En esta columna de opinión, los autores analizan cómo los procesos constituyentes de Ecuador y España derivaron en la consagración de los derechos de la naturaleza, los derechos ambientales y los derechos ecológicos en plena crisis medioambiental. ¿Podrían replicarse estas experiencias en Chile? ¿Cuáles serán los principales nudos que deberá desatar la Convención para lograrlo? De acuerdo con uno de los autores, nuestro país dispone de una oportunidad única para “acordar el que debería ser un principio rector de nuestra Constitución: superar el propietarismo y reconocer los derechos de la naturaleza y los ecosistemas, transitar desde los impuestos al trabajo a los impuestos por los recursos extraídos, e instaurar una línea de dignidad como espacio de convergencia entre el subconsumo de muchos y el sobreconsumo de pocos”.

Este artículo presenta ideas expuestas en el Seminario: “Para una política ambiental democrática en Chile: diálogos de conocimientos, saberes y perspectivas”. Seminario Internacional Santiago de Chile – 4 y 5 de marzo de 2021; que se desarrolló en el marco del proyecto de investigación FONDECYT 1181065, (2018-2021). La producción del conocimiento sociotécnico en contextos de evaluación ambiental, cuyo investigador responsable es el Dr. Cristián Parker Gumucio.

La crisis medioambiental, especialmente acentuada por el calentamiento global, no ha sido adecuadamente enfrentada por la política pública durante las últimas décadas en el planeta. Esta afecta de manera diversa a los distintos territorios, pero es igualmente urgente enfrentarla en todos los países (Bárcena y otros, 2020). Dado que todos los/las ciudadanos/as están siendo impactados por sus consecuencias negativas, y debido a que es originada por causales humanas, la participación de todos y todas los/las ciudadanos/as en la búsqueda de soluciones se hace cada día más vital.

Sin embargo, en Chile y América Latina somos testigos de las numerosas barreras y limitaciones que encuentra la participación ciudadana en los procesos ambientales, lo cual muchas veces deriva en abiertos conflictos socioambientales. El impacto negativo de un sistema de producción depredador y extractivista en las condiciones de vida de millones de latinoamericanos ha sido bastante estudiado (FAU, 2016; Gudynas, 2018; Dennemann, 2021). Las urgencias se tornan más relevantes tomando en consideración las consecuencias de la contaminación, el cambio climático, la crisis hídrica, y la pérdida de la biodiversidad.

Los nuevos movimientos sociales surgidos con el siglo XXI en toda América Latina incluyen el medioambiente como una de sus principales banderas de lucha. Así ocurre en Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, Colombia, Centroamérica y, por cierto, en Chile. En general, las mujeres han sido más afectadas y se han levantado para protestar (Delgado, 2013; Pineda y Moncada, 2018). Siete de cada diez latinoamericanos consideran que hay que darle prioridad a la lucha contra el cambio climático sin importar sus consecuencias negativas en el crecimiento económico, según los resultados del Latinobarómetro 2017. (Latinobarómetro, 2018).

El estallido social ocurrido en Chile en octubre de 2019 fue resultado de un conjunto de insatisfacciones derivadas de sistemas de salud, previsión, educación y vivienda privatizados e inequitativos, y también estuvo gatillado por numerosas reclamaciones territoriales por contaminación, zonas de sacrificio y consecuencias negativas de políticas ambientales mal definidas y peor aplicadas (Parker, 2019, Gonzáles y otros 2021).

El encauzamiento político de la protesta social derivó en un acuerdo para celebrar un plebiscito realizado el 25 de octubre de 2020, en el cual el 78,3% de los votantes aprobó la redacción de una nueva Constitución para el país. En la elección posterior de la Convención Constituyente, el 15 y 16 de mayo de 2021, con voto paritario y escaños reservados a los pueblos indígenas, la lista de independientes obtuvo un aplastante triunfo (Montes, 2021). Y el medioambiente está entre los principales temas de la agenda de la mayoría de los constituyentes electos.

Para materializar esa urgencia, es necesaria la voluntad política de los diversos actores sociales. Se ha observado que en la evaluación ambiental de los grandes proyectos se originan distintos discursos y lenguajes que obedecen a cosmovisiones diversas, pero que se ubican en relaciones diferentes de poder: unos son hegemónicos, como el discurso de los empresarios, y otros son subordinados, como el discurso ambiental de las comunidades locales. En los escenarios de evaluación ambiental se originan controversias y conflictos porque hay asimetrías de poder y conocimientos (Parker y Pérez, 2019) que se reproducen en discursos ambientales que no dialogan, lo que termina por generar, o no, las voluntades políticas para el cambio.

