La tesis del anarco-narco como el actor tras los saqueos “es cognitivamente confortable” para la elite. La tranquiliza porque le ofrece un malo a quien echarle la culpa de todo, explica el autor de esta columna. Sin embargo, al hacer eso, la elite chilena ni comprende bien lo que está detrás del 18/O; ni toma conciencia de que la verdadera amenaza narco no está en el saqueo, sino en cómo coopta y corrompe a las autoridades y a las policías.
“(…) se los suplico de rodillas, que esta violencia nihilista, ciega, desbordada, asesina, pirómana, persistente ya por más de un mes, coordinada por narcoanarquistas, y apoyada por los ayudistas de las marchas y los teóricos del maquiavelismo político, va a destruir el país y su democracia en pocas semanas más. ¿Entienden? Por eso, a estas alturas, si los ayudistas siguen en esa estúpida postura, ayudando de buena ondita, sin quererlo ni pretenderlo, a los anarquistas y narcos que nos declararon la guerra, vía jóvenes violentistas drogados, les digo que váyanse un tantito a la cresta”.
En las últimas semanas, aunque las manifestaciones y los enfrentamientos con Carabineros han continuado, el problema del saqueo parece haberse detenido. Los datos indican que lo hizo, además, de forma súbita. Justo cuando su frecuencia bajaba, varias notas en prensa, citando fuentes de fiscalías, así como las propias cuentas oficiales de la PDI y Carabineros en Twitter, instalaron una explicación: bandas narco cuyos locales fueron allanados en esos días contenían gran cantidad de especies robadas en los saqueos.
Esos bienes, se argumentó al unísono, serían utilizados para comprar la legitimidad y el silencio a nivel local, fortaleciendo el control territorial de los narcos y permitiendo su avance en detrimento del Estado y del tan mentado orden público.
Si bien carezco de evidencia para afirmar lo contrario, la experiencia comparada respecto al narco y su expansión contemporánea junto a otros esquemas de crimen organizado en América Latina permite establecer algunos matices y algunas dudas razonables respecto a los supuestos asociados a la hipótesis del saqueo narco.
En particular, la experiencia de un país limítrofe, situado a no más de una hora y media del centro de Santiago, me parece especialmente ilustrativa.
Ese país tiene una larga experiencia con la criminalidad organizada, con la tenue presencia estatal y con la corrupción. También sufre, cada tanto, instancias de saqueo de comercios locales (tanto en la capital como en ciudades de provincia). Y eventualmente, en momentos de zozobra nacional, los saqueos se expanden rápidamente por el territorio hasta que finalmente se ponen bajo control (regularmente mediante un Estado de Excepción).
¿En qué medida la experiencia de ese país vecino cuestiona los supuestos que subyacen a la hipótesis del narco-saqueo? ¿Cómo funciona el narco allí y qué relación tiene con la política y con las fuerzas de orden y el sistema de justicia?
Resulta que la relación entre el narco, la política, las fuerzas de orden y el sistema de justicia se estructura en torno a lo que Javier Auyero (2007) denomina “la zona gris” y lo que Matías Dewey (2014) denomina, por su parte, un “orden clandestino”. En esa zona gris u orden clandestino, es mucho más difícil que en Chile ponerle nombre a cada actor e imputarle una racionalidad clara y unívoca, porque todo está medio mezclado. No es como en Chile, donde por ejemplo uno puede distinguir claramente entre actores específicos.
“En ese Chile, desconocido para la elite, los saqueos (turbazos) constituyen un método de robo con intimidación bastante usual. Las barras bravas, mientras tanto, tienen vínculos con el negocio del tráfico de droga y con la política, arena en la que frecuentemente han sido contratadas como brigadistas de campaña.”
En este sentido, pensemos por ejemplo en otro actor que cobró relevancia y visibilidad pública durante nuestro estallido: las barras bravas. Aquí, las barras están por un lado y el narco por el otro. Allá, varios soldados narco son también barras brava, en parte porque las barras funcionan como organizaciones disciplinadas y disponibles para ser contratadas al mejor postor (por ejemplo, se las puede contratar para realizar campañas políticas o para asegurar locales de venta de droga). También porque los estadios de fútbol son un lugar ideal para distribuir dosis desde los mayoristas hacia los barrios.
Allá no es posible distinguir tan claramente entre las fuerzas policiales y el crimen organizado. A diferencia de Chile, donde existe una clara división entre el Estado y el crimen organizado, allá se produce, en algunos casos, lo que en un libro recién publicado por Javier Auyero y Katherine Sobering, El Estado ambivalente (2019) se asocia a la noción de “ambigüedad estatal”.
