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Transcurridos 47 días desde que el fiscal de Temuco, Luis Arroyo, encendiera la mecha que finalmente incendió el alto mando de Carabineros, al denunciar la existencia de pruebas falsas en la investigación de la “Operación Huracán”, parte del engranaje clave de ese oscuro episodio terminó reconociendo judicialmente que todo fue un montaje.

El principal efecto de esas confesiones judiciales fueron las renuncias que presentaron a sus cargos el general director de Carabineros, Bruno Villalobos y el director de Inteligencia de esa institución, general Gonzalo Blu, tercero en la línea de mando.

Las renuncias de los principales mandos de Carabineros fueron la consecuencia inevitable luego de que el funcionario civil de Inteligencia, Álex Smith, y cuatro efectivos del Laboratorio de Criminalística (Labocar), reconocieran el mecanismo por el cual se falsificaron las pruebas presentadas.

En el desarrollo de la llamada “Operación Huracán” I y II, las huellas de la participación de Blu y Villalobos quedaron estampadas en las reuniones e informes en los que validaron las pruebas que hoy se reconocen como “implantadas”.

Otra de las consecuencias de estas últimas declaraciones judiciales es que ahora el fiscal Carlos Palma, nombrado por el fiscal nacional para investigar las irregularidades cometidas por la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Temuco, acumula bajo su jurisdicción tres causas. Dos de ellas están alojadas en las regiones de La Araucanía y Los Ríos, y la tercera en Iquique.

En las dos primeras las pruebas obtenidas a través de las “herramientas” que la UIOE afirmó que habían sido creadas por Álex Smith, se utilizaron para incriminar a ocho comuneros mapuche. En Iquique, la captura de chats e imágenes a través de esas mismas “herramientas” sirvieron para inculpar a tres cabos de Carabineros en la pérdida de armas.

Casa donde opera la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros en La Araucanía (UIOE)

A pesar de todos los movimientos que hizo la dirección de Carabineros, principalmente su director de Inteligencia, Gonzalo Blu, para acotar los daños tras el desplome de la “Operación Huracán”, finalmente no solo terminó todo el alto mando de la institución cuestionado y contaminado, sino que se abrió un flanco que podría traer graves consecuencias.

Y ello, porque a partir de las confesiones de los integrantes de esa unidad policial, fue quedando al descubierto otra área más secreta de esos mismos equipos. La evidencia de que servidores y discos duros que utilizaba el personal de la UIOE desaparecieron y no pudieron ser incautados, y algunos testimonios de sus integrantes recogidos por CIPER, indican que entre los métodos que utilizaban para capturar información está la interceptación ilegal de teléfonos.

Los antecedentes acumulados tanto en las investigaciones del Ministerio Público, así como en la indagación de CIPER, abren un flanco que podría llevar al nudo ciego que aún no está dilucidado: quiénes y con qué objetivo idearon esta operación de Inteligencia.

SEPTIEMBRE: HURACÁN SALE A LA CALLE

Cuando el 9 de agosto de 2017 el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Aner Padilla, le dio el vamos a la nómina de teléfonos que la unidad de Inteligencia de Carabineros de La Araucanía quería monitorear, jamás imaginó que ese sería el punto de partida del mayor escándalo de Inteligencia de Carabineros desde el retorno de la democracia. Y menos de que con su firma avalaría un montaje.

Porque fue en esa fecha que comienzan a acumularse en el servidor de la UIOE, instalado en calle Pablo Neruda en Temuco, las decenas de chats que supuestamente inculpaban a comuneros mapuche en los más graves atentados en la zona en los últimos meses. Junto a los chats también se alojaron en ese servidor informes sobre otras operaciones de monitoreo a teléfonos y correos electrónicos de personas que también estaban en la mira del equipo de Inteligencia de Carabineros.

