Qué dice el programa de Kast sobre Cultura

Zarzuela y escuadras ecuestres en televisión, prescripción del lenguaje de género y sanciones «severas» a grafiteros. La directora del Observatorio de Políticas Culturales analiza en esta columna para CIPER las propuestas, resguardos y curiosidades de las ideas del candidato José Antonio Kast en temas de cultura.*

Lo primero que sorprende del programa de gobierno de José Antonio Kast en temas de Cultura es su extensión. En ocho páginas se despliegan un total de 46 medidas, lo que no suele ser habitual en las candidaturas presidenciales (en el programa de Gabriel Boric, los temas de Cultura ocupan tres páginas). Lo segundo, es que, pese a ello, no es posible encontrar ni un solo dato, cifra, cita ni información que respalde alguna de sus propuestas, ni tampoco éstas dialogan con el cada vez mayor conocimiento que existe respecto de los problemas del desarrollo cultural en Chile.

En una primera categoría podríamos agrupar aquellas medidas basadas en supuestos, desinformación o simplificación excesiva de las dificultades a los que se pretende dar respuesta. Por ejemplo, en la siguiente propuesta: «Tenemos la certeza de que el arte conmueve y moviliza a la población ante la cultura de calidad. Por tanto, la baja asistencia a los distintos espectáculos obedece primordialmente a la baja calidad de estos». Efectivamente, las encuestas nacionales sobre el tema que se vienen realizando desde 2004 muestran que una parte de la población no asiste a actividades artísticas ni consume bienes culturales. Una de las conclusiones que se reitera en las investigaciones es la relación lineal entre las condiciones socioeconómicas y educacionales y la participación cultural, apuntando a la desigualdad estructural de nuestro país como la situación de fondo. Extensas jornadas laborales seguidas por largos trayectos para volver a casa, o el hecho de que la mayoría de las librerías, teatros e infraestructura cultural en general se ubiquen en las comunas más acomodadas y céntricas de la capital, o la baja presencia de educación artística en la etapa escolar sobre todo en los colegios públicas son solo algunos de los múltiples factores que pueden pesar más a la hora de poder concretar una experiencia cultural. No obstante, el programa de Kast reduce esta realidad a una sola variable: la oferta artística no es de calidad.

En la misma categoría podríamos considerar la siguiente medida: «Debe terminarse todo financiamiento desde el Ministerio de Cultura a ONG, proyectos u actividades de corte político-partidista o ideológico: Fundación Salvador Allende, Fundación Frei, organizaciones de derechos humanos…». En realidad, no existe ningún traspaso de financiamiento desde el Ministerio de las Culturas a la Fundación Salvador Allende, aunque podemos suponer que se refieren a los fondos que el Estado transfiere a la Fundación Arte y Solidaridad que, a su vez, administra el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Esta entidad resguarda una de las colecciones más extraordinarias de arte contemporáneo que tiene nuestro país. Se trata del primer museo del mundo formado a través de donaciones de los mismos creadores. Joan Miró, Roberto Matta y Victor Vasarely son algunos de los 1.300 artistas cuyas obras cobija dicho Museo. En el caso de la Fundación Eduardo Frei Montalva, los recursos que se traspasan son para el resguardo de la Casa Museo del ex mandatario, declarada monumento histórico en 2005, y que entre otras cosas pone a disposición del público archivos históricos, y la colección de pinturas y extensa biblioteca personal de Frei.

Pero donde con mayor claridad queda de manifiesto el profundo desconocimiento del candidato y su equipo sobre el tema —y los prejuicios sobre los cuales levantan sus propuestas de política pública— es en la medida n° 806. Se argumenta allí que la ley «que dio origen al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio exhibe una preocupante adhesión a los conceptos culturales definidos por la ONU». Ciertamente, la ley 21.045 señala que hará propias las definiciones ocupadas por la Unesco —en rigor, no la ONU—, presentes en los instrumentos internacionales ratificados por Chile (que, dicho sea de paso, se trata de pactos y convenciones que forman parte de nuestra normativa tras ser aprobada por el Congreso). Específicamente, la ley nombra los conceptos de cultura, patrimonio y diversidad cultural que ocupa la Unesco. El primero de ellos, cultura, se define como «el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ello engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias» (Unesco, 1996). Este es uno de los conceptos cuyo uso preocupa; sin embargo, ¡es exactamente la misma definición (sin cita, ni entrecomillado) que se ocupa en la introducción del programa de Kast! (ver página 189 del programa).

