Lesiones oculares: advertencias ignoradas por 20 días podrían ser clave en querella contra Piñera

Durante tres semanas diferentes entidades, como el Colegio Médico, la ONU, el INDH y Amnistía Internacional, advirtieron sobre el catastrófico aumento de lesiones oculares por balines y perdigones. El gobierno las ignoró hasta que el caso del estudiante Gustavo Gatica –herido en sus dos ojos– obligó a revisar el uso de escopetas antidisturbios. La “omisión” de las advertencias –que permitió que los heridos ya sumen 201– puede convertirse en un argumento de peso en la querella contra el Presidente Piñera por violaciones a los derechos humanos, la que ya fue admitida a trámite por los tribunales.

El lunes 21 de octubre, CIPER publicó la primera advertencia sobre el aumento de las lesiones oculares. Santiago llevaba apenas tres días bajo estado de emergencia y dos noches con toque de queda, y ese balance inicial se hizo con datos recogidos en diversas salas de urgencia de la capital, sumados al testimonio de doctores e instituciones como el INDH y el Colegio Médico (Colmed). Esa primera alerta indicaba que al menos 17 personas habían sido heridas por balines o perdigones en los ojos. Dos días después, el miércoles 23, CIPER publicó en sus redes sociales una actualización hecha por el Colegio Médico: solo en la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital del Salvador, la cifra había aumentado a 29 pacientes con traumas severos, de los cuales 15 sufrieron el estallido del globo ocular. El 81% de estos casos se produjo por balines de goma.

Desde entonces pasaron 20 días, hasta que recién el domingo 10 de noviembre, Carabineros y el Ministerio del Interior anunciaron que se adoptaría un “uso acotado” de las escopetas antidisturbios. Ya era tarde. La cifra de lesiones oculares ha aumentado hasta convertirse en uno de los símbolos del descontrol policial y de la inacción del gobierno frente a la excesiva violencia con que Carabineros actúa en las manifestaciones. Según el último reporte emitido por el Colmed, ya son 201 casos a nivel nacional. En tanto, el INDH cifra en 197 los lesionados.

Un estudiante de 21 años –Gustavo Gatica– debió ser herido  gravemente en sus dos ojos para que La Moneda reaccionara.

Las advertencias desoídas durante tres semanas podrían constituir un punto clave en la querella penal que ya se acogió a trámite en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, por la eventual responsabilidad que le cabría al Presidente Sebastián Piñera por violaciones a los derechos humanos. La querella fue admitida por el tribunal el martes 5 de noviembre y está dirigida contra el mandatario y todos los que pudiesen resultar responsables de nueve delitos, entre ellos “torturas y apremios ilegítimos”, “mutilación de miembros” y “destrucción de globo ocular”.

El profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, Juan Pablo Mañalich, abordó la responsabilidad presidencial en una columna publicada por CIPER el 25 de octubre pasado (véala aquí). En ella plantea que, de acuerdo con la Ley 20.357, “las condiciones bajo las cuales pueden resultar responsables, como autores, los civiles o uniformados que ostenten la calidad de ‘autoridades o jefes militares’ (…) incluye, en primerísimo lugar, a quien sea Jefe de Estado al momento de ser cometidos los crímenes”.

Mañalich citó el artículo 35 de la misma norma para explicar que existe una relación “considerablemente más estrecha de la regla sobre ‘responsabilidad de los jefes y otros superiores’, contenida en el art. 28 del Estatuto de Roma, que fija el derecho aplicable por la Corte Penal Internacional”. Ese artículo, afirmó el académico, “hace posible afirmar la responsabilidad, entre otros, del Jefe de Estado respectivo que, aun no teniendo conocimiento de los crímenes cuya perpetración no impidiera, ‘deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos’”.

En este escenario, podría alegarse que efectivamente el Presidente hizo “caso omiso” de las diversas advertencias hechas por organizaciones locales -como el Colegio Médico- e internacionales -como la ONU- respecto al uso indiscriminado de balines y perdigones por parte de agentes del Estado, y sus catastróficos resultados en las lesiones oculares.

La investigadora de Amnistía Internacional, Pilar San Martín, quien ha trabajado en terreno recopilando información sobre el uso de la fuerza pública en las manifestaciones, ha sido taxativa al señalar que hay evidencia sólida que apunta a que las personas han sido atacadas deliberadamente por Carabineros: “Una de las conclusiones preliminares es que el Estado está utilizando la fuerza para dañar. Hay demasiados casos, demasiadas lesiones graves que indican que las personas están siendo intencionalmente atacadas en las partes superiores del cuerpo”, dijo en una improvisada rueda de prensa a las afueras de la Clínica Santa María, donde el estudiante Gustavo Gatica fue intervenido para intentar salvar la visión de uno de sus ojos.