En algunos países de América Latina hay una experiencia de discusión constituyente y reconocimiento de nuevos paradigmas medioambientales que consideramos importante relevar. Sobre esa base, en esta columna presentamos las ideas de Alberto Acosta, economista, ex Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador; Antonio Elizalde, sociólogo, Rector Emérito de la Universidad Bolivariana de Chile; y María Paz Aedo, socióloga, Doctora en Educación, profesora invitada en el Doctorado de Artes y Educación de la Universidad de Barcelona, quienes comparten sus reflexiones en relación a las experiencias, desafíos y conocimientos relevantes para enfrentar el debate constituyente actual en nuestro país. Los académicos y la académica recogen experiencias nacionales para reflexionar sobre el proceso chileno e identificar los potenciales nudos y desafíos que caracterizarán el nuevo período que se inicia en Chile.

DE LA JUSTICIA AMBIENTAL A LA JUSTICIA ECOLÓGICA: RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA

Por Alberto Acosta, Ecuador

Chile enfrenta un proceso histórico que arranca con el estallido social de 2019, pero se nutre desde mucho antes, desde las movilizaciones impulsadas por distintos actores, estudiantes, feministas, trabajadores y trabajadoras, defensores y defensoras ambientales, en la búsqueda de la justicia, la dignidad y los derechos. Este proceso es de gran importancia no sólo para Chile, sino para la región latinoamericana y el mundo. No será fácil. Un proceso constituyente supone que, si bien el pueblo asume el poder de definir lo que quiere hacer y construir, este poder está mediatizado por el poder constituido.

En este camino, es preciso reconocer la vinculación entre problemas ambientales y sociales. La degradación de ecosistemas, el agotamiento de los recursos, la contaminación de la biosfera, la desaparición de especies, las crecientes desigualdades y violencias, son agravantes y multiplicadores de otros fenómenos, como la actual pandemia. La crisis causada por el Covid-19 no es la única ni será la última en el contexto del Capitaloceno, es decir, en esta época geológica en que el capitalismo dominante está destruyendo la naturaleza (García y Jiménez, 2020).

Cambios climáticos han existido en toda la historia geológica. Pero lo que vivimos ahora es un colapso climático causado por la civilización capitalista, caracterizada por un espíritu donde domina la primacía patriarcal y el ansia de colonización de lo humano y de la naturaleza (Madrid, 2017).  Es en este contexto, en el del Capitaloceno, que tenemos que hablar de la crisis y de los desafíos para una política ambiental democrática.

Es preciso distinguir entre problemas ambientales y ecológicos. Los problemas ambientales se enmarcan en la lógica antropocéntrica -es decir, originada por una visión donde lo humano predomina por sobre lo natural-, y por ello resulta exigible la justicia ambiental. Aquí podemos observar los problemas de acceso y contaminación del agua, la calidad del aire, etc. El reconocimiento de derechos en esta perspectiva es fundamental y debe instalarse en la futura Constitución, pero aún es insuficiente para dar el paso hacia un nuevo modelo civilizatorio. Por eso necesitamos hablar de los derechos de la naturaleza, reconociendo derechos para todos los seres vivos, incluyendo a los humanos. Este sería un enfoque biocéntrico, que pone la vida al centro del asunto y que también considera a la humanidad como parte de la naturaleza.

En Ecuador, los derechos de la naturaleza fueron reconocidos por la Asamblea Constituyente de 2007 y 2008; y establecidos en la nueva Constitución. Se engarzan y complementan los derechos de la naturaleza, los derechos ambientales y los derechos ecológicos. Específicamente, el artículo 71 señala que la naturaleza es un sujeto de derechos y que los humanos, individuos y comunidades, somos sus representantes y garantes.

A la naturaleza se la veía como la fuente de recursos y el depósito de desperdicios, que es posible explotar, extenuar, controlar por los humanos como su dueño y poseedor. Estas visiones están reflejadas en nuestros paradigmas de desarrollo y, por supuesto, en los marcos constitucionales. Para transformar estas tendencias, es preciso asumir lo que en los pueblos originarios es una constante: no estamos fuera, sino dentro de la naturaleza.

