Vea también: Historia de un despojo: las tierras de la Reforma Agraria que el Ejército arrebató a campesinos

El despojo de sus tierras del que fueron víctimas los asentados de la Hacienda Río Colorado, no fue excepcional. Así lo develan dos estudios sobre el destino que se le dio bajo dictadura a las tierras de la Reforma Agraria, realizados por equipos del Departamento de Derechos Humanos y Estudios Indígenas de la Universidad Arcis (en 2000 y 2004), por encargo del gobierno de Ricardo Lagos.

En base a esos informes y a respuestas obtenidas por Ley de Transparencia, la investigación de CIPER logró identificar 18 predios afectados a la Reforma Agraria y que terminaron en manos del Ejército entre 1975 y 1993 (revisar el listado aquí). Entre ellos, los fundos Río Colorado y San Antonio de Ancoa.  

En total, esos 18 predios llegaron a sumar 234.596 hectáreas, de las cuales el 68% corresponden a la Hacienda Río Colorado. De este total, la institución castrense conserva aún 145.667 hectáreas. Y ello, porque después de recuperada la democracia el Ejército ha ido devolviendo al Ministerio de Bienes Nacionales parte de esos terrenos.

Una de estas “devoluciones” afectó precisamente a otras 66 hectáreas del ex Asentamiento Río Colorado, la que se ejecutó en diciembre de 1987. Pero la operación que hizo el Ejército con esas tierras, no buscaba palear el despojo inicial. Porque solo meses más tarde, en agosto de 1988, las mismas 66 hectáreas fueron vendidas a Chilectra Generación, empresa que apenas siete meses antes (enero de 1988) había culminado su proceso de privatización, iniciado en 1981.

Central El Alfalfal, en el Cajón del Maipo.

La investigación de CIPER no logró precisar el precio de venta de esas 66 hectáreas, pero sí el decreto que contiene el objetivo principal de la “devolución” que hizo el Ejército. Está fechado el 30 de diciembre de 1988 y también lleva la firma del general Pinochet: es el decreto por el cual se le otorga a la empresa eléctrica ya privatizada la concesión definitiva para establecer precisamente en esos mismos terrenos la Central Alfalfal.

En su artículo 1° se lee: “Otórgase a la Compañía Chilena de Generación Eléctrica S.A. concesión definitiva para establecer en la Región Metropolitana, provincia de Cordillera, comuna de San José de Maipo, una central hidráulica productora de energía eléctrica denominada Alfalfal, de una potencia instalada de 140 MW, destinada a optimizar el uso de los recursos hidroeléctricos de la Región Metropolitana. El presupuesto del costo de las obras asciende a US$ 194.863.000”.

Y en su artículo 5: “La totalidad de las obras se ubicarán en terrenos fiscales, pertenecientes a la Hacienda Río Colorado, respecto de los cuales el Ministerio de Bienes Nacionales autorizó su venta, en una parte, y la constitución de servidumbres, en otra, mediante los Decretos Ns. 666 (1987), y 365 (1988), de la citada Secretaría de Estado” (ver decreto publicado en el Diario Oficial el 6 de febrero 1989).

Los derechos de agua para esa central ya habían sido entregados a la empresa sin costo alguno en 1984 y 1985. Así, la compañía eléctrica que fue estatizada en 1970, y entregada a Endesa en dictadura, obtuvo un enorme beneficio para su negocio. Luego de algunas restructuraciones societarias, finalmente esa empresa se transformó en Gener, compañía que hoy impulsa en la misma zona de la Hacienda Río Colorado el polémico proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.

EL EJÉRCITO DUEÑO DE TIERRAS

Del destino que se le ha dado a las 145.667 hectáreas de predios afectados a la Reforma Agraria y que el Ejército aún conserva bajo su dominio, la información no es precisa. Tras una serie de preguntas por Transparencia, desde el Ejército detallan que esas hectáreas son utilizadas con distintos fines: instrucción y entrenamiento del personal de la institución, uso agropecuario, crianza de ganado equino, cultivo de forraje para el autoabastecimiento de la alimentación del ganado y uso agrícola.