Dicho concepto da cuenta de una connivencia significativa entre fuerzas policiales y crimen organizado. Por ejemplo, una parte no despreciable de las incautaciones de droga y de los operativos policiales exitosos son en realidad “chicanas” o “mexicanas” entre brigadas policiales que tienen arreglos de protección con una banda y logran darle un golpe a su competencia.
También son comunes las entregas “arregladas” (la incautación de una fracción mínima de mercadería), para mantener las apariencias.
En este contexto, a las fuerzas de orden se les “pierden” regularmente armas de servicio, algunas de las cuales aparecen luego asociadas a una causa judicial narco. No obstante, los fiscales y las fuerzas de orden también realizan operativos genuinos, logrando además bypasear a los soplones de las bandas que integran miembros de las policías y/o la organización judicial. Esta eficacia relativa de las fuerzas policiales y del sistema judicial produce otra “rareza”: muchas de las bandas criminales están allá lideradas por mujeres, madres y abuelas que quedan a cargo del negocio familiar cuando sus hijos y nietos caen “en cana”. No es como en Chile, donde los líderes narco que identificamos son usualmente hombres jóvenes que conducen autos de alta gama.
La alternancia entre instancias de colusión entre el narco y los agentes estatales e instancias en que prima el Estado de Derecho y policías, fiscales y jueces asestan duros golpes al crimen organizado es lo que genera la “ambigüedad estatal”. La institucionalidad estatal es ambigua también y muy especialmente para la población que debe lidiar con el “orden clandestino”, sin ser parte de uno u otro bando. La policía que muchas veces puede proteger y ser aliada de la población, otras veces puede dar la espalda y convertirse en el enemigo, cooperando con el crimen organizado. La cooperación puede ser activa o por defecto, simplemente desapareciendo de escena, justo en los momentos en que algo pasará.
La ambigüedad es tal, que en aquel país es difícil obtener datos certeros respecto a la colusión entre el crimen organizado y los agentes policiales porque, además de la natural opacidad de estos arreglos, la fuerza policial parece tener diseñado un protocolo para atenuar la exposición pública y la mala prensa que generan estos vínculos non-sanctos. Entre otras cosas, pocos oficiales son arrestados vistiendo su uniforme oficial, y siempre que se puede, se lo traslada a otra Comisaría antes de darle de baja. Cuando llega la baja, el motivo rara vez es “corrupción” o actividad ligada al crimen organizado.
“En ocasiones no es posible distinguir claramente entre fuerzas policiales y crimen organizado. Las policías participan en 'mexicanas' y las Fuerzas de Orden 'pierden' armas de servicio y uniformes que luego aparecen asociadas a causas narco.”
La corrupción es casi consustancial a un sistema social en que el reclutamiento de la oficialidad de las fuerzas policiales ocurre en los mismos contextos socioeconómicos en que nacen y operan las bandas de crimen organizado. Los policías, en otras palabras, también son víctimas de la pobreza y la desigualdad, y algunos son portadores, también, de niveles significativos de resentimiento contra el “sistema”.
En definitiva, la “ambigüedad estatal” pone en tela de juicio en el país vecino la división clara que en Chile tenemos entre “zonas liberadas” es decir, controladas por el crimen organizado, y zonas en que opera el estado de derecho y sus instituciones. Y por suerte, más allá de los supuestos intentos recientes del narco de expandir su control territorial en medio del estallido, en Chile todavía son mucho más las últimas que las primeras.
También es interesante, en función de esta experiencia comparada, pensar la relación entre la violencia narco y el narcotráfico. Muchos asociamos el narco con espirales de violencia como los que observamos en casos como el colombiano, el mexicano, o el del triángulo norte de Centroamérica. Dicha asociación nos hace olvidar que el narcotráfico prospera justamente cuando logra pasar desapercibido.
Piense en el sector oriente de Santiago. A juzgar por la violencia observada podríamos pensar que allí no hay narcotraficantes operando. Es una zona tan segura y poco violenta que uno puede ver allí, hasta muy altas horas de la madrugada, jóvenes en bicicleta repartiendo deliciosos manjares sin correr ningún riesgo. Pero seguramente, si nos sinceramos, tal vez admitamos que el narcotráfico es un gran negocio en el sector más seguro y pacífico de Chile.