Podemos recoger experiencias como el Tribunal Ético de los Derechos de la Naturaleza. También en Colombia, el río Arrato y la cuenca del Amazonas en Colombia, han sido reconocidos como sujetos de derechos. En India, el Ganges es considerado una entidad viviente. En Nueva Zelanda, varios ríos también. Así, la lista va creciendo en diversas partes del planeta. Es preciso vencer las resistencias miopes, conservadoras y prepotentes; y desde cada territorio, contribuir a que la humanidad comprenda qué es la naturaleza, y avance aceleradamente en el reconocimiento de sus derechos, de la justicia ambiental y la justicia ecológica. Esto confrontará todas las teorías del derecho y las bases de la economía. Ese es el gran reto que se tiene en Chile, y la gran esperanza para nuestra América.

PRINCIPIOS Y PREMISAS PARA UNA CONSTITUCIÓN POLÍTICA EN EL CONTEXTO DE CRISIS CIVILIZATORIA

Por Antonio Elizalde, Chile

La participación es una necesidad humana, en un sentido virtuoso y no procedimental o correctivo. La democracia, como construcción cultural, es la forma más adecuada para construir acuerdos colectivos en sociedades crecientemente complejas. Es como el aire: cuando no lo tenemos, lo echamos en falta. Implica la aceptación de una cierta angustia, la de tener que decidir por uno mismo. Y pensar por sí mismo es más angustioso que confiar ciegamente en la guía de otro/a, de allí su fragilidad. También implica la modestia de reconocer que la multiplicidad de visiones es enriquecedora; y que la visión propia del mundo no es definitiva ni segura, porque la confrontación con otras podría hacerme cambiar o enriquecerla. Requiere aceptar que la verdad surge provisoria y controversial, como fenómeno que emerge del debate, puesto que los seres humanos no marchamos al unísono ni somos mecanismos predecibles.

Discutir con otro sin violentarlo ni ofenderlo, sin desacreditar su punto de vista, indagando su verdad y contraste con el pensamiento propio. En un debate serio, quien pierde gana: estaba en un error y ha salido de él. Y quien gana, no pierde nada: su teoría resultó corroborada.

La apertura de este proceso constituyente, de discusión y revisión del marco constitucional impuesto en dictadura, tensiona el modelo de acumulación y mercantilización vigente en Chile, buscando un nuevo acuerdo social donde todos quienes habitamos este espacio geográfico nos sintamos acogidos y reconocidos. De allí su importancia como proceso político.

Recogiendo las reflexiones de Juan Bosco Parra, quien hoy cumple 90 años, un concepto indispensable a abordar en la discusión constituyente sobre política ambiental es el daño. Es decir, un conjunto de actos nocivos para los seres humanos, los seres vivos y el orden de la materia, en cuyo origen se encuentra la actividad subordinada al lucro; subconjunto de la relación naturaleza/capitalismo. Este orden permea el ámbito político. Tenemos la conciencia de haber llegado a un límite existencial. En la fase histórica del daño ya iniciado, es preciso el trabajo de regenerar, reconstruir, acoger a los afectados. Cuando la reparación del daño se instale como fin práctico, emergerá como un ejercicio profundamente revolucionario.

La actual política y legislación ambiental es inadecuada, insuficiente e ineficiente. Así lo devela el derecho consignado a un ambiente libre de contaminación versus la persistencia de las zonas de sacrificio; la transgresión de las normas de contaminación; la constante vulneración del derecho al agua; la enajenación de bienes públicos, privatizados y mercantilizados; la inequidad social; y la discriminación.

Transitamos hacia una gran extinción de la biósfera, que nos incluye como especie. Habitamos un sistema de creencias individualista, posesivo y destructivo. Trabajos indispensables para la existencia de la vida son invisibilizados y subvalorados, como bien denuncia el feminismo. Los procesos productivos disocian los costos y beneficios que generan; los costos se externalizan y trasladan hacia las periferias empobrecidas, invisibles en las cuentas nacionales y los relatos predominantes. Es imprescindible recuperar la escala humana, la perspectiva local.

En materia normativa, la evaluación es un aspecto crítico. Las metodologías de evaluación tienen un origen reciente, buscando medir el impacto físico de los proyectos; luego extendida a las dimensiones sociales para determinar si realizar o no una intervención, según los costos que pueda implicar para su viabilidad y rentabilidad.

