• Los autores escriben aquí a título personal, como abogados y no como consejeros del INDH.
  
  
• La foto de portada es del colectivo Migrar Photo

Las violaciones graves a los derechos humanos en Chile con ocasión de las masivas protestas que ocurren desde hace tres semanas están sorprendiendo a la comunidad internacional. No sólo los observadores de derechos humanos de las Naciones Unidas están presentes en el país, sino que también observadores de ONGs internacionales como Amnesty International y muchas otras, todos quienes han expresado desde ya su preocupación por la gravedad de lo que han podido apreciar. Asimismo, el lunes tomará lugar una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde representantes de la sociedad civil expondrán la situación de derechos humanos, la que está en la retina del resto del mundo.

La violencia institucional que se ha revelado con rasgos bastante masivos en cuanto a las víctimas, por cierto, no es una consecuencia necesaria de la violencia, sea anómica u organizada, que ha llevado a saqueos e incendios, ni menos del control del orden público frente a las movilizaciones populares.

Los miles de heridos, cientos de ellos con heridas oculares, incluyendo estallidos y pérdida de visión, ponen de manifiesto la falta de respeto a sus propios protocolos de uso de la fuerza por parte de Carabineros, de manera que, aunque se ejerza pacíficamente el derecho a reunión y protesta, ello puede resultar en un riesgo a la vida e integridad de los ciudadanos y ciudadanas. Aún más indignantes son las denuncias de torturas, incluyendo las que implican violencia sexual, así como las muertes ocasionadas por agentes estatales.

Esto sigue sucediendo en todo el país, con la misma recurrencia y crudeza, aunque ya ha sido advertido por diversas instituciones, se le ha representado a las autoridades y pedido que tomen medidas para evitarlo.

Este nivel de violencia parece inédito para un país que dejó atrás hace casi tres décadas una dictadura y cuyas élites se ufanaban con sus promesas de desarrollo futuro. Sin embargo, no es tan sorprendente, salvo en su magnitud y alcance, si se toman en cuenta patrones que se han repetido a menor escala por años.

Por supuesto, la inequitativa realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el modelo económico-social y constitucional vigente está a la base de las demandas sociales, pero los mismos derechos civiles han sido atacados constantemente respecto a ciertos grupos vulnerables, como se ve en la represión de la protesta mapuche, la violencia contra la mujer, la discriminación contra los extranjeros, la violencia contra la población LGBTI, y la represión de las protestas estudiantiles, entre tantos otros ejemplos.

Lamentablemente, la violencia de quienes actúan a nombre del Estado ya ha estado presente como una respuesta constante frente a las manifestaciones de descontento y las demandas de transformación profunda en la sociedad.

A pesar de esta realidad, también es evidente que hemos visto en pocos días una escalada y concentración de violencia estatal que ha roto todas las ilusiones de ser un país modelo de democracia.

Los desnudamientos, violaciones y abusos sexuales que se han reportado nos develan un peligroso patrón que emerge cuando se dirige la violencia por agentes estatales contra mujeres, e incluso niñas y niños. 

La violencia innecesaria al momento de las detenciones, las denuncias recurrentes de tortura y otros tratos crueles nos pone frente a los ojos, que las peores facetas de la violencia estatal no se han erradicado completamente, pese a todos los esfuerzos por mejorar la formación en derechos humanos de las fuerzas policiales.

Ayer, expertos de la ONU han indicado que el elevado número de heridos y la manera en la cual se han utilizado las armas no letales parece indicar que el uso de la fuerza fue excesivo y ha violado los requisitos de necesidad y proporcionalidad. Ello incluye el uso de munición que puede provocar y ha provocado heridas muy graves. De ello deriva, y de la práctica de disparos directos a zonas vitales del cuerpo, con toda seguridad, nuestro tristemente célebre record mundial e histórico en pérdida de visión por armas de fuego, como lo ha indicado la Asociación de Oftalmólogos.

La forma en que han sido tratados adolescentes en las manifestaciones, incluso con la irrupción de policías al interior de los establecimientos escolares, y en su posterior detención, muestra como su calidad de sujetos de derechos fundamentales no es respetada por las autoridades.

Los extranjeros, durante estos días, también han sido agredidos con fuerza policial excesiva, heridos, detenidos y tratados con violencia.

Así también, los periodistas, de medios nacionales y extranjeros han visto obstaculizado su trabajo y han resultado heridos. Dicho sea de paso, el rol de los medios de comunicación de la más variada naturaleza, ha vuelto a demostrar la importancia de la diversidad, profundidad y prontitud del flujo de la información en circunstancias como la presente, así como la compleja responsabilidad de distinguir lo real de lo inventado.

Un aspecto que ha comenzado a aflorar y sobre el que hay que poner especial atención, está dado por la creciente evidencia de modalidades de vigilancia y represión políticamente dirigida. La convivencia de una actividad policial cuyos excesos son arbitrarios e indiscriminados con una que tenga objetivos políticos específicos y dirigida hacia líderes sociales de diversos sectores debe ser motivo de honda preocupación y de denuncia explícita y, sin duda, constituirá un factor relevante a la hora de calificar y caracterizar, en clave de derechos humanos, el período que estamos viviendo.

La pulsión por la modernización capitalista que ha obsesionado a las élites para llevarnos a un mañana de bienestar ha chocado con las formas más sombrías del ayer, convertidas en tan solo 21 días en prácticas recurrentes, dolorosas y persistentes de violencia estatal que lamentablemente invaden los desafíos actuales de nuestra vida en común.

Sin el cese terminante de las graves de violaciones a los derechos humanos, la aplicación de la resposabilidad a sus autores, la adecuada reparación a las víctimas, y la modificación de las pautas de comportamiento de los agentes del Estado tampoco podremos encontrar salida a la crisis en que estamos ahora.