La estudiante Sofía Brito acusó de acoso sexual al profesor de Derecho de la U. de Chile, Carlos Carmona, en agosto de 2017. En medio del sumario, Carmona fue ratificado como presidente de la Comisión de Evaluación Docente, clave para los ascensos de los académicos de la facultad. ¿Hubo libertad para que un profesor declarara con su nombre, como lo exige la norma? Esa y otras fallas graves exhibe la historia de este proceso, que CIPER relata en detalle y que sancionó con tres meses de suspensión al ex presidente del TC, provocando un estallido que se replicó en más de 20 universidades del país.

Sofía Brito despertó y trató de procesar lo que estaba ocurriendo: sobre ella estaba Carlos Carmona, su profesor, acariciándole el pelo y el rostro. Trató de pararse del sillón. “Pero si está rico así”, le dijo el profesor de 56 años, sin soltarla. Cuando logró zafar del pesado cuerpo que tenía encima, Sofía se incorporó y solo atinó a decir que debían volver al trabajo para poder irse pronto a sus casas.

La escena que describe Sofía Brito ocurrió una tarde de agosto de 2017, en la oficina del abogado Carlos Carmona en la sede del Tribunal Constitucional (TC), ubicada en el centro de Santiago. En ese momento, Carmona era el ministro que presidía la institución, una de las más importantes del ordenamiento jurídico del país. Carmona había sido su profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y desde hacía dos años, el profesor la había escogido como su ayudante.

Sofía se fue al baño tratando de entender lo que acababa de ocurrir y rompió en llanto. Solo dos semanas atrás, frente a una situación incómoda, Sofía le había advertido que tenía que respetar los “límites corporales” con una mujer. Ahora, frente a este nuevo episodio, ella quedó bloqueada.

Sintió culpa. Si hablaba en ese momento, pensó, todo el arduo trabajo podía irse por la borda. Llevaban semanas trabajando sin descanso preparando la discusión que se venía en el TC por la Ley de Aborto en tres causales. Solo faltaban unos días para que comenzara el proceso, el último paso que faltaba para que la ley fuera promulgada.

“No quería que esa ley tan importante no se aprobara por mi culpa, eso pensaba”, afirma Sofía, en la denuncia que luego entregó a la universidad.

La joven, estudiante de quinto año de Derecho, volvió a la oficina y no recuerda por qué motivo se inició una discusión con Carmona. Estaba choqueada. Sofía volvió al baño y vomitó. Cuando regresó a la oficina, le explicó al profesor que se sentía mal, tomó sus cosas y se fue.

Davor Harasic

Sofía detalló esta y otras situaciones en un relato de siete páginas que entregó el 24 de agosto de 2017 a la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Más de ocho meses después, tras un sumario, el decano Davor Harasic sancionó a Carlos Carmona con tres meses de suspensión. No lo hizo por acoso sexual, sino que por “falta a la probidad”. Harasic explicó a la prensa que tuvo que “acomodar la situación”, porque el Estatuto Administrativo que rige a los académicos de las universidades públicas, solo reconoce el acoso sexual entre funcionarios, pero no entre profesores y estudiantes.

Hoy en Chile no existen cifras sobre el acoso sexual en la educación superior. Una investigación de Publimetro publicada el año pasado contabilizó 228 denuncias recibidas en solo 10 universidades durante todo 2016, a través de las federaciones estudiantiles y las secretarías de género. Casi una denuncia día por medio.

UNA ESTUDIANTE FRENTE A “LA REPÚBLICA”

Carlos Carmona no es cualquier profesor. Estudió Derecho en la Universidad de Chile, donde comenzó su relación con la Democracia Cristiana a través de su brazo universitario. A fines de los ‘80 integró el grupo de los “iluminados”, integrado por destacados estudiantes de la Falange, que se reunía en la Fundación Frei bajo la tutela de Gabriel Valdés, quien asumió como presidente del Senado tras el regreso a la democracia.

Antes de recibirse como abogado, Carmona fue secretario del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y en 1990, cuando consiguió su título, entró a La Moneda como asesor legal. La Secretaría General de la Presidencia (Segpres) se transformó en su territorio: allí permaneció por casi 20 años, durante los cuatro gobiernos de la Concertación. Como jefe de la División Jurídica, Carmona se transformó en una especie de leyenda. “Los presidentes no firmaban nada si es que Carmona no estaba de acuerdo”, recuerda el senador Francisco Huenchumilla (DC) en una entrevista para La Segunda. El apodo con el que lo bautizó el ex presidente Ricardo Lagos resume bien la idea: “La República”.

