Los motines crecen en el mundo como reacción de los presos ante el peligro del COVID-19. Esta columna advierte, sin embargo, que tras los motines en un centro masculino chileno el riesgo de contagio se disparó. El autor explora medidas que eviten tanto motines como contagios. Por ejemplo, liberación de internos o reducción en el uso de la prisión preventiva, entre otras.

El uso de la violencia para comunicar necesidades, intereses, o demarcar territorios es parte importante del repertorio utilizado por los prisioneros (Gambetta 2011). No hay que provenir de la sociología ni la epidemiología para sugerir que dada la alta densidad de las poblaciones penales, los prisioneros pueden buscar distintas formas, entre ellas los motines, para evitar la proliferación de clústeres de contagio de COVID-19 al interior de los centros de reclusión.

La evidencia en estos últimos meses comienza a acumularse.

De acuerdo a la investigadora de University of Cambridge Dra. Zevelva entre marzo y abril de este año se han registrado al menos 36 países con motines de los cuales 15 terminaron con fallecidos.

Mapa publicado en el artículo “Prison Riots and the COVID-19 Pandemic: A Global Uprising?” de la Doctora Olga Zevelva.

Para prevenir brotes y motines en las poblaciones penales, las respuestas por parte de países, de acuerdo a Prision Insider, han sido variadas; desde clausura de centros penitenciarios, pasando por evitar o negar las visitas, suspender actividades rutinarias y usar la fuerza para controlar amotinamientos; hasta liberar prisioneros, ajustar el tiempo de las sentencias, facilitar la comunicación entre prisioneros y familiares a través de videoconferencias o llamadas telefónicas, o la reducción de las  detenciones preventivas, entre otras.

En el ámbito internacional diversos organismos también han llamado la atención sobre la vulnerabilidad de las prisiones.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha realizado un esfuerzo importante por resaltar una serie de medidas que equilibren entrega de justicia con salud pública. Entre otras, en atención al conocido hacinamiento de las prisiones de la región de América Latina y el Caribe, solicita revisar la prisión preventiva con atención a medidas alternativas a la privación de libertad en poblaciones particularmente vulnerables como adultos mayores y mujeres embarazadas.

En Chile, el compromiso por parte de las autoridades de Justicia y Salud ha sido intentar atender la velocidad del contagio y para ello, entre otras medidas, se procedió a indultar y revocar medidas cautelares de prisión preventiva e internación provisoria a parte considerable de la población penal. Lo anterior se ha materializado mayoritariamente con gestiones de la Defensoría Penal Pública, que según informa ha logrado sacar de prisión durante la pandemia a 4.300 personas privadas de libertad, las que formaban parte de la población penal chilena que a inicios de la crisis llegaba a las 42.000 personas. No obstante la ejecución de dichas medidas, la cárcel de Puente Alto tiene en la actualidad más de un 33% de su población penal contagiada.

Además de lo anterior, hasta la fecha se ha informado de al menos dos motines en la cárcel de Puente Alto: uno ocurrido el 29 de marzo y otro el 18 de abril. A diferencia de lo ocurrido en Irán donde fallecieron al menos 36 internos, en Chile no se observaron fatalidades en ninguno de los dos eventos.

Atendiendo a la probable ocurrencia de amotinamientos en las próximas semanas y/o brotes en los centros penitenciarios, utilizamos datos de Gendarmería de Chile, información entregada por autoridades del Instituto de Derechos Humanos y el Ministerio de Salud, y también datos de centros carcelarios de Quebec, Canadá (dicha provincia al 15 de mayo de 2020 tiene tasas de fatalidades y contagios superiores a las de Chile).

Para identificar la magnitud del riesgo relativo de contagiarse en el sistema penitenciario chileno, hacemos tres análisis:

Primero, comparamos las tasas de contagios entre la población penal y la población nacional de Chile. Segundo, comparamos la cárcel de Puente Alto con los centros penitenciarios de hombres de Quebec, Federal Training Center y Port Cartier. Finalmente, se comparan los centros de detención femeninos San Miguel y San Joaquín, con el centro de detención femenino Joliette de Quebec, Canadá. Para entender si ha habido un cambio en las tasas de riesgo de las poblaciones comparadas, en los primeros dos análisis utilizamos como fecha de referencia el amotinamiento ocurrido el 18 de abril en la cárcel de Puente Alto. Dicho ejercicio se hace para explorar medidas que puedan evitar tanto amotinamientos como clústeres de contagio.

La Figura 1 compara la población nacional con la población penal respecto del riesgo de contagio. Se observa que, antes del amotinamiento, no había diferencias en el riesgo relativo de contagiarse entre ambas poblaciones. Luego del motín, sin embargo, se observa –el 15 de mayo- un aumento de hasta 3,7 veces en el riesgo de contagio en la población penal relativo a la población nacional.

