Captura de la política por el poder económico: donaciones de grandes empresarios inclinan la competencia electoral

En 2015 la Comisión Engel propuso terminar con las donaciones de empresas a campañas electorales, para evitar que la política sea capturada por el poder económico. La sugerencia se convirtió en ley. Hoy solo se permiten aportes de personas naturales. Pero el riesgo de captura persiste: en la actual campaña el Servel registra millonarias donaciones de controladores de grupos económicos que inclinan el financiamiento a favor de la centroderecha. Un ejemplo: CIPER revisó propaganda difundida por radios y constató el total predominio oficialista. Ex miembros de la Comisión Engel estiman que deben limitarse las donaciones individuales, aunque destacan que ahora se conoce el origen de los dineros y se podrán fiscalizar conflictos de interés de quienes resulten electos.

Crear mecanismos para que la política no sea “capturada” por el poder económico. Ese fue uno de los objetivos de la comisión anticorrupción que se formó en 2015 –conocida como Comisión Engel–, surgida como respuesta a los casos de financiamiento ilegal de campañas que sacudieron al país desde fines de 2014. Una de las reformas que se aplicó fue prohibir los aportes de personas jurídicas (como las empresas) y solo permitir donaciones de personas naturales, las que pueden ser rechazadas por los candidatos.

Seis años después, a punto de celebrar elecciones constituyentes, municipales y de gobernadores, los datos del Servicio Electoral (Servel) sobre los aportes realizados a partidos y candidatos demuestran que el riesgo de captura de la política sigue en pie: los controladores de grandes empresas, ahora de manera individual, han inyectado millones de pesos para financiar campañas, preferentemente de derecha y centroderecha.

Con los datos extraídos del Servel, CIPER conversó con cuatro ex integrantes de la Comisión Engel. Todos coincidieron, con más o menos matices, en que las millonarias donaciones individuales siguen representando un riesgo para la salud de la democracia. Y también en que, una vez finalizado este proceso electoral, será necesario revisar la normativa para evitar que miembros de grupos económicos sigan inclinando la balanza del financiamiento electoral hacia el sector de sus preferencias.

El doctor en Ciencias Políticas Claudio Fuentes, quien integró la comisión Engel, considera que si distintos miembros de un mismo grupo empresarial aportan grandes volúmenes de dinero, aunque sean ingresados de manera individual, “ciertamente supone un riesgo de captura”. Pero estima que la reforma provocó un resultado positivo: los financistas se pueden identificar. Eso, afirma, será clave para fiscalizar a los candidatos que resulten electos cuando deban resolver temas que pueden afectar los intereses de quienes fueron sus mecenas.

–La transparencia será muy importante para cuando tengamos que discutir sobre la inhabilidad de ciertos representantes–, dice.

La información disponible sobre los aportes a las campañas constituyentes, municipales y de gobernadores regionales ha sido publicada por el Servel semanalmente. Hasta ahora, diversos medios y centros de estudios, como La Tercera y Fundación Sol, han recogido y procesado esos datos. Algunos de sus hallazgos permiten dimensionar el problema: la familia Ibáñez Atkinson ha realizado un total de 105 aportes a campañas, que suman $874 millones. Sus preferencias están concentradas en partidos de derecha, como la UDI, el Partido Republicano, Evópoli y Renovación Nacional.

Otro caso que destaca es el de Juan Manuel Casanueva Prendez, presidente del grupo GTD y de Telefónica del Sur. Él ha efectuado once aportes, por un total de $105 millones. El 17 de marzo pasado entregó más de $50 millones a la UDI. Hasta la fecha es el mayor aporte individual registrado por el Servel.

REINADO DE LA DERECHA EN LAS RADIOS

Un ejemplo concreto de cómo incide este desbalance económico en el despliegue de las candidaturas se verifica en uno de los espacios menos regulados en época de campaña: las radios. Con la franja televisiva estrictamente normada y con los “puerta a puerta” y la propaganda callejera limitada por la pandemia, las radioemisoras se convirtieron en uno de los espacios de mayor competencia.

