El autor sostiene que el gobierno se ha preparado para el reinicio de la protesta social con una batería de modificaciones al rol de las FF.AA. y Carabineros. Entre ellas destaca el rol que se les da a las FF.AA. en la custodia de la “infraestructura crítica”; la ley que establece algunas exenciones de responsabilidad penal por actos de represión de la policía; la reforma al sistema de inteligencia y la renovación del material para Carabineros por más de $ 10.700 millones, entre otras medidas. Estos cambios, advierte el autor, “retoman los principios de la Doctrina de la Seguridad Nacional, esto es, vuelven a la idea del “enemigo interno”. Quienes se manifiesten cuando termine el confinamiento deben saber que “se van a encontrar con un Estado mucho más preparado para la represión de lo que estaba el 18/O”, advierte.

El gobierno ha anunciado un plan de desconfinamiento que se traduce en una serie de pasos para dejar atrás las medidas adoptadas en el marco de la pandemia del Covid-19 como las restricciones en materia de movilidad de la población. Ese plan tiene un efecto colateral que no necesariamente es querido por el gobierno, pero es una consecuencia ineludible de retomar la normalidad: el desconfinamiento del movimiento social y el retorno de las movilizaciones.

A continuación, presento algunas reflexiones sobre los desafíos que tiene el movimiento social para retomar las movilizaciones, pero en un contexto distinto del que vivimos entre el 18/O y el 15 de marzo. Este contexto se caracteriza por un escenario institucional más represivo y nuevos desafíos para el movimiento social en un contexto en que la crisis sanitaria está aún vigente.

Recordemos que frente a la protesta social la respuesta del Estado fue una represión brutal que generó un cuadro de graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos ampliamente documentada a nivel nacional e internacional. Recientemente, el Ministerio Público presentó una serie de cifras vinculadas a la represión en Chile y da cuenta de 8.510 víctimas que incluyen a 1.315 niños, niñas y adolescentes; 411 lesiones oculares; 3.219 lesiones por armas de fuego; 191 casos de tortura; 364 casos de violencia sexual; entre otros casos de graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos.

La política represiva del gobierno ha ido acompañada de un conjunto de medidas destinadas a implantar un estado policial, lo que permite a las autoridades reaccionar de manera más eficaz en la represión de la legítima protesta. Hoy se está dando urgencia a un proyecto de ley para otorgar a las Fuerzas Armadas un rol de orden público y seguridad interna, usándolas para la custodia de lo que el proyecto considera “infraestructura crítica”. Además, se ha promovido una ley para fortalecer el estatuto legal de las policías, que establece algunas exenciones de responsabilidad penal por actos de represión y uso de la fuerza.

También se ha presentado un proyecto de ley que reforma el sistema de Inteligencia del país, que permite el uso político de las labores de inteligencia.

A ello se suman una serie de medidas administrativas. Destacan el decreto que regula la actuación de las Fuerzas Armadas en estados de excepción constitucional, el nuevo decreto sobre el uso de armas menos letales por parte de Carabineros; el plan de renovación del material para Carabineros por más de $ 10.700 millones (“Plan Ubilla”) y el uso de Fuerzas Armadas en labores de orden público en la Araucanía, entre otras medidas.

Este enrevesado diseño del ejecutivo para enfrentar la protesta social retoma los principios de la Doctrina de la Seguridad Nacional, esto es, vuelve a la idea del “enemigo interno” y al uso de las Fuerzas Armadas para enfrentar esta supuesta amenaza interna a la seguridad de la nación.

Este enfoque se traduce en la identificación del movimiento social como la principal amenaza a la seguridad y, por tanto, mejora las herramientas para poder controlar dicho movimiento (posibilidad de infiltrar agentes de inteligencia en las organizaciones) y realizar un control social efectivo a través de las Fuerzas Armadas y con policías empoderadas y dotadas de nuevas protecciones legales ante posibles actos de abusos en sus actuaciones (ley estatuto policías y nuevas reglas para uso de la fuerza menos letal amplían las posibilidades de eximirse de responsabilidad por violaciones de derechos humanos).

