El historiador Sergio Caniuqueo identifica un hito clave en el estallido social del 18/O: el rechazo de los pueblos originarios a la consulta indígena. Explica que ese rechazo fue gatillado por dos hechos que derrumbaron la confianza en el Estado: el asesinato de Camilo Catrillanca y la compra de tierras mapuche por parte del subsecretario Rodrigo Ubilla. El autor espera que, ahora que “Chile comprende la brutalidad con la que puede actuar el Estado”, desemboquemos en una nueva constitución de carácter plurinacional, que resguarde el derecho de la Libre Determinación y la Autodeterminación para el caso mapuche.

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Es probable que la mayoría de los chilenos ya no recuerden que este año gran parte de los dirigentes mapuche frenaron un proceso de consulta indígena que trató de implementarse entre los meses de mayo y junio (ver reportaje de CIPER).

Analizando ese fracaso, se podría resumir que gran parte de los dirigentes rechazaban la actitud del gobierno y una matriz de acción del Estado en materias indígenas, principalmente en temas de participación.

La consulta en sí, que trataba sobre la modificación de algunos articulados de la Ley Indígena, no representaba en el papel una situación compleja, pues muchos de los puntos se habían conformado en base a discusiones de años y se esperaba que un sector del mundo mapuche apoyara la iniciativa. Sin embargo, el descontento social apareció con fuerza, trabando toda posibilidad de negociación.

El malestar no era simplemente por el accionar burocrático y displicente del Estado, acumulado todos estos años. Se sumaron dos hechos, pésimamente manejados comunicacional y políticamente desde la Moneda: la impunidad política y policial del caso de Camilo Catrillanca y las compras de tierras por parte del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

Ambos hechos alimentaron un sentimiento de injusticia, de vulnerabilidad frente al poder. El Estado de Derecho se reveló como una declaración inoficiosa, mostrando un sistema construido para vulnerar todos los derechos de los sujetos sociales. Así, hablar de la ley era lo menos importante en ese momento, pese a los importantes puntos que trataba, como la venta y arriendo de tierra y temas de titularidad (por mencionar algunos de los 11 puntos a discutir). Lo relevante era que el Estado acusara recibo de que sus fórmulas de manejo del poder quedaban obsoletas.

Esta situación reveló que el pacto social había sido cancelado hace años. Y que el modelo, basado en dependencia estatal y en clientelismo político -esa forma humillante de recibir beneficios y empleos, que se activa en cada elección e incluso es requisito para ingresar a una institución o pertenecer a un partido político-, se había agotado.

Aquí es donde se devela la inflexión histórica: cuando las personas pierden el temor a la relación vertical que las hacía humillarse; cuando asumen que la dignidad de la persona y del pueblo es más que un mísero salario, una ayuda económica. Es en este punto cuando las personas enarbolan sus derechos para que sean cumplidos y exigen un verdadero contrato social donde dejar de ser ciudadanos de segunda clase y buscan ser reconocidos como personas y como pueblo.

Para insistir en la aprobación de la consulta, el gobierno recurrió a triquiñuelas. Por ejemplo, llamar a las comunidades a reuniones donde todo se explicaba in situ, con información poco inteligible, entregada por burócratas que hablaban en términos leguleyos. Posteriormente, se obliga a las comunidades a decidir a favor de lo que se les había expuesto, amenazando con las penas del infierno. No se permitía tener una discusión crítica sobre decisiones que las afectarían en el mediano y largo plazo.

Estas actitudes confirmaron la tesis de los dirigentes indígenas, de que sólo se les convocaban para justificar cambios que ya venían decididos desde arriba.

En la última consulta indígena, la situación fue más violenta, a través del uso de contingentes policiales, acarreo de partidarios para hacer fraude, amenazas y advertencias en diversos tonos. No obstante, nada de ello resultó. Incluso, en comunas donde los dirigentes jamás habían tenido fama de radicales se opusieron a esta consulta, porque ya estaban cansados del trato estatal.

Hoy, Piñera ya no solo es interpelado por dirigentes mapuche sino por un país en general. Y no solo es su gobierno, es el Estado en su conjunto el cuestionado, pues ha sido el mecanismo por excelencia para mantener una estructura de desigualdad social que permite la explotación de los sujetos por parte del empresariado.

Como señalan algunas reflexiones, memes y carteles, Chile ahora comprende de mejor manera la brutalidad con la que puede actuar el Estado. Recientemente, se han revivido los allanamientos, la vulneración de derechos a vista de todo el mundo, montajes policiales, presión a funcionarios públicos para que no cumplan su labor; ha caído el velo y mostrado la verdadera cara del poder.

La impunidad policiaca se ha mostrado de frente y de manera tan directa que es imposible ignorarla. La indolencia de una clase política que solo vela por ella misma y ve al pueblo como un agregado, ha generado una molestia generalizada, haciendo que los políticos hoy sean parte del problema y no de la solución.

Incluso, un sector del empresariado se ha alejado de la clase política, quitándoles su respaldo.

