“Ni orden ni patria”

El periodista que reveló el “Milicogate” ahora se sumerge en la trama del desfalco de más de $28 mil millones en Carabineros. Mauricio Weibel reconstruye cómo se constituyó y operó desde la década pasada la “Mafia de la Intendencia”, un grupo de altos oficiales que reclutó a más de un centenar de funcionarios que se prestaron para desangrar las arcas de la policía. Decenas de millones en billetes guardados en bolsos y mochilas que se entregaban en estacionamientos públicos –uno de ellos debajo de La Moneda-, vacaciones en moto por Europa y un Audi A1 de regalo para un hijo que se graduó de cuarto medio, son parte de las sorprendentes escenas que relata. CIPER reproduce aquí uno de los capítulos de “Ni orden ni patria”, el nuevo libro de Mauricio Weibel, que además de la historia del fraude, ahonda en otros episodios recientes que abonan el descrédito de Carabineros: la falsificación de pruebas en la Operación Huracán, generales involucrados en el uso indebido de gastos reservados y la desidia del alto mando para investigar a fondo y aplicar sanciones a los oficiales de mayor rango.

«Yo tenía miedo, soy un hombre viejo»

Anulados los eventuales flancos con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, la «Mafia de la Intendencia» necesitó conseguir cada vez más cuentas corrientes para que sus robos no despertaran sospechas en el sistema bancario y la naciente Unidad de Análisis Financiero.

Las remuneraciones, los desahucios, los reintegros. Todos los recursos de Carabineros asociados a pagos laborales quedaron bajo su discrecionalidad, a merced de las debilidades informáticas de la institución y de las ambigüedades morales de sus jerarcas.

Los límites de estas operaciones, por cierto, fueron desbordados hasta el surrealismo, con decenas de policías y civiles participando de esta auténtica fiesta del lavado de activos. Se requirieron muchos cuentacorrentistas cuando los desfalcos superaron los miles de millones de pesos anuales.

Todo ello en medio de la ilusión de que el país caminaba hacia el desarrollo, que bastaba un ingreso per cápita de veinte mil dólares para acabar con la pobreza, como rezaron por años los medios. La era de nuestra historia en que la política, como los miembros del «Pacogate», fue comprada por el poder del dinero.

Fueron los tiempos de la aprobación mañosa de la Ley de Pesca, del imperio del financiamiento irregular de la política, de la educación como un bien de consumo, de los diputados y ministros de Estado cobrando ingresos a los grandes grupos económicos del país.

En medio de esa degradación general, los oficiales Héctor Nail, Jaime Paz, Juan Maldonado y Francisco Estrada fueron algunos de los más activos reclutadores del caso «Pacogate», como demostró la investigación secreta del fiscal Eugenio Campos.

«Sabía que estábamos cometiendo un delito», confesó en medio de estas pesquisas el oficial en retiro Juan Moraga Gallegos, quien fue contactado por Nail en 2014. «Yo, como estaba pasando por problemas económicos, de inmediato acepté», reconoció el agente de la ley.

Moraga, tras cumplir los treinta años de servicio y jubilar en 2005 de Carabineros, fue recontratado como civil en 2013. Desde un inicio, por cierto, demostró que no había perdido la costumbre de obedecer sin hacer preguntas.

—Una vez depositados los dineros, yo le entregaba a mi coronel Nail cheques en blanco de mi cuenta en el Banco Santander. Él los llenaba y cobraba —explicó Moraga al fiscal.

Sin mayores objeciones, Mario Figueroa depositó estos nuevos instrumentos bancarios en las cuentas corrientes que mantenían él y su esposa, María Rojas. Fueron mil ciento setenta y nueve millones de pesos malversados del erario público en apenas cinco meses

Al inicio, los líderes de la «Mafia de la Intendencia» evitaron efectuar retiros excesivos de dinero. Sin embargo, la falta de controles en el sistema financiero desplazó las fronteras.

—Una vez que me depositaron el dinero en febrero de 2014, fui al banco BBVA de Bandera y retiré veintiún millones de pesos que le entregué al comandante Juan Maldonado en la calle, en un bolso que yo llevaba —contó por ejemplo el suboficial Sergio González al capitán Pablo Toledo, uno de los interrogadores bajo el mando del mayor Tulio Muñoz.

Otros miembros de la banda, como Ramiro Martínez, Felipe Ávila, Pedro Valenzuela, David Vega y Víctor Escobar, aceptaron fondos por más de cuatrocientos millones de pesos individualmente, los que luego distribuyeron en efectivo entre la asociación ilícita policial.

El teniente coronel Maldonado, interrogado por la Fiscalía, admitió que él era un reclutador.