Siguiendo al pie de la letra las disposiciones de la Ley de Inteligencia, el equipo que comanda el general Gonzalo Blu no informó a la Fiscalía de Temuco de esas operaciones. Y ello, aunque en los fluidos contactos que entonces existían entre los mandos de la UIOE y los fiscales de esa región, ya se mencionaba que estaban sobre una pista clave que apuntaba a los principales responsables de atentados en la zona.

Camiones quemados en San José de la Mariquina, atentado que formó parte de la «Operación Huracán»

Recién un mes y medio después, el 20 de septiembre de 2017, el general Gonzalo Blu decidió levantar el secreto de la “Operación Huracán” en pleno desarrollo. Fue entonces que en una reunión con el fiscal Arroyo –el favorito de la UIOE para las investigaciones de violencia en la región- le hicieron entrega de un resumen con los principales hallazgos de esa operación. El “Informe 130” firmado por Blu y que haría historia, tuvo allí su bautizo.

Inteligencia de Carabineros puso ese día sobre la mesa un dato adicional clave que obligaba a la Fiscalía a tomar decisiones inmediatas. Las comunicaciones capturadas por la UIOE indicaban que esa misma semana los ocho cabecillas mapuche identificados tenían programadas otras quemas masivas de camiones en las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

La Fiscalía no tardó mucho en decidir que se debía ordenar de forma inmediata la detención de los ocho comuneros identificados. La indagatoria de CIPER indica que, en ese momento, nadie dudó de la veracidad de la información entregada por Carabineros, y avalada con la firma del general Blu.

El 23 de septiembre de 2017 se desarrolló la “Operación Huracán”, con allanamientos y detenciones simultáneas en las regiones de La Araucanía, Biobio y Los Ríos. En poder del equipo de la UIOE quedaron celulares, pendrives y discos duros encontrados en esos operativos.

Con los ocho comuneros ya en prisión preventiva –Héctor y Ernesto Llaitul, Rodrigo y Jaime Huenchullán, Martín Curiche, Fidel Tranamil, David Aedo y Claudio Leiva-, y con los supuestos chats siendo exhibidos en El Mercurio y en Canal 13, personal de Labocar inició las pericias a los celulares de los acusados. Estas comenzaron a realizarse en las oficinas de Labocar de Temuco, la noche del 23 de septiembre de 2017.

La indagación de CIPER arroja que a las 21:08 de ese mismo día el capitán Leonardo Osses, el tercero al mando de la UIOE,envió un correo electrónico a Álex Smith. En ese correo iba adjunto un archivo de texto llamado “Llaitul.txt”, el que contenía las mismas conversaciones que después aparecerían en un celular marca Lenovo de Héctor Llaitul, ahora con el nombre “Text.txt” (ver reportaje de CIPER).

HUELLAS QUE DELATAN

Tendrían que transcurrir seis meses para que emergiera la hebra que llevaría al origen de ese supuesto chat. Y lo hizo un peritaje de la Policía de Investigaciones (PDI), el que estableció que a las 4:32 de la madrugada del 24 de septiembre el celular de Héctor Llaintul fue conectado a internet a través de un modem Huawei.

El hallazgo sorprendió a los peritos de la PDI. Porque las normas que rigen la cadena de custodia de los celulares incautados, indican que los equipos deben estar en “modo avión”, y no pueden ser conectados a internet, incluso cuando son sometidos a peritaje, para evitar que ingresen datos que modifiquen la información alojada en el teléfono.

Utilizando ese acceso a internet, desde el celular de Llaitul alguien ingresó a Gmail y 25 minutos después apareció en ese celular el archivo Text.txt que inculpaba al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Ese archivo tenía el mismo contenido del que le envió Osses a Smith pocas horas antes.

Héctor Llaitul, líder de la CAM

El hallazgo de esa conexión a internet del celular de Héctor Llaitul en la madrugada del 24 de septiembre fue determinante para lo que vendría más tarde.

Debieron trascurrir siete meses y muchos titulares sobre la “Operación Huracán” antes de que los cuatro funcionarios de Labocar de Temuco que hacían los peritajes de los celulares incautados a los comuneros mapuche, confesaran.