En algunos casos parte de estos predios fueron licitados a privados para su uso. Otros, fueron o están en proceso de devolución al Estado.

Según la información entregada por el Ejército para esta investigación, el único terreno de los que se apropió y que luego fue vendido a privados, fue Río Colorado: las 16.700 hectáreas que el Ejército vendió en $430 millones a Cementos Bio Bio y las 66 hectáreas que terminaron en manos de Gener.

Cementos Bío Bío

Hoy, en las tierras en las que se creó el pujante Asentamiento Río Colorado en 1969 aún viven y trabajan varios de los asentados originales y sus hijos. Pero no saben hasta cuándo.La incertidumbre los vuelve a rondar ya que todos esos terrenos, que suman 70.333 hectáreas, están en la recta final del proceso de devolución al Ministerio de Bienes Nacionales en virtud del “Acuerdo de las Actas de Chena IV”.

-Esta devolución es resultado de un proceso de conversaciones entre el Ejército y los ministerios de Bienes Nacionales y de Defensa, con el objeto de avanzar en la entrega de bienes de interés del Fisco, que el Ejército está dispuesto a entregar para una serie de usos de gran importancia para el país y la ciudadanía –explicó a CIPER la entonces ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma.

LOS ESTUDIOS DEL GOBIERNO DE LAGOS

El primer estudio realizado por el equipo de la Universidad Arcis, fue encargado por el Ministerio de Agricultura cuyo titular era Jaime Campos (quien fue ministro de Justicia hasta el pasado 11 de marzo). Después de nueve meses de trabajo, el 17 de noviembre de 2000 los abogados Roberto Celedón, Sergio Fuenzalida, José María Bulnes y Matías Coll entregaron su primer informe.

Allí se condensó el análisis de documentos y 650 testimonios de campesinos de siete regiones del país, sobre cómo y cuándo perdieron las tierras que habían obtenido gracias a la Reforma Agraria. De estos, 221 relatos fueron chequeados con la documentación de la CORA que mantenía el SAG y los registros oficiales de conservadores de Bienes Raíces de regiones. El resultado fue una base estadística sobre los distintos procedimientos utilizados durante la dictadura para apropiarse de las tierras repartidas por la Reforma Agraria.

En ese primer informe se dejó constancia de la necesidad de una nueva investigación que hiciera posible diseñar políticas de reparación. Así nació un segundo convenio del Ministerio de Agricultura de la administración Lagos con la Universidad Arcis: debían dimensionar el universo y situación de los campesinos beneficiados por la Reforma Agraria para tener una idea del número de posibles destinatarios de medidas de reparación y el costo asociado.

Jaime Campos, ex ministro de Justicia

Este segundo estudio fue realizado por los abogados José María Bulnes, Sergio Fuenzalida y el historiador Víctor Toledo Llancaqueo, y contó con el apoyo de los profesionales Juan Vergara, Pelagia Bulnes, Ema Salomé y María José Middleton.

El informe fue entregado al gobierno en ‘2003 («Catastro Nacional de Tierras derivadas  de la Reforma Agraria que no se adjudicaron a los beneficiarios de este proceso o que las perdieron y estudio de la situación socioeconómica de dichos originales beneficiarios”).

Sus conclusiones son lapidarias: 50.277 familias campesinas asignadas con tierras de la Reforma Agraria fueron impedidas de ejercer su derecho de propiedad, tal como establecía la Ley 16.640. Además, 57% de las 41.445 familias que sí fueron asignatarias de tierras terminaron vendiendo sus parcelas: en su mayoría fueron sometidas a situaciones de venta forzada, endeudamientos, fraudes notariales y otras ilegalidades.