En abril de 2009, la ex presidenta Michelle Bachelet lo nombró ministro del Tribunal Constitucional. El cargo dura nueve años y, para muchos, fue un reconocimiento a su extenso trabajo en La Moneda. En 2014 se convirtió en el presidente del TC, sillón que mantuvo hasta mediados de 2017.

Ha sido profesor de Derecho en la Universidad Diego Portales (UDP) y en la Universidad Católica, pero donde ha estado más años es en la Universidad de Chile, su casa matriz. Allí es profesor de Derecho Administrativo desde 1998. Sus alumnos lo describen como un profesor brillante, atento y de buen trato con los estudiantes. Las referencias son claras en su perfil de Wikibello, la web donde los estudiantes de la Chile evalúan y describen a sus profesores: “Si alguien está interesado en Derecho Público, Carmona es definitivamente la opción”.

Esa área del Derecho era la que le interesaba a Sofía Brito. Ser su ayudante era una  oportunidad muy importante para su carrera, pero más lo era llegar a ser coordinadora de ayudantes.

-Todos los estudiantes que han sido ayudantes de Carmona, trabajando codo a codo con él, ahora están en la Secretaría General de la Presidencia, se fueron a estudiar afuera, están en el ministerio que les gusta o en el Banco Central. Si esa era el área que te gustaba, era lo que tenías que hacer y todo el mundo te felicitaba por estar ahí -explica Sofía Brito a CIPER.

Cuando Sofía se convirtió en la coordinadora de los ayudantes, Carmona le ofreció un pago mensual. La facultad prohíbe pagar por las ayudantías, pero las tareas de Sofía excedían a su labor en la Universidad de Chile: era la asistente de Carmona en las otras universidades donde él impartía clases y también en el Tribunal Constitucional. La carga laboral muchas veces implicó trabajar en la casa del profesor, pero la joven nunca lo cuestionó porque es una práctica regular entre los docentes.

-Ir a trabajar a la casa de un profesor no es algo poco habitual en la Facultad de Derecho, y como no está normado, simplemente depende de cómo trabaje cada uno. Con Carmona era así y tú lo considerabas parte de tu formación -explica Brito.

Hasta julio de 2017, en su relación con Carmona no ocurrió ninguna situación que encendiera alguna alarma en la estudiante. El profesor era cariñoso, le regalaba libros, cuadernos, pero todo en el marco de su formación. Tampoco eran gestos que Carmona tuviera solo con ella. A veces, el profesor le pedía abrazos, a los que Sofía accedía, pensando que era por la relación “paternal” que se había forjado entre ellos. Otras veces recurría a alguna “excusa amable” -como decirle que ella “no era muy de piel”- para evitar esa cercanía que la hacía sentir incómoda, pero que todavía no despertaba dobles lecturas.

Cuando comenzaron a preparar los requerimientos por la Ley de Aborto eso cambió. Las jornadas de trabajo se extendieron hasta altas horas de la noche, de lunes a domingo e incluso en feriados. “Estábamos todo el día juntos”, recuerda la joven.

El 31 de julio de 2017 se quedaron solos trabajando en el tribunal. En un momento Brito se levantó de su asiento y Carmona le dijo que tenía una mancha. “Yo pensé que era una mancha en el brazo, o algo así, pero se agachó muy cerca de mí, porque no quería decirme dónde era”, relata ella en la denuncia. Era una mancha de chocolate en el trasero. “Sentí demasiada cercanía inadecuada en zonas íntimas. Me sentí muy incómoda”, describe.

Tras salir del tribunal ese día se lo contó a una amiga. Le preguntó si se estaba pasando “rollos” o si debería decirle algo, pero no desconfiaron de las intenciones del profesor.

-No estaba segura de si había algo extraño, pero como me molestó, decidí decírselo para poner límites. Entonces le mandé un Whatsapp y se lo dije directamente –contó Brito a CIPER.

“Hay límites corporales para las mujeres en ciertas cosas”, le dijo Sofía a Carlos Carmona en ese Whatsapp, donde le explica por qué la situación la había incomodado. También le aclaró que no se lo decía por creer que él estuviese actuando de mala fe, sino porque “es algo que le diría a cualquier persona o amigo, para poner límites en cuestiones que me molestan”, relató en su denuncia.

