La ley prohíbe que una institución colaboradora del Sename ejecute programas de diagnóstico y, al mismo tiempo, de protección. Como se entrega una subvención por cada menor atendido, la norma busca evitar que se incremente artificialmente el número de niños enviados a un programa de protección solo para aumentar los pagos. Sin embargo, de las ocho instituciones que hacen diagnósticos, al menos cuatro tienen en sus directorios a personas que se repiten en cargos de otras entidades que ejecutan programas de protección. Un ex director del Sename y dos juezas de Familia lo califican como “gravísimo”. Una entidad que aplica estos programas se negó a informar su directorio para este reportaje y otra admitió que la ley la obligó a crear un nuevo organismo.
Un Programa de Diagnóstico Ambulatorio (DAM) puede salvar a un menor. En 2016, un niño de 13 años, residente de un hogar de la red del Servicio Nacional de Menores (Sename) ubicado en el sector surponiente de Santiago, denunció abusos sexuales y maltratos. Según relata una psicóloga que trabajó en ese caso (cuya identidad se mantiene bajo reserva para proteger al niño), gracias al oportuno diagnóstico de un Organismo Colaborador de Sename (OCAS) el menor fue enviado a un programa de atención a víctimas, se abrieron expedientes para los otros 15 niños que residían ahí y comenzó una investigación.
Pese al valor que tienen estos programas de diagnóstico, como lo demuestra la historia de estos 16 niños rescatados del abuso, también encierran el peligro del conflicto de interés. Estas instituciones reciben una subvención por cada menor que atienden, por lo que está prohibido que una misma entidad ejecute diagnóstico y, al mismo tiempo, programas de protección. Esto, por el riesgo de que aumente artificialmente el número de niños para los que recomiende el ingreso a protección, solo para recibir un mayor pago.
Es la Ley 21.140, promulgada en 2019, la que prohíbe que una misma entidad haga ambos trabajos. Sin embargo, actualmente cuatro de los ocho organismos que realizan diagnósticos vulneran la normativa, pues tienen en sus directorios personas que también cumplen funciones en instituciones que desarrollan programas de protección. Esta situación, que podría esconder la existencia de entidades “espejo”, fue calificada como “gravísima” por dos juezas de Familia y un ex director del Sename. Asimismo, abogados expertos en niñez e infancia señalaron que estas coincidencias en los directorios van en contra del espíritu de la ley de exclusividad de diagnóstico.
La información sobre la reiteración de los mismos nombres en dos entidades diferentes, se obtuvo comparando las nóminas de directores de todas las instituciones que se adjudicaron programas de diagnóstico en el séptimo concurso para programas DAM del Sename. Para esto se revisaron los certificados de directorio de cada organización, disponibles en el Registro Civil. Estos datos, además, se contrastaron con la información publicada en las páginas web de cada organismo, junto con la Oferta Programática de Sename de febrero y abril de 2021.
Para este reportaje se contactó a fundaciones colaboradoras del Sename que ejecutan o han ejecutado este tipo de programas y las respuestas fueron variadas: una se negó a informarnos su directorio actual, otra aseguró que la ley la obligó a presentarse en proyectos paralelos a través de una fundación distinta, una tercera aseguró que sus funcionarios no trabajan en más de una línea de acción del Sename y una cuarta afirmó que la normativa no prohíbe que una fundación cree otro organismo. La representante de una quinta entidad calificó la normativa como “imbécil”, porque “no hay ninguna posibilidad de que una institución pueda financiar su funcionamiento mínimo, teniendo solo un giro de línea programática”.
Los programas DAM son los encargados de evaluar y realizar peritajes a niños, niñas y adolescentes (NNA) que podrían estar sufriendo una vulneración de sus derechos. Las entidades que realizan esta labor, confeccionan un informe a un juez de Familia donde evalúan la situación del NNA y pueden sugerir que se derive al menor a un programa de protección.