Crédito: Migrar Photo

El director del INDH, Sergio Micco, declaró el lunes 11 que, con el reciente anuncio de Carabineros respecto de revisar al uso de escopetas antidisturbios, «se está reconociendo que algo se estaba haciendo mal (…). Hemos planteado siempre que el uso de perdigones se debe hacer bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad. Acá no hay solo responsabilidades individuales, sino también institucionales».

Luego de que el caso de Gustavo Gatica alcanzara notoriedad pública, el presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, Enrique Morales, afirmó: “La responsabilidad de no haber escuchado las advertencias que insistentemente hizo el Colmed, es inaceptable. En todo Chile, en todas las grandes ciudades, se han violado de manera generalizada los derechos humanos. No cabe duda, hay denuncias, hay querellas. Es una vulneración de derechos generalizada”.

Al respecto, las conclusiones de la columna del profesor Mañalich son elocuentes: “Esto último (la omisión de antecedentes que indiquen que subordinados están cometiendo crímenes) debería ser tenido en cuenta en el análisis prospectivo de la responsabilidad penal que, desde el punto de vista del derecho internacional, pudiera llegar a ser atribuible al Presidente de la República, en referencia a los hechos punibles perpetrados por agentes de Carabineros y del Ejército bajo la vigencia del estado de emergencia que él decretó”.

RECORD SOMBRÍO

Tras la conmoción que provocó el caso del joven Gustavo Gatica y después de reunirse con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, la jefatura policial anunció este domingo que en adelante habría un “uso acotado” de escopetas antidisturbios, además de recapacitaciones para los funcionarios que portan esas armas. Pero el número de heridas oculares ya se había convertido en una oscura imagen de exportación de Chile. Dos influyentes medios internacionales –The New York Times y BBC– dedicaron reportajes a una situación que fue descrita como una práctica sin precedentes en el mundo y que se explicaría, en parte, debido al escaso control que ejerce el Ejecutivo sobre Carabineros.

Antes de que la institución uniformada anunciara el “uso acotado” de escopetas, diversos actores solicitaron que respetara sus propios protocolos de uso de armas disuasivas no letales, que en ningún caso permiten disparos de perdigones o balines directamente al cuerpo de una persona. Menos a la altura de los ojos.

El presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología (Sochiof), Dennis Cortés, afirmó hace una semana en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara que, en apenas 16 días de protestas, la cifra de lesiones oculares en Chile amenazaba con convertirse en récord mundial.

«Haciendo una revisión de los últimos 27 años, tomando todas las series publicadas respecto a personas que fueron dañadas con armas no letales en manifestaciones o áreas de conflictos -y estoy incluyendo a Israel, Palestina, Jerusalén, Gaza, entre muchos otros- en total son más de 1.900 lesionados por balines, y de ellos 300 tenían lesiones oculares. Nosotros tenemos prácticamente la mitad de ese número en dos semanas«, dijo en aquella ocasión. Hoy, ya son dos tercios.

Las palabras de Cortés contrastan con la actitud que han mantenido, en general, las autoridades de gobierno. Más allá de que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmara el pasado jueves que “en varias de esas lesiones (oculares) desproporcionadas hay violación a los derechos humanos”, la postura predominante es que se trata de casos aislados, o “excesos”, como los llamó el titular de Justicia, Hernán Larraín. El ministro Mañalich (padre del profesor y columnista Juan Pablo Mañalich), volvió a intervenir en el debate este lunes 11 en Canal 13, donde calificó las lesiones oculares como “una tragedia”.

El Presidente Sebastián Piñera, a su vez, ha optado por mantener una agenda política centrada en el rechazo a la violencia y los saqueos, pero no ha condenado con el mismo énfasis los abusos policiales. De hecho, con el anuncio de una agenda de seguridad pública, la semana pasada su discurso puso en segunda línea su llamado a la conciliación y retomó la retórica beligerante que marcó los primeros días tras el 18/O.

El reemplazo de Andrés Chadwick por Gonzalo Blumel en el Ministerio del Interior, la cartera de la cual depende Carabineros, tampoco modificó el curso de la política sobre las armas disuasivas no letales. Si bien Blumel remarcó este domingo 10 que “la escopeta antidisturbios es la última de las medidas” que puede tomar la policía uniformada, también descartó aceptar la petición de la ONU, que instó “a las autoridades a cesar de inmediato el uso de balines y perdigones” en las manifestaciones (vea aquí la petición de la ONU).

