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DECISIÓN IMPIDE RASTREAR EVENTUALES CONFLICTOS DE INTERÉS DE LOS ASESORES QUE NO TIENEN VÍNCULO LABORAL CON LA CONVENCIÓN
28.10.2021
¿Para quién han trabajado antes los asesores de los constituyentes que prestaron servicios ad honorem o fueron pagados por entidades externas en los primeros tres meses de la Convención? ¿Tienen vínculos con gremios o empresas? Hasta ahora no es posible rastrear eventuales conflictos de interés de estos asesores sin remuneración costeada por la Convención, porque la mesa directiva de la entidad resolvió no transparentar sus nombres. A su juicio, como no tuvieron vínculo laboral formal, se vulnerarían normas de protección de datos personales. CIPER pidió a los constituyentes los nombres de todos sus asesores -pagados y voluntarios- y 123 respondieron. La lista suma 459 personas (141 ad honorem o financiadas por fuentes externas). Del total, detectamos que al menos tres estuvieron relacionados con entidades dedicadas al lobby o gestión de intereses, tres son familiares de convencionales y 25 trabajan en centros de estudios vinculados a corrientes políticas.
Desde que comenzó a sesionar la Convención Constitucional en julio pasado y hasta fines de septiembre, los constituyentes contaron con la asesoría de al menos 459 colaboradores, entre asistentes pagados y ad honorem, según pudo contabilizar CIPER. La ciudadanía no ha conocido los nombres de los asesores sin remuneración.
CIPER solicitó vía Ley de Transparencia los nombres de los asesores o colaboradores que tuvieron acceso a las inmediaciones de la Convención entre julio y septiembre de este año, además de aquellas personas que accedieron a la credencial de asesor. La petición fue rechazada en dos ocasiones por la Mesa de la Convención, presidida por Elisa Loncón. Lo mismo ocurrió con una solicitud similar realizada por la Fundación para la Transparencia.
Según información aportada por los mismos constituyentes, cada uno de ellos tuvo la posibilidad de aportar los nombres y los RUT de hasta cinco personas, a quienes se les entregaron credenciales bajo la denominación de “asesor” para acceder a las instalaciones del Palacio Pereira y de la sede del Congreso en Santiago.
Hasta ahora no se ha dado a conocer el listado de estos asesores que operaron en los tres meses de instalación. No se sabe para quién han trabajado antes ni cuáles han sido sus fuentes de ingresos en los últimos años. Tampoco si algunos de ellos tienen relaciones de parentesco con convencionales o nexos con partidos o con centros de estudios vinculados a sectores políticos. En síntesis, no se han podido rastrear sus posibles conflictos de interés.
La mesa directiva de la Convención rechazó la solicitud de CIPER para transparentar esos nombres. Por lo mismo, no será posible saber si estos colaboradores han estado vinculados con sindicatos, partidos políticos, asociaciones empresariales, agencias de lobby, AFP, isapres, bancos, retail, centros de pensamiento, compañías que pueden provocar impactos ambientales (como pesqueras, mineras, eléctricas o forestales) o negocios relacionados con derechos de agua, entre otras entidades con intereses en políticas públicas.
De hecho, en una primera revisión hecha por CIPER a partir de nombres de asesores proporcionados por constituyentes, identificamos a tres colaboradores vinculados a entidades dedicadas al lobby o la gestión de intereses, tres que son familiares de convencionales, cinco que ahora son candidatos a diputados, 17 ex candidatos a la misma Convención, dos que son concejales y 25 que trabajan para centros de estudios vinculados a partidos o corrientes políticas.