CIPER analizó el contenido de las tandas comerciales dedicadas a la campaña que fueron transmitidas el martes 11 de mayo en la Región Metropolitana por ocho emisoras. Cuatro de estas estaciones tienen una línea editorial informativa (ADN, Agricultura, Cooperativa y T13) y las otras cuatro enfocadas prioritariamente al esparcimiento (Corazón, Carolina, Pudahuel y Activa). Las tandas analizadas se emitieron en dos horarios: de 8:00 a 9:30 y de 19:00 a 20:00.

La revisión de las emisiones permitió comprobar que los avisos de la derecha y centroderecha superan largamente a los de centroizquierda, izquierda e independientes. Solo en los casos de las radios Cooperativa y Carolina los avisos de candidatos de centroizquierda, izquierda e independientes fueron mayoría. En total, de las 280 piezas publicitarias escuchadas, 175 correspondían a candidaturas oficialistas (62% del total).

APORTES INVIDIVUALES Y FAMILIARES

Según cálculos de CIPER basados en la información oficial del Servel, al menos un 10% de los aportes privados a las campañas para las elecciones de 2021 fueron realizados por grandes empresarios. De acuerdo con las cifras que recogió este y otros medios e instituciones -como La Tercera, Contexto Factual y la Fundación Sol- los principales aportes de controladores de grupos económicos fueron realizados por las familias Ibañez Atkinson ($874 millones), Solari ($180,4 millones), Larraín Matte ($92,8 millones), Claro Figueroa ($83,3 millones) y Del Río Goudie ($62,9 millones).

Compuesta por el fundador de la cadena Líder, Felipe Ibáñez Scott, su esposa, Heather Atkinson, y sus cuatro hijos, la familia Ibáñez Atkinson ha realizado 105 transferencias que en su conjunto suman $874.000.000, de acuerdo con la última actualización subida por el Servel el viernes 7 de mayo. Este grupo ha aportado a partidos de centroderecha y, en menor medida, directamente a candidatos de esas tiendas. Hasta el momento, ha donado $372 millones a la UDI, $183 millones al Partido Republicano, $176 millones a Evópoli, $134 millones a Renovación Nacional, $5 millones a candidatos UDI y la misma cifra a postulantes de RN.

La familia Solari, controladora de Falabella, ha realizado 49 aportes a campañas por un total de $180.453.209. De esa cifra, la mayoría ha sido destinada a candidaturas constituyentes de la UDI y Evópoli.

Los del Río Goudie, socios de la familia Solari, han hecho 22 donaciones por un total de $62.995.000 para candidaturas de centroderecha y DC.

La familia Claro Figueroa (Jorge Claro Mimica, creador del Canal de Fútbol, y sus hijos) ha realizado aportes por $83.332.000, concentrados en constituyentes independientes de centroderecha.

Entre los aportantes individuales con montos más significativos se encuentra el ya mencionado Juan Manuel Casanueva Prendez ($105 millones); Wolf Hans Albert Von Appen Behrmann, del Grupo Ultramar ($60 millones en 40 donaciones para candidatos republicanos, UDI, RN y el DC René Cortázar) y el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil (41 aportes por un total de $57.800.000, destinados, principalmente, a candidatos constituyentes de derecha, incluyendo ex miembros del actual gobierno como Marcela Cubillos, Gonzalo Blumel, Luis Mayol Bouchon y Arturo Zúñiga).

VOCES DE LA COMISIÓN

En marzo de 2015, la entonces presidenta Michelle Bachelet convocó a un grupo de 15 personas para “proponer un nuevo marco normativo, que permita el cumplimiento efectivo de los principios éticos, de integridad y transparencia, en sus aspectos legales y administrativos para lograr el eficaz control del tráfico de influencias, prevención de la corrupción y de los conflictos de interés en los ámbitos de los negocios, la política y el servicio público, así como en la relación entre éstos”.

El grupo, presidido por el ingeniero y doctor en Economía y Estadística, Eduardo Engel, dispuso de 45 días para entregar un informe final con recomendaciones. Uno de los aspectos centrales de su trabajo fue generar una reforma al “financiamiento de la política para fortalecer la democracia”, tras los escándalos de los aportes ilegales a campañas que socavaron la imagen de los partidos desde el PS hasta la UDI y que incluyeron la precampaña de la entonces presidenta Bachelet.