La pandemia del Covid-19 no ha detenido este proceso, al contrario, en el contexto de un estado de excepción constitucional de catástrofe, con los militares en las calles y con la población confinada en sus casas, abrumada por la crisis sanitaria y económica y con varios meses de toque de queda nacional, se ha seguido avanzando en la política represiva del gobierno.

En consecuencia, tenemos un escenario normativo y fáctico muy distinto al que existía el 18/O pasado. Por tanto, el movimiento social debe construir una estrategia acorde con los nuevos desafíos que le presenta la realidad.

A continuación, planteo algunos de los retos para el movimiento social e identifico las herramientas con las que cuenta la sociedad civil.

Primero, en cuanto a los retos, es necesario identificar los “jinetes del apocalipsis” que deberá enfrentar en esta etapa post-confinamiento.

• Las deudas de las posdictadura. Una agenda de derechos humanos en Chile debe, necesariamente, hacerse cargo de las deudas en materia de derechos humanos. Las cuestiones pendientes en materia de verdad, justicia, reparación y memoria no pueden ser dejadas de lado. Es fundamental incorporar estas exigencias en la agenda de la sociedad civil y articular esfuerzos con las organizaciones de las víctimas de la dictadura para trabajar en conjunto, tal como se venía haciendo desde el 18/O pasado.
• Las fallas estructurales que motivaron el estallido del 18 de octubre siguen sin respuesta. Lo que se cuestionó en el marco del 18/O fueron las bases del modelo político y socioeconómico impuesto las últimas décadas y, durante la pandemia, la precariedad social se masificó. Por tanto, las desigualdades, abusos, discriminaciones y desconfianzas con la política y la institucionalidad, denunciadas en octubre pasado, no solo siguen presentes, sino que se han profundizado.
• El legado de las violaciones de derechos humanos ocurridos desde el 18 de octubre. El grave cuadro de violaciones de derechos humanos que hemos descrito al comienzo de esta columna impone un desafío para la sociedad civil en términos de verdad, justicia, reparaciones, memoria y garantías de no repetición. Estas se unen a las demandas que ya existían sobre estas materias previo al 18/O. El país ya tiene la experiencia y sabe lo difícil que es avanzar en estas materias cuando el Estado no tiene la voluntad para enfrentar el legado de violaciones de derechos humanos. Este deber de justicia no solo involucra al actual gobierno, sino que será parte de la agenda de un futuro gobierno democrático.
• Vamos a tener que sumar, a una ya recargada agenda, la discusión sobre las responsabilidades por el manejo de la pandemia. La sociedad civil tiene que considerar en su agenda de desconfinamiento de qué forma incorporará la lucha por establecer las responsabilidades de las autoridades a cargo de implementar una estrategia para enfrentar la pandemia, que claramente fue un fracaso. Debemos saber qué motivó este fracaso, si era posible un actuar distinto, si hay responsabilidades políticas, administrativas y/o penales. Se deben investigar las denuncias de corrupción asociadas a las medidas tomadas por la autoridad para enfrentar la pandemia. Muchas vidas y familias se han visto gravemente afectadas por los efectos de una estrategia errada y mantenida pese a las críticas y la evidencia. Esto no puede quedar en el olvido.

Estos son desafíos enormes en un contexto poco propicio para la participación ciudadana y claramente hostil con la protesta social. La pregunta es ¿qué hacer desde la sociedad civil? Hay algunas cuestiones que hoy podemos vislumbrar como herramientas eficaces para enfrentar esta nueva etapa social a partir de una ciudadanía despierta, organizada y con agenda política.