En la última licitación de programas DAM, 38 de 74 fueron asignados a cuatro instituciones en cuyos directorios se repiten nombres que también cumplen labores importantes en organismos que desarrollan proyectos de Protección. Al adjudicar estos programas, para que se realicen 3.000 diagnósticos mensuales a nivel nacional, el Estado destinó un total de $5.600 millones anuales (*).
El caso que más llama la atención es el de la Región Metropolitana, donde Fundación Pares, inscrita en el Registro Civil en septiembre de 2019, se adjudicó 16 de los 17 programas DAM. Además, Pares ganó otros siete programas en otras zonas del país. Esas licitaciones implican que el Estado podría llegar a pagar en total a esa institución $3.654 millones al año para hacer 2.012 diagnósticos a menores que podrían estar viendo vulnerados sus derechos (*).
Los cuatro miembros que figuraban en el directorio de Fundación Pares hasta el 16 de abril (vea sucertificado del Registro Civil), trabajaban al mismo tiempo en Corporación Acogida, un organismo que desarrolla diez programas de protección a nivel nacional y que está postulando a nueve proyectos en las próximas licitaciones.
“Me parece que es extremadamente grave. Esto va contra el espíritu de la Ley 21.140 y la ley de subvenciones. Hay un déficit en el escrutinio que hizo el Sename en la licitación”, enfatiza el abogado experto en familia y ex director del Sename, Francisco Estrada.
La jueza del Segundo Juzgado de Familia de Santiago, Mónica Jeldres, afirma que esta situación “infringe el espíritu de la Ley 21.140. No solo es cuestionable éticamente, sino que además afecta gravemente al principio de probidad, porque no evita el conflicto de interés, toda vez que las sociedades espejo tienen vínculos con la institución que es su referente”.
Una opinión similar tiene la jueza de Familia de Valdivia, Pamela Lobos: “Si lo que queríamos era separar, entonces separemos, pero no nos hagamos los lesos, no hagamos vista gorda de algo que es obvio”.
Desde la oficina de comunicaciones del Sename explicaron que ellos solo fiscalizan que una misma institución acreditada no desarrolle ambas líneas de acción. “Aunque se detecte que hay directorios similares, si son organismos colaboradores diferentes, con distinta personalidad jurídica, Sename no puede impedirles que participen y eventualmente se adjudiquen un concurso”, indicó el servicio.
UN PATRÓN QUE SE REPITE A NIVEL NACIONAL
El caso de la Fundación Pares con Corporación Acogida no es una excepción. La Fundación Prodere, creada en 2017, se adjudicó nueve programas DAM a nivel nacional: dos en la Región de Tarapacá, cuatro en la Región de Atacama, uno en la Región de O’Higgins, uno en la Región del Maule, y otro en la Región de Los Lagos. Esto implicaría un pago que puede sumar $1.229 millones al año por parte del Estado (*).
En cuarto lugar está la Fundación Cordefam, inscrita en noviembre de 2019. Esta entidad se adjudicó un programa DAM en la Región de Arica y Parinacota, lo que puede implicar un pago anual de $203 millones desde el Estado (*). Este organismo comparte funcionarios con la Fundación Corfal, institución que desarrolla dos programas de protección en esa región y está postulando a otro más de ese tipo.
FUNDACIONES: “LA NORMATIVA NOS OBLIGÓ A ACTUAR ASÍ”
De acuerdo al tesorero y director ejecutivo de Fundación Pares, Hernán Briones, el organismo informó a la Municipalidad de Villa Alemana cambios en su directorio en marzo, pero el municipio habría demorado en informar las modificaciones al Registro Civil y por eso no estaría notificado.
Para este reportaje se consultó presencialmente a la Secretaría Municipal de Villa Alemana, donde aseguraron que, al 25 de mayo, no habían recibido notificación de Pares para un cambio de directorio desde su inscripción en 2019.
