España es el cuarto país del mundo con más contagiados por Covid-19 y lleva varios días en estado de alerta y confinamiento. El aislamiento se rompe cada noche cuando miles de personas salen a aplaudir a sus balcones en homenaje a los trabajadores de la salud pública. En este artículo, la periodista Marta Maroto explica como la emergencia ha revalorizado el rol del Estado en diferentes países de Europa. En ellos la respuesta a la crisis ha sido casi unánime: defensa de lo público y fuerte intervención estatal para amortiguar el hundimiento económico.

Madrid amanece estos días en silencio, desierto. No hay niños en los colegios, los bares están cerrados y Policía y Ejército, tras la declaración del estado de alarma, custodian que nadie camine por la calle si no es por motivos de fuerza mayor. Todos llevan guantes y una mascarilla guarda su respiración, en las panaderías y los supermercados se respetan los dos metros de seguridad para evitar contagios. El Rastro, el mercado más famoso y bullicioso de la capital, no llegó a desplegarse este domingo, un parón que ni siquiera logró la violencia de la Guerra Civil en el 36. Y la bolsa española acumula ya las mayores pérdidas de los parqués europeos en un hundimiento histórico, peor que el de 2008, al que le seguirá un futuro incierto.

El número de personas con Covid-19 ya supera en España los 17.000, van más de 760 muertos (1). Es el cuarto país del mundo con mayor número de positivos y las cifras más optimistas no sitúan hasta mediados de abril el punto de inflexión en el que comience a revertirse la curva. De momento, los periódicos siguen abriendo con miles de contagiados confirmados cada día, un ritmo de cerca de un 25% más que cada jornada anterior. En unos días volverá a hacerse la prueba a personas con síntomas leves, algo que hubo que interrumpir la semana pasada a consecuencia de la saturación de los centros de salud y el colapso de la línea telefónica para atender posibles sospechosos. Así que las cifras pronto serán mayores.

Comenzaba febrero cuando el virus entró sigiloso y sin llamar en varios puntos del país, importado a través de turistas extranjeros. Madrid, sin embargo, se convirtió rápidamente en epicentro de la pandemia. Casi al mismo tiempo se conocían los primeros casos en Italia, donde el brote estalló antes y el país tuvo que cerrar a cal y canto, aventajando en diez días a España, siempre a la cola de las medidas que iba tomando el gobierno de Roma. Decisiones y dispositivos de contención que han sido diseñados en solitario, a pesar de los llamados a la solidaridad a una Europa que sigue sin mirar de frente a sus vecinos mediterráneos: varios países prohibieron el envío de mascarillas y material sanitario a Italia con el fin de prepararse para el evidente cruce de fronteras del Covid-19.

Fue China, origen del virus y ejemplo eficaz —y autoritario— de cómo plantar cara a la epidemia, quien salió en auxilio de una Italia donde el número de enfermos sigue aumentado. Ya hay más de 35.700 contagiados y cerca de 3.000 muertes (1).

En sintonía con la tímida y lenta reacción de la Unión Europea, que ahora parece querer ponerse al frente de 27 países que miran para sí mismos y organizar el cierre externo e interno de fronteras, España anunciaba fuertes restricciones de entrada a su territorio. Pero hasta este momento, la reacción del gobierno progresista fue criticada por muchos sectores por lenta y poco clara: el miedo y las noticias falsas comenzaron a extenderse, la gente corrió a los supermercados y decepcionó la poca contundencia del anuncio del viernes del presidente socialista, Pedro Sánchez, que no hizo más que aplazar al fin de semana la declaración del estado de alerta y al martes la publicación de las medidas económicas de choque.

Fuente: Marta Maroto

De este decreto y situación de excepción que el palacio de La Moncloa anunciaba con cara triste solo había un precedente en los más de 40 años de democracia española. Según indica la Constitución del 78, el estado de alerta da plenos poderes al Ejecutivo y permite aglutinar en un mando único el control sanitario para garantizar o racionar suministros, faculta al gobierno para limitar la movilidad ciudadana o para dar las órdenes que garanticen el abastecimiento de los mercados. Ya se han requisado cargamentos de mascarillas para ponerlas a disposición de hospitales y no se han vuelto a ver imágenes de estanterías vacías en supermercados.