El 5 de marzo pasado, los efectivos Marvín Marín, Darwin Vásquez, Manuel Riquelme y Marcos Sanhueza declararon ante el fiscal Carlos Palma. Los cuatro apuntaron al capitán Leonardo Osses como el dueño del modem Huawei utilizado para conectar a internet al celular de Llaitul la madrugada del 24 de septiembre de 2017.

“DÍAS DE GLORIA”

Pero en esos días de septiembre de 2017 el personal de la UIOE vivía, según sus mismos relatos, “días de gloria”. A ninguno de ellos se le pasaba por la mente que se cuestionarían ni sus pruebas ni sus “herramientas”.

Por ello, a nadie le pareció extraño que el mayor Patricio Marín Lazo, segundo al mando de la UIOE, recibiera esa misma madrugada del 24 de septiembre una llamada desde Santiago en la que le ordenaron trasladar los celulares desde las oficinas de Labocar hasta las dependencias de la UIOE en Temuco. “Por seguridad”, le dijeron. Así lo confirmaron a CIPER testigos de lo que ocurrió esa madrugada.

Dos días después, el 26 de septiembre, los equipos telefónicos ya estaban en la oficina de la UIOE. En esas dependencias permanecieron durante 32 días, resguardados en una sala que por las noches quedaba bajo llave.

Los cuatro funcionarios de Labocar también coincidieron en sus declaraciones en el sumario interno y ante el fiscal Palma: el único que tenía las llaves de esa sala era el capitán Leonardo Osses.

Leonardo Osses, capitán (r) de Carabineros

Es muy probable que la misma fórmula que se utilizó para implantar archivos inculpatorios al celular de Llaitul, se usara con los equipos de los otros comuneros. Porque en el celular marca Alcatel de Claudio Leiva, apareció un archivo txt que registra como fecha de creación el 28 de septiembre de 2017 a las 15:02. La pericia de la PDI arrojó que ese mismo día ese celular fue conectado a internet, para descargar el programa Root kit, el que permite, en teoría, acceder a Whatsapp.

Recién el 25 de octubre los celulares salieron de la UIOE y fueron entregados al Ministerio Público. Para entonces el clima en la Fiscalía de Temuco había cambiado. Había crispación. Ya en septiembre la UIOE denunció que una funcionaria de la Fiscalía filtraba información de las pesquisas a la CAM. El celular de la funcionaria venía siendo intervenido desde hacía semanas. La sospecha de que los celulares de todos los fiscales estaban intervenidos se instaló.

A ello se agregó que desde fines de septiembre la Fiscalía venía pidiendo a la UIOE los informes periciales de los celulares de los comuneros. Primero les dijeron que los tendrían, máximo, en una semana. Pero las semanas pasaban, y no había respuesta.

Los informes llegaron un mes después, junto con los equipos telefónicos. Ya era tarde. Porque el escándalo se iniciaba. El 19 de octubre los ocho comuneros fueron dejados en libertad por la Sala Penal de la Corte Suprema que acogió un recurso de amparo. El dictamen estableció que la resolución de la jueza Luz Arancibia (de Temuco) que dispuso su prisión preventiva, carecía de la fundamentación exigida por la ley.

Los comuneros denunciaron la existencia de un montaje. No hubo mayor eco. Pero en completo secreto, se iniciaban movimientos tanto en Inteligencia de Carabineros como en la Fiscalía de Temuco.

Un mes y medio después, el 11 de diciembre de 2017, la Fiscalía le solicitó a la Uldecco (organismo interno del Ministerio Público) que sometiera a un nuevo peritaje los celulares de los comuneros. Fue el inicio del descalabro. Faltaba aún que ocurrieran otros hechos, para que estallara el escándalo.

