Existe responsabilidad institucional en los crímenes que cometen los policías, pues detrás de un policía brutal suele haber un historial de malas conductas no sancionadas. Así lo sugiere la criminóloga Jill McCorkel en esta columna publicada en The Conversaton US. Afirma que las investigaciones internas de las policías sirven poco y cree necesario que sean organismos civiles los que investiguen. Algunas lecciones del caso George Floyd pueden servir para Chile.
Un patrón similar ocurre con respecto a las quejas de mala conducta. Policías contra los que se han presentado denuncias por parte de civiles -ya sea por uso de fuerza excesiva, abuso verbal o allanamientos injustificados- tienen mayor posibilidad de involucrarse en faltas graves a la conducta en el futuro.
Un estudio publicado en American Economic Journal investigó 50.000 quejas de mal comportamiento policial en Chicago y descubrió que los oficiales con un extenso historial de quejas eran desproporcionadamente más propensos a ser objeto de demandas por violar los derechos civiles y a generar grandes pagos por acuerdos en demandas.
En 2006, Chauvin estuvo entre los oficiales que, en solo cuatro segundos, dispararon 43 veces a un camión conducido por un hombre buscado en una investigación sobre violencia doméstica. Según los policías, el hombre, Wayne Reyes, los apuntó con una escopeta recortada. El departamento policial nunca reconoció cuáles eran los oficiales que habían disparado y un gran jurado convocado por fiscales no encontró culpables a ninguno de ellos de la muerte de Reyes.
Tou Thao, uno de los tres oficiales de Minneapolis en la escena cuando Floyd suplicaba por su vida, es mencionado en una demanda de derechos civiles en 2017. Lamar Ferguson, el denunciante, dijo que caminaba a casa con su novia embarazada cuando Thao y otro oficial lo detuvieron sin causa, lo esposaron y procedieron a golpearlo y patearlo con tanta fuerza que le rompieron los dientes.
En Louisville, Kentucky, al menos tres de los oficiales involucrados en la muerte a tiros de Breonna Taylor mientras cumplían una orden de allanamiento en su casa, habrían sido previamente sancionados por violar las políticas de la institución.
Uno de los oficiales, Brett Hankison, es hoy objeto de una demanda. En ella, según informes de prensa, se lo acusa de acosar a sospechosos y cargarlos con evidencia (drogas). Él ha negado los cargos.
Myles Cosgrove, otro oficial involucrado en el caso de Taylor, fue demandado por uso de fuerza excesiva en 2006 por un hombre a quien disparó siete veces en el curso de una inspección de rutina. El juez desestimó el caso. Cosgrove recibió una licencia administrativa remunerada. Su papel en el tiroteo fue investigado por su departamento y Cosgrove regresó a las mismas dependencias después de que la investigación se cerró.
Un estudio publicado en American Economic Journal investigó 50.000 quejas de mal comportamiento policial en Chicago y descubrió que los oficiales con un extenso historial de quejas eran desproporcionadamente más propensos a ser objeto de demandas por violar los derechos civiles y a generar grandes pagos por acuerdos en demandas.
PATRONES DE MALA CONDUCTA Y ABUSO
Soy académica de derecho e investigadora del sistema de justicia penal. En mi trabajo examinando casos de condena injusta en Filadelfia, regularmente encuentro patrones de mala conducta policial que incluyen intimidación de testigos, manipulación de pruebas y coerción. A menudo, en multiples casos, son los mismos oficiales los que se involucran en los mismos tipos de mala conducta y abuso.
Según datos de la Oficina de Estadísticas de Justicia, a nivel nacional, de un total de 12 denuncias de mala conducta policial, menos de una conduce a algún tipo de sanción disciplinaria.
Timothy Loehmann, el oficial de Cleveland que disparó y mató a Tamir Rice, de 12 años, renunció antes de ser despedido de su departamento de policía anterior por considerarlo “no apto para servir”. Un gran jurado no acusó a Loehmann del asesinato de Rice, pero la División de Policía de Cleveland lo despidió después de descubrir que no había revelado la razón por la que dejó su trabajo anterior.
En el estudio más grande de contratación de policías realizado hasta hoy, investigadores concluyeron que oficiales contratados nuevamente, que representan aproximadamente el 3% de la fuerza policial, significan una seria amenaza para las comunidades debido a su propensión a delinquir si antes habían cometido una mala conducta.
Estos oficiales, escribieron los autores del estudio, «son más propensos… a ser despedidos de su próximo trabajo o a recibir una queja por una violación de carácter moral”.
Según datos de la Oficina de Estadísticas de Justicia, a nivel nacional, de un total de 12 denuncias de mala conducta policial, menos de una conduce a algún tipo de sanción disciplinaria.
Analistas están de acuerdo que este es un paso útil, pero creen que no actúa en contra de las fuentes administrativas e institucionales que subyacen en los casos de violencia, discriminación y mala conducta.
Por ejemplo, después del tiroteo que mató a Michael Brown, el Departamento de Justicia descubrió que la policía de Ferguson, Missouri, tenía una larga historia de fuerza excesiva, detención y registros ilegales, discriminación racial y prejuicios raciales. El informe señaló que el uso de la fuerza era a menudo en represalia y que «en la abrumadora mayoría de las veces, casi en el 90%, la fuerza se usaba contra los afroamericanos».
Una solución prometedora podría ser la creación de juntas de revisión civil independientes que sean capaces de realizar sus propias investigaciones e imponer medidas disciplinarias. En Newark, Nueva Jersey, por ejemplo, la junta puede emitir citaciones, celebrar audiencias e investigar el mal comportamiento.
En el caso de la junta de revisión civil en Newark, ésta prevaleció después de la demanda del sindicato de policía. El fallo de la corte restauró la capacidad de la junta para investigar la mala conducta de la policía, pero hizo que sus recomendaciones disciplinarias no fueran vinculantes.
Este artículo fue publicado originalmente por The Conversation Estados Unidos. Lea aquí el original. CIPER lo difunde en el marco del acuerdo que ambos medios tienen para divulgar investigación académica en formato accesible para todo el público.
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En chile la Policía y las FFAA son guardias pretorianos de la elite política y económica, siempre y sin razón la sociedad civil termina siendo abusada por algunos de estos estamentos armados, ya sea por no perseguir a los verdaderos delincuentes narcos o ladrones de cuello y corbata, que en la élite abundan, o ciudadanos de escasos recursos en donde se aplica abusos de poder, y estos terminan sucumbiendo al poder de estos personajes armados.
Kilpatay | 09.06.2020
En Chile la policia militar, Vulgo Los Pacos, viven en el paraiso de la impunidad y con altos estandares de proteccion estatal y excesivo poder que le otorgo el legislador para el cometimiento de sus crimenes contra la poblacion Civil. en definitiva no son policias, son cuadros represivos estatales para mantener el Orden establecido!!
Socio/a 3 años y 2 meses