Según detalla el informe, entre 1962 y el 11 de septiembre de 1973, el 43% de las tierras agrícolas de Chile (9,3 millones de hectáreas) habían sido incorporadas a la Reforma Agraria a través de expropiaciones llevadas a cabo por la CORA. Solo 1.057.250 hectáreas estaban definitivamente asignadas para campesinos, mientras que el 88% de la superficie reformada se encontraba en proceso transitorio de asentamiento: una situación jurídica inestable. Ese fue el caso del Asentamiento Río Colorado.

La Ley N° 16.640 del presidente Frei Montalva, determinaba que el gobierno tendría de tres a cinco años para asignar el título definitivo de propiedad a los campesinos, plazo que muchas veces se dilató. Mientras tanto, se formarían asentamientos y comités campesinos, donde el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) actuaba a través de cursos de capacitación técnica y alfabetización.

Este carácter transitorio de los asentamientos fue aprovechado por la dictadura para revocar el 27% de las expropiaciones realizadas por los gobiernos de Frei y Allende, devolviendo estas tierras a sus antiguos dueños, bajo la consigna “normalización agraria”.

Otra cantidad importante de tierras reformadas (llamadas “Reservas CORA”), no fueron entregadas a sus antiguos dueños y permanecieron bajo control del Estado, siendo paulatinamente transferidas a organismos públicos y privados. Al Ministerio de Defensa, entre ellos.

La investigación que hizo CIPER en base a los dos estudios encargados por el gobierno de Lagos, permitió profundizar en un acápite que aparecía citado en ellos: la apropiación de grandes predios expropiados por la Ley de Reforma Agraria por el Ministerio de Defensa. Esa apropiación se hizo “haciendo una interpretación abusiva de normas dictadas por ellos mismos”, se lee en uno de los informes.

Para ello se utilizó el artículo 67 de la Ley de Reforma Agraria, que disponía que las tierras adquiridas por la CORA podían ser transferidas cuando se tratara de “terrenos inaptos para el cumplimiento de los fines de la corporación”. En 1975 a esa normativa se le agregó una frase clave: “el Consejo de la CORA calificará qué se entenderá por inaptos”. Fue a través de ese artilugio que vastos terrenos expropiados terminaron en manos del Ejército.

Presidente Eduardo Frei Montalva en Lontué, en junio de 1970 (Fuente: Casa Museo Eduardo Frei Montalva)

La arbitrariedad con que se utilizó la calificación de “inaptos” se hizo evidente en el caso de la Hacienda Río Colorado. Algo similar ocurrió con el Fundo San Antonio de Ancoa, en Linares (Región del Maule).

Ese predio de 13.774 hectáreas, fue transferido al Ejército el 14 de abril de 1987. En el primer informe realizado por el equipo liderado por José María Bulnes el año 2000, se relata: “Hasta hoy los militares les imponen a los campesinos que viven allí una serie de obligaciones inicuas. Estos se ven obligados al pago de un tercio de la producción del carbón que producen, de una décima parte de la producción de ganado y se les impone la obligación de trabajar seis días mensuales de trabajo-hombre por puebla (conjunto de casas donde habitan una o dos familias) en faenas en un bosque de pinos que explota el Ejército en la zona. Como se comprende, los campesinos están en una situación de auténticos siervos de la gleba”.

La situación se tornó aún peor en 2012. Según relata The Clinic, ese año apareció un maderero de la zona que les anunció que había firmado un contrato con el Ejército para explotar forestalmente el predio. Las ya malas condiciones empeoraron. Nuevamente se instaló la incertidumbre sobre la permanencia de las familias en el predio al no existir ningún contrato ni documento que regulara su situación.

Para el Ejército, en cambio, la situación era muy clara. Así respondieron a CIPER cuando se les preguntó a través de la Ley de Transparencia sobre lo que ocurría en el ex asentamiento de Linares:

“En el predio San Antonio de Ancoa, históricamente se ha realizado una tala indiscriminada de bosque nativo por personas que habitan de manera irregular en el lugar, y para normalizarlo, y de acuerdo al marco legal vigente (DFL N° 130 y RL N° 1506), se establecieron contratos de mediería con estos pobladores hasta el año 2009, los cuales no fueron renovados por la negativa de las diferentes familias”.