¿Qué queremos? ¿qué es lo que realmente nos importa? ¿qué estamos dispuestos a perder? ¿qué queremos conservar? Por primera vez desde la dictadura los candados están abiertos. En la perspectiva constituyente se debe superar el dilema simplista del todo o nada. Sin embargo, la urgencia derivada de la crisis climática nos obliga a actuar con firmeza y prudencia. Podremos acordar el que debería ser un principio rector de nuestra Constitución: superar el propietarismo y reconocer los derechos de la naturaleza y los ecosistemas, transitar desde los impuestos al trabajo a los impuestos por los recursos extraídos, e instaurar una línea de dignidad como espacio de convergencia entre el subconsumo de muchos y el sobreconsumo de pocos. Es preciso instalar el principio precautorio, el acceso a la información, la transparencia, la no regresión y la equidad intergeneracional. También reconocer e integrar los estándares internacionales suscritos por el Estado chileno sobre derechos humanos, sociales, políticos, económicos y ambientales; y el carácter procesal- progresivo del reconocimiento de derechos.

INCERTIDUMBRE, RESILIENCIA, CO-CREACIÓN: CLAVES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO CONSTITUYENTE

Por María Paz Aedo, España

En camino a la construcción de una institucionalidad ambiental acorde a los desafíos de la crisis ecológica y la emergencia climática, resulta fundamental reconocer: 1) la profundidad y complejidad de la crisis en curso, que ha llegado a una fase crítica reconocida transversalmente por el mundo científico,  organismos internacionales (IPCC), movimientos sociales y  comunidades afectadas; 2) el desborde de los indicadores de equilibrio geofísico, acercándose peligrosamente o habiendo superado los «puntos de no retorno» en diversos sectores y territorios; y 3) la dificultad de proyectar la «sustentabilidad» como objetivo local y global, puesto que las condiciones estables o líneas de base resultan constantemente desbordadas y permeables a la incertidumbre y los efectos sinérgicos de la crisis.

En este escenario, asumiendo que los y las participantes al Seminario son actores que tienen capacidad de incidencia política en sus distintos ámbitos de acción, públicos y privados, locales, nacionales y globales, planteo la necesidad de identificar espacios de oportunidad y resonancia de las acciones que necesitamos para atravesar la crisis, considerando las nociones de «entramado» y «cuidados», tal como proponen las cosmovisiones de los pueblos originarios y las propuestas del feminismo y ecofeminismo. Al reconocernos como sujetos entramados, las acciones que realizamos dejan de ser pequeñas respecto de problemas inabarcables por su magnitud, sino que se evidencian vinculadas y potenciadas entre sí, tal como pudimos observar en las revueltas de octubre de 2019. Asimismo, la idea de entramado y cuidado mutuo está a la base de las resistencias y la resiliencia de los pueblos, que nos ha permitido atravesar fenómenos tan críticos como el genocidio en tiempos de la colonización y la represión dictatorial.

Por tanto, es posible abordar el desafío del proceso constituyente como espacio de oportunidad para co-crear otros modos de convivencia entre las personas, las comunidades y los territorios, confiando en las capacidades de resonancia, conexión y sinergias de nuestras acciones; y en nuestra capacidad de generar condiciones favorables a la emergencia de alternativas al modelo vigente, en estos tiempos de incertidumbre.

Es fundamental que el mundo académico abra espacios a la conversación de temas tan críticos como este, por el compromiso y la responsabilidad que cabe a las universidades en transitar desde una tradición científica «de laboratorio» hacia el diálogo de saberes entre actores de distintos mundos y tradiciones, en aras de construir un conocimiento situado, responsable y pertinente.

La gravedad de la crisis ecológica y la emergencia climática nos dejan un margen de acción muy acotado para tomar medidas ya no para revertir, sino para atravesar, los impactos que hemos presenciado y que tenderán a agudizarse. La desertificación, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de las cuencas y las catástrofes por «eventos» climáticos, serán el sello de la «nueva normalidad» futura. La política ambiental necesita tener presente este contexto para tomar decisiones sobre qué es posible y qué no es posible hacer en términos de producción y gestión de bienes naturales comunes. Al mismo tiempo, necesita democratizar la toma de decisiones, reconocer los saberes presentes en las comunidades y actores sociales, y promover la resiliencia ecosistémica y social. Medidas como la aplicación del principio precautorio, la participación ciudadana activa, el ordenamiento territorial y la evaluación ambiental estratégica ya no pueden ser aspiraciones ideales sino pisos mínimos de la futura institucionalidad.

NOTAS Y REFERENCIAS