LA MUJER EQUIVOCADA

El ambiente estaba tenso. Al tiempo que la Fiscalía pide un segundo peritaje a los celulares, prescindiendo de Labocar, la Dirección de Inteligencia de Carabineros ofició su denuncia de filtración desde la Fiscalía de Temuco y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) hacia la CAM. Fue allí que surgió el nombre de la acusada: el “Informe 202” individualizó a la abogada Mónica Palma, asistente del fiscal Luis Arroyo. El informe decía que tenía una relación amorosa con su jefe.

Hay dos versiones de la entrega de ese informe. Fuentes de la UIOE señalaron a CIPER que se entregó el 11 de diciembre al fiscal nacional, Jorge Abbott. El mismo día que la Fiscalía solicitaba pericias adicionales a la Uldecco. En la Fiscalía dicen que el “Informe 202” fue recibido recién el 22 de diciembre.

Fiscal Luis Arroyo

Como sea, es allí donde se quiebra la relación entre la UIOE y la Fiscalía de Temuco. La indagación de CIPER arroja que no había pruebas sobre las supuestas filtraciones desde la ANI a la CAM, ni existía un romance entre Arroyo y su asistente. Sí hubo un lío de faldas y pantalones entre oficiales de la UIOE y fiscales y que tuvo su punto álgido en diciembre de 2017, lo que llevó a que funcionarios de ambas instituciones se quitaran hasta el saludo. Pero en esa historia no tuvo nada que ver la abogada Mónica Palma.

Lo importante vendría con nuevos peritajes. La supuesta cita amorosa entre el fiscal Arroyo y Mónica Palma, capturada por la intervención de celulares, era inexistente: ese día Arroyo estaba fuera de Chile. Y la dirección IP desde donde se habría intentado hackear celulares de policías y fiscales, y que se afirmaba que correspondía a la sede de la ANI, pertenecía a una oficina del Ministerio del Interior. Nada calzaba. La desconfianza crecía.

UIOE: DEL CIELO AL INFIERNO

Mientras en la Fiscalía no terminaban de convencerse de la falsedad de las pruebas contra los comuneros, en la oficina de la UIOE saboreaban el triunfo. “Estábamos en la gloria”, señaló a CIPER uno de sus integrantes.

A fines de 2017 el jefe de la UIOE, Marcelo Teuber, había sido ascendido de coronel a general, pasando a liderar la Zona Araucanía Control Orden Público. Al mayor Patricio Marín Lazo la vida le sonreía: había asumido la jefatura de la unidad de Inteligencia, y caminaba como general por los pasillos de la casa ubicada en calle Pablo Neruda. Su autoridad había sido reforzada luego de que el propio general Gonzalo Blu advirtiera al personal bajo su mando que el que desobedeciera las órdenes de Marín Lazo lo pagaría caro.

Marcelo Teuber, general (r) de Carabineros

Para mostrar la eficacia de la UIOE, desde Santiago les ordenaron trabajar en otras causas. Fue así como el capitán Leonardo Osses y Álex Smith desembarcaron en Iquique el 27 de noviembre de 2017. Debían utilizar las “herramientas” (“Antorcha” y “Tubicación”, para interceptar chats y geolocalizar celulares, ambas inexistentes) creadas por Smith para colaborar en la investigación sobre la pérdida de 28 armas desde la Primera Comisaría de esa ciudad.

Osses y Smith tuvieron en su poder los equipos telefónicos de los cabos acusados y según dijeron extrajeron la información que luego vaciaron en un disco duro. Y regresaron a Temuco. Fue allí donde entregaron el mismo disco duro a Labocar para que sus efectivos hicieran el informe del peritaje.

Tres meses después, esa operación también se vino abajo. El 2 de marzo pasado Álex Smith dio su primer paso de colaboración efectiva con la justicia: ante el fiscal militar de Iquique, Jaime Arriagada, declaró que cuatro imágenes de armas habían sido implantadas en los celulares de los cabos acusados.

Los efectivos de Labocar habían firmado un informe que inculpaba a los cabos de Iquique sin nunca haber accedido a sus equipos telefónicos.