El argumento de la mesa es que en el primer trimestre de funcionamiento de la Convención estas personas no tuvieron un vínculo laboral formal con la entidad y no fueron remunerados con dineros públicos. Bajo estas condiciones, la mesa directiva estimó que publicar los nombres de los colaboradores vulneraría la Ley 19.628, sobre protección de datos personales. Por lo mismo, anunció que una vez tramitado el reglamento que regula las contrataciones y establecida una nómina formal de asesores, la información será pública. De hecho, este jueves La Segunda publicó una nómina de 204 asesores remunerados que trabajan en la Convención, y anteriormente El Mostrador, Radio BioBio y El Líbero habían filtrado una lista preliminar de asesores que estaban a la espera de sus contratos. Pero el listado de los otros asesores, los que no tienen un vínculo laboral, y que CIPER logró cuantificar en 141, sigue siendo un misterio.
Mesa Directiva de la Convención Constitucional
Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, estima que la respuesta tuvo “poco razonamiento jurídico”. Según su interpretación, “la información es pública, no cuando los organismos empiezan a funcionar, sino desde el momento en que tenemos el principio de la publicidad de los actos en el artículo 8o de la Constitución”.
Si bien la información será pública una vez que se regulen las contrataciones -el pasado lunes 18 de octubre se anunció un convenio entre la Convención y el Consejo para la Transparencia para estos efectos-, no quedarán sujetos a la obligación de transparencia los datos de los asesores que no tengan un vínculo laboral formal con la Convención. Esto implica, por ejemplo, que aquellos que hacen esa labor ad honorem o que son pagados por partidos o centros de estudios vinculados a sectores políticos quedarán fuera de la obligación de transparencia.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) informó a CIPER que en los reglamentos de la convención se contempla un procedimiento para acceder a toda la información que emane de los procesos críticos de la convención, con un plazo de respuesta de 10 días hábiles. Sin embargo, respecto de los asesores de los convencionales, las obligaciones de transparencia activa o de respuesta a solicitudes de acceso a información sólo procederían para aquellos que se desempeñan formalmente bajo contrato o mediante el uso de las asignaciones contempladas para estos efectos. En relación a los demás asesores que pudieren tener los convencionales, al no ser pagados con las asignaciones ni tener contratos, la convención no cuenta con mecanismos para tomar conocimiento de su existencia y, por lo tanto, queda a decisión de cada convencional informar acerca de ellos, señaló el CPLT.
María Jaraquemada, oficial del Programa de IDEA Internacional y especialista en temas de lobby y gestión de intereses, señala que es importante transparentar nombres y antecedentes de los asesores y colaboradores de la Convención: “Es un principio que ayuda a inhibir los actos de corrupción”. Según la especialista, esto permite fiscalizar que las personas estén calificadas para el cargo, evita los conflictos de interés en la toma de decisiones y permite “mantener un control externo de la relación dinero y política”. Agrega que es de vital importancia conocer cualquier antecedente que permita transparentar los intereses de los asesores respecto a “derechos de aguas, mineros, y todo lo que tenga que ver con el sector privado”.
Ante el rechazo de la mesa directiva de la Convención, CIPER solicitó a cada uno de los 155 constituyentes la lista de sus asesores pagados y ad honorem, registrados entre julio y septiembre. De los 155 constituyentes, 123 respondieron de forma completa o parcial y 32 no entregaron información. Las constituyentes Pollyana Rivera (UDI) y María Elisa Quinteros (MSC) señalaron no tener tiempo para responder, debido a la carga de trabajo en la Convención. “Lamento no ser de ayuda en esta oportunidad. Espero que la información esté disponible pronto desde los canales oficiales, como debe ser», dijo María Elisa Quinteros (revise aquí qué convencionales respondieron)
Tras el análisis de las respuestas entregadas por los convencionales, CIPER contabilizó al menos 459 personas que han colaborado o asesorado directamente a 123 constituyentes entre julio y septiembre de este año. De ese total, 279 tendrán contrato a honorarios con la Convención y 141 son colaboradores sin vínculo formal. En 39 casos no pudimos confirmar el tipo de nexo.