INFORMES QUE FUERON A UN CAJÓN

Tal como fue solicitado por el gobierno de Lagos, los datos recogidos por los equipos de la Universidad Arcis en 2000 y 2003 fueron utilizados para elaborar una propuesta de reparación a los campesinos afectados.

Dos fueron las medidas principales recomendadas. Recuperar las tierras que estén en manos del Fisco para los destinatarios originales de la Reforma Agraria y garantizar –a través de INDAP– inversiones para crédito y formación técnica, asegurando la productividad de los asignatarios. Se recomendó una inversión total de US$23 mil por jefe de hogar durante cuatro años, estimando que 17 mil familias campesinas estarían “dispuestas a un endeudamiento razonable en el marco de una política de reparación”.

La propuesta no tuvo eco en el gobierno. Uno de los autores del informe, el abogado Sergio Fuenzalida, quien hoy coordina el equipo de Derechos Humanos de la Universidad Central, recordó lo que pasó luego de entregado el informe al entonces ministro de Agricultura, Jaime Campos:

-Hicimos una presentación del informe en data show al ministro Campos. Él no reaccionó, no dijo nada (…). Y yo recordaba perfectamente que antes de esa presentación tuvimos mucho contacto con organizaciones campesinas y en una de esas reuniones estaba el ministro Campos y ellos plantearon el problema de las tierras perdidas de la Reforma Agraria. Recuerdo perfectamente que el ministro les dijo: “pero si encargamos este estudio justamente para buscar una solución” –relató a CIPER Fuenzalida.

Sergio Fuenzalida (Fuente: Universidad Central)

CIPER consultó a Jaime Campos qué pasó con ese informe y por qué no hubo ninguna solución para los campesinos afectados. Campos declinó referirse al tema.

Los abogados Sergio Fuenzalida y Roberto Celedón, recuerdan que la situación respecto a las tierras de Río Colorado transferidas al Ejército fue objeto de una reunión especial con la entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet.

En esa reunión, a la que también asistió el abogado José María Bulnes (ya fallecido), se le planteó a la ministra el problema de los campesinos del ex Asentamiento Río Colorado. Y se le pidió, recuerda Celedón, “que se devolvieran las tierras al Fisco o que una parte pudiese recuperarse para indemnizar a los campesinos. La reunión era para eso: cómo indemnizar a gente que sufrió en los procesos políticos sociales de la época”.

-Le representamos que parte de esas tierras fueron entregadas al señor Hernán Briones, presidente de la Fundación Pinochet. No hubo resultados positivos. No hubo voluntad de las autoridades o del Ejército de devolver las tierras o resolver los problemas concretos que se denunciaron. Las autoridades políticas no tuvieron la capacidad o la fortaleza de imponer un mínimo criterio de justicia –afirma Roberto Celedón.

Y concluye: “En todo aquello que tenía incidencia en las arcas fiscales, nunca hubo una disposición positiva, clara. Y los campesinos de la Reforma Agraria estaban en la mayor marginalidad. Los exonerados políticos estaban organizados, no así los campesinos de la Reforma Agraria, los que fueron atomizados, humillados y quedaron en completo desamparo”.

Hasta hoy miles de campesinos beneficiados por la Reforma Agraria siguen sin derecho a tierras propias.

EL DESTINO DE LOS ASENTADOS DE RÍO COLORADO

Cuando CIPER llegó hasta los terrenos del ex Asentamiento Río Colorado, constató que los campesinos que aún se mantienen allí no tenían idea de que había un acuerdo entre el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ejército para que esas tierras se devolvieran al Estado. Se enteraron por las autoras de esta investigación.

La entonces ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, reconoció: “En ese territorio que va a ser devuelto a la brevedad a nuestro ministerio, efectivamente hay ocupaciones. Según la información disponible, 26 familias son ocupantes históricas y beneficiarias de lo que fue la Reforma Agraria”.

