Las AFP en su punto crítico: los límites posibles de la gran batalla que se viene

Cuando en la noche del 19 de noviembre el recuento de votos arrojó que el Frente Amplio (FA) obtenía el 20% de los votos y Sebastián Piñera no pasaría el 37%, la sorpresa y la incertidumbre coparon el escenario. El resultado dejaba abierto el balotaje entre Piñera y Alejandro Guillier, quien con su 22,7% debía salir de inmediato a conquistar el voto del FA. A las pocas horas la pregunta sobre qué destino le daría a las AFP el candidato oficialista, emergió como factor clave en la batalla presidencial.

El remezón se sintió no solo en los partidos, también en el mercado. La baja de la bolsa fue uno de los indicadores que midieron la temperatura del empresariado. Dos preguntas irrumpieron de lleno en el entorno de Guillier, en la perspectiva de un acuerdo que satisficiera las demandas centrales del programa del FA: ¿cómo resolverá la exigencia firmada por un millón de ciudadanos de NO+AFP y la condonación a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE)?

Las posibles respuestas han remecido el piso de la industria de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Por primera vez, las seis empresas que integran el sistema, enfrentan la posibilidad real de que el status quo que ha permitido su mantención y desarrollo pueda romperse. Algo que parecía imposible desde el retorno a la democracia.

Lo que asusta a este sector nacido con la reforma previsional de 1981, son las propuestas de terminar con el modelo. Las banderas enarboladas por el FA están basadas en el proyecto de la Coordinadora NO+AFP, una organización que emergió en julio de 2016 con protestas masivas y una declarada misión de terminar con la industria. Las bajas pensiones que reciben los jubilados fueron el principal sustento  de sus ataques a las AFP. La alta adhesión a su proclama –llegó a tener un millón de suscriptores- obligó a todos los candidatos que participaron en estas elecciones a plantear algún tipo de mejora al sistema. Mientras, las AFP o guardaban silencio o proponían ajustes que no modificaran su esencia.

La propuesta de Sebastián Piñera, lejos de alterar la estructura del sistema, implica aumentar los ingresos del negocio: propuso fortalecer el pilar solidario y que los empleadores aportaran un 4% adicional al ahorro previsional de las cuentas de sus trabajadores.

En la otra vereda, el programa del FA, liderado por Beatriz Sánchez, ha planteado un sistema de ahorro colectivo que relega a las AFP a la gestión de los aportes voluntarios (como el APV).

Lo que está en juego ahora es cuánta participación del sector privado en la seguridad social están dispuestos a aceptar -o conceder- los grupos en pugna.

El sistema de pensiones basado en la capitalización individual es una de las políticas más representativas del modelo económico introducido por la dictadura. Chile fue pionero en privatizar su seguridad social y varios países -ninguno desarrollado- lo imitaron, pero después volvieron a sus sistemas de reparto o transitaron hacia esquemas mixtos, como ocurrió en Ecuador o Polonia.

Gracias al trato favorable de los sucesivos gobiernos democráticos, los partidos de derecha y los medios de comunicación, solo en Chile el sistema sigue en pie intacto. Con una variante: la reforma de 2008 -creada por Michelle Bachelet- introdujo un pilar solidario en que el Estado se hace cargo de quienes no alcanzan a reunir los fondos para solventar una pensión mínima ($105.354), pero exige a sus beneficiarios demostrar que son parte del 60% de las familias más pobres del país. El presupuesto para financiar estas pensiones en 2017 fue de US$1.681 millones.

Cada mes, el sistema se alimenta con US$810 millones provenientes de los aportes correspondientes al 10% del sueldo bruto que toda la fuerza laboral con contrato debe realizar obligatoriamente; además del 1,41% del sueldo bruto destinado a financiar el seguro de invalidez y sobrevivencia y la comisión -de 1,2% del sueldo bruto- que hay que pagarle a las AFP para que pongan ese dinero a rentar en el mercado. En total, cada aportante debe entregar el 12,34% de su ingreso mensual para sustentar una pensión.

El capital acumulado en las Administradoras de Fondos de Pensiones alcanza ya a US$203.013 millones. Ese enorme flujo ha permitido crear uno de los sistemas financieros más desarrollados de América Latina: las AFP manejan nada menos que el equivalente a tres cuartas partes del PIB nacional y financian a las grandes empresas nacionales y extranjeras, parte importante de los créditos hipotecarios locales, las concesiones de obras públicas y se aprestan ahora para invertir en el mercado inmobiliario de oficinas y en instrumentos de sofisticada ingeniería financiera.

