La violencia estatal y sus responsables en los informes sobre derechos humanos

Los informes de HRW y Amnistía coinciden en que Carabineros ha actuado con brutalidad, explica el autor de esta columna. Difieren en la causa de esa violencia y en su responsable (el alto mando, para HRW; el Presidente, para AI). También difieren en si la violencia ha sido sistemática. Esto último es relevante para determinar la responsabilidad política las autoridades (asunto que resolverán las acusaciones constitucionales contra el Presidente y su ex ministro del interior); y su responsabilidad penal por crímenes de lesa humanidad. Si los tribunales no encuentran esa sistematicidad, “se elimina solo uno de los elementos que definen los  crímenes de lesa humanidad”, explica.

La crisis de derechos humanos (DD.HH.) que vive Chile, a partir de la respuesta represiva del Estado frente al estallido social del 18 de octubre, ha generado profunda preocupación y ha activado diversos mecanismos de supervisión internacional. Como viene ocurriendo desde hace décadas (casualmente nuevamente con Chile en el centro de la atención), en estos casos excepcionalmente graves, se activan sistemas de monitoreo cuyo objetivo fundamental es establecer la veracidad de las violaciones denunciadas y hacer recomendaciones al Estado.

Dos son los mecanismos que se activan en estos contextos: los intergubernamentales y los privados.

En la instancia intergubernamental, los mecanismos que se activaron fueron: una misión de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU) y la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA). En tanto que los organismos privados que han intervenido son Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), que presentaron sus informes la semana pasada.

En este texto nos interesa dar una visión comparativa de estos dos últimos informes.

El de AI fue entregado el 21 de noviembre y es el resultado de una misión especial (equipo de crisis) que visitó Chile. El informe se abre con su conclusión central: “Las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera –principalmente el Ejército y Carabineros (la policía nacional)– están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta”.

El informe se estructura en un apartado que da cuenta de crímenes de derecho internacional, graves violaciones de derechos humanos, intencionalidad y generalidad (uso letal de la fuerza, tortura y malos tratos, lesiones graves y armas potencialmente letales) y limitación de trabajo de personas defensoras de derechos humanos. Las principales recomendaciones de AI son: cesar la represión, investigar las violaciones, satisfacer demandas sociales y reformar a Carabineros.

Por su parte, el informe de HRW fue entregado el 26 de noviembre y fue el resultado de una misión especial (encabezada por el director para las Américas) que también visitó el país.

Su conclusión central es que “miembros de la policía nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves violaciones de derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención, luego de masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019 y continuaron durante varias semanas”. Este informe da cuenta de uso indiscriminado e indebido de armas de fuego, otras lesiones causadas por Carabineros, problemas con las detenciones, maltratos, abusos sexuales y torturas durante en las detenciones e insuficiente rendición de cuentas por parte de Carabineros. Además, trata las condiciones en que Carabineros realiza su labor y cierra con un apartado sobre uso de la fuerza. Sus recomendaciones se centran en Carabineros y las necesidades de investigación de los abusos.

Un primer aspecto para destacar son los puntos en común de los dos informes. Ambos dan cuenta de la gravedad de las violaciones de DD.HH. que se han producido en Chile a partir del 18 de octubre: denuncian casos de tortura, vejámenes sexuales, uso arbitrario de la detención de manifestantes y uso indiscriminado de armas no letales, las que han causado graves lesiones a manifestantes.

Las cifras recogen la generalidad de estas violaciones y de lo extendidas en el tiempo y en diversas regiones del país. Asimismo, dan cuenta de la falta de medidas efectivas de las autoridades para prevenir estas violaciones y corregir las prácticas represivas en forma eficiente y sancionarlas efectivamente. Finalmente, coinciden en la necesidad de una reforma profunda de Carabineros de Chile.

DIFERENCIAS: LOS RESPONSABLES

Respecto de las diferencias, lo que ha sido más evidente es el énfasis que hacen sobre las responsabilidades de estas graves violaciones de DD.HH.

AI es claro en poner énfasis en la cadena de mando que a juicio de dicha institución llegaría hasta el propio Presidente Piñera; HRW, en cambio, centra la responsabilidad en Carabineros y no escala en las responsabilidades de las autoridades civiles que controlan a esta institución.

Además, hay una diferencia evidente en la interpretación de las causas de las violaciones. Para AI las violaciones de DD.HH. obedecen a una intencionalidad donde estas se producen con el objeto de “castigar” a los manifestantes; en el informe de HRW, no hay expresión de intencionalidad y se desprende que estas se producirían por falta de control interno y excesos individuales.

Por último, hay una diferencia en los alcances de ambos estudios, el de AI no solo abarca a una institución (Carabineros en el caso de HRW), sino que también analiza la actuación de las Fuerzas Armadas en el marco del estado de excepción.

Lo que llama la atención es que el informe de HRW aborda las condiciones de trabajo de Carabineros, cuestión que está técnicamente fuera del alcance de un informe de DD.HH., y que más bien parece una concesión frente a lo duro de su análisis sobre la actuación de la institución.