Si bien un sector importante de la población apunta hoy a cambios estructurales, estos necesitan algo que los mapuche tienen garantizado de mediana forma: la autodeterminación, concepto reconocido en el Convenio 169 de la OIT. La autodeterminación considera el autogobierno de un grupo bajo un Estado (se diferencia del concepto de Libre Determinación, garantizado por Naciones Unidas, en que esta última implica que, en un caso extremo, un pueblo puede solicitar la independencia y transformarse en un Estado). La autodeterminación establece la existencia de derechos colectivos que le competen al pueblo.  Entre ellos está el poder organizar a su sociedad, definir los poderes del Estado, establecer los derechos básicos garantizados.

Los reglamentos de Consulta Indígena, que son mecanismo que permite expresar la Autodeterminación, han sido intervenidos por el Estado para que no sean vinculantes. Es decir, se consulta a los indígenas, pero sus decisiones no son determinantes para las decisiones que toma el Estado. Esto es lo que ha generado mayor molestia en el mundo indígena: el ver cómo un instrumento de participación que serviría para instalar su visión de desarrollo, consolidar instituciones propias, construir marcos normativos que les sean significativos, no se puede desarrollar.

Los chilenos, al vivir bajo una democracia representativa, terminan siendo regidos por sujetos que no necesariamente los representan. El sistema de partidos y las elecciones tienen estructuras verticalistas en las cuales el capital coopta a los sujetos. El poder empresarial sigue siendo preponderante en la vida política. El avance que observamos hoy de las asambleas territoriales y cabildos, como expresiones de organización popular, permitirán un entroncamiento con los Pueblos Originarios del país. El derecho a la libre determinación hoy está cooptado por el Congreso, con el fin de mantener el monopolio de la representatividad.

La mayoría de las transformaciones estructurales necesarias para el país chocan con la Constitución; por ejemplo, el reconocimiento constitucional de los Pueblos Originarios, choca con el principio de uni-nacionalidad que rige al país.  En una nueva Constitución, se podría avanzar hacia la Plurinacionalidad. Esto obligaría a cambiar gran parte de la normativa existente, llevando a que muchos de los recursos del país sean considerados como derechos humanos: agua y medio ambiente, entre otros, construyendo formas organizativas que tomen en cuenta la voz de cada pueblo de manera vinculante, es decir, que lo que un pueblo aprueba, se cumpla.

Esto cambiaría la fisonomía del país, pues las empresas que extraigan materias primas tendrían que generar propuestas sostenibles en los territorios. Las responsabilidades empresariales y tributarias tendrían directa relación con el impacto ambiental en los territorios, y con ello el beneficio debe cautelar el desarrollo y bienestar de la localidad.

Hoy se abre la posibilidad de construir diálogo intercultural desde abajo, desde la horizontalidad, con pactos que beneficien a los chilenos y a los pueblos originarios en el desarrollo de cada uno. Hoy, la territorialidad nos entrega criterios de responsabilidad, a nivel intra e inter generacional e intercultural, es decir, al momento de preguntarnos cómo nos desarrollamos a nivel local, pensar lo que le dejaremos a las nuevas generaciones y como serán las relaciones entre sociedades distintas. En el fondo, es cómo construimos convivencia para el futuro entre sociedades, e incluso cómo convivimos con el medioambiente en el que estamos insertos a nivel local, para así avanzar con la articulación de otros territorios, hasta dar una nueva fisonomía al país.

Hoy, cuando se citan los ideales de la revolución francesa -libertad, igualdad y fraternidad- debemos pensar que justamente esto es lo que se ha vulnerado o lo que se ha buscado destruir. Chile es un país de libertades restringidas para la gran mayoría, no así para los dueños del capital; la igualdad, en tanto, solo es parte del discurso de la caridad o de las políticas públicas; y de fraternidad ni hablar: los niveles de clasismo y racismo que abundan en el cotidiano, nos han llevado a vernos como contrarios.

Las libertades implican responsabilidades sociales, en la construcción de sus garantías y ejercicios; la igualdad implica los valores de respeto y convivencia en las diferencias, mientras la fraternidad implica un aspecto subjetivo relevante, la empatía con el otro.

Para salir de la crisis, de la inflexión histórica que estamos viviendo, hay que evitar la actitud del gobierno y del Estado, que es hacer caso omiso, tanto de los derechos de los Pueblos Originarios como de los derechos que les caben a chilenos, como lo es la Libre Determinación. Es desde la colectividad donde se establece el cómo se decide; es ahí donde se definen los puntos de acercamiento y se crean pactos sociales.

Esto, llevado a un plano nacional, nos lleva a concluir que las actuales protestas serían una expresión de la Libre Determinación, la que está generando nuevas formas de organización, donde prima la democracia directa y se pretende asegurar relaciones horizontales entre quienes participan; la desembocadura de esta movilización sería una Asamblea Constituyente, donde se constituya el nuevo pacto social chileno refundando la Republica. Esto nos podría llevar incluso a un Estado Plurinacional.

Por lo tanto, la Autodeterminación que asegura el convenio 169 de la OIT, así como el derecho a la Libre Determinación que tiene el pueblo chileno, son los instrumentos para redefinir al país y las sociedades que conviven en su interior, asumiendo los tipos de relaciones que buscan desarrollar, el tipo de ser humano futuro que se quiere y sus condiciones de vida. Es aquí donde la libertad, igualdad y la fraternidad tendrán contenido, desde lo que realmente somos y de quienes realmente queremos ser.