-En este país no se hace ningún gran negocio sin el concurso de los fondos de pensiones. Por ejemplo, las AFP han participado de todas las aperturas a bolsa de las últimas dos décadas –dijo el gerente general de una importante corredora de bolsa a CIPER.

Fondos administrados por las AFP (Fuente: Superintendencia de Pensiones)

Su poder en el mercado ha hecho que cualquier movimiento brusco en sus inversiones pueda afectar los precios de los activos. Como ocurrió cuando la Coordinadora No+AFP llamó en agosto de 2016 a cambiarse al fondo E, y el dólar se mantuvo a la baja, pese a que todas las variables (o “fundamentales” como dicen los economistas) indicaban que debía subir. La caída de la divisa se debió a que las AFP tuvieron que repatriar inversiones para poder comprar depósitos a plazo y bonos en pesos. En julio de este año, la gerenta de la División de Política Financiera del Banco Central y ex superintendenta de pensiones, Solange Berstein, alertó sobre los impactos en el mercado financiero que estaban teniendo los cambios masivos de fondos.

Las AFP son un jugador tan clave que -por lo mismo- en sus primeros años todos los grandes grupos económicos nacionales tuvieron una de estas empresas en su portafolio. Aquí, como en otros sectores de la economía, la concentración hizo lo suyo: si al inicio del sistema había 12 operadores, en 1994 la cifra saltó a 21, pero tras sucesivas fusiones, hoy solo quedan seis.

Esa acelerada concentración de la propiedad de las AFP, así como el suculento monto de ahorro acumulado que gestionan, indican que el negocio es muy rentable: sólo entre 2006 y 2015, su rentabilidad sobre patrimonio (ROE) fue de 25,4%, de acuerdo a un estudio realizado por el académico Fernando López de la Universidad Alberto Hurtado. Según estadísticas de la Superintendencia de Pensiones si se miden los últimos diez años, este indicador promedia el 15,1%.

En solo dos décadas el valor de las AFP ha subido como la espuma. En 1999, el banco español BBVA pagó US$676,4 millones por Provida, la misma AFP que en 2013 fue vendida a la estadounidense Metlife en US$2.615 millones. Ese mismo año (2013), el Grupo Penta vendió a Principal su AFP Cuprum en US$1.510 millones, la misma que en 1998 había valorizado en US$442 millones.

Al 30 de septiembre de este año, las seis administradoras que quedan –Provida, Habitat, Cuprum, Capital, Planvital y Modelo– registraron utilidades por $277 mil millones (unos US$435 millones), según sus estados de resultados.

MEDIDAS POST 17-D

A la espera del resultado de las elecciones de este 17 de diciembre y de lo que el nuevo Presidente hará a partir de marzo de 2018, las AFP han fijado su apuesta en el Congreso. Allí se tramitan tres proyectos que modifican levemente el actual sistema. Y si en agosto de este año, el presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, decía que esa reforma del gobierno no iba “por el camino correcto” ni era “buena”, ahora constituye el mejor de los mundos. El cambio en las expectativas ha sido dramático.

Las iniciativas del gobierno consideran elevar la cotización en 5 puntos porcentuales, con aportes del empleador de manera gradual en seis años, más la creación de un nuevo Consejo de Ahorro Colectivo (CAC) público que administrará esos recursos y nuevas normas para el funcionamiento de las AFP.

Para conocer qué pensaba el diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric, sobre esos proyectos, el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, viajó a Valparaíso el 11 de octubre pasado. Durante 30 minutos en la cafetería del Congreso ambos hablaron de las pensiones.

-Ellos querían entender mejor cuál era nuestra postura  y nosotros le manifestamos de manera muy explícita y abierta no solo la mala opinión que tenemos de la industria, sino que también nuestra convicción de que había que terminar con las AFP -explicó el parlamentario a CIPER.