Respecto de la regulación de campañas electorales, la Comisión Engel propuso “mejorar las condiciones de equidad en la competencia equilibrando los aportes públicos y privados, disminuir los riesgos de captura de la política limitando aportes, mejorando las normas y capacidad de control”.

Una de las medidas que se dictó para disminuir el riesgo de “captura de la política”, acogida por la posterior ley, fue prohibir aportes de personas jurídicas. Pero no se limitaron los aportes de grandes empresarios, ahora como personas naturales. Y con ello persiste el riesgo de que, por la magnitud de sus donaciones, se incline la competencia hacia los sectores de sus preferencias.

Así responde Eduardo Engel:

–Es importante comparar con la situación pre comisión. Antes, no se conocía quién financiaba y luego supimos que detrás estaban empresas como Penta o SQM. Ahora es totalmente transparente quién ha pasado cuánta plata a tal candidato. Y, por lo tanto, la sociedad civil podrá ejercer un rol importante cuando tenga que ver los intereses que defienden los candidatos que resulten electos y en qué medida esos intereses corresponden a los de sus financistas. Uno puede tener un monitoreo social que antes no existía y que es muy valioso.

No obstante, Engel confirma que “hay un tema pendiente”:

–Es el límite de las donaciones que puede hacer una persona natural a una candidatura, porque deberían ser más bajos. Aun así, son montos menos elevados que antes.

Respecto de si se abordó en la comisión la posibilidad de que, aun cuando se prohibieran los aportes de empresas, la política podría ser capturada igualmente por aportes individuales de los controladores de grupos económicos, Engel señala:

–Una de las motivaciones más importantes de nuestro trabajo era generar una cancha pareja para que compitan las ideas. Y eso está en los informes. Y cuando uno quiere proponer una cancha pareja, está presente la necesidad de evitar la captura de la política. Entonces, yo diría que, al menos por la forma en que concibo la política, esa discusión sí estuvo presente para que los candidatos se impusieran por sus ideas y no por el volumen de su financiamiento.

Ahora, dice Engel, el punto es avanzar hacia un equilibrio entre el financiamiento público y privado de las campañas: “Y en eso sí estamos muy al debe”.

La comisión se subdividió en dos grupos. El que estuvo a cargo de generar recomendaciones sobre financiamiento político fue coordinado por la socióloga y doctora en Ciencia Política, Marcela Ríos.

En conversación con CIPER, Marcela Ríos enfatiza que el verdadero flanco de las campañas electorales de este año es “la escasa fiscalización que existe sobre sus gastos, porque sin un control efectivo sobre este elemento, podemos seguir regulando y restringiendo, pero sin un efecto eficaz”.

Respecto de los aportes individuales que han hecho los miembros de grupos económicos, al igual que Engel destaca que “las reformas que se hicieron redujeron significativamente el impacto del dinero en la política. Y, si bien es cierto que hay candidatos que tienen mayor acceso al financiamiento y debemos mejorar algunos elementos, estamos mejor parados que hace algunos años. Nuestro objetivo fue eliminar la captura de la política por parte de aportes secretos y privados, y avanzamos enormemente en ese sentido”.

–¿Se discutió en la comisión que los grupos económicos que antes capturaban la política a través de donaciones de sus corporaciones, también lo podrían hacer a través de aportes de sus controladores de manera individual?

-Hubo una discusión. Pero nunca estuvo sobre la mesa la posibilidad de limitar que las personas individuales pudieran aportar. No fue algo que hayamos abordado extendidamente, porque lo que concentró nuestro interés fueron los aportes que hasta entonces hacían las empresas y de la opacidad que había en torno a ellos. Tuvimos 45 días para trabajar y ordenamos nuestros objetivos de acuerdo con los problemas más relevantes de la fecha. Eso no quita el hecho de que evidentemente estamos frente a un riesgo de captura, y que es necesario perfeccionar la normativa para evitarlo.

Marcela Ríos.

En todo caso, dice Marcela Ríos, “una vez celebradas las elecciones, tendremos que evaluar si existe una proporción entre la cantidad de dinero aportado y las candidaturas que obtengan las mayorías. La campaña del plebiscito ya demostró que no siempre hay una relación directa entre gastos y resultados”.