“TUBICACIÓN” NUNCA EXISTIÓ

En la Región de Los Ríos se desarrollaba otra de las causas en la que trabajó la UIOE. El incendio de 28 camiones de la empresa Sotraser (del holding Bethia) en la madrugada del 28 de agosto de 2017, en San José de la Mariquina, pasó a denominarse “Operación Huracán II”.

El 4 de octubre de 2017 la Dirección de Inteligencia de Carabineros liberó los peritajes que identificaron a los responsables de esa quema de camiones. El informe lo recibió el fiscal Juan Agustín Meléndez, quién de inmediato halló inconsistencias. Esta vez nadie fue detenido.

Utilizando “Tubicación”, el segundo software creado por Álex Smith, la UIOE afirmó en su informe haber determinado la presencia de dos personas en el lugar del atentado, a la misma hora en que este se produjo. El problema: a esa misma hora, uno de los acusados, Patricio Antiago, era controlado por Carabineros ya que cumplía medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

La indagatoria de CIPER indica que el software “Tubicación” no existe. Fue un nombre que inventó Álex Smith para el simple cruce de una aplicación disponible en internet, que supuestamente permitía obtener información desde routers que comparten señales wifi, con el sistema de control de antenas que maneja Carabineros (identifica a qué antena se conectó un celular para hacer llamados o utilizar internet). El segundo sistema es el único que funciona, pero es impreciso.

Patricio Marín Lazo, mayor (r) de Carabineros

Lo confirma la fundamentación que hizo el fiscal de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, al formalizar a Álex Smith por falsificación de instrumento público y obstrucción a la justicia: “Este software no estuvo alojado en el sitio web (Tubicación.cl), y tampoco se encontró en los computadores de las unidades policiales donde se desempeñaban los imputados, porque nunca existió”.

Mientras el informe de ese falso peritaje sobre el incendio de los camiones de Sotraser era redactado por efectivos de Labocar, en la UIOE trabajaban en su siguiente gran golpe: la “Operación Andes”.

Tal como publicó CIPER (ver reportaje), en este segundo capítulo de la “Operación Huracán”, se culparía a Héctor Llaitul de tener contacto con ex miristas para traficar armas desde Argentina, las que luego serían entregadas a distintas organizaciones mapuche.

La información de esa operación fue entregada por la UIOE al fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, quien según La Tercera tenía a su cargo desde 2012 una investigación por lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Moya solicitó probar los software “Antorcha” y “Tubicación”, antes de tomar medidas. A Rancagua viajaron Álex Smith, el capitán Leonardo Osses y otros funcionarios de la UIOE para demostrarle la efectividad de las “herramientas”. No lo lograron.

DECLARACIÓN DE GUERRA

La prueba en Rancagua la hizo Osses y su equipo en la segunda quincena de enero. Solo días antes de que el fiscal Luis Arroyo presentara una querella contra quienes resulten responsables por falsificación de instrumento público, denuncia calumniosa, obstrucción a la investigación, violación de reserva y a la Ley de Inteligencia.

En esa querella, presentada el 25 de enero, Arroyo afirmó que los chats que la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) aseguró que intercambió con Mónica Palma, son falsos, y acusó la existencia de un “montaje”.

Fue el comienzo del fin. Porque el Ministerio Público, convencido a esas alturas de que también eran falsas las pruebas que entregó Carabineros para inculpar a comuneros mapuche, ese mismo 25 de enero anunció el cierre de la investigación contra los comuneros. La última decisión que adoptó ese mismo día la Fiscalía, sería leída en la dirección de Carabineros como una declaración de guerra: ordenó el allanamiento de las dependencias de la UIOE en Temuco.

Hubo nuevos errores de la cúpula de la policía. Porque el 26 de enero, cuando la Fiscalía y la PDI intentaron allanar la sede de la UIOE, Carabineros rodeó la casa de la unidad de Inteligencia de Temuco con un contingente armado para la guerra: fuerzas especiales, buses y carros lanza gases. Fue un “ejercicio de enlace”, acusó el fiscal nacional, Jorge Abbott.