Según el escrito, la reacción inicial del profesor fue buena y le pidió disculpas, pero luego cambió:

-En la misma cadena de mensajes él me empieza a decir que lo hacía sentir mal el hecho de que yo pusiera límites en la relación, que era injusta mi acusación y que le dolía mucho. Me hizo sentir culpable por poner límites y por decir que me sentía incómoda -explica Sofía.

Sofía Brito identifica hoy ese momento como un punto de inflexión. Porque a partir de esa áspera conversación, las “situaciones incómodas” fueron en aumento:

-Hacía chistes con lo que había pasado. Me decía por ejemplo, “oye tienes una… aaah, perdón, verdad que no puedo decir nada” o “no se vaya a caer esa galleta, porque va a quedar la cagada de nuevo” –recuerda la estudiante.

Los comentarios de Carmona ya la perturbaban, pero el martes 15 de agosto (día feriado) la situación se hizo insostenible. Fue ese el día en que, después de muchas jornadas de trabajar sin tregua, ella se quedó dormida en el sillón de la oficina y despertó con el profesor encima.

Sofía Brito siguió trabajando con el presidente del TC al menos una semana más. Carmona le preguntó en varias ocasiones qué le pasaba. Ella insistió en el punto de los “límites corporales”, y le explicó que esa no era una relación simétrica. “Él me dijo que si yo ponía tantos límites o cercos, no podía tener una relación conmigo (…) que esto era un proyecto y él tenía que conocerme en todas las esferas de mi vida”, relató Sofía en su denuncia.

Durante esos días Sofía decidió contarle lo que estaba viviendo a su madre. También compartió lo que la perturbaba con algunos amigos. “Era la primera vez que contaba todo y sacarlo me angustió muchísimo”, escribió en su denuncia. Y fue una de sus amigas la que le dijo que no podía volver ahí y que ni siquiera fuera a buscar sus cosas.

La semana del 21 de agosto, cuando se anunció el fallo del TC sobre la Ley de Aborto, Brito le envió un correo a Carmona presentando su renuncia. Acto seguido, se dirigió a la oficina de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de su facultad, para averiguar si podían recibir su denuncia. “Tengo mucho miedo de todo lo que esto pueda ocasionar, pero no puedo seguir quedándome callada”, dice a modo de cierre en el escrito que esa misma semana entregó a la universidad.

CIPER se comunicó con el abogado Carlos Carmona para conocer su versión de los hechos. Nos respondió y explicó que, por ahora, no hablará con la prensa.

EL SUMARIO EN LA CHILE

Tras conversar con Sofía Salvo, en ese momento coordinadora de la DAE en Derecho, la estudiante decidió denunciar a través del protocolo de la universidad, en vez de usar el de la facultad. Así, dice, el fiscal sería un profesor externo y se podría neutralizar de alguna manera la enorme influencia que tiene Carlos Carmona en la escuela.

Las siete páginas de la denuncia fueron enviadas rápidamente en un sobre al decano, Davor Harasic, quien debía escoger el nombre del fiscal de una lista de profesores seleccionados a nivel universitario. Harasic eligió a Jesús Redondo Rojo, profesor de la Facultad de Psicología, “porque era una persona que había tenido muchos estudios sobre género”, según explicó a CIPER. Sin embargo, ningún estudio de esas características aparece en su perfil publicado en la web de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

Personas que han participado en el proceso indicaron a CIPER que Redondo recibió los antecedentes recién a mediados de octubre, un mes y medio después de que se presentara la denuncia, ya que se encontraba de vacaciones. Apenas volvió, le informaron que debía asumir la investigación junto a Daniel Burgos, funcionario de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, quien sería el actuario.

Jesús Redondo (Fuente: sitio web Universidad de Chile)

El primer problema fueron las medidas cautelares. Sofía Brito explica que la coordinadora de la DAE en ese minuto, Sofía Salvo, conversó con ella para manifestarle que no podían hacer mucho. Lo único que podían ofrecerle era apoyo psicológico.

La indagación de CIPER arrojó que según la norma tácita que rige en esa facultad, las medidas cautelares solo se aplican a la víctima que denuncia. Y se asume que, por presunción de inocencia, no se puede desplazar al académico de sus funciones. Lo que siempre se ofrecía era cambiar a la denunciante de curso cuando el profesor era el acusado, pero en este caso Carmona ya no era el profesor de Sofía Brito.

