucho mayor rechazo de los encuestados (sobre el 65% indican que no se justifican). En algún sentido, luego de un poco más de veinte años en que la violencia ha sido usada como repertorio por parte del Estado y mapuche, como instrumento de acción de protesta parece más bien crítico y en retroceso como método.
Cuando se pregunta si la nueva Constitución mejorará el destino de los pueblos originarios en el país, el 43% piensa que lo hará «bastante o mucho», un 29% indica que «algo», y un 27% dice que «muy poco o poco». No existen diferencias significativas en el grado de optimismo/pesimismo entre indígenas y no indígenas; aunque sí son más optimistas las personas entre 18 y 34 años que tienen educación superior y quienes se identifican con la izquierda. Es posible inferir que la democracia como vía necesita de nuevos ingredientes para fortalecerse como paradigma de conducción política. Nosotros creemos que los pueblos originarios pueden dotar de nuevos contenidos, ideas y modernizar las instituciones en Chile. El reflejo de ello es el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, donde la opinión pública ya tiene dado su veredicto. El futuro es la convivencia en la diferencia, y se observa que ello será a través del reconocimiento.
El arte de las encuestas de opinión social no es un arte menor, tampoco el arte de la manipulación sobre la opinión social. Lo que no son artes ni opiniones son los porfiados hechos… que en resumen indican que Chile alguna vez tuvo su frontera en el río Biobío. La extensión de ese limite no fue pacifica ni legal (según el propio concepto de paz y legalidad chilensis), sino traidora y sanguinaria. Fue un intento de genocidio casi consumado que dejó huellas de barbaridad extrema. La causa fundamental de tales incivilizadas conductas fue la necesidad de tierras agrícolas; evitar el hambre, en último término. En cambio, hoy las consecuencias son tierras que están en un 70% degradadas, de uso y abuso forestal (aquí se desprende otro hecho fundamental: el que actualmente alimentarnos degrada la tierra). Para abrir algunas mentes a una solución distinta a más de lo mismo pudiéramos considerar la posibilidad de que si actualmente Chile aun limitara en el río Biobío, entonces tendríamos que concluir que esos terrenos no estarían degradados, pues la cultura mapuche precolombina consideraba a la tierra como sagrada y difícilmente se prestaría para contaminar su propio sustento. Los mapuches eran una cultura rudimentaria, pero no eran tontos como para destruir su habitat (ese arte destructivo queda reservado para nosotros, los huincas). La solución, entonces, salta a la vista: si se devuelven los territorios vergonzosamente robados y se pagan los perjuicios causados comenzaría a existir lo que se conoce como “Estado de Derecho†y/o “paz socialâ€. Otra ventaja o beneficio colateral sería aumentar las probabilidades de que tales tierras recuperasen su fertilidad si volviesen a ser habitadas por los actuales descendientes de los mapuches precolombinos; los cuales pudieran despojarse con menos dificultad del error estratégico que es contaminar y degradar el entorno vital en función de un desarrollo puramente económico. Quizás y a algunos con capacidad de gestión les interese ser también eficientes.
Saludos cordiales.