Terminar con las AFP no está en el horizonte de Sebastián Piñera. Si antes de la primera vuelta de la elección presidencial, el ex mandatario consideraba solo aumentar el pilar solidario y rebajar a 4% el aporte patronal; el jueves 30 de noviembre añadió que legislará para aumentar la competencia entre las AFP, permitiendo el ingreso de nuevos actores, como las cajas de compensación o compañías de seguros, para que los chilenos tengan más opciones. “Lo que la gente quiere, merece y necesita son mejores pensiones, porque las que tenemos hoy día son muy bajas, a veces miserables (…) lo que sí podemos hacer es mejorar abriendo la industria de Administradoras de Fondos de Pensiones que hoy día está controlada solo por cuatro o cinco AFP”, dijo en Tele13 Radio.

La declaración de Piñera agregó una nueva cuota de incertidumbre para la industria de las AFP, una que se ha ido profundizando a medida que la presión del Frente Amplio sobre Alejandro Guillier se acentúa. De poco sirvió que el propio Guillier saliera a poner paños fríos el mismo jueves 30, cuando zanjó que, en la eventualidad de llegar a La Moneda, no acabaría de un plumazo con el sistema, sino que promovería un plebiscito para que la ciudadanía decida la fórmula de reemplazo.

Los dichos del candidato no borraron lo escrito en su propio programa: considera un reemplazo gradual y de largo plazo para las AFP, manteniendo la capitalización individual y la gestión privada de los recursos. Un ancho espacio por donde presiona el Frente Amplio para que se adopten sus propuestas.

Claudia Sanhueza, economista del Frente Amplio

-No se trata solo de la institucionalidad. Lo que nosotros proponemos es la creación de un sistema de seguridad social que funcione con otras reglas, no solo con AFP, sino que también con solidaridad, con financiamiento tripartito (individual, estatal y patronal), con garantías, además de ser sostenible financieramente. La propuesta de cambiar a un privado por otro o por una AFP estatal, no sirve, porque para la gran mayoría de los chilenos el sistema de capitalización individual hoy no soluciona el problema de las pensiones. Una AFP estatal podría levemente mejorarlas, porque sería un entidad sin fines de lucro; pero de todas maneras eso no garantiza mejores jubilaciones –explicó a CIPER Claudia Sanhueza, la economista del Frente Amplio que trabajó la propuesta previsional del bloque.

Los temores de la industria de las AFP a los nuevos adherentes que vaya sumando la propuesta del Frente Amplio en este enclave electoral, tuvieron eco el 5 de diciembre. Ese día, al presentar a los nuevos diputados de su partido y los compromisos que asumirán en el Congreso a partir del período que se inicia el 11 de marzo, la diputada comunista Camila Vallejo reiteró la decisión de su colectividad de terminar con las AFP, “para crear un nuevo sistema previsional que garantice seguridad social”.

La indagación de CIPER indica que en este nuevo escenario la industria de las AFP no se ha limitado a la observación. Fuentes del sector confirmaron a CIPER que se encuentran trabajando en varias propuestas de mejoras al sistema, asumiendo -entre otras- algunas de las medidas que planteaba la ex abanderada de la DC, Carolina Goic. Y están tomando nota de los anuncios de Piñera y sobre todo de Guillier y quienes lo respaldan.

-La línea roja dejó de serlo: se corrió. Ya no basta con incrementar el Pilar Solidario -grafica el director de una administradora de fondos.

Aparte de la ya conocida idea de no cobrar comisión en caso de que los fondos pierdan plata, las AFP están analizando apoyar la iniciativa de permitir que antes de jubilar o en caso de enfermedad grave, los trabajadores pueda retirar parte de sus ahorros para ejercer su legítimo derecho a la propiedad. Así ocurrió con la reforma en Perú donde se permitió girar hasta el 95% de los fondos acumulados, especialmente para la compra de viviendas.

También la industria tiene en estudio abrir espacios para que los afiliados se incorporen a los comités de inversiones y proponer una reforma legal para que las AFP puedan ser más activas en la construcción de las pensiones. Entre las ideas sobre la mesa está el que se les permita “premiar” a los afiliados que completen largos períodos de cotizaciones con aportes extras, regalar libretas de ahorro con un saldo que podrá crecer junto a los hijos, ofrecer convenios de diverso tipo y añadir seguros en caso de sobrevida.