De los 141 colaboradores sin contrato, 102 cumplen labores permanentes, 93 prestan servicios ad honorem y 35 son financiados por otras instituciones como partidos o centros de pensamiento, siete fueron pagados con recursos propios de los convencionales y seis recibieron honorarios desde un fondo especial del PNUD de apoyo a los convencionales de pueblos indígenas.
El PNUD informó a CIPER que no ha entregado aportes directos a los convencionales de escaños reservados, sino que contrató un servicio que contribuye a la labor de estos constituyentes “a través de personas que pertenecen a cada pueblo, que han definido e implementado planes de trabajo para vincular la labor de los convencionales con sus comunidades y pueblos. Esto se ha realizado a solicitud de cada representante, en línea con el mandato de nuestra institución de promoción de los derechos de los pueblos indígenas”.
Créditos: Chileconvencion.cl
En la lista de asesores figuran tres nombres que tienen o han tenido vínculos con el mundo del lobby, la gestión de intereses, o las comunicaciones corporativas, los que han prestado asesoría de forma remunerada y ad honorem a cuatro convencionales de Independientes No Neutrales.
El primero es el abogado Francisco Torres Jimeno, que trabajó para la agencia Extend, de propiedad de las hermanas Pilar y Marilú Velasco, hasta el 12 de marzo de este año. El abogado figura como asesor de Guillermo Namor (en agosto y septiembre), y del constituyente Gaspar Domínguez, con un contrato iniciado en agosto y que se extiende hasta diciembre de 2021.
En el registro de InfoLobby, Torres Jimeno figura con 70 audiencias a nombre de Extend, principalmente en la Cámara de Diputados, representando a empresas como Inmobiliaria Pocuro, Tetra Pak Chile y la Corporación Chilena de la Madera (Corma). Sus últimas audiencias son de enero y febrero de este año, una de ellas para tratar la Ley Marco de Cambio Climático. En la plataforma de InfoLobby aparece en dos sesiones más, en marzo y julio de 2021, pero según el abogado es un error, ya que asegura que en esa fecha había dejado Extend.
El constituyente Guillermo Namor explicó a CIPER que no tenía conocimiento del anterior trabajo de Francisco Torres, pero que recibió sus servicios porque el abogado es parte de Independientes No Neutrales y lo asesoró en la discusión del reglamento de la Convención. El convencional Gaspar Domínguez dijo a CIPER que estaba en conocimiento de que su asesor “trabajó para una agencia de comunicaciones, y como abogado tenía reuniones con terceros”.
La contratación de Francisco Torres no infringe las reglas establecidas en el reglamento de asignaciones de la Convención, ya que sólo prohíbe que se contraten asesores que al mismo tiempo trabajen como lobistas de forma privada.
En la nómina también aparece la periodista Florencia Zulueta Yáñez, especialista en políticas públicas y consultora en la agencia Tironi y Asociados, de Eugenio Tironi, desde marzo de 2021. La periodista es una de las cuatro asesoras ad honorem del convencional Benito Baranda y lo apoya esporádicamente en el área de comunicaciones. Según la página web de Tironi y Asociados, lleva las cuentas de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF), de la minera BHP Billiton y de las universidades de Antofagasta y UMCE. En su página de Linkedin señala que fue jefa de comunicaciones en América Solidaria, ONG fundada por Baranda.
Benito Baranda señaló a CIPER que Florencia Zulueta realiza una “colaboración adecuada para la labor y el equipo, no por el lugar donde trabaja actualmente, que es de mi conocimiento, sino porque es periodista, que me ha acompañado por años como voluntaria, y porque son asesorías excepcionales en materia exclusivamente comunicacional”.
El tercero en la lista es Vicente Martínez, jefe de incidencia de ConstiTu+Yo, iniciativa ciudadana nacida en 2019 para llevar propuestas de la sociedad civil a la Convención. La organización es financiada con auto aportes y donaciones de organizaciones civiles. Martínez asesoró en materias puntuales y ad honorem al constituyente Javier Fuchslocher Baeza. Está inscrito como gestor de interés en el registro de lobistas de la Convención, pero no figura ninguna reunión con Fuchslocher en su página de transparencia.
