La diáspora influyente: así se organizan los migrantes venezolanos para incidir en las políticas públicas chilenas

Los migrantes venezolanos ya son más de 490 mil, sin contar a aquellos que no tienen sus papeles al día. Aunque solo unos 7 mil tienen derecho a voto, el proceso constituyente no deja indiferente a esta comunidad. A diferencia de otras colonias, sus integrantes se enfrentan al actual escenario chileno arrastrando los fantasmas de su pasado reciente. La autora de este artículo recopiló información sobre las entidades y líderes de opinión de los migrantes venezolanos y cómo tratan de incidir en las políticas públicas locales. Aunque la mayoría se organiza para hacer valer su opinión solo en temas relacionadas con migración, también están los que directamente intervienen en la contingencia promocionando el Apruebo o el Rechazo.

Según las cifras oficiales del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, hasta la fecha han llegado a Chile unos 492 mil venezolanos. Eso, sin contar varios miles que están en condiciones irregulares. Entre ellos se cuentan desde empresarios que aseguran que corrían riesgo de expropiación bajo el gobierno de Nicolás Maduro hasta ciudadanos de a pie empujados por la crisis que vive su país. Y, entre esos dos extremos, profesionales, académicos, técnicos calificados, ex funcionarios públicos y dirigentes opositores. Argumentando que “Venezuela está secuestrada” o simplemente que “la situación económica es insostenible”, todos vinieron a probar suerte y a poner sus fichas en un futuro de prosperidad. Pero muchos de ellos hoy miran ese futuro con inquietud.

Son pocos los venezolanos con derecho a voto en Chile: solo 7.148 según los datos del Servicio Electoral (Servel), cerca del 1,5% de todos los que están acá con sus papeles al día. Aún así, el escenario del plebiscito y proceso constitucional chileno no deja indiferente a esta enorme comunidad de migrantes.

A diferencia de otras colonias, sus integrantes se enfrentan al actual debate político chileno arrastrando los fantasmas de su pasado reciente. La mayoría expresa que si llegó hasta acá fue porque en Chile la institucionalidad funciona y la gente es libre de decir o hacer lo que quiera. Pero el estallido social de octubre, las marchas, los “caceroleos” y el debate constitucional, son un déjà vu para ellos.

Los venezolanos manifiestan su opinión. Pueden estar a favor del Apruebo o del Rechazo, pueden ser opositores a Maduro o simpatizantes bolivarianos, pero allí donde les toca interactuar con chilenos, no se guardan lo que piensan sobre el proceso de cambio constitucional y otros temas contingentes.

¿Pueden los venezolanos avecindados en Chile incidir en el plano político local? La información recopilada para este artículo indica que hay tres áreas en que esto está ocurriendo. Un primer nivel es de las organizaciones que agrupan a venezolanos, pero estas entidades sólo buscan influir en las políticas públicas sobre migración. Un segundo piso lo constituyen académicos y profesionales que trabajan en universidades y centros de estudios que tratan de orientar el debate público. Y un tercer plano es el de los usuarios de redes sociales, donde hay venezolanos con muchos seguidores que se dedican únicamente a temas relacionados con derechos de migrantes, pero donde también cohabitan los que promocionan ideas políticas contingentes.

Foto: Mario Téllez

ORGANIZARSE PARA INCIDIR

Varias son las entidades que agrupan a los venezolanos radicados en Chile. Casi todas se dedican exclusivamente a promover mejoras en las condiciones de vida de los migrantes: tratan de incidir en las políticas públicas y programas de asistencia relacionados con extranjeros avecindados en el país. En ese sentido, funcionan como mecanismos de supervivencia y adaptación: prestan asistencia jurídica, orientación sobre temas migracionales y cartelera laboral.

Pero estas organizaciones también funcionan de cara al plebiscito. Los extranjeros pueden ejercer el derecho a sufragio después de cinco años de residencia en Chile y algunas de estas asociaciones buscan fomentar la conciencia cívica.

La Comisión Presidencial por la Diáspora Venezolana aglutina a dirigentes opositores a Nicolás Maduro, pero incluye también a asociaciones civiles. La comisión, impulsada por el Ministerio de Interior cuando estaba bajo el mando de Andrés Chadwick, hace lobby político para apalancar propuestas en materias migratorias, de educación y salud. La asociación Inmigrante Feliz, que asiste a los venezolanos en salud mental y física, es parte de esta comisión y su directora ejecutiva integra el Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) en representación de los migrantes. Han logrado cosas: que se reciba a venezolanos con pasaportes vencidos y que el plazo para presentar antecedentes se ampliara de cinco a 120 días son algunas de ellas.