Figura 1

“Riesgos Relativos” de contagiarse de COVID-19 siendo interno en el sistema penitenciario chileno comparado con la población nacional en distintas fechas.

¿Cómo leer este cuadro? La línea vertical roja demarca si las poblaciones que se comparan tienen diferencias en sus tasas de contagio en las fechas respectivas. Por ejemplo, el 15 de abril, la tasa de contagio de los prisioneros en Chile es un 21% (Riesgo Relativo (RR)=1.21) más alta que la de la población nacional, pero como dicha tasa contiene valores menores que 1 (RR=0.82 y 1.77) no es posible identificar diferencias entre uno y otro grupo. Por el contrario, al analizar los datos del 15 de mayo, se observa que la tasa de contagio de los prisioneros es 373% (RR=3.73) más alta que la población nacional y como dicho número tiene rangos superiores a 1 (RR=3.38 y 4.13) es posible sugerir un alza mayor en el primer grupo respecto del segundo grupo. Se utilizan estas fechas para poder comparar tasas previas y posteriores al motín del 18 de abril.

En la Figura 2 se compara la población penal de Puente Alto con las poblaciones de las cárceles de hombres de Quebec. Se observa que solo luego del amotinamiento hay diferencias considerables en el riesgo de estar contagiado en la cárcel de Puente Alto versus las cárceles de Quebec. El 15 de mayo un prisionero de la cárcel de Puente Alto tiene 87% más de riesgo de contraer el virus comparado con un interno de Federal Training Centre, mientras que más de 5 veces comparado con un interno de la prisión Port-Cartier.

Figura 2

“Riesgos Relativos” de contagiarse de COVID-19 siendo interno de cárcel de Puente Alto respecto de los penales Federal Training Centre y Port Cartier en abril 1, abril 15 y mayo 15 de 2020.

Finalmente, en la Figura 3, observamos que la cárcel de mujeres Joliette de Quebec tiene tasas de contagios sustantivamente más altas que las cárceles de mujeres San Joaquín y San Miguel. Mientras al 1 de abril no se observan diferencias significativas entre la cárcel de Quebec y las cárceles chilenas, al 15 de mayo, la tasa de contagio es 120 veces más alta cuando se compara con la cárcel de San Joaquín y 453 veces más alta que la cárcel de San Miguel.

Figura 3

“Riesgos Relativos” de contagiarse de COVID-19 siendo interna de cárcel de Joliette respecto de los penales San Miguel y San Joaquín en abril 1, abril 15 y mayo 15 de 2020.

¿Qué hacer para evitar amotinamientos y contagios?

Para entender las diferencias entre las tasas de contagio entre las cárceles de hombres de Chile y Canadá, hay que prestar atención a las distintas medidas tomadas en el país norteamericano. Primero, el 15 de abril, la autoridad carcelaria federal de Canadá decretó, tras un aumento considerable del número de contagiados en el Federal Training Centre, el cierre total de dicho recinto. Pero para mantener el contacto con familiares o miembros de otras redes de apoyo, en dicho centro además implementaron visitas por videoconferencias. En Chile la medida de clausura de la cárcel de Puente Alto fue solicitada vía procedimiento judicial, sin embargo ésta sólo ha sido considerada parcialmente por el juez que estudio dicha demanda. Esta medida busca hacer un traslado de internos a otros centros penitenciarios.

El centro penitenciario Port-Cartier tomó medidas similares a su contraparte canadiense, en las que se encuentran desinfectar todo el recinto, testear de manera rápida a toda la población penal y aislar a los contagiados. Cabe señalar que en ambos recintos, con la rápida acción por parte de la autoridad carcelaria, no se ha visto la irrupción de amotinamientos, a diferencia de lo ocurrido en la cárcel de Puente Alto.

Las medidas que tomó Gendarmería de Chile en los centros femeninos, sin embargo, parecen haber tenido un efecto considerable al compararse al desarrollo de los contagios en la cárcel Joliette. A partir del 15 de abril hasta el 15 de mayo, tanto la cárcel de San Miguel como la de San Joaquín mantuvieron tasas de contagios estables.

En ambos recintos se han reportado hasta la fecha dos casos y un caso respectivamente. Tras medidas de aislación de estas internas, además de liberar a prisioneras conforme a la Ley Nº 21.228 que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad Covid-19 en Chile, es posible sugerir que la ejecución de dichas medidas habría contenido la propagación del virus en estos recintos.

Para concluir es importante señalar que para entender de mejor manera el desarrollo de la epidemia en los distintos recintos penales nacionales, además de cumplir con los protocolos ya establecidos por Gendarmería de Chile, sería oportuno que dicha institución comunique de manera sistemática la información de contagiados por cada centro. Esto permitirá conocer dinámicas específicas de cada centro, las cuales pueden no ser completamente comparables entre ellos; también permitirá observar con mayor precisión qué medidas deben ser tomadas para proteger a gendarmes y a internos e internas.

NOTAS Y REFERENCIAS

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