Junto al cierre progresivo de todos los establecimientos comerciales que ya había ordenado la mayoría de autoridades autonómicas, gran parte de estas primeras medidas iban encaminadas a contener una epidemia de alcance desconocido que en España ya arrastra una tasa de mortantad del 3%. De no haberse tomado, o de haber llegado más tarde, el sistema sanitario público podría haberse visto al borde del colapso, como ha pasado en el norte de Italia. La sanidad pública española sigue siendo una de las más eficientes del mundo pese a los ataques “austericidas” que ha sufrido en los últimos años.

La defensa de lo público como valor y de los trabajadores de la salud está siendo el elemento de unión y cohesión social que con más fuerza aflora en esta España aislada. Cuando dan las ocho de la tarde los balcones de todo el país —de cualquier signo político— aplauden y cantan y cacerolean en reconocimiento al personal sanitario que lucha contra el virus en primera línea y no puede quedarse en casa. Además del refuerzo de plantillas, el estado de alerta implica la subordinación de lo privado al interés general, de manera que hospitales y clínicas de pago están atendiendo a pacientes derivados de la sanidad pública. Hoteles y otros espacios están siendo medicalizados y puestos al servicio de colectivos como las personas sin hogar, uno de los grupos más vulnerables a la propagación del Covid-19.

MEDIDAS ECONÓMICAS EXCEPCIONALES

A las medidas de orden social, basadas en el estricto aislamiento y paralización de la actividad, le acompañan otras inevitables de contención económica. De nuevo, ante la falta de liderazgo de las instituciones europeas, cada país se está salvando como puede. Y sorprende —¿o quizá no?— que emblemas de la austeridad y reducción del sector público como Alemania o Francia, con sendos gobiernos neoliberales, se hayan puesto a inyectar dinero como locos, facilitando créditos a grandes y medianas empresas, aplazando pagos y obligaciones y tratando de proteger el empleo. “No nos vamos a preguntar continuamente el efecto de una medida sobre el déficit, estamos en una situación extrema y haremos todo lo que sea necesario”, apuntaba la canciller conservadora, Angela Merkel.

Europa no quiere repetir los recortes que tras la crisis de 2008 la hicieron más desigual y polarizada. El presidente francés, Emmanuel Macron, que reconocía que Europa se enfrentaba a «la mayor crisis sanitaria desde hace un siglo», antes de imponer fuertes medidas de aislamiento ya reguló por decreto los precios del gel sanitario, y está racionando el paracetamol, el medicamento más adecuado contra el Covid-19. Además, ha suspendido el pago de impuestos, de alquileres, de las facturas del agua y la luz y no descarta la nacionalización de empresas si fuera necesario.

Italia también ha apostado por un Estado fuerte en mitad de la incertidumbre y renacionalizará la aerolínea Alitalia, que llevaba años en pérdidas y que se ha visto afectada por la drástica reducción de los transportes. El gobierno ha prohibido los despidos que tengan que ver con la crisis sanitaria, ha mejorado las ayudas parentales y ha puesto en marcha un sistema de bonos libres de impuestos para ayudar a los trabajadores por cuenta propia que hayan perdido su trabajo.

Rompe esta sintonía el gobierno británico de Boris Johnson, que en un primer momento optó por una dura estrategia de darwinismo social: no se puede evitar lo inevitable, cientos de miles de personas morirán por el virus, así que salvemos los mercados. Facilitando crédito solo para las grandes empresas, el líder que fue capaz de hacer efectivo el Brexit recomienda aislamiento y evitar lo máximo posible el contacto con otros. La disciplina inglesa está, sin embargo, cerrando comercios, pidiendo teletrabajar y esquivando aglomeraciones a pesar de que su máximo dirigente, que ha suavizado su discurso en los últimos días, no lo considere necesario.

Finalmente, volviendo a España, el gobierno está tomando acciones similares a las del resto de Europa y el martes anunciaba un paquete de fuertes medidas de inversión pública y apoyo al empleo. Con menos margen que sus vecinos del norte por una deuda que baila a pocas décimas por debajo del cien por ciento del PIB, España ha apostado también por el keynesianismo: cientos de millones de liquidez con aval público para evitar el cierre de empresas, medidas para controlar los despidos temporales, incentivos fiscales a quienes mantengan en nómina a sus empleados y ayudas solidarias a los colectivos más afectados por el coronavirus.

Ante epidemias y amenazas globales, lo público.

NOTA