—A inicios del año 2014, yo trabajaba en el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Zona Oeste, conjuntamente con el mayor Diego Valdés. Él me peguntó si conocía a funcionarios de confianza que pudieran facilitar su número de RUT y sus cuentas bancarias. No me dijo de dónde provenían los fondos, pero era obvio que de Carabineros —relató.

Maldonado luego reconoció que accedió porque iba a obtener una comisión por sus gestiones.

—Valdés me explicó que cada vez que se hicieran los depósitos, yo iba a recibir alrededor de quinientos mil pesos por cada persona que reclutara. Obviamente, contacté a varios, como a Norberto Rivas, Jaime Astudillo y Sergio González.

El sargento Astudillo, luego de la confesión de su comandante, admitió por su parte que retuvo dos millones de pesos por cada depósito con que fue favorecido por sus superiores.

—Coincidí con el comandante Maldonado en la 30ª Comisaría, donde trabajé en la lavandería. Me vinculé con él porque me entregaba los detergentes. Jugábamos a la pelota, le lavaba la ropa… Creo que yo pertenecía al grupo de sus leales —recordó con afecto.

Además Astudillo admitió sin ambages que siempre supo que la operación era un delito.

—Hablamos sobre el tema con el suboficial mayor Norberto Rivas. Concordamos en que el negocio era sucio y peligroso, pero igual enganchamos —sinceró en las oficinas del O.S. 7.

Menos franco, el oficial Juan Maldonado ocultó por su parte aspectos clave de la historia de desfalcos. Esencialmente, omitió que para realizar el fraude fueron contactados hasta civiles, como el electricista Aníbal Lira, quien declaró que el propio comandante Maldonado le pasó durante años cheques en la farmacia que está en Teatinos con Alameda.

—Después de cobrarlos, yo lo acompañaba al estacionamiento subterráneo ubicado debajo de La Moneda; ahí él guardaba la mochila con plata en un vehículo grande, de color negro, parecido a un Hummer —recordó.

Lira luego confirmó que el pago como cuentacorrentista no era despreciable, dados los volúmenes del desfalco.

—Yo me quedé con el diez por ciento, unos cuarenta millones —remató este ex contratista de Carabineros.

La última operación de desfalco comenzó en abril de 2016, cuando Eduardo Pardo, funcionario civil de la Dirección de Finanzas, le dijo que le pasarían dos cheques mensuales, cada uno por alrededor de noventa y ocho millones de pesos. Que era una orden del general Flavio Echeverría, el poderoso jefe de la Dirección de Finanzas

Las malversaciones, que comenzaron al menos en 2004, pasaron así de ser una realidad conocida por pocos a un secreto a voces.

Con los años, los líderes de la «Mafia de la Intendencia» no solo buscaron a hombres leales, sino también a aquellos que estuvieran desesperados, como el oficial Mauricio Saldaña.

—En diciembre de 2009, a mi esposa se le declaró un cáncer de mamas, teniendo que someterse a radioterapia. Luego, en el año 2011, mi hija tuvo un tumor en el cerebelo. Fue por esta razón que mantuve una primera aproximación con Robinson Carvajal —contó Saldaña a la Justicia.

Explicó que no pudo pagar los dividendos que adeudaba, que ni siquiera logró solventar los gastos comunes de su vivienda, debiendo pedir una casa fiscal en la Escuela de Suboficiales.

—El comandante Carvajal, conocedor de mi situación, como compañero de promoción, propició todo lo de acudir en mi ayuda. Fueron aportes de doscientos mil a trescientos mil pesos en esa ocasión —declaró Saldaña ante la Justicia.

Sin embargo, en 2013 su esposa sufrió su primera metástasis y la solidaridad de Robinson Carvajal apareció de inmediato.

—Me llamó y me dijo que había una forma de ayudarme, pero que lógicamente había una vuelta de mano —detalló Saldaña.

Aquel respaldo llegó en julio de 2014, expresado en un depósito por sesenta y cinco millones de pesos. Fue la primera de una serie de transferencias bancarias que recibió Saldaña por un total de quinientos ochenta y ocho millones de pesos.

—De ellos, yo me quedé con sesenta y seis millones de pesos —confesó el oficial a la Fiscalía.

Con el tiempo, sin embargo, no bastaron los leales y desesperados en Carabineros. La «Mafia de la Intendencia» tuvo que buscar socios entre civiles de absoluta confianza familiar, para enmascarar los gigantescos retiros de dinero.

«Justamente, me encuentro en esta situación por apoyar a mi concuñado el capitán Francisco Estrada, quien está casado con la hermana de mi señora, que se llama Mónica Fernández», confesó por ejemplo César Fernández a los fiscales Macaya y Marín, durante un interrogatorio en las oficinas del O.S. 7, en Recoleta.

