El encuentro en el siglo XV entre Pueblos Originarios y conquistadores en el “Nuevo Mundo” ha estado plagado de violencia, deseos de sumisión y control. Solo recientemente los pueblos originarios han sido reconocidos como sociedades permanentes en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y las Constituciones de Latinoamérica han intentado abrir espacio para la cosmovisión indígena (Ecuador en 2008 y Bolivia el 2009). Ello supone renunciar a la hegemonía blanca y al control occidental de las normas en la Carta Fundamental. Esto no ha ocurrido en las 12 Constituciones que ha tenido Chile.

Las relaciones entre los pueblos que habitaban con antelación estas tierras y el Estado de Chile (nos referimos particularmente pero no de manera excluyente al caso del pueblo Mapuche) quedaron plasmadas en el Tratado de Tapihue (1825), que reconocía la soberanía Mapuche al sur del río Bio Bio. Sin embargo, al poco andar, tal acuerdo fue desconocido por el Estado de Chile y se procedió al exterminio y a la reducción de los Pueblos Originarios. Tal catástrofe fue llamada “pacificación”, aun cuando la historia da cuenta de un verdadero genocidio, seguido por la expulsión de los Pueblos de sus territorios ancestrales. La voz de estos Pueblos ha sido, y es aún hoy, acallada.

Tenemos, sin embargo, una nueva oportunidad. Hoy en Chile se vive un momento histórico que aspira a establecer una convivencia intercultural, una nueva oportunidad para replantear la sociedad chilena. Esta vez se persigue lograr un pacto social real que refleje fielmente el sentir y el deseo de chilenas y chilenos. Para ello es necesario tomar seriamente lo señalado en la Declaración de Pueblos Indígenas de la ONU del año 2007: “Todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o individuos o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas”.

Durante casi cuatro décadas hemos vivido en un pacto impuesto, con un ideal de sociedad creado a puertas cerradas, que no reconoce la diversidad y crea un Estado unitario y homogéneo donde solo la voz occidental ha sido escuchada. Esta idea fue plasmada en la actual Constitución Política de Chile de 1980, pero ha sido fuertemente cuestionada, e incluso se ha llegado al consenso ciudadano que debe ser reemplazada.

La nueva Constitución debe representar el mestizaje propio de esta tierra, reparando los abusos históricos cometidos en contra de los Pueblos Originarios que habitan lo que hoy llamamos Chile.

En el Censo de 2017 el 12,8% de la población censada se auto identificó como parte de un pueblo indígena, siendo el 9,9% del total efectivo Mapuche. Ello significa que una cantidad relevante de los habitantes de Chile se autoidentifican como Mapuche, Aimara, Rapa Nui, Atacameño, Quechua, Collas, Diaguita, Kaweskar, Yagán. El mundo indígena ha sido reconocido legalmente, tiene instituciones propias y legítimos representantes que deben ser escuchados como parte de este proceso. La autodeterminación indígena supone el reconocimiento de sus propias instituciones de adopción de decisiones y elección de legítimos representantes como parte del proceso constituyente.

La salida institucional a la crisis política, en la Convención Mixta o Convención Constitucional, exige una cuota de representación indígena en la elaboración de una Carta Fundamental desde el inicio. No resulta aceptable que los Pueblos Originarios sean excluidos del proceso. Ello con el objeto de terminar con la supresión sistemática, hacerse cargo de su calidad de naciones, y visibilizarlos en el marco de la convivencia democrática. Esto es básico para comenzar un proceso de pertenencia cultural que no signifique simplemente una nueva asimilación forzada. Los indígenas deben ser respetados en sus cosmovisiones, incluso en la diversidad entre pueblos, para que se haga una deliberación política adecuada.

La bandera de los Pueblos Originarios ha sido el emblema preferido de este “despertar chileno”, fundado para algunos en la opresión histórica sufrida y en el modelo extractivista que comodifica la naturaleza, pero también en el silencio de nuestra institucionalidad política constitucional. Si este proceso constituyente falla en esa tarea de reconocimiento y redistribución del poder político, no abriendo espacios desde el inicio para representantes de Pueblos Originarios, habremos perdido una oportunidad histórica de reencuentro y reconciliación.

FIRMAN

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.

Hasta el momento, CIPER/Académico recibe aportes de cuatro centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR). el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) y el Observatorio del Gasto Fiscal. Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.