El convencional Fuchslocher dijo a CIPER que Vicente Martinez lo asesoró en el tema puntual de participación ciudadana: “Fue parte de un grupo de trabajo transversal, invitado principalmente por el Partido Socialista, instancia a las que nos sumamos como Independientes No Neutrales y donde también estuvo el Frente Amplio, el PC y Movimientos Sociales”. Fuchslocher explica que en su registro de lobby no figuran las reuniones con Martínez porque, hasta ahora, sólo se anotan las audiencias que son solicitadas a los convencionales y no las que ellos organizan.
Otra área de posibles conflictos de interés que no podrá ser rastreada por la decisión de la mesa de no transparentar los colaboradores que trabajaron en el primer trimestre de la Convención, es la de los parentescos entre asesores y constituyentes.
Entre los nombres de asesores y colaboradores entregados a CIPER se puede identificar a tres familiares de constituyentes que trabajaron ad honorem entre julio y septiembre. Una es Antonia Atria, hija del constituyente Fernando Atria, que trabajó como asesora con Giovanna Roa (RD), cargo que dejó luego de que Radio BioBio diera a conocer su participación en la Convención.
En la lista también aparece Javiera Álvarez, hija del convencional socialista Julio Álvarez, quien señaló a CIPER que le ha “permitido el acceso en dos o tres oportunidades, para que me colabore en la medida que su trabajo se lo permite, en cuestiones como fotocopias y grabación de videos”.
La hermana de la convencional Manuela Royo, la doctora en matemáticas Jimena Royo, es coordinadora ad honorem del equipo de la constituyente.
Mistral Ensignia Fríes es una de los dos colaboradores ad honorem que tiene el abogado Fernando Atria. La estudiante de derecho es hija de la candidata a diputada Lorena Fries, militante de Frente Amplio, al igual que Atria. Su trabajo ha sido llevar la agenda del convencional, acompañarlo a reuniones y escribir minutas. Aunque inicialmente iba a recibir una remuneración de $400 mil, optó por que su trabajo no fuera remunerado.
En la nómina de asesores también aparecen cinco candidatos a diputados. El único de ellos que trabajó con contrato es Iancu Cordescu, cuya labor era ser coordinador general de la bancada FRVS de la Convención. Cordescu dejó ese rol al inscribir su candidatura a diputado por el distrito 16. Como colaboradoras ad honorem aparecen dos candidatas a diputadas del Partido Comunes (Frente Amplio): Constanza Valdés y Emilia Schneider. Ambas son parte del equipo de apoyo de la convencional Valentina Miranda (PC).
La constituyente Ruth Hurtado (Partido Republicano) informó que tuvo como asesor comunicacional ad honorem al ahora candidato a diputado del distrito12 Cristián Araya, cuya principal propuesta de campaña ha sido realizar una consulta para frenar el proceso constitucional.
La última candidata a diputada que figura en la nómina es Javiera Morales Alvarado, colaboradora de la constituyente Lidia González (escaño reservado del pueblo Yagán).
En la lista de asesores y colaboradores también aparecen 17 ex candidatos a la Convención, de todos los sectores políticos. Entre ellos se encuentran Arturo Phillips Dörr, que trabaja con el constituyente Eduardo Cretton (UDI); Carmen Caifil Caifil, asesora de Victorino Antilef (pueblos originarios); Rodrigo Norambuena Ortega, colaborador del convencional Fernando Salinas (ex LDP), y Javier Pineda, asesor Bastián Labbé Salazar (MCS).
A pesar de que la mayoría de los colaboradores que no tienen contrato formal con la Convención trabajan ad honorem con los constituyentes, también hay asesores que son financiados por partidos, como es caso del coordinador general de la bancada del Frente Amplio, el cientista político Felipe Pimentel.