«A mediados de 2014 —prosiguió— Francisco Estrada estaba complicado emocionalmente, pues había fallecido su hijo recientemente. Además se notaba que estaba presionado por sus jefes que le pedían un número de cuenta corriente. Fue así que accedí a prestarle el mío, pero cuando se realizó el primer depósito, me asusté, por el monto».

Fernandez, quien dijo que Estrada siempre repitió que los dineros eran para los jefes, confesó que en total recibió unos cuatrocientos veinte millones de pesos, en apenas siete transferencias. De ese monto aseguró que retuvo unos cuarenta millones de pesos.

—Yo viajaba especialmente desde Chillán a Santiago para entregarle una mochila con dinero —contó.

La nómina de cuentacorrentistas creció sin parar. Esposas, primos, amigos e incluso desconocidos engrosaron las filas de la «Mafia de la Intendencia», todos hermanados por el amor al dinero y el miedo a los uniformes.

El fraude pareció caminar por el sendero de una impunidad perfecta hasta que el agente Nelson Soto del Banco Falabella decidió atender sus dudas y denunció operaciones sospechosas en la cuenta corriente del capitán Felipe Ávila.

Astudillo admitió sin ambages que siempre supo que la operación era un delito: ‘Hablamos sobre el tema con el suboficial mayor Norberto Rivas. Concordamos en que el negocio era sucio y peligroso, pero igual enganchamos’, sinceró en las oficinas del O.S. 7

Ante ese incidente, la opción inicial de los involucrados fue reintegrar ese dinero debitado y detener cualquier atisbo de investigación. Cubrir todo bajo la excusa de «errores de pago», de meras fallas informáticas, que ya estaban resueltas, como en un inicio se informó al banco y a la Fiscalía.

Así, en 2016, cuando el fraude ya caminaba como un rey desnudo, los miembros de esta banda delictual planearon una última y agresiva operación de malversación de fondos públicos.

El plan, para evitar sospechas, consistió en utilizar las cuentas corrientes de Mario Figueroa, un comerciante de sesenta y nueve años, avecindado en la comuna de Puente Alto, quien de manera habitual ofrecía artículos de escritorio y computación a los miembros de la banda.

—Yo les vendía mi mercadería a Flavio Echeverría, Randy Maldonado y Diego Valdés —admitió Figueroa meses después ante el mayor Tulio Muñoz y su asesor, el capitán Gorka Verde.

Figueroa, quien llevaba dos décadas comerciando con Carabineros, reveló que durante años cambió cheques para los hombres de la «Mafia de la Intendencia».

—Todo comenzó cuando los oficiales Randy Maldonado y Diego Valdés me pidieron una gauchada —recordó.

Aquel favor, que partió en octubre de 2012, consistió en que él depositara cheques emitidos por Carabineros en su cuenta corriente y también en la de su esposa, para luego pasarles el dinero en efectivo.

—Me pagaban unos doscientos mil pesos por esto —agregó el mercader.

Asimismo, confirmó que la última operación de desfalco comenzó en abril de 2016, luego de más de un año de inactividad, cuando Eduardo Pardo, funcionario civil de la Dirección de Finanzas, le dijo que le pasarían dos cheques mensuales, cada uno por alrededor de noventa y ocho millones de pesos. Que era una orden del general Flavio Echeverría, el poderoso jefe de la Dirección de Finanzas.

‘Una vez que me depositaron el dinero en febrero de 2014, fui al banco BBVA de Bandera y retiré veintiún millones de pesos que le entregué al comandante Juan Maldonado en la calle, en un bolso que yo llevaba’ contó por ejemplo el suboficial Sergio González

Sin mayores objeciones, Mario Figueroa depositó estos nuevos instrumentos bancarios en las cuentas corrientes que mantenían él y su esposa, María Rojas. Fueron mil ciento setenta y nueve millones de pesos malversados del erario público en apenas cinco meses.

El único consejo que recibió el comerciante de parte de Eduardo Pardo, ex funcionario del Ministerio de Hacienda y ex empleado de la consultora Price Waterhouse, fue que los recursos los retirara esta vez de manera gradual, «en sumas de cinco a diez millones de pesos, por día», para evitar problemas con el banco, como los que tuvo el capitán Felipe Ávila en Punta Arenas.

—El dinero lo guardé en mi local en calle Bandera y se lo fui a entregar a Eduardo Pardo en Catedral con Amunátegui, afuera del estacionamiento del edificio Norambuena —añadió Figueroa ante la Fiscalía.

Luego apuntó a su intermediario, acusándolo de actuar con violencia, como un nazi.

—Yo tenía miedo, soy un hombre viejo —se justificó ante los hombres de la Justicia.

Por cierto, sus palabras eran una verdad a medias. Casi una mentira.