La explicación del diputado Giorgio Jackson sobre las donaciones que hace a su partido para financiar la campaña y actividades de su tienda, muestra que en todos los colectivos el acceso al poder está mediado por el dinero. Así lo argumenta el cientista político Claudio Fuentes para quien esa ligazón de dinero y política ayuda a producir una fractura entre la sociedad y la clase dirigente. Una consecuencia es que hoy no se advierte “ningún movimiento, partido o líder capaz de establecer puentes entre representantes y representados, entre la élite político-económica y el pueblo”.

Chile se encuentra en un momento crítico de su vida republicana. A la emergencia sanitaria que nos tiene en vilo se suma un conflicto social que se venía incubando por más de una década y una crisis del sistema político de representación que gradualmente distanció a gobernantes y gobernados.

Al abandono de amplios sectores de la sociedad respecto del acceso a servicios sociales básicos, se agregan las percepciones de injusticia frente a las desigualdades y de abuso de poder por parte de las élites políticas y económicas. La emergencia social agudiza todavía más estas contradicciones: se hace más evidente la vulnerabilidad del sistema público-estatal, se desconfía radicalmente de los gobernantes y se hacen más patentes los privilegios.

Así, la crisis social y la crisis política se entrelazan y se convierten en causa y efecto de la otra. La crisis social incentiva una protesta en contra del sistema político que no es capaz de responder a demandas históricamente acumuladas. Por su parte, el sistema político o no escucha tales reclamos o sus respuestas no dejan satisfecha a la ciudadanía.

Los actores políticos que intentan sacar ventajas individuales y oportunistas, no hacen más que ofuscar todavía más a una ciudadanía sensible, atenta y menos tolerante respecto de quienes ejercen el poder. Cuando hablamos de crisis de representación, aludimos precisamente a la incapacidad del sistema político tanto de procesar demandas sociales como de “representar” intereses presentes en la sociedad.

En este marco, el ideal de la democracia como la expresión del gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” (Lincoln, 1863) se transforma en una simple quimera. El pueblo no se siente parte de las decisiones, tampoco se siente que está siendo representado y menos que las decisiones que se toman les favorezcan.

Aunque hoy —por razones obvias— el debate gira en torno a resolver la crisis sanitaria, debemos poner atención a lo que vendrá luego que la pandemia termine (porque algún día acabará).

Cuando aquello ocurra —sino antes— observaremos fuertes polémicas sobre el rol que le corresponde al Estado, a los empresarios, a los trabajadores. Se discutirá sobre el modo de garantizar derechos sociales básicos y respecto del modo de volver a generar crecimiento. Así como la política debate sobre cómo financiar la emergencia sanitaria, así también se debatirá sobre cómo se financiará la recuperación de un país que será más pobre y estará seguramente más convulsionado.

¿Cómo entonces se dará este debate? La opción más probable es que las cosas se sigan desenvolviendo del mismo modo que ha venido sucediendo en los últimos años: por un lado una sociedad activa que hace valer sus derechos en la calle, y por otro lado, la elite política y económica que dirime sus asuntos en el foro del Congreso Nacional. La protesta y el estallido social se transforman en una rutina que acompaña la vida de una representación fracturada, defectuosa.  En la calle se advertirían demandas diversas, genéricas en algunos casos, muy específicas en otras ocasiones. La política seguiría con sus reglas de decisión. La competencia política nos mostraría un paisaje variopinto, relativamente fragmentado de opciones políticas que actuarían en la formalidad de la política tal como la conocemos: elecciones, debates, proyectos de ley, cuentas públicas, campañas, y un ir y venir de confrontaciones políticas más o menos predecibles (más o menos Estado, más o menos mercado).

Incluso el proceso constituyente podría llegar a ser “capturado” por esta rutina política de reglas y protocolos que lo convertirían en un espectáculo que una pobladora en una población en El Bosque difícilmente lo comprendería. Mientras la fiesta de la deliberación democrática la darían las élites, los y las pobladoras no se sentirían ni invitadas ni menos partícipes de tan magno proceso.