Allí, las transacciones se acuerdan por Grindr y se entregan a domicilio. En definitiva, al narco le conviene pasar piola, y no busca ni requiere tener siempre el tan mentado control territorial. Y al Estado también le conviene muchas veces hacer la vista gorda. La violencia, usualmente se concentra en zonas marginales.
Pero, ¿cuán violento es el narco en las zonas de marginalidad urbana en el país vecino del que, argumento, debemos extraer algunas lecciones? Depende. Cuando las bandas tienen control territorial anclado en pactos de colusión que involucran a algunas autoridades locales, así como a agentes policiales, la violencia visible (por ejemplo, en términos de balaceras u homicidios) es reducida. Sí se produce violencia estructural contra poblaciones cuyos derechos civiles son vulnerados a diario por el triunvirato del orden clandestino (policías, crimen organizado, y políticos locales). Pero esas poblaciones también acceden a bienes públicos y servicios sociales (acceso a medicina, prestamos de dinero a muy bajo interés, por ejemplo) que el Estado nunca proveyó. Mientras tanto, cuando los pactos de colusión se rompen, cuando las bandas tienen problemas internos y se fragmentan en distintos grupos, o cuando algún liderazgo de una banda vecina cae en desgracia y la organización de al lado queda vulnerable, se producen espirales de violencia hasta que alguien logra nuevamente generar un pacto de protección. En “equilibrio”, por tanto, la violencia y la atención pública que ella concita son malas para el negocio (así como para la población y los políticos locales).
El país vecino del que extraje aquí algunos ejemplos no es Argentina. Ese país también se llama Chile, y queda al sur, al norte y al poniente de la Plaza de la Dignidad. También está en regiones, en zonas urbanas y hasta en pequeñas poblaciones rurales. Tal vez, su nana viaje todos los días desde ese país a su casa. Nuestras aulas universitarias, afortunadamente, también reciben hoy más habitantes de ese país que en el pasado. Pero es un país que desconocemos, que no queremos ver. Y cuando nos vemos forzados a hacerlo, lo miramos con prejuicios que simplifican la realidad y nos dejan tranquilos.
¿NARCOSAQUEOS?
En virtud del ejercicio comparativo realizado arriba, ¿cuál puede haber sido el incentivo del narco chileno para involucrarse tan masivamente en una ola de saqueos de alta connotación pública?
La experiencia comparada genera más dudas que certezas. Los indicios con los que contamos respecto a la reciente ola de saqueos en la periferia urbana sugieren que en algunas localidades los narcos participaron activamente de las actividades de saqueo, muchas veces actuando como punta de lanza de una turba heterogénea de habitantes de la localidad. En otros lugares, sin embargo, las organizaciones narco actuaron protegiendo locales comerciales, evitando así el saqueo. ¿Qué explica una u otra situación?
En aquellas localidades en que el narco no poseía pactos de protección estables con autoridades locales y agentes del orden parece haber resultado más frecuente su participación en el saqueo. Pero allí donde sí existían pactos de colusión, el narco parece haber protegido locales, contribuyendo así a la rápida recuperación del orden público en la localidad.
Esto último no solo podría tener relación con la necesidad de pasar piola y de “cumplirle” a autoridades locales interesadas en evitar el saqueo en sus jurisdicciones, sino también con intereses empresariales del propio narco. Y es que en el otro Chile, donde la mayoría de la organización narco está compuesta por clanes familiares, la plata negra se lava localmente. Aunque tradicionalmente el lavado del micro-tráfico se ha centrado en la inversión en bienes inmuebles y automóviles, indicios más recientes apuntan al eventual rol de negocios locales en la maquinaria de lavado procedente del micro-tráfico. Las licencias y patentes comerciales para montar dichos negocios legalmente las otorgan las autoridades locales, quiénes a su vez, en época de campaña, podrían estarse beneficiando del financiamiento electoral del que pueden proveerle los locatarios y sus socios narco. También la organización narco puede, eventualmente, acarrear votantes. En dichos contextos, ¿cuál sería el incentivo del narco en saquearse a sí mismo, poniendo en jaque, además, a sus “socios” políticos?
“En algunas localidades los narcos participaron activamente los saqueos, muchas veces actuando como punta de lanza de una turba heterogénea de habitantes de la localidad. En otros lugares, sin embargo, las narco actuaron protegiendo locales comerciales, evitando así el saqueo”.