-Finalmente fui yo la que se tuvo que restar de los espacios. Tenía terror de encontrarme con él y fue muy complejo seguir estudiando. Recuerdo que a fin de año hubo una toma y pensé “qué bueno, voy a poder ir tranquila a la facultad”, porque sabía que Carlos Carmona no iba a estar ahí –cuenta Sofía Brito a CIPER.

Pero Carlos Carmona no solo era profesor. Cuando ingresó la denuncia, el abogado era presidente de la Comisión de Evaluación Docente de la facultad. De esa comisión depende la carrera académica de los profesores, determina quiénes son calificados como docentes titulares, entre otras decisiones. La situación era compleja. Y ello, porque en el sumario administrativo que se abre después de una denuncia, todos los testimonios deben ir con nombre y apellido. De existir alguna declaración que lo perjudicara, Carmona sería uno de los primeros en saberlo, ya que el denunciado es el único que tiene acceso al expediente.

La primera etapa del sumario está en manos del decano de la facultad, quien debe decidir si la acusación amerita la apertura de un sumario. Si es así, se pasa a la segunda fase donde el fiscal designado conversa con ambas partes y, a partir de esas entrevistas, busca otros testigos y pruebas. En el caso preciso de la acusación contra Carlos Carmona, al concluir esta etapa, el fiscal debía absolverlo o acusarlo formalmente, indicando qué se le imputaba. Quienes conocieron el proceso, indicaron a CIPER que la conclusión fue que la acusación no era tan grave: “un caso nimio” si se lo comparaba con hechos más violentos, como una violación.

El fiscal acusó formalmente a Carlos Carmona en enero de 2018. Ese mismo mes el decano de la Facultad de Derecho, Davor Harasic, propuso y ratificó a Carmona como presidente de la Comisión de Evaluación Docente.

Respecto de esa decisión, Harasic hizo un mea culpa y explicó que en ese momento no se le ocurrió la posibilidad de sacarlo y que, además, nadie reclamó:

-Si yo tuviera hoy día que hacer varias cosas de las que hice, las haría distinto, pero las cosas tienen un momento y un lugar (…) si estaba sumariado por acoso, no deberíamos haberlo renovado -reconoció el decano a CIPER (ver entrevista).

Después de la acusación formal del fiscal, la denunciante ya no tiene la posibilidad de presentar pruebas y recomendar testigos. Por ello, a Sofía Brito solo le quedaba esperar a que el proceso terminara y el expediente se hiciera público. Recién ahí podría conocer la investigación que se hizo. Es en este punto donde se hacen patentes las fallas del Estatuto Administrativo. Porque el sumario fue creado pensando en que es el Estado el que denuncia frente al mal proceder de un funcionario público. Y frente al poder del Estado, es el acusado el que debe tener garantías para poder defenderse. Una falencia que deja a las víctimas de acoso en disparidad de derechos a la hora de denunciar: sin acceso al expediente y, por ende, sin las herramientas para poder reclamar ante la resolución que sanciona o absuelve.

Jesús Redondo entregó su informe en la semana del 9 de abril de 2018, tras casi seis meses de investigación (a pesar de que el plazo establecido por el protocolo es de 60 días hábiles como máximo). Y el decano Harasic recién pudo verlo “varios días después” -según testigos consultados por CIPER- y se tomó una semana para estudiarlo.

Para entonces, las estudiantes de la Facultad de Derecho ya sabían de la denuncia y del retraso en su resolución. El lunes 23 de abril un grupo de alumnas, que incluía a integrantes de la Secretaría de Sexualidad y Género de la facultad (Sesegen), encaró a Harasic. Le exigieron que el profesor fuera removido de su cátedra y de la presidencia de la Comisión de Evaluación Docente. La respuesta del decano fue negativa. Argumentó que no lo haría, porque ya faltaba muy poco para que saliera la resolución.

El miércoles 25 de abril el decano resolvió. Aumentó la sanción recomendada por el fiscal, que propuso solo censura (amonestación por escrito), y optó por suspender a Carlos Carmona durante tres meses, con una rebaja de sueldo que puede ir del 30% al 50% según la normativa.

El jueves 26 de abril se informó de la resolución a Carmona y el viernes 27 en la mañana, a Sofía Brito, en una reunión con el decano. Ese mismo día, en la tarde, un grupo de estudiantes se tomó la Facultad de Derecho, exigiendo la destitución de Carlos Carmona y denunciando la cultura machista que dicen vivir en su casa de estudios.