Claudio Fuentes trabajó en el grupo liderado por Ríos. Él asegura que los aportes individuales de miembros de un grupo económico “ciertamente suponen un riesgo de captura”. Por eso, pone el acento en que se debería restringir la cantidad que se puede donar individualmente:

–Si bien la reforma de 2017 mejoró algunas cosas, hay otros problemas con la actual legislación. Uno de ellos, tiene que ver con los límites de máximo permitidos por campaña, que son excesivamente altos. Por tanto, tenemos campañas mega-millonarias. Por otra parte, los montos individuales de los aportes también son bastante altos y, a mi juicio, eso también es un problema. Ambos conflictos plantean una cuestión más macro: hasta qué punto, sabiendo que hay una desigualdad económica muy grande entre candidatos, es adecuado permitir las donaciones individuales. Eso lo discutimos en la Comisión Engel y varios estábamos por crear un fondo común anónimo, es decir, que todas las donaciones individuales fueran a un fondo común y eso se repartiera. Sin embargo, no prosperó. Pero fue un problema que se conversó en la comisión.

Fuentes agrega que el riesgo de “captura” aumenta cuando los aportes individuales están dirigidos a quienes buscan escribir la nueva Constitución. Dada la relevancia de esa elección, dice que él habría optado por cambiar el sistema de donaciones “y no utilizar el mismo que se ocupa para los diputados, por ejemplo, porque este es un fenómeno distinto y trascendental”.

Claudio Fuentes.

Sobre esa base, el académico expone que será necesario revisar las fuentes de financiamiento de quienes resulten electos como constituyentes para detectar posibles conflictos de interés:

–Acá hay dos trabajos que hacer. En el cortísimo plazo, discutir si un aporte significativo constituye un conflicto de interés, es decir, si un grupo económico está aportando a un convencional y este después vota a favor de un interés que le convenga a ese grupo, ¿se debe inhabilitar ese convencional? La convención debería establecer un estándar alto de conflicto de interés dada estas enormes sumas de dinero que van a algunas candidaturas. Y en el mediano plazo, se requiere revisar esta institucionalidad y generar una reforma que permita igualar la cancha entre los mega y micro-aportes.

Doctor en filosofía política, José Andrés Murillo, también integró la Comisión Engel y hoy, además, es candidato a la Convención Constituyente. Él reconoce que es “un problema” que los grupos económicos usen el mecanismo de las donaciones individuales para aportar a campañas sin vulnerar la ley. El debate que se dio en la comisión, señala, estuvo centrado en las empresas: “Había integrantes que apoyaban que las corporaciones pudieran aportar. Esa fue una pelea grande y ganarla no fue fácil. Pero quizás tuvimos que haber pensado que una persona podía aportar no solo por sí misma, sino también en representación de un grupo económico”.

A la luz de los datos publicados por el Servel, Murillo afirma que “hay una cooptación y compra (de campañas). Los grupos económicos se defenderán diciendo que ellos están apoyando a las personas que consideran más importantes, pero lo que se crea al final es una desigualdad muy grande, una cancha muy dispareja, porque además entra en juego una generación de intereses corporativos que no necesariamente representa a la ciudadanía. No se trata de dejar ciertos intereses afuera, sino de incluirlos a todos o a tantos como se pueda. Para eso tendremos que revisar la normativa y, probablemente, vamos a tener que pasar por una nueva comisión. Es como lo que pasa con los computadores: creado el antídoto, creado un nuevo virus. O como el dicho: hecha la ley, hecha la trampa”.

Según los datos disponibles en el Servel, en su calidad de candidato constituyente Murillo recibió un aporte de un millón de pesos de José Luis del Río Goudie. Consultado al respecto, dijo que “solo una vez tuve una reunión con él, cuando estábamos creando un centro de investigación contra el abuso infantil, pero nunca más lo he visto. Para realizar la donación no se comunicó conmigo y cuando llegó la propuesta de aporte investigué lo que estaba haciendo y me pareció que su visión de crecimiento económico integraba lo social. Lo conversé con mi equipo y estuvimos de acuerdo en aceptarlo”.

(*) Este artículo contó con la colaboración de Cristóbal Ríos, Lucas Cifuentes y Nicolás Massai.