Palma aseguró a CIPER en agosto pasado que iniciaría “un trabajo en el que solicitaremos la colaboración del Ministerio de Agricultura y de todos los organismos que dependen de ese ministerio, para poder establecer con precisión cuáles son las familias que fueron directamente beneficiarias de la Reforma Agraria o bien son herederos de sus padres asentados, para estudiar la factibilidad de otorgar títulos gratuitos de dominio y así, de alguna manera, reparar la injusticia que ocurrió durante la dictadura con aquellas familias”.

Nivia Palma, ex ministra de Bienes Nacionales

La ministra Palma también aseguró que había pedido que en su ministerio se hiciera un estudio que decida la procedencia de declarar Bien Nacional Protegido (BNP) “a la zona de Río Colorado para proteger el patrimonio natural que allí existe. Ello complementaría el terreno de 26.074 hectáreas fiscales ya protegidas como BNP en esa zona”.

Los ex asentados y sus hijos llevan décadas intentando obtener de vuelta las tierras de las que fueron despojados.

Hasta ahora, la única reparación que algunos obtuvieron hace un par de años, fue la entrega de los títulos de dominio de las casas que los propios campesinos habían construido durante el asentamiento.

En marzo de 2017, la Agrupación Asentados y Ganaderos de la Hacienda Río Colorado entregó un legajo de documentos al Ministerio de Bienes Nacionales que acreditaban que el fundo había sido expropiado para fines de la Reforma Agraria y que sus padres habían sido los beneficiados.

Un año después, el martes 27 de febrero pasado, fueron recibidos por primera vez por la aún ministra Nivia Palma. A la cita no llegó el antiguo campesino del asentamiento, Emilio Martínez, a quien los militares dejaron fuera de los contratados cuando se apropiaron del fundo y aun así se quedó en Río Colorado. A sus 76 años Martínez falleció en enero de este año sin haber cumplido su más ansiado sueño: recuperar “su tierra”. En esa cita, Palma les explicó que mediante un decreto que estaba en su última etapa de tramitación, el Ejército había devuelto los terrenos de Río Colorado a su ministerio.

Pero el Ejército aún no ha hecho la entrega material del fundo, ya que los ex asentados todavía deben pedirle autorización para entrar a ciertos sectores y se topan con vigilantes de la institución recorriendo los terrenos.

En esa reunión, la entonces ministra se comprometió a buscar una solución a lo que ellos consideran una deuda histórica con los ex asentados de Río Colorado.

Gerardo Ortega y su familia

-No fue un portazo, escuchó nuestra petición y sentimos que va a hacer algo. Es imposible que lo solucione antes del cambio de mando (11 de marzo), pero entendemos que no es un tema de izquierda ni de derecha, sino de derechos humanos y sociales de personas que fueron despojadas de sus tierras y de todo lo que buscaba la Reforma Agraria- aseguró a CIPER, Sudy Ortega, secretaria de la agrupación.

Pero la incertidumbre es grande, porque recién concretado el cambio de gobierno las promesas y buenas intenciones pueden quedar en nada. Y una vez más terminar sin soluciones.

-El sueño siempre ha sido poder recuperar el fundo, que sea de nuevo nuestro. ¿Por qué el Ejército y Bienes Nacionales no nos devuelven las tierras? ¿O las destina a las agrupaciones que hay aquí? ¿Y si el Ejército entrega el fundo a Bienes Nacionales y lo venden? ¿Adónde vamos a quedar los campesinos? Van a llegar los nuevos dueños y vamos a volver a lo mismo o a algo peor. A lo mejor el nuevo dueño dice “no quiero animales”. ¿Y de qué vamos a vivir nosotros? -se pregunta Gerardo Ortega.

Los temores de Gerardo Ortega son los mismos que se anidan en las casas de los campesinos que aún viven y trabajan en Río Colorado. Porque existe la posibilidad latente de que en este nuevo proceso una vez más terminen dejados de lado y sin derecho a las tierras que el mismo Estado una vez les entregó.