Una propuesta para frenar el uso abusivo de los gastos reservados

Los autores de esta columna indican que el proyecto para evitar abusos en la utilización de gastos reservados es insuficiente. Para poner un freno real a la arbitrariedad con que se han manejado estos fondos proponen incrementar la transparencia: una gestión documental del uso de los recursos que –manteniendo la natural reserva que requiere este tipo de gastos­– deje un registro que acredite en qué fueron utilizados y, en segundo término, establecer un plazo para desclasificar esta información. También sugieren subir la vara en materia de control: aumentar las atribuciones de la Cámara de Diputados para investigar responsabilidades políticas y de la Contraloría, para sancionar responsabilidades administrativas. Para esta última proponen la obligación de dar cuenta pública de sus procedimientos de revisión y auditoría.

Pese a su carácter secreto, los gastos reservados han estado bajo la mirada pública en el último tiempo. Los escándalos de faltas a la probidad y del uso ilegal de este tipo de recursos por parte de autoridades militares ya es portada frecuente en los medios. Pero más allá de la persecución penal de estos hechos, la pregunta que sigue es: ¿qué hacer con los gastos reservados?

Pablo Contreras

Recordemos que este era un espacio amplísimo de discrecionalidad que carecía absolutamente de regulación hasta 2003. Mediante las reformas que surgieron tras el “Mopgate”, el legislador decidió restringir el tipo y número de autoridades que podían disponer de gastos reservados, centrado en el Presidente de la República y las principales autoridades de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y control del orden público. Además, estableció una obligación de rendición de cuentas de forma secreta ante la Contraloría, por medio de “certificados de buena inversión”, introduciendo por primera vez un elemento de control. Sin embargo, ha sido el propio contralor el que ha advertido la ineficacia de este procedimiento, al no existir registros ni documentos de respaldo para verificar el correcto uso de los recursos públicos comprometidos.

Es claro que toda reforma a los gastos reservados debiese incrementar los niveles de transparencia y control. Desde el punto de vista de la transparencia –y obviamente para no desnaturalizar la razón de ser de este tipo de mecanismos–, se debe apuntar a fórmulas que obliguen una debida gestión documental del uso de los recursos, de los fines para los que fueron utilizados y los antecedentes de respaldo de las gestiones específicas. Además, la reserva no puede ser absoluta ni indefinida en el tiempo: se debería prever reglas de desclasificación de la información en plazos prudenciales que fije el legislador.

Sebastián Salazar

En materia de control, es necesario reforzar las atribuciones de los órganos fiscalizadores, tanto en lo administrativo-fiscal como en lo político. Por ello, debe profundizarse en el control interno y responsabilidad de las autoridades del Ejecutivo, sobre todo en aquellas relacionadas con las instituciones castrenses y policiales. Además, se deben imponer obligaciones de transparencia de segundo orden a la Contraloría, para que ponga a disposición de los ciudadanos versiones públicas de los procedimientos de revisión y auditoría, de forma tal que la sociedad civil también pueda exigir cuentas de tales acciones fiscalizadoras. Por otra parte, a estas alturas parece indispensable contar con un mecanismo de control de índole política, que involucre la fiscalización de diputados a través de instancias especialmente configuradas para ello.

El proyecto de ley actualmente en la Cámara de Diputados no persigue estos objetivos. Básicamente, se elimina el piso garantizado de fondos para gastos reservados de las Fuerzas Armadas y Carabineros y crea controles internos insuficientes que no serán un efectivo freno al abuso de estos recursos. Sin la profundización de este tipo de reglas que fijen altos estándares de publicidad y de controles y contrapesos, cualquier modificación de los gastos reservados sólo mantendrá el estado actual de arbitrariedad y de caldo de cultivo para violaciones al principio constitucional de probidad.