Hubo llamadas de alerta roja entre Santiago y Temuco. Al inédito enfrentamiento entre el Ministerio Público y Carabineros siguieron otros dos hechos que dieron cuenta de que la “Operación Huracán” se había salido de control: el general Gonzalo Blu acusó al Ministerio Publico de “amparar a quienes se han dedicado a causar el miedo en regiones del sur”, un gesto claramente deliberante; y el Ministerio del Interior lo apoyó.

Allanamiento a la sede de la UIOE en Temuco

Cuando finalmente el allanamiento pudo ejecutarse, los efectivos de la PDI se encontraron con una sorpresa. En el segundo piso, en un rincón, había un lugar habilitado para tres torres de computadores (las que también sirven para alojar un servidor), pero solo había dos torres. En el piso estaban las marcas que evidenciaban que allí había estado hasta muy poco antes un tercer aparato. También había cables sueltos. Minutos después, en una bodega del mismo segundo piso, apareció una tercera torre tapada con un género. A esa torre le había sido extraído su disco duro.

CIPER pudo establecer que la información más delicada que manejaba la UIOE de sus pesquisas se alojaba en un servidor que funcionaba al interior de la casa ubicada en la calle Pablo Neruda, en Temuco. Pero también la guardaban sus jefes en los notebooks personales con los que se desplazaban.

Un episodio que ha pasado inadvertido cobra ahora importancia. El día del allanamiento a la sede de la UIOE, estuvieron ausentes al menos dos de sus 48 integrantes (ver aquí nómina): el capitán Leonardo Osses y Álex Smith. Ambos estaban en Santiago de paso, de regreso de su presentación fallida ante el fiscal Moya de Rancagua. Y tanto Osses como Smith tenían consigo sus notebooks personales.

Testimonios recogidos por CIPER entre los miembros de la UIOE señalaron que entre la información alojada en el servidor y en los notebooks personales de los jefes de la unidad, había otro tipo de archivos. Estos tenían relación con personas sin vínculos con comunidades mapuche y que estaban siendo monitoreadas en sus comunicaciones telefónicas de manera ilegal.

Esos testimonios fueron corroborados por CIPER: entre los archivos relativos a la “Operación Huracán” encontramos otros, que también se guardaban en los servidores de la UIOE, donde estaba el monitoreo a celulares y correos electrónicos de periodistas (ver reportaje de CIPER).

Los mismos testimonios recogidos en la UIOE señalaron que esas interceptaciones ilegales eran posibles gracias a los excelentes contactos que los jefes de Inteligencia de Carabineros mantienen con los encargados de seguridad de algunas compañías telefónicas que operan en Chile. Entre ellos, hay ex oficiales de Carabineros, y son los que reciben los requerimientos de interceptaciones telefónicas legales, una vez que el juez da la luz verde.

CIPER intentó obtener de todas las compañías -Entel, Claro, Movistar y Wom- el nombre de sus jefes o encargados de Seguridad. La única que entregó sin dilación la información, fue Wom: “El director de Regulación y Asuntos Corporativos, el abogado Felipe Simonsohn, es el encargado de responder los requerimientos por interceptaciones telefónicas desde el Ministerio Público”. Las otras compañías se negaron aduciendo que la información era confidencial por “razones de seguridad”.

En medio de la explosión que hoy remece a los efectivos de Inteligencia de Carabineros, al menos una planilla de unas seis páginas con nombres de personas cuyos teléfonos están intervenidos, fue rescatada desde los archivos de la UIOE.

La última operación, la que ordenó que se bloqueara el allanamiento a la UIOE de Temuco, y luego el rescate de los servidores y notebooks personales, que contenían la información más sensible de lo que hacía esa unidad de Inteligencia, salió de Santiago y desde el más alto nivel. Después de las renuncias de los generales Villalobos y Blu el control de daños aún no termina. Hay demasiada información suelta.