Es interesante hacer una breve referencia a la reacción de la autoridad frente a los informes. En el caso del de AI, el gobierno rápidamente intentó desacreditar el informe, señalando que contenía errores y no se había entrevistado a las autoridades estatales (pese a que AI pidió audiencia al propio Presidente); además, se puso especial énfasis en rechazar las dos principales conclusiones: la responsabilidad de mando y la intencionalidad en castigar la protesta en la actuación policial.

En el caso de HRW, la respuesta fue muy diferente, no solo fue el gobierno quien invitó a HRW, sino que el Presidente se reunió en dos ocasiones con el director para las Américas de la institución, José Miguel Vivanco. En cuanto al contenido, agradeció el informe y, sin entrar en los detalles, anunció que se tomarían medidas, entre ellas, la conformación de un comité técnico para el tema de DD.HH.

Tal vez lo más interesante de la respuesta del gobierno ante los dos informes es que nos muestra claramente la estrategia gubernamental en materia de DD.HH. Sin duda, la contundencia de ambos informes y el trabajo de organismos nacionales (INDH y Defensoría de la Niñez), no le dejan mucho espacio a la autoridad para discutir las graves violaciones, por lo que pasa a ser esencial una segunda etapa, de control de daños: delimitar responsabilidades.

Sin duda, lo que hoy le interesa al gobierno es que las responsabilidades no escalen ni política ni institucionalmente. Por ello, el feroz rechazo al informe de AI y la receptividad del de HRW. Queda claro que la discusión sobre la caracterización de las violaciones de DD.HH. es parte de un diseño estratégico comunicacional del gobierno.

SISTEMATICIDAD DE LAS VIOLACIONES

También resulta evidente que se ha levantado con mucha fuerza una discusión algo artificial, sobre la “sistematicidad” de las violaciones. A esto contribuyó una desafortunada entrevista del director del INDH, Sergio Micco, en Canal 13. En esa línea, el informe de AI es muy malo para la estrategia gubernamental y el de HRW es muy funcional a la misma. Veamos dónde y por qué podría ser relevante este tema, más allá de lo comunicacional.

La discusión sobre sistematicidad de las graves violaciones de DD.HH. es irrelevante en materia de responsabilidad del Estado, ya que para configurarla basta que se hayan producido las violaciones de DD.HH. Cuando estas son graves y masivas se activan los mecanismos de protección internacional, como ya ha ocurrido respecto de Chile. El carácter sistemático se evalúa de manera más laxa, para diferenciarlo de actos aislados o aleatorios, a efectos de poder dirigir la actuación internacional de monitoreo y, por tanto, la presión política, hacia las autoridades que tienen el poder de cesar las prácticas que han ocasionado las violaciones; y, cuando se juzgan casos individuales, poder agravar la responsabilidad y dictar medidas de reparación más intensas.

Donde sí es importante la cuestión sobre la sistematicidad es en relación a la responsabilidad política de las autoridades políticas. En la medida que las violaciones de DD.HH. sean actos limitados a actuaciones ilegales de carabineros individualmente considerados, las posibilidades de establecer responsabilidades de tipo constitucional son menores a que si se demuestra un patrón de conducta controlado por las autoridades. Esto se resolverá en el marco de las acusaciones constitucionales que debe resolver el parlamento.

La sistematicidad, además, tendría algún efecto en cuanto a la responsabilidad penal por crímenes de lesa humanidad de las autoridades de Carabineros y las autoridades políticas; al descartar la sistematicidad, se elimina uno de los elementos que definen que ciertos actos criminales puedan ser considerados crímenes de lesa humanos (queda vigente en todo caso el elemento generalidad). Esta será parte de la discusión en las instancias penales, tanto nacionales (ya abiertas) y, eventualmente internacionales (si se llegaran a abrir, luego de agotadas en el nivel nacional).

¿Qué viene ahora? Están pendientes los informes de la misión de la Alta Comisionada y la visita al país de la CIDH y su correspondiente informe. Por la velocidad con la que se están dando los hechos, estos informes serán valorados bajo otros parámetros que los de AI y HRW. Estando establecidas cuáles han sido las violaciones, estos informes debieran entrar en los temas más de fondo: las causas del estallido, la actuación de las autoridades, los factores institucionales que han influido en que se hayan producido las graves violaciones de DD.HH., los déficits democráticos y de participación en el país, las dificultades para una efectiva protección de DD.HH. y las medidas que deben adoptarse para conocer la verdad, hacer justicia y reparar a las víctimas.

Como se ve, estamos ante los primeros resultados de mecanismos de monitoreo internacional que se dan en un contexto cambiante, donde las violaciones de DD.HH. no han cesado y, por tanto, la presión internacional sigue siendo un elemento fundamental para la protección de los derechos humanos en Chile, al igual que lo fue en tiempos de dictadura.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.

Hasta el momento, CIPER/Académico recibe aportes de cuatro centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR). el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) y el Observatorio del Gasto Fiscal. Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.