Créditos: Chileconvencion.cl
Otro grupo importante de asesores ad honorem son financiados por fundaciones y centros de pensamiento. Los convencionales de centro derecha cuentan con un staff de 21 colaboradores que trabajan en fundaciones o centros de estudios. Los constituyentes de Evópoli y RN reciben apoyo del Instituto de Estudios Públicos, Ideapaís y Horizontal. En tanto, los convencionales de la UDI, Republicanos e independientes de derecha tienen la asesoría de pasantes y especialistas de Comunidad y Justicia, Libertad y Desarrollo, Fundación Jaime Guzmán e Instituto Res Pública. Estos colaboradores hacen seguimiento a los pasos constitucionales, escriben minutas e indicaciones.
Varios de los asesores que trabajan para fundaciones tienen acceso a las dependencias de la Convención. Cada constituyente cuenta con una credencial que le otorga pase de ingreso a un colaborador. Por ejemplo, Teresa Zañartu, de la Fundación Jaime Guzmán, ocupa el pase que corresponde al convencional Pablo Toloza (UDI).
El Instituto Res Pública colabora con ocho pasantes que trabajan con los convencionales de Chile Vamos ad honorem, pero, si algún convencional le solicita un trabajo específico de asesoría, puede pagarles por ese servicio.
Beatriz López integrante del equipo constitucional de Ideapaís, explica que los roles de los asesores que provienen de esta entidad van desde la redacción de propuestas constitucionales, minutas y otros documentos, hasta la asistencia directa.
Algunos convencionales sólo trabajan con este tipo de asesores, como Hernán Larraín Matte, que recibe apoyo de colaboradores que provienen del centro de estudios Horizontal, vinculado a Evópoli. Sus asesores son el ex candidato a constituyente José Antonio Valenzuela Mac-Kellar y José Manuel Astorga Lanas, coordinador del programa constitucional del centro.
El Instituto Igualdad, del Partido Socialista, también tiene presencia al interior de la Convención: el constituyente Pedro Muñoz informó que recibe apoyo de Nicolás Facuse y Flavio Quezada Rodríguez, ambos investigadores de ese instituto.
En el caso de Independientes No Neutrales, ese grupo cuenta con un equipo de expertos que colaboran con todos sus convencionales. Entre ellos están el abogado Juan Pablo Hermosilla; la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Miriam Henríquez Viña; la directora de Espacio Público, Andrea Sanhueza; el abogado Pedro Mujica y la economista, directora de Espacio Público e integrante del directorio de la Fundación CIPER, Andrea Repetto.
Parte del financiamiento que reciben algunos centros de pensamiento que colaboran con los constituyentes proviene de partidos políticos o de convenios con parlamentarios, como es el caso del Instituto Igualdad, que recibió $14 millones entre abril y junio por servicios prestados al PS. La Fundación Jaime Guzmán, en tanto, tiene un programa especial de servicios para la bancada de la UDI en el Congreso, que en 2020 le generó ingresos por $300 millones.
Otra fórmula de financiamiento para asesores fue el ya mencionado convenio de apoyo que firmó el PNUD con los convencionales de pueblos originarios. Dentro de ese acuerdo, el PNUD aportó un fondo de $3,5 millones a cada constituyente de escaño reservado. Cinco de ellos (Félix Galleguillos, Francisca Linconao, Rosa Catrileo, Margarita Vargas e Isabella Mamani), informaron a CIPER que contrataron asesores (seis en total) con estos recursos.
Otros asesores que no fueron nombrados por los constituyentes, pero cuyo trabajo es conocido en la Convención, son el abogado y asesor de la bancada de Convergencia Social, Javier Valdés, e investigadores del centro de pensamiento Rumbo Colectivo, ligado al Frente Amplio, cuya propuesta de construcción del reglamento fue predominante en la etapa de instalación de la Convención.