Briones descartó que Fundación Pares haya sido creada por integrantes de Corporación Acogida para postular a programas DAM.
Consultado sobre quiénes integran el supuesto nuevo directorio de Pares, Briones no quiso entregar esa información y tampoco quiso referirse a si él seguía trabajando en Corporación Acogida, aduciendo que esa es información privada. Esta actitud poco transparente no fue bien vista por la jueza de Familia Pamela Lobos: “No hay razón para no entregar esa información. No creo que haya algún motivo legal”.
Desde Fundación Prodere no negaron los vínculos con Corporación Prodel. La presidenta de Prodere y directora ejecutiva de Prodel, Marina Bustos, admitió que la norma los obligó a actuar así: “Sename hace dos años sacó una normativa interna, de modo que es un tema no nuestro, es un tema del mandante. No tendrían porqué haberlo separado y habernos obligado a armar una segunda persona jurídica para hacernos concurrir”.
Créditos: Flickr Sename
Bustos explicó que los programas deben ser realizados por organismos con trayectoria en proyectos de diagnóstico: “Nada mejor que gente con experiencia. Hay entidades nuevas que se arman para tener trabajo y que poco o nada saben”.
Desde la fundación Trabajo con Sentido confirmaron que la institución fue fundada y creada por la Fundación León Bloy “sin ocultamiento alguno, con absoluta transparencia”. Según el organismo, el ordenamiento jurídico “no prohíbe que la Fundación León Bloy en su calidad de fundadora, constituya una persona jurídica distinta, con estatutos y objetivos propios”. Si esa prohibición existiera, indicaron, el Sename les habría negado su acreditación como organismo colaborador el 22 de julio del 2020.
Trabajo con Sentido fue fundada, según dijeron en esa institución, con el objetivo de “resguardar la experiencia técnica acumulada por más de 15 años en el trabajo diagnóstico realizado y preservar los equipos de trabajo y por ende la fuente laboral de profesionales idóneos y de primer nivel y, lo más importante, brindar así la mejor atención y protección a los niños, niñas y adolescentes”.
Finalmente, agregaron que el pasado 22 de mayo Jorge Ormeño presentó su renuncia al directorio de la Fundación León Bloy, mientras que Mauricio Mateluna hizo lo mismo respecto a su cargo de director y tesorero de la Fundación Trabajo con Sentido, estando ambos procesos en vías de formalización.
Desde Cordefam señalaron que, al 16 de diciembre del año pasado, y antes de la fecha de postulación a proyecto DAM, Cecilia Fuentes Icarte ya había presentado su renuncia como integrante de directorio de Cordefam por razones personales. No obstante, hasta el 16 de junio de este año, Cecilia Fuentes seguía apareciendo en el directorio de la institución, según el certificado de directorio del Registro Civil.
Además, desde el organismo puntualizaron que efectivamente su presidenta, Priscilla Sabando, es directora de un programa de Corfal, pero este estaría relacionado con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) y no con Sename.
Otras instituciones que colaboran o han colaborado con Sename también criticaron la normativa. Francis Valverde, directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU), organismo que hasta la última licitación desarrollaba programas DAM a través de la corporación Prodeni, apuntó contra la Ley:
-Es una ley imbécil. No hay ninguna posibilidad de que una institución pueda financiar su funcionamiento mínimo, teniendo solo un giro de línea programática. Los que teníamos DAM los cerramos y no alcanzamos a agendar otra institución con la misma gente pero con otro RUT, sino lo habríamos hecho-, dijo.
De todas formas, desde el Sindicato de Trabajadores Subcontratados del Sename (Sintrasub), su tesorero Francisco Gorziglia sostuvo que ya estaban investigando este tipo de conductas y enfatizó en la gravedad del asunto: “Aquí se está atentando contra el espíritu de la ley, que es precisamente generar confianza, transparencia y que no se involucren los programas que hacen diagnóstico y peritaje con los programas ambulatorios”.