La Asociación de Venezolanos en Chile (Asoven) tiene 53 miembros activos y cuenta con cuatro organizaciones civiles. Es un  punto de encuentro y de representación para los migrantes. Integra la junta directiva de la Coalición por Venezuela, una organización internacional conformada por 70 organizaciones civiles desde Canadá a Chile. “Creemos en la participación ciudadana como base fundamental y en la fuerza de la organización”, dice su presidenta Patricia Rojas.

Hoy, frente al proceso constituyente, Patricia Rojas reconoce que en la comunidad venezolana local coexisten puntos de vista heterogéneos. Hay quienes consideran favorable este proceso y no lo miran con temor, dice. Y agrega: “Generalmente son las personas que llevamos más tiempo en Chile, que comprendemos y respetamos el proceso histórico que está viviendo el país. Hay otras tantas que no, porque significa como un déjà vu de lo que nosotros vivimos hace ya más de 20 años con nuestro proceso constituyente”.

Una vez que el plebiscito esté resuelto, cuenta Rojas, entre los asociados buscarán de qué manera colaborar en el nuevo proceso que salga de la votación de octubre. Por ahora, el interés de Asoven es que sus miembros autorizados por el Servel ejerzan el derecho a voto y que sepan de qué se está hablando cuando en Chile se discute el cambio de Constitución.

La Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile y la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y pro Migrantes, van más allá: gestionan y promueven la Red de Migrantes por el Apruebo y Apruebo a la Convención Constitucional, respectivamente. Han llegado a ser más de 70 organizaciones en las que participan extranjeros, entre ellos venezolanos. “En el mismo documento de convocatoria, en 2014, nosotros planteamos la necesidad de un cambio constitucional porque la constitución del 80 subordina a la población migrante a ser residentes de segunda”, señala Héctor Pujols, dirigente de la coordinadora. Según explica, les interesa que la nueva carta magna reconozca “finalmente lo que Chile es, un país de migrantes también”.

EN EL PLANO DE LAS IDEAS

Guarequena Gutiérrez, la ex embajadora en Chile del “presidente encargado” de Venezuela Juan Guaidó, es probablemente la activista opositora a Maduro más conocida en el país. Hoy trabaja en Horizontal, el centro de pensamiento del partido de centroderecha Evópoli. Allí está encargada de las Relaciones Internacionales e impulsa proyectos relacionados con educación cívica porque, a su juicio, los países latinoamericanos tienen poca conciencia política y por eso piensa que surgen caudillos y gobiernos personales.

En Horizontal aporta su análisis al proyecto de Constitución que ese Think Tank liberal busca impulsar: “Ojalá un modelo de constitución muy chica, que se acote lo más posible, muy moderno”. Respecto del plebiscito reconoce que le cuesta mirar el proceso sin relacionarlo con lo ocurrido en su país: “Es difícil entender que no tenemos la misma historia, el mismo contexto. Porque, desde nuestra perspectiva, pues claro que nos da miedo que se abra un proceso como el de Venezuela”.

Venezolano nacionalizado chileno, Rafael Rincón es consultor externoe la Fundación para el Progreso, un centro de pensamiento de derecha –presidido por Axel Kaiser y cuyo past president es el empresario Nicolás Ibáñez­­– que busca influir en quienes definen las políticas públicas. Rafael fue director de Estrategias y Asuntos Globales de la fundación hasta abril de este año. Sobre su rol en la entidad, dice que colabora con ella “porque pienso que en la medida que tengamos mejores líderes, en esa medida vamos a tener mejores políticas públicas (…) La política pública al final es una expresión de muchas cosas, es una expresión de valores, una expresión de una manera de ver el mundo, es una manera en que se concretan aspiraciones en un país”, afirma.

Licenciada en Estudios Internacionales y ex diplomática, Virginia Pérez es asesora del senador Alejandro Navarro. Lleva dos años en el país y dice que ve a los venezolanos conversar en cada cuadra con sus vecinos chilenos sobre sus experiencias y sus miedos. Piensa que una vez que superen el trauma político propio, sus connacionales entenderán que esta es una sociedad que merece cambios estructurales.

Foto: AgenciaUno

En su trabajo, Virginia Pérez trata de incidir en temas relacionados con paridad de género y reconocimiento de pueblos originarios. Durante años se desempeñó como funcionaria pública en su país y asegura que no hay ciudadano venezolano que no haya participado en la deliberación de su constituyente, en 1999. Eso sí, se opondría rotundamente a la reelección presidencial en una nueva carta magna. Para ella, ese es el mayor problema que tuvo su país: centrar todo en una autoridad y perpetuar el poder. A su juicio, la constitución venezolana es muy buena, pero reconoce que como todo acuerdo, se debe cumplir.