Pero como toda crisis constituye un oportunidad, podría darse una segunda opción donde se articulan movimientos, se estructuran grupos de la sociedad (partisanos y no partisanos), interesados en organizarse y representar a la diversidad de intereses sociales. Estos grupos se coordinarían para disputar espacios de poder, para plantear alternativas programáticas, para imaginar nuevos paradigmas de sociedad.

El proceso constituyente precisamente abre aquella oportunidad. Pero también lo haría una futura elección municipal o una presidencial. El dilema es que la fractura entre sociedad y política es tan significativa y profunda, que hasta hoy no se advierte ningún movimiento, partido o líder capaz de establecer puentes entre representantes y representados, entre la élite político-económica y el pueblo.

Esto nos lleva al incidente que parece menor del diputado Giorgio Jackson realizando donaciones a su partido para poder solventar campañas y las actividades de su tienda política. Independiente de lo adecuada o inadecuada de aquella fórmula, lo que se ilustra aquí es un asunto fundamental para la democracia: cómo quienes nos representan pueden o deben financiar su acción política.

La pregunta es crucial dado que si queremos una sana representación, importa de sobremanera el modo en que estos “representantes” logran acceder al poder. Si cualquier persona que tenga la aspiración a representarnos puede efectivamente acceder al poder, tendremos un sistema que se asemeja más a lo que somos como sociedad. Veremos en los espacios de representación un espejo de la diversidad ideológica, étnica, social, religiosa, territorial, y de género. Veremos el gobierno del pueblo por el pueblo.

Pero el modelo de acceso al poder chileno — ¡oh sorpresa!— está basado en el vínculo de las personas con el dinero. La posibilidad de llegar al poder hoy se define por tres condiciones:

• La posibilidad de tener acceso a donaciones del gran empresariado para financiar campañas políticas. Hoy las donaciones de privados son permitidas y ellas se concentran abrumadoramente en algunos pocos partidos y representantes que tienen acceso a tales donativos porque reflejan visiones ideológicas similares a quienes donan esos recursos. La concentración de la riqueza se refleja en las donaciones políticas de manera evidente.
• La segunda vía es por la capacidad del o la candidata de tener recursos propios o acceso al sistema bancario para financiar su campaña. No resulta casual que un alto porcentaje de los actuales representantes en el Congreso posean un patrimonio considerable que les permite mantenerse en el poder.
• La tercera vía es a través de lo que sea capaz de ahorrar cada candidato (a) o su partido, para competir en las elecciones. El patrimonio del partido también se ha transformado en una fuente de poder.

Entonces, como hoy la política depende del acceso a recursos financieros —de dinero— para solventarse, las posibilidades que se produzca una competencia y, ante todo, una representación efectiva, son escasas. Si la política depende de la cantidad de recursos que eres capaz de conseguir para competir, entonces las posibilidades de resolver la actual crisis de representación son escasas.  El ideal del gobierno del pueblo y por el pueblo se hace inalcanzable.

Cuando el diputado Jackson indica que la decisión de RD lo que buscaba era no depender del gran empresariado para financiar sus campañas, lo que refleja es la dependencia de todas las opciones políticas—sean de izquierda o de derecha, de centro o liberales—del dinero para acceder al poder. Y esta dependencia del dinero es sin duda un problema.

Reiteremos. Resolver la fractura de la representación es vital para la gobernabilidad democrática. Ni la crisis social ni la crisis política se resolverá si existe un abismo entre gobernantes y gobernados. Y parte importante de esta fractura se debe a la extrema dependencia de la competencia política del dinero.

¿Se puede resolver aquello? Claro que sí. En la medida en que se mejoran las condiciones de competencia podría perfectamente reducirse esta brecha. Existen una serie de medidas que contribuirían a resolver este dilema y que, por lo demás, debiesen implementarse para la elección de convencionales, cuando aquello ocurra. Esto incluye el establecimiento de un fondo ciego de donaciones privadas a repartir proporcionalmente entre candidaturas,  establecimiento del voto obligatorio, franja radial gratuita para elecciones, y transporte público gratuito el día de elecciones, entre otros.

Mientras el acceso al dinero continúe siendo una condición esencial para movilizar el voto y representar, la fractura en la representación persistirá.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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