Así la Escuela de Derecho se sumó a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral, que aún mantiene una “toma feminista” desde el 17 de abril, provocada también por la falta de respuesta ante las denuncias de acoso sexual.

La historia de la denuncia y sanción a Carlos Carmona llegó a los principales medios de comunicación durante el primer fin de semana después de la toma, y se transformó en un caso icónico.

De ahí en adelante, en distintas instituciones de educación superior, comenzaron a formarse asambleas de mujeres para discutir sobre las situaciones de acoso y cuestionar la falta de respuesta por parte de las autoridades.

ROMPIENDO EL CERCO LEGAL

A pesar de que la ley que tipifica el acoso sexual se promulgó en 2005, a noviembre de 2017 solo siete de 60 universidades habían diseñado y publicado un protocolo que se hiciera cargo de las denuncias. Y en todos ellos hay vacíos y ambigüedades graves. Así lo registra el estudio liderado por las profesoras Ana Luisa García-Muñoz (UC) y Liz Jackson (University of Hong Kong).

Ha sido precisamente el proceso que se le hizo al profesor Carlos Carmona el que ha hecho emerger ese problema a nivel global en las universidades del país:

-Los protocolos lo único que hacen es remitir a los lineamentos generales, porque para tener una sanción tengo primero que tener establecido que lo que se acusa sea constitutivo de sanción -explica Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP.

El decano Davor Harasic reconoció que no pudo sancionar al profesor Carmona por acoso, porque el Estatuto Administrativo, que establece las normas y sanciones que rigen a los funcionarios públicos (calidad que tienen los profesores de la Universidad de Chile), solo tipifica el acoso sexual entre funcionarios, y no entre funcionario y estudiante.

En los hechos, da igual que el protocolo de la Universidad de Chile en la primera página aclare que “este fenómeno ha de entenderse aplicable a otras esferas, como las relaciones universitarias con estudiantes”. Si el Estatuto Administrativo no lo contempla, es letra muerta.

Lidia Casas

Este problema quedará resuelto una vez que se promulgue la nueva Ley de Universidades del Estado, que sí tipifica el acoso sexual entre profesores y estudiantes y, además, considera a la denunciante como parte interesada en el proceso, dándole acceso al expediente y permitiéndole reclamar ante la resolución.

El problema se mantendría en las universidades privadas ya que, en algunos casos, solo dependerá de la reglamentación interna de cada establecimiento, que debe definir qué es lo que se sanciona y cómo.

Sin embargo, para la abogada Lidia Casas, la ley siempre será la última palabra:

-Hoy, si una estudiante es acosada sexualmente en una universidad privada, se aplica la normativa del Código del Trabajo. No importa que no tenga una relación contractual con el acosador, porque el acoso él lo realiza con ocasión de su trabajo, está afectando la convivencia.

La académica Casas afirma que, en ese caso, las estudiantes pueden apelar a los reglamentos internos si sancionan esas conductas o a la Corte de Apelaciones con un recurso de protección, pero solo mientras el acoso haya ocurrido dentro del establecimiento. “Lamentablemente los actos que ocurren fuera estarían sin posibilidad alguna”, concluye.

Actualmente más de 20 universidades de todo el país se han sumado a la movilización con tomas y paros. Durante estas semanas las mujeres han llenado salas, teatros y patios al interior de las universidades para comenzar a verbalizar lo que han vivido dentro y fuera de esos espacios. En paralelo, han comenzado a hacer catastros de las denuncias y a coordinarse entre asambleas intentado recuperar décadas de silencio e impunidad.

Una catarsis colectiva que le ha ido dando forma a un petitorio a nivel nacional, en el que la demanda por una educación no sexista se levanta como tema central. Una exigencia que por años estuvo relegada a un rol secundario dentro del petitorio que construyó el movimiento estudiantil que explotó en 2011. Una estudiante desde una de las tomas reflexiona:

-Pocos recuerdan que fue al calor de ese mismo movimiento, liderado principalmente por hombres, que comenzamos a cuestionar las prácticas machistas en la educación. Muchas organizaciones estudiantiles que surgieron o crecieron en el 2011, vivieron sus propios procesos de denuncia por abusos de los mismos estudiantes contra sus compañeras. Es un camino largo, pero ya lo empezamos y estamos juntas.