Neida Colmenares es doctora en Gobierno y Políticas Públicas. Actualmente, dirige la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Central y es académica de Flacso Chile. Lleva, junto con la Universidad de Chile, un diplomado en servicios municipales para migrantes que cuenta con apoyo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

Panelista preferida en los programas sobre migración y derechos ciudadanos, la académica inició hace unos días Voz y Voto Migrante, una escuela de formación ciudadana –impartida por la Universidad Central– para la participación de extranjeros radicados en Chile, con énfasis en la comprensión del proceso constituyente. La idea es desarrollar diálogos formativos e informativos sobre los requisitos y matices que tiene el plebiscito, favoreciendo con ello la participación política de la población migrante.

“Todos dicen que los venezolanos somos de derecha y eso no es más que una generalización simple. El gobierno de Maduro no es un gobierno de izquierda, es un gobierno autoritario y violador de derechos humanos. Desde ahí hay que entender la migración forzada a la que se han visto obligados millones de venezolanos”, afirma Neida Colmenares. Para ella, las materias que se deberían privilegiar en un proceso constituyente son: un Estado que garantice el respeto de los  derechos humanos, un Estado plurinacional y una legislación migratoria más inclusiva.

El abogado Roberto Matos es coordinador de convivencia escolar en la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago. Si se trata de analizar incidencia, su cargo es clave para orientar el trabajo con los estudiantes en medio del alto grado de conflictividad que generó el estallido social y las demandas que origina el proceso constitucional. Por su pasado de dirigente estudiantil en Venezuela, empatiza con las demandas de los alumnos: “He aprendido a ver las cosas de otra manera. En una fuerte dictadura (en Venezuela) tenía normalizado el caos. Aquí es diferente, desde mi experiencia como líder estudiantil miro empáticamente las demandas de los estudiantes y lo aplico a mi trabajo”.

MENSAJES EN REDES SOCIALES

Las redes sociales amplifican los mensajes de varios venezolanos que desde ellas convocan, orientan y difunden sus ideas. Una de las más reconocidas en este ámbito es la cuenta @DobleMigrante, la que está enfocada en el servicio a los extranjeros que han decidido instalarse en Chile, sin contenidos políticos contingentes. Su directora es Natalia González, una chileno-venezolana que vive en Puerto Montt.

@DobleMigrante difunde información migratoria actualizada para facilitar trámites, explicar anuncios del gobierno y políticas con efectos a nivel central, regional o municipal. En Instagram tiene 98 mil seguidores y consigue captar la atención de las autoridades con sus publicaciones: “El aporte (de los migrantes) se dará en la medida que desde el país anfitrión mejore el diálogo con los nuevos habitantes, ya que la migración siempre es un aporte positivo al desarrollo de un país, aunque el proceso sea complicado”, afirma Natalia González.

Pero el ambiente del plebiscito ha revivido también las trincheras que los venezolanos traen a cuestas desde su país. Y las redes sociales son el espacio natural donde se enfrentan las consignas.

Danny Ramirez tiene cerca de 3.400 seguidores en Twitter y desde allí promueve el Rechazo. En la red se presenta como “ex diputado y preso político del Táchira”. Su cuenta @dannyramirez7 publica mensajes que presentan la revuelta de octubre de 2019 y las demandas sociales que surgieron de ese movimiento como una conspiración articulada desde Cuba y Venezuela para destruir la democracia chilena. A través de sus posteos trata de impedir que se instale una convención constituyente. “Es sumamente preocupante que la hoja en blanco termine siendo una copia de la tragedia vivida por los venezolanos”.

En febrero de este año, Danny Ramírez fue presentando como vocero del Comando Independiente por el Rechazo, una iniciativa liderada por Gonzalo de la Carrera y Gerardo Cofré. De pensamiento socialcristiano, al llegar a Chile en 2018 trabajó para la Fundación Konrad Adenauer, vinculada a la Democracia Cristiana Alemana.

Jorge Rubio, a través de su cuenta @jomarucl, promueve el Apruebo. Fue subsecretario juvenil nacional de Acción Democrática en Venezuela y aún milita en ese partido. Hoy es encargado de la Pastoral de Migrantes de la Diócesis de San Felipe. Aunque publica mensajes contrarios al régimen de Maduro, sostiene que la izquierda chilena no es lo mismo que el gobierno venezolano, que la soberanía reside en el pueblo y que “la mejor opción es por el cambio a través de la voluntad del pueblo en la construcción de su nueva constitución”.