La dignidad es el denominador común de varias demandas que emergieron el 18/O. Usando datos de su estudio sobre hogar y salud, las autoras destacan que la dignidad se juega también en los espacios urbanos: las viviendas pequeñas, con déficits constructivos, ubicadas en barrios con pocos servicios y en una ciudad expandida y segregada, operan “como una especie de impuesto a la pobreza que grava especialmente a niños, mujeres, ancianos y enfermos”. Argumentan que la dignidad urbana reclama de la autoridad “pensar toda política desde su dimensión de salud”, como sugiere la OMS.

“Una de las mejores maneras de las que disponemos para valorar los logros sociales que disfruta una comunidad, o para entender las injusticias sociales que ésta sufre, es observar sus condiciones de salud”[1].

Recientemente la prestigiosa revista The Lancet Planetary Health publicó un estudio de seis grandes ciudades de América Latina (Buenos Aires, Belo Horizonte, Santiago, San José, Ciudad de México y de Panamá. Ahí Santiago destaca como la ciudad con la mayor brecha en esperanza de vida entre las mujeres que viven en comunas ricas y pobres, siendo esta brecha de 17,7 años, y de 8,9 años en el caso de los hombres[2] (ver artículo de Qué Pasa sobre este estudio).

Dicha brecha se explica parcialmente por el nivel socioeconómico de las personas que ahí residen. Pero también hay múltiples determinantes urbanos de estas diferencias, siendo la vivienda y su entorno, sin duda, uno gravitante.

Las políticas tipo voucher, en que el Estado es un mero proveedor de fondos que permiten adquirir bienes y servicios, concibiendo los derechos como bienes de consumo[3] han gobernado la provisión de vivienda social y otros derechos en décadas pasadas. Esto permitió a Chile abordar exitosamente su déficit cuantitativo de vivienda, pero a costa de una enorme deuda en habitabilidad[4]. Dicha deuda se reveló tempranamente con las “casas Copeva” que se llovieron tan pronto se estrenaron. Otros problemas de esta “solución habitacional” fueron ilustrados magistralmente en la película “El Chacotero Sentimental”, que muestra cómo la estrechez de la vivienda dificulta la convivencia de una familia.

Quienes las habitan no solo padecen esta mala calidad constructiva, sino también las deficiencias urbanas de los barrios en que están emplazadas, con enormes carencias en servicios de distinto tipo, frecuentemente alejados del centro de la ciudad, excluidos y segregados socioeconómicamente. Así, “vivienda, barrio y ciudad” forman una nociva triada que cobra muy caro en calidad de vida de las familias.

La situación de quienes reciben una solución habitacional deficiente se ha llamado la crisis de “los con techo”[5], que al 2005 afectaba a casi un millón de personas para quienes el problema no es carecer de vivienda, sino el padecimiento de un conjunto de problemas socio urbanos asociados con la nociva triada vivienda-barrio-ciudad antes descrita.

Posiblemente el mayor costo de esta política ha permanecido invisibilizado y tiene que ver con la salud. Hoy sabemos que dicha triada tóxica se expresa en daños a la salud física, a la salud mental, y muertes prematuras[6]. Y el gran número de personas afectadas transforma esta mala política de vivienda social en un grave problema de salud pública.

LA VIVIENDA DE BAJO ESTÁNDAR

Al 2013 un 65% de los departamentos de vivienda social en el país tenían una superficie menor al mínimo establecido por los estándares actuales (55 m2)[7]. El problema está a la vista para quien visite estos conjuntos situados en la periferia urbana. Las “ampliaciones irregulares”, que incluso adquieren la forma de “palafitos”, son la riesgosa solución con que las familias enfrentan la apremiante falta de espacio.

El problema lo ilustra bien un estudio que realizamos en 713 departamentos de un conjunto de vivienda social situado en la periferia de Santiago, que miden apenas 43 mt2 y en el 43% de los cuáles viven 4 personas o más. Un 55% de las familias señala que la falta de espacio no les permite realizar celebraciones y el 49% refiere dificultades para sostener una conversación privada al interior de la vivienda. Existe evidencia científica de que el hacinamiento se asocia a mayores tasas de depresión, ansiedad y menor rendimiento escolar[8].

Sume a esta estrechez el frío y la humedad, todas condiciones que aumentan el riesgo de padecer enfermedades infecto-contagiosas como las respiratorias, tan comunes cada invierno. Para ilustrar, en nuestro estudio el 70% de los encuestados manifiesta que su casa es muy fría en invierno y un 34% de las viviendas presenta hongos en los dormitorios. Los niños que viven en hogares fríos tienen más del doble de probabilidad de sufrir enfermedades respiratorias como influenza o resfríos, y en presencia de hongos aumenta el riesgo de asma. Los adolescentes en hogares fríos ven afectada su salud mental  y los niños su normal desarrollo[9].

EL BARRIO CARENTE DE SERVICIOS

Los problemas de habitabilidad de la vivienda se ven agravados por la realidad de sus barrios, afectados por una baja disponibilidad de servicios, transporte, oportunidades laborales, comercio y cultura, entre otros. Un buen ejemplo es la escasez de áreas verdes, que tienen múltiples virtudes relacionadas con la salud: aíslan del ruido, mitigan la polución del aire, amortiguan el calor extremo y proveen oportunidades de relajación y restauración[10]. Mientras las cuatro comunas de Santiago con menor pobreza disponen de 8.7 mt2 de áreas verdes por habitante, las cuatro más pobres disponen de sólo 3,5 mt2[11].