José Antonio Kast

Llaman la atención un conjunto de medidas que plantea el castigo como principal solución a distintos problemas del área. Se proponen sanciones «severas» en el caso de daños al patrimonio (n° 780), de retrasos en los plazos de cumplimiento de proyectos adjudicados (n° 782), y a quien haga grafitis en el espacio público (n° 801). Otras medidas supondrían una intervención del Estado cuyos alcances son difíciles de imaginar, como por ejemplo aquella que propone «reivindicar el idioma castellano, eliminando el lenguaje de género y de incitación de lucha de clases, étnica o cualquier doctrina que tienda a la división nacional» (771). No existe en Chile, y desconocemos si en algún país democrático del mundo, una entidad que prohíba el uso de determinadas palabras, y por lo tanto parece difícil de imaginar una manera eficaz de controlar o siquiera hacer seguimiento al uso del lenguaje. La última entidad que prestó servicios comparables en nuestro país fue la División Nacional de Comunicación Social (DINACOS), que dependía de la Secretaría General de Gobierno, y que durante la dictadura revisaba e intervenía los contenidos de prensa escrita y radial.

A lo largo de todo el programa presidencial de José Antonio Kast se hace uso reiterado de términos como «político-partidista» o «ideológico», sin explicitar exactamente a qué se refieren, aunque dando a entender una especie de cooptación de las políticas culturales por un grupo de interés determinado. En la medida n° 795 derechamente se acusa al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) de haber financiado continuamente «iniciativas político-ideológicas ajenas al interés público». Por supuesto, no se indica a qué proyectos se refieren ni cómo determinan cuál es el interés público, pero sí proponen una fórmula para evitar su recurrencia: establecer previamente las temáticas de los proyectos. Entre los contenidos que al parecer consideran menos conflictivos (o neutrales) estarían los de «pueblos andinos, astronomía, vida silvestre, etc.». Es necesario reconocer que la utilización política de la creación artística ha estado dentro de las preocupaciones de las políticas culturales desde siempre, y que los mecanismos para evitar que esto ocurra difieren de acuerdo con las sociedades. Nuestro sistema de financiamiento cultural —basado, principalmente, en los Arts Council de Gran Bretaña— ha optado por establecer una distancia entre quienes entregan los recursos para la Cultura (el Estado) y quienes definen a los beneficiarios de dichos apoyos (los jurados), y por ello estos últimos no son funcionarios públicos, sino especialistas en la materia. Parte de esta distancia supone no determinar los temas a los cuales los proyectos pueden o no referirse; en cambio eligiendo sobre la base de lo que la sociedad civil propone (lo contrario sería intervenir justamente en los contenidos y ello se podría prestar para orientar las temáticas de acuerdo con los intereses del gobierno de turno). La medida 803 del programa de Kast también se pronuncia sobre contenidos y géneros específicos que deberían estar en televisión: «zarzuela, escuadras ecuestres y rodeos, entre otros».

Pese a todo lo anterior, en el programa también se encuentran algunas ideas que sí es posible fundamentar como necesarias y atingentes, tales como aumentar el insuficiente presupuesto del Museo Nacional de Bellas Artes (n° 764), promover la creación de más bibliotecas (n° 797) y difundir las Becas Chile Crea (n° 787). Su reiterativa preferencia por lo que se consideran son las tradiciones chilenas y el folclor pueden ser debatibles, pero expresan una legítima visión del tema cultural. Podríamos sumar aquí otras medidas, que en sí mismas no son erradas, pero que serían más adecuadas para un plan municipal de cultura en alguna localidad pequeña; por ejemplo, realizar concursos para encontrar talentos (n° 765) o calendarios para difundir las actividades existentes (n° 802). Este último grupo de medidas son, sin embargo, más la excepción que la regla.

Pareciera de Perogrullo decir que tanto en Cultura como en cualquier otro ámbito en el que se despliegan políticas públicas es esperable que el Estado base su acción en la información y los conocimientos disponibles. Sin embargo, el extenso apartado de Cultura en el programa de gobierno de José Antonio Kast demuestra lo contrario. A tal punto, que la medida 772 que señala «velar porque todo el material de cultura y científico dirigido a niños y jóvenes esté sustentado en evidencia empírica comprobable, diferenciándolo claramente de argumentos ideológicos sin sustento científico y racional», más parece una ironía.