“Hay que ser muy cuidadosos de introducir cambios que pueden terminar en más violencia”, argumentó Blumel, quien horas más tarde se reunió con el jefe policial, Mario Rozas, para acordar el mencionado “uso acotado” de la escopeta antidisturbios.

“CATÁSTROFE SANITARIA”

Carabineros aceptó revisar sus procedimientos dos días después de las graves lesiones que sufrió Gustavo Gatica, quien participaba en una manifestación en Plaza Italia cuando miembros de la policía le dispararon directamente. Los agresores ya están identificados, según afirmó el general director de la policía uniformada, Mario Rozas.

Un comunicado  de la Clínica Santa María difundido el viernes 8 de noviembre, indicó que Gatica ingresó al establecimiento con “un traumatismo ocular bilateral severo y visión cero desde la primera evaluación”. Mientras su ojo izquierdo perdió la visión inmediatamente, el derecho quedó gravemente dañado. El centro asistencial donde el joven permanece internado, informó el domingo 10 que el estudiante de psicología continuaría bajo cuidado médico por al menos 48 horas más.

Una vez conocida la gravedad de las lesiones sufridas por el joven, el presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, Enrique Morales, insistió en la responsabilidad de los gobernantes: “Cuando empezamos a denunciar esto, habían 29 ojos perdidos. Hoy van más de 200 (…). Hemos tratado de dialogar de todas las formas y nos enfrentamos a una pared que no responde. Es una irresponsabilidad no solo de quienes están utilizando estas armas, sino de todas las autoridades que han avalado permanentemente este accionar y este daño”.

Crédito: Migrar Photo

Las palabras de Morales se sumaron a las del vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza, quien, a raíz del caso de Gatica, comentó: “Tenemos que reconocer que estamos frente a una catástrofe sanitaria. La cantidad histórica de personas que están quedando ciegas de un ojo es tremenda”.

Si bien la situación de Gatica es la más grave registrada hasta el momento, desde el inicio de las manifestaciones los medios de comunicación han recogido historias de personas que recibieron el impacto de balines o perdigones en sus ojos. Uno de ellos es Carlos Puebla, quien contó a The New York Times que vio cómo el uniformado que le disparó apuntó directamente a su cara.

En el mismo reportaje otro joven, del que no se indica nombre, relató que un uniformado “abrió fuego y me llegó un perdigón en el ojo. Carabineros me pescan del pelo y me arrastran hasta la camioneta. Se empezaron a burlar de mí, (me decían) que iba a perder la vista, (que iba a tener) un ojo menos. El perdigón lo tengo aquí adentro”. Un hombre, entrevistado en la sala de emergencias de un hospital, afirmó que recibió el impacto a 15 metros de distancia.

Ángel Mallea, estudiante de Topografía, detalló a Interferencia que un perdigón disparado por Carabineros impactó su ojo izquierdo el jueves 24 de octubre, mientras caminaba hacia Plaza Italia. Quedó con trauma ocular pero no perdió la vista, ya que portaba antiparras.

La misma publicación también recogió la historia de Diego Sepúlveda y Kevin López, quienes recibieron disparos el mismo jueves 24, mientras cruzaban por el Parque Bustamante. Allí, dijo Lopez, “estaba el GOPE disparando a mansalva. Diego se cayó y yo lo intenté parar, pero la policía nos disparó a ambos, a él en el ojo y a mí muy cerca, en la cara. Los disparos fueron directamente a la cara, lo hicieron con la intención de herirnos. A Diego lo están evaluando, puede perder el ojo. Los disparos fueron a menos de cinco metros”.

NUEVAS CIFRAS

El último balance del INDH, actualizado a las 13:00 del domingo 10 de noviembre, indica que un total de 197 personas presentan lesiones oculares a nivel nacional. De ellas, 174 son de la Región Metropolitana. Le siguen Tarapacá (6) y La Araucanía (4). En tanto, Coquimbo, Valparaíso y Aysén, permanecen como las únicas zonas sin este tipo de lesiones.

Según el desglose de la información recopilada por el INDH, el miércoles 23 de octubre un total de 25 personas llegaron hasta el servicio de urgencias del Hospital del Salvador con lesiones de este tipo. Hasta el momento, ha sido la jornada con la mayor cifra de afectados.

Por su parte, el Colmed informó que hasta el sábado 9 de noviembre, un total de 201 personas han tenido algún tipo de lesión ocular. De acuerdo con esta información, 151 de ellas se han atendido en la UTO del Hospital del Salvador (que es el centro de referencia metropolitano para traumas oculares), donde el promedio de edad de los heridos es de 29,6 años.

En el mismo recinto, 27 personas han ingresado con “visión cero”, mientras 18 lo hicieron con “estallido ocular” y 14 con “herida penetrante”.