Estos espacios, además de escasos, son poco utilizados. Según nuestros datos, apenas el 33% de los residentes visita las plazas o canchas y un 28% sale a caminar por  el barrio en la semana. Esto último puede deberse al efecto combinado de la baja calidad de dichos espacios y una elevada percepción de inseguridad, a la cual contribuyen aspectos del entorno construido como los pasajes estrechos y oscuros, y plazas deterioradas y mal iluminadas, entre otros. Al indagar en temas de seguridad en nuestro estudio, un 51% reportó sentir inseguridad al caminar solo/a en la villa durante el día y 82% en la noche, un 83% al esperar transporte público y un 87% considera que su villa no es un lugar seguro para que los niños jueguen. Este contexto supone daños potenciales a la salud psicológica de los adultos y desórdenes emocionales infantiles[12], además de afectar la caminata en adultos mayores[13], restringiendo así su autonomía.

LA CIUDAD EXPANDIDA Y SEGREGADA

En Santiago la política de vivienda social se juega en una ciudad expandida y cuyo precio del suelo está a merced del mercado. Así, la vivienda social se sitúa preferentemente donde el precio del suelo es menor, o sea, en la distante periferia urbana. La distancia y escasez de transporte limitan el acceso a los centros urbanos donde se concentran las oportunidades de empleo. Esta experiencia queda bien plasmada en el relato de una pobladora, que explica: “Nos cuesta llegar al centro, porque vivimos muy lejos… Tenemos vecinos que a partir de las 4 de la mañana ya salen a sus trabajos. Entonces nos hacemos parte de la molestia social”[14].

Los tiempos de viaje al centro desde las cinco comunas periféricas receptoras del mayor número de vivienda social de la región promedian los 78 minutos, muy por sobre los 47 minutos que dura el viaje desde comunas céntricas y peri-centricas[15]. Quien vive en la periferia paga no sólo con su tiempo libre los largos tiempos de traslado, sino también con menor duración y regularidad del sueño[16] y un mayor riesgo de depresión[17]. Adicionalmente, estas distancias obligan a viajes motorizados sedentarios, y dificultan el transporte activo -bicicleta o caminata-, protectores para la salud, asociándose por ejemplo a menor riesgo de hipertensión, diabetes tipo II y mortalidad prematura[18].

La carencia de oportunidades de empleo cercano y las dificultades de acceso a los centros urbanos dificulta a estas familias salir de la pobreza. En nuestro estudio, la mitad de las familias reportan un ingreso mensual menor a los $400.000, y tasas de desempleo (11%) y trabajo informal (sin cotizaciones) (31%) superiores a la Región Metropolitana en el mismo periodo (7% y 25%, respectivamente)[19]. Así, se acumulan y traspasan intergeneracionalmente los daños a la salud derivados de la pobreza, y se perpetúan las ya marcadas desigualdades en la salud entre los residentes de las distintas comunas y barrios de la ciudad. Estas desigualdades se reflejan dramáticamente en el estudio citado arriba, donde la brecha en la esperanza de vida entre las comunas de Santiago es de 8,9 años para hombres y 17,7 años para mujeres[20].

ENFOQUE DE SALUD EN LAS POLÍTICAS

La vivienda y el barrio son los primeros espacios donde debe construirse el bienestar. Sin embargo, la triada tóxica vivienda-barrio-ciudad pasa una alta cuenta en salud, operando como una especie de impuesto a la pobreza que grava especialmente a niños, mujeres, ancianos y enfermos, que son quienes más tiempo pasan en sus casas y barrios.

Si bien la salud es hoy una prioridad de las demandas sociales, el debate se reduce a la atención de salud como necesaria solución frente a la enfermedad. Pero la salud debiera ser un  principio rector en el desarrollo de toda política. La Organización Mundial de la Salud promueve hace años ya el enfoque de “Salud en todas las políticas”[21], donde se toman en cuenta las implicancias en salud de las acciones de todos los sectores. Así, como las  iniciativas de inversión pública atraviesan evaluaciones técnico económicas, también debieran estar sujetas a evaluaciones de su impacto en salud, con el propósito de fortalecer aquellas políticas con menores daños y mayores beneficios para la población, dando así contenido al sentido social que dichas políticas tienen.

En Chile, el  ministerio de Vivienda y Urbanismo ha buscado dar respuestas innovadoras al problema de “los con techo”. En 2015 se inició el  programa de regeneración urbana integral para conjuntos de vivienda social. Este pretende preservar los barrios, ser más sustentables ambientalmente y ofrecer soluciones integrales a los residentes pero lamentablemente estas soluciones han sido extremadamente lentas y muchas familias llevan dos o tres períodos presidenciales esperando que su barrio y vivienda sean mejorados y llevados a los estándares de calidad vigentes.

La salud y el bienestar tendrán lugar cuando se alcancen derechos largamente postergados, entre ellos el derecho a la vivienda, la que será digna cuando exista calidad en cada componente de la triada vivienda-barrio-ciudad. Urge dar a los programas de regeneración la prioridad política y el sentido de urgencia que hasta ahora no han tenido, para que pronto podamos decir que vivir empieza a valer la pena para quienes suficiente han esperado.

*Esta columna fue escrita con la participación de todo el Equipo de Investigación RUCAS, “Regeneración Urbana, Calidad de Vida y Salud”. Sus miembros son parte del proyecto SALURBAL, Salud Urbana en América Latina que es financiado por Wellcome Trust Initiative “Our Planet, Our Health” (grant 205177/Z/16/z)

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