El abogado Luis Cortés, que se desempeña en causas de Familia, sostuvo que la ley no da espacio a la interpretación: “Hay una norma expresa, en relación a que se deben hacer de forma separada las dos líneas de acción. Obviamente, da para tomar acciones legales contra aquellas organizaciones, independiente de la respuesta o las defensas que puedan hacer. La ley es clara y no da para ser interpretada, en el sentido de que el espíritu de la normativa es que se dediquen solamente a dar un diagnóstico”.
PROMESA DEL NUEVO SERVICIO: “MÁS PODER DE FISCALIZACIÓN”
Desde el 1 de octubre de este año entra en vigencia el nuevo Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que reemplazará al Sename. Desde la institución, que quedará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, explican que la nueva normativa les permitirá fiscalizar más a las instituciones y por ende evitar transgresiones a la Ley 21.140.
“Va a cambiar radicalmente, sin perjuicio que son convenios que están en curso, pero todo colaborador tendrá que volver a acreditarse. Los requisitos son mucho más altos y exigentes que antes. Van a mostrar estados financieros, quienes componen el directorio y certificados de declaraciones juradas de que las personas no se encuentran inhabilitadas para trabajar con niños”, explicó Pilar Hernández, abogada y coordinadora del área jurídica del nuevo servicio.
En las OCAS no tienen muchas expectativas sobre el nuevo servicio. Para Francis Valverde “no es nada nuevo. La reforma tendría que radicar en que se financie a los organismos colaboradores y no se les subvencione. Que se limite el número de programas que puede tener un organismo colaborador. O sea, si tú tienes más de cien programas, evidentemente eso ya pasa a ser una empresa”.
NOTA DE LA REDACCIÓN
(*) Las licitaciones adjudicadas por cada organismo se encuentran en las resoluciones publicadas por el Servicio Nacional de Menores en el séptimo concurso de Programas DAM. En cada región aparecen las adjudicaciones con su respectivo código territorial, a excepción de Los Ríos, Aysén y Valparaíso (en las dos primeras el concurso se declaró desierto y en la última, se repitió). Los dineros pagados por el Estado y la cobertura de NNA que tiene cada entidad, se obtuvieron del documento Anexo de focalización territorial.
(*) Esta investigación periodística fue hecha por Javier Herrera y Diego Muñoz, estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica. El reportaje forma parte del Taller de Periodismo Avanzado, asignatura impartida por el profesor Pedro Ramírez.
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Se habla mucho del nuevo Servicio que reemplaza al SENAME. La verdad es que tengo serias dudas acerca de si este cambio será lo que se ha ofrecido. Todo el cambio que se esta haciendo es entre gallos y media noche y, destinado a dejar en el nuevo Servicio, a todos los amigos de este gobierno. No existe claridad, no hay suficiente personal profesional para atender a los niños en Residencias. Serán entonces, los mismos de siempre, los que seguirán prestando los servicios. Extrañamente en las ultimas licitaciones del SENAME, aquellas que pasarán al nuevo Servicio, las han ganado programas de clara amistad con las actuales autoridades. En definitiva, este gobierno no resiste la tentación de arreglar a los suyos para que puedan hacer la "travesía por el desierto" que será larga, de la manera más cómoda posible. En definitiva, es tanto el apuro en arreglarse y arreglar a los suyos, que al final, los NNA (NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), son soplo un número de que servirse, lo que pase con ellos poco o nada importa, importa quedarse con el servicio. Lamentable y triste, por los NNA
Antonio | 22.06.2021
Mala la respuesta dada por esas instituciones. La Ley no obliga a infringirla..
Que las instituciones que ejecutaban este tipo de proyecto no hayan decidido continuar ejecutándolos en exclusividad, es una una pregunta que el Servicio debiese habérsela formulado.
Que estas instituciones se abstuvieran de participar en esta "licitación", es - a mi juicio - reflejo que las bases del proyecto está mal formulado y no es sustentable.