Hay otra serie de razones por las que la racionalidad imputada al narco para explicar el saqueo es cuestionable. Primero, se ha argumentado que los bienes robados les servirían a las organizaciones criminales para comprar la aquiescencia de la población local. Este argumento desconoce que los márgenes que produce el negocio son más que suficientes para financiar la beneficencia narco. Es más, el problema del narco es el de ocultar los bienes que posee, no el de ostentarlos. Y en ningún caso les hace falta recurrir a los LCD robados para tener con qué comprar adhesiones. Seguramente en localidades en que el narco abrió locales y los dejó a disposición de saqueadores amateur, muchos de ellos en plan de saqueo familiar, generó algo de simpatía entre la población. Pero el argumento, como explicación general, se queda corto. También es miope en términos inter-temporales. A raíz de los saqueos hoy existen localidades en Chile que se quedaron sin supermercados disponibles a varios kilómetros a la redonda. ¿Cuánto duraría la legitimidad social obtenida por el narco ante esta inconveniencia mayúscula y que afecta a un número significativo de ciudadanos generada por los saqueos?
Segundo, el análisis de las narraciones que circularon en prensa y redes sociales sobre la ola de saqueos en Chile revela también la presencia protagónica de otros actores además del narco. En algunas localidades, los vecinos señalan que las fuerzas de seguridad liberaron zonas (véase, por ejemplo, la columna de Cristian Cabalin en CIPER). Simplemente desaparecieron. En otras, coordinaron saqueos, negociando con la horda un método y horario determinado para el saqueo. Hay quienes argumentan a su vez que dicha operativa fue coordinada con los ejecutivos de cadenas de supermercado quienes para evitar el incendio de sus locales, cedieron a un saqueo ordenado. La participación policial por acción u omisión podría explicar también por qué, casi de un día para otro, los saqueos disminuyeron de modo sistemático. Eso no se logra, en general, solo con represión unilateral.
Hay una última razón adicional que también cuestiona la relación directa entre los narcos y los saqueos. En el mundo del hampa hay una distinción bastante clara entre el “choro” y el “narco”. Es una distinción casi ideológica.[7] Y en ese sentido, el anarco tiene más cercanía con el “choro” que con el “narco”. Mientras el choro roba, usualmente lejos de donde vive, a punta de pistola y arriesgando su integridad, el narco, especialmente los micro-traficantes, le venden droga a los hijos de sus vecinos. Los “narcos” tampoco se benefician del desorden o el caos, sino de consolidar pequeños aparatos para-estatales en los que el negocio funciona cuando hay orden y pueden pasar piola.
En este sentido, el desorden y la anomia social de los días de saqueo no los beneficia necesariamente. La distinción entre ambos grupos es tan fuerte que en varias cárceles los presos se dividen según su pertenencia a un mundo u otro, porque las rivalidades entre miembros de uno u otro grupo pueden ser mortales. Los saqueos coinciden mucho más con una ideología y modus operandi “choro” que con uno “narco”. Y aparentemente, durante los días de auge del saqueo, el número de portonazos y robos con violencia, actividad “chora” por excelencia, se redujo. ¿No habrá entonces más participación “chora” que “narco” en los saqueos?
IMPLICANCIAS PARA LA POLÍTICA PÚBLICA
Durante estas últimas semanas, fundamentalmente como reacción a la numerosa evidencia respecto a la violación de DDHH en la represión de la protesta social, se ha instalado en la agenda la necesidad de reformar la institucionalidad de las fuerzas de orden en Chile. Esta es sin duda una reforma necesaria y que el país debe acometer urgentemente. No se trata solo de cambiarle el nombre a las distintas unidades, ni de inyectar recursos en la institución.
Es una reforma sumamente compleja y difícil de realizar, que debe tener en cuenta no solo la necesidad de control civil de la fuerza policial, sino también, lo que implica desmontar prácticas que hoy contribuyen a la “ambigüedad” de la acción del Estado en el territorio.
“Desde nuestra ignorancia, y ante nuestra ansiedad, la tesis del anarco-narco como el actor tras los saqueos nos es cognitivamente confortable. Y nos tranquiliza. Hay a quién echarle la culpa (los malos) y a quién exculpar (los buenos)”.
La reforma también deberá tener en cuenta cómo regular o reconfigurar la actual competencia y rivalidad que se observa a nivel territorial entre brigadas de la PDI, Carabineros y las fiscalías. Finalmente, la complejidad de la tarea es aún mayor porque las fuerzas de orden deben ser reformadas mientras deben seguir estando presentes y respondiendo a las directivas del gobierno, mientras son reformadas. Esto es particularmente difícil en el caso de Carabineros, si tomamos en cuenta las divisiones y rivalidades internas que hoy cruzan a la institución (ver columna de Mónica González).