También destacan la historiadora Camila Vergara González, quien impulsó la indicación #291 sobre participación ciudadana, ingresada por la convencional Lisette Vergara; el abogado Eric Palma, que trabajó en un inicio con la Lista del Pueblo, y la ex delegada cultural en Ecuador del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Rayen Cariman, quien es reconocida al interior de la Convención como asesora de Elisa Loncon.
*Nota de la Redacción: este reportaje fue actualizado a las 18:03 del jueves 28 de octubre de 2021.
INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO DE ÉTICA: UNA DEFINICIÓN CLAVE QUE SIGUE PENDIENTE
El Reglamento de Ética de la Convención, aprobado el 30 de septiembre, determina en su artículo 41 que las infracciones a las reglas de lobby y gestión de intereses serán aplicables solo a “convencionales constituyentes, asesores y miembros de la Secretaría Técnica”. La duda que queda abierta es si se aplicará a los asesores sin vínculo laboral reconocido por la Convención.
El artículo 2 del Reglamento de Ética dice que este cuerpo normativo será aplicable a los constituyentes, a los funcionarios de la Convención y a los “asesores debidamente acreditados ante la Convención”. ¿Qué se entiende exactamente por “asesores debidamente acreditados”? ¿Un asesor sin un contrato formal que lo vincule con la Convención, que es pagado por un partido o por un centro de pensamiento externo, podrá considerarse como “debidamente acreditado”?
La discusión acerca de si se debía incorporar la palabra “colaborador” en el Reglamento de Ética se dio en la sesión N°10 de la Comisión de Ética. Los convencionales de derecha Arturo Zúñiga (UDI), Luciano Silva (RN) y Katherine Montealegre (UDI), propusieron que el reglamento sólo debía abarcar a constituyentes y funcionarios que presten servicios como “personal de planta” de la Convención, lo que dejaba fuera a todos los asesores a honorarios, ad honorem o pagados por entidades externas.
En ese debate, el constituyente Marco Barraza (PC) presentó una indicación más amplia, que incluía a “colaboradores de la Convención” y explicó que se utilizó el término “acreditados” para no limitarse “a quien tiene relación contractual”. Su propuesta fue aprobada por 12 votos a favor y tres en contra.
El 29 de septiembre, el pleno de la Convención votó a favor de sacar la palabra “colaboradores”, a pesar de que su inclusión había sido respaldada por la Comisión de Ética. En la sesión, la convencional María Elisa Quinteros (MSC) explicó que el término “colaboradores” apelaba “a un rol no definido y ambiguo” que no estaba incorporado en el Reglamento General.
CIPER se contactó con Barraza y Quinteros, ambos voceros de la Comisión de Ética que escribió el reglamento, para conocer su interpretación de esta regla, pero no respondieron.
Para María Jaraquemada, experta en lobby y gestión de intereses, la definición de asesores “debidamente acreditados” es, a su juicio, “más amplia que solo un vínculo laboral”, lo que podría incluir a colaboradores a honorarios, ad honorem, pagados por instituciones externas o que simplemente ingresen a la Convención -bajo cualquier rótulo- para prestar asistencia.
La interpretación final -clave para rastrear eventuales conflictos de interés de asesores que no tengan un vínculo contractual con la Convención- deberá ser zanjada por la Comisión de Ética, compuesta por una quina de personas externas a la Convención Constitucional. De los cinco miembros, ya hay tres elegidos: Macarena Rebolledo, directora y fundadora de Asociación de Magistradas Chilenas; Elizabeth Lira, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado y José Miguel Valdivia, profesor de derecho administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
(*) Esta nota fue modificada el 29 de octubre de 2021 a las 13:42 hrs.
Inicialmente, este reportaje señalaba que Francisca Celedón asistía ad honorem al convencional Roberto Celedón, lo que fue corregido.
