Cerca de $240 mil millones anuales ha destinado el Sename a organismos colaboradores externos (OCAS, que administran residencias o programas de atención a menores). Cada año, una parte de esos recursos no son gastados o el Sename rechaza el gasto. De esos saldos sin ejecutar o por cobrar no hay rastro en la contabilidad del Sename. La directora del servicio presentó una denuncia ante la Fiscalía por fraude al Fisco. Lo mismo hizo la jefa de Finanzas del Sename, asegurando que había informado los hechos en la entidad sin ser escuchada. Aunque las denuncias no mencionan el monto eventualmente defraudado, en 2016 un reportaje de The Clinic cifró en $20 mil millones la suma “empozada” en las cuentas de los OCAS por saldos de subvenciones.

A través del Oficio Reservado N° 460, el Servicio Nacional de Menores (Sename), encabezado por su directora, Rosario Martínez, interpuso el pasado 8 de noviembre una denuncia ante la Fiscalía Centro Norte. En el documento se acusa fraude al Fisco con fondos del Sename, además de maniobras para ocultar el ilícito, las que pueden incluir la falsificación de instrumento público.

Cinco días antes, la jefa del Departamento de Administración y Finanzas del Sename, Karina Sepúlveda, había interpuesto una denuncia por estos mismos hechos ante la Fiscalía, adelantándose a la dirección del servicio.  En su escrito mencionó que ella había informado estos hechos a su jefatura, sin ser escuchada.

El fraude denunciado se habría ejecutado con los saldos de las subvenciones que el Sename entrega a los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAS). Estos prestadores privados administran residencias o programas de atención a menores. Anualmente, según cifras del Sename, el servicio entrega unos $240 mil millones a los OCAS. Y cada año una parte de esos recursos no son gastados por estos organismos o bien el gasto es rechazado por el Sename.  Ese remanente constituye lo que se conoce como saldos sin ejecutar o saldos por cobrar. Y de esos saldos, según las denuncias de la directora y de la jefa de Finanzas del Sename, no hay rastro en la contabilidad de ese servicio.

La inexistencia de documentación de respaldo para establecer el destino de esos saldos, podría estar ocultando una enorme pérdida de fondos públicos destinados a la protección de los niños vulnerados. Aunque ambas denuncias no mencionan el monto que habría sido defraudado, ya en 2016 un reportaje de The Clinic calculó en unos $20 mil millones la suma “empozada” en las cuentas de diversos OCAS por saldos de subvenciones transferidas, pero no gastadas.

En 2018, el Observatorio para la Confianza informó que el 96,4% de los centros residenciales de la red Sename estaban a cargo de prestadores privados. Y, según el informe de Derechos Humanos de 2017 de la Universidad Diego Portales, entonces cerca de 15 de estas organizaciones se llevaban más del 53% del presupuesto asignado a estos organismos.

Aunque las dos acciones penales interpuestas no cifran el monto de los saldos no rendidos, ambas señalan que desde 2014 se arrastran las inconsistencias documentales que podrían configurar delitos.

DENUNCIAS CRUZADAS

La directora del Sename, Rosario Martínez, confirmó a CIPER la existencia de ambas denuncias y explicó que puso al corriente al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Contraloría sobre los hechos descritos en la suya.

“El 8 de noviembre se presentó una denuncia al Ministerio Público, entregando los antecedentes que manejo como directora. Asimismo, esto fue remitido al contralor general y al Consejo de Defensa del Estado. El objeto es esclarecer de forma rápida y concreta los hechos”, explicó.

La directora agregó que, “de acuerdo a la información entregada por la jefa de Administración y Finanzas, entiendo que con fecha 3 de noviembre habría denunciado ante el Ministerio Público saldos pendientes de rendición en el servicio desde 2014. En el documento entregado no menciona quienes podrían ser responsables”.

Rosario Martínez asumió su cargo en octubre de 2020. Según su relato, su objetivo era hacer un traspaso de información desde el Sename a Mejor Niñez, la nueva institución que atenderá a la infancia vulnerada. En esa labor, dijo, se detectaron las irregularidades.

De acuerdo con la versión de la directora, fue la jefa de Administración y Finanzas, Karina Sepúlveda, quien no presentó la información contable de respaldo: “Ella, en una reunión por retrasos reiterados de la información contable requerida, refiere que no puede entregar información concluyente debido a que presume que hubo delito en 2014. Dada la gravedad de los hechos informados se le solicita documentar sus dichos, para así, como institución, tramitar la denuncia ante el Ministerio Público. Sin embargo, no entregó la información y al constatar que la denuncia se había realizado a título personal y no institucional, el 8 de noviembre se presentaron al Ministerio Público los antecedentes conocidos por esta directora”.

Según la denuncia que el Sename ingresó ese día -a la que tuvo acceso CIPER-, Rosario Martínez relata que Karina Sepúlveda señaló en una reunión interna que, a su juicio, hubo un delito: “Yo creo que en el departamento hubo robo y no he podido probarlo”, es la frase que se atribuye a la jefa de Administración y Finanzas en la acción penal.

La directora agrega: “La denuncia se realiza debido a que después de ocho meses de trabajo y diversos esfuerzos institucionales, buscando levantar los saldos pendientes de rendición de OCAS, se detectan inconsistencias persistentes en la información contable. Razón por la cual, además de presentar la denuncia por hechos eventualmente constitutivos de delito, y ante la constatación de la gravedad de los hechos, he solicitado la contratación de un servicio de auditoría externa”.

CIPER contactó a Sepúlveda, quien confirmó que a principios de noviembre ingresó su denuncia a la Fiscalía, pero se excusó de entregar detalles: “Efectivamente, hice una denuncia ante el Ministerio Público y ante la Contraloría General de la República el 3 de noviembre del 2021. Lo hice en cumplimiento de mis funciones como funcionaria pública que, dicho sea de paso, es parte de los deberes que tenemos los funcionarios públicos. Esto, por posibles hechos constitutivos de delitos. Ahora, en virtud de esto y para no entorpecer la investigación, la información la tengo que entregar en el organismo que corresponde. El fiscal me tiene citada para la próxima semana”, señala.