EL NARCO COMO HEURÍSTICO
Se me ocurre que la simplificación del tema narco en nuestra discusión pública es ejemplo de un fenómeno más amplio. El tratamiento de este tema expone dispositivos a los que recurrimos habitualmente durante esta crisis, para quedarnos un poco más tranquilos. El estallido disparó la ansiedad a nivel de la elite. No entendemos bien qué pasa y ante ello, hacemos una fuga hacia delante. Nos preguntamos cuáles son las soluciones para un problema que no conocemos bien, y que nos explotó en la cara.
Desde nuestra ignorancia, y ante nuestra ansiedad, la tesis del anarco-narco como el actor tras los saqueos nos es cognitivamente confortable. Y nos tranquiliza. Hay a quién echarle la culpa (los malos) y a quién exculpar (los buenos). También podemos imputar motivos criminales a los malos (esos motivos también nos exculpan socialmente: no es la desigualdad ni el abandono estatal; no, son los criminales). Y esos mismos motivos también nos sirven para solicitar más recursos para financiar a los buenos. A quienes ponen su cuerpo día a día, para dar una lucha asimétrica contra uno de nuestros “enemigos poderosos” (el otro es, como sabemos, es un ejército de bots bolivarianos y cubanos que encienden a los golpistas locales en las calles).
En definitiva, ante nuestra ignorancia respecto a ese otro país que vive a pocas cuadras de casa, y que convive con nosotros en silencio, en nuestras cocinas, y en nuestras aulas, nos es cognitivamente confortable responder con estereotipos. Como lo hacíamos antes del 18/O cuando hablar del poder del narco en ese otro Chile generaba entre extrañeza y compasión por alguien que había perdido los estribos. Ojalá el estallido nos sirva para entender que nos toca a todos construir un país con menos supuestos sobre el otro y con más sociedad.
[7] Véase: Javier Ferreira Maureira (2011): “El narcotraficante. Un nuevo actor territorial en las poblaciones, percepciones de los dirigentes tradicionales”. Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.
Hasta el momento, CIPER/Académico recibe aportes de cuatro centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) y el Observatorio del Gasto Fiscal. Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.
COMPARTIR
CONTENIDO DESTACADO
Redes de Hermosilla: las causas judiciales en las que operó con o sin patrocinio representando a clientes VIP
Bien artículo pero se quedó en los años 80, El barrio alto de santiago , del barrio cuico ya no comienza en plaza Italia sino q de tobalaba para arriba.
Provi hace rato dejó de ser barrio alto.
Victor | 04.01.2020
Que en el título este la palabra anarco y en el texto solo se nombre una vez, sin ningún análisis, me parece que contribuye a mantener una idea sesgada del asunto.
M | 02.01.2020
Choro y anarco? ayayai buen análisis teórico.
Vctor Manuel RAMÍREZ heredia | 31.12.2019
Interesante su comentario, pero repleto de inexactitudes
Claudio Sepulveda A | 31.12.2019
Algo que me pareció extraño, es que a pesar que los saqueos iban disminuyendo paulatinamente luego de conocida la noticia del consejal Chahuán en la Calera y de otro ex algo en la cisterna, ambos de derecha súbitamente cesaron los saqueos. Este punto no lo vi tratado en la columna siendo que una de las estrategias utilizadas principalmente por partidos de ultraderecha para desestabilizar gobiernos, es precisamente organizar e incitar saqueos masivos
Mario Waissbluth | 30.12.2019
Estimado Juan Pablo. Gracias por tu completo análisis. En mi columna La Grave Amenaza de los Narcos, mi mensaje central es que en esta crisis los narcos se han subido por el chorro, y están expandiendo aceleradamente su control territorial y/o sus redes de influencia y corrupción. Hay toda una intelectualidad "progre" que prefiere relativizar esta amenaza, la cual se suma a la cómoda posición de las élites mientras les despachen la droga a domicilio. La pregunta que te hago es: cuánto tiempo Chile dejará pasar antes que sea demasiado tarde. Ojalá me respondas vía email. Saludos cordiales
Andrés | 30.12.2019
Interesante, pero falto agregar el factor gatillante de la espiral de violencia manifestadas entre otras cosas en el saqueo.
Es ahí donde hay q detenerse a analizar, hay elementos de apoyo extranjero, planificación, con ayudistas Chilenos