Lo primero es darle viabilidad al proceso constituyente. Este es un triunfo de la ciudadanía -tal vez el único triunfo tras meses de movilizaciones- y en el actual contexto puede jugar un rol central como un espacio institucional para canalizar las transformaciones que Chile necesita de manera urgente. El debate constitucional representa una oportunidad para dotar a Chile de una Constitución legítima producto de un proceso participativo y también es una luz de esperanza en momentos que todo parece estar en contra de la ciudadanía. Por ello, hay que cuidar el proceso, apropiarse de él, participar, generar debates y hacerlo una realidad, aún antes de que esté materializado. Aquí el proceso es tanto o más importante que el resultado mismo.

Las movilizaciones ciudadanas siguen siendo una estrategia a la que la ciudadanía no puede renunciar. La historia demuestra que, sin una sociedad dispuesta a luchar por sus derechos, no hay posibilidad alguna que se produzcan los cambios que mayoritariamente se demandan. Ahora, en el actual contexto debemos tener claro que la ciudadanía se va a encontrar con un Estado mucho más preparado para la represión de lo que estaba el 18 de octubre. Además, las movilizaciones no podrán darse de la misma forma que se dieron entre octubre y marzo por razones sanitarias. En consecuencia, será necesario pensar en nuevas formas de manifestación que compatibilicen la presión social, la protección sanitaria y la protección frente a un estado policial dispuesto a perseguir y reprimir implacablemente.

Por último, están los desafíos para la protección de derechos humanos que, en el contexto que hemos descrito, van a ser aún mayores. Sin duda, el movimiento social está mucho más organizado y preparado que en 2019, pero debe avanzar en la efectividad de la protección de derechos humanos.

Lo primero, es mejorar la ecuación registro-denuncia de las violaciones de derechos humanos. En 2019 se hizo evidente que el registro de diversas situaciones de violaciones de derechos humanos era fundamental para dar a conocer la realidad. En el nuevo escenario, esta respuesta debe ser optimizada. Se debe dar paso a un registro intencionado, esto es, un registro de las violaciones de derechos humanos con capacidad de tener incidencia en la denuncia social, pero también en la denuncia judicial e internacional. En este sentido, las capturas de imágenes y videos seguirán siendo fundamental, pero será necesario que los organismos de protección de DDHH en terreno sean capaces de dar sentido al registro. Así, se debiera avanzar en un registro de contexto, donde se dé cuenta de patrones de conducta, intervinientes (víctimas y victimarios) y catastro de testigos.

Por su parte, la denuncia de los atropellos a los derechos humanos debe hacerse por vías que permitan su rápida viralización en redes sociales. En la medida que sea más rápida y completa la denuncia esta servirá para evitar que las violaciones de derechos escalen. Así, es importante tener un fluido contacto con las instituciones de derechos humanos (INDH, defensorías, piquetes jurídicos) para articular rápidamente la respuesta jurídica, asistir a las comisarías o centros de salud, tomar testimonios, dejar registro gráfico, entre otras medidas. También es necesario tener una expedita comunicación con medios de comunicación (tradicionales y alternativos) para difundir la información.

En cuanto a la actuación judicial, esta es fundamental para la protección de las víctimas, para establecer las responsabilidades cuando se produzcan violaciones de derechos humanos y para conducir las actuaciones a nivel internacional. Esta respuesta judicial también debe ser mejorada. Es importante tener canales expeditos de comunicación con las instituciones del Estado encargadas de la protección judicial: defensoría penal pública, ministerio público e instituto nacional de derechos humanos. Asimismo, es importante que las propias organizaciones de base generen unidades encargadas de procesar las denuncias en términos jurídicos que incorporen los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Para ello, es importante estandarizar algunos procesos, tales como, escritos básicos, información jurídica en lenguaje sencillo para que las personas conozcan sus derechos y los límites de la actuación policial.

En momento de desconfinamiento, el desafío es pensar la forma en que la sociedad civil va a enfrentar el contexto de regresión autoritaria del gobierno en el marco de una pandemia que ha generado una crisis de derechos humanos aún en desarrollo.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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