Otro alto ejecutivo de las AFP señaló a CIPER que uno de los factores “positivos” de la industria en este momento crítico, es que la casi totalidad de la propiedad de las AFP está en manos extranjeras. Y ello, porque sus ejecutivos tienen menos sesgos ideológicos y están conscientes del problema de legitimidad que afecta a todo el sistema.

Andrés Santa Cruz, presidente de la Asociación de AFP

El mayor problema que visualizan es la dificultad de que las comisiones  puedan bajar más allá del 0,41% que hoy cobra Planvital, la más barata. Aunque sus estudios les indican que si se centralizan varias actividades “administrativas”, como cobro de cotizaciones y pago de pensiones, se puede abrir un espacio para avanzar a una mayor reducción de costos.

Si las propuestas que prepara la Asociación de AFP son aprobadas por todos los miembros de este poderoso gremio, las medidas serían anunciadas después del 17 de diciembre, para no enredar la discusión. Aunque lo que prima es la certeza de que todo lo que hoy digan puede ser usado “en su contra”. Por lo mismo, los directivos del sector han optado por el silencio. Incluso, se comenta que hubo una solicitud expresa al presidente del gremio, Andrés Santa Cruz, de que se mantenga lejos del debate.

LOS LÍMITES DE GUILLIER

“Lo que le voy a pedir al gobierno es que amplíe la discusión de los proyectos de transformaciones importantes, porque hemos captado claramente que la ciudadanía quiere participar en la toma de decisiones. Eso les puede dar mucha mayor legitimidad a las transformaciones”, dijo Guillier el jueves 30 de noviembre. Consciente de que en el primer lugar de la tabla estaban los tres proyectos de reforma a las AFP, el candidato oficialista precisó que le pediría al gobierno que le quitara la suma urgencia que le puso a su discusión en el Congreso (29 de noviembre), lo cual se hizo.

La vocera de gobierno, Paula Narváez, aseguró que esos cambios se seguirán tramitando. Una decisión que el ala más moderada del entorno de Guillier valoró profundamente. El aumento en la cotización (5% pagado por el empleador), sumado a un fondo solidario y al consejo que velará por las buenas inversiones de esos activos, permitirían hacer un tránsito sin grandes sobresaltos hacia el objetivo final de reemplazar a las AFP. El reemplazo –que algunos plantean no sería posible antes de seis años-  permitirá que sean los propios trabajadores los que decidan qué institución administrará sus ahorros para la vejez: si un privado -que podrían ser las mismas AFP actuales, con nuevas condiciones- o un ente estatal.

Alejandro Guillier sabe que, de resultar electo, el camino no será fácil. Por lo mismo, se ha cuidado de hacer dos observaciones para tranquilizar a su electorado más moderado y al mercado: la gradualidad y la mantención de la capitalización individual. Desde su comando afirman que es imposible romper de un día para otro con el sistema.

Si el traspaso de los ahorros se hace rápidamente, los fondos quedarían expuestos a una baja importante, ya que los recursos de los trabajadores están invertidos en instrumentos financieros que deben ser vendidos en el mercado para convertirlos en dinero efectivo. Si esa conversión se hace de golpe, podría afectar severamente los valores de los activos y al mercado en general, ya que habría mucha oferta de papeles y poca demanda. Un tsunami.

A ello se suma la barrera del quórum necesario para hacer cambios a leyes con rango constitucional. Para cambiar el sistema previsional se necesitan los votos de tres quintas partes del Congreso -26 senadores y 93 diputados- que asumirá en marzo. Y el quórum no alcanza aún si se suman los parlamentarios de los partidos que apoyan a Guillier a los del FA. Y aunque el Congreso que asumirá en marzo es muy diferente del actual, los quórum siguen siendo un  cinturón de castidad.

A ese gran obstáculo hay que añadir la más que segura impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC), además de las batallas judiciales que puedan emprender algunos cotizantes. En la Constitución de 1980 la dictadura dejó bien amarrado el sistema: reconoce como personales e inembargables los fondos de pensiones. Ya existe jurisprudencia en el TC con varios casos donde se ha rechazado embargar los fondos para el pago de pensiones familiares. En otro fallo (2004) la UDI objetó que fuera un sistema electrónico (Scomp) y no la persona quien definiera dónde debía pensionarse un afiliado en edad de jubilar. La argumentación del TC fue que el cotizante es dueño de sus aportes a todo evento. Y que ningún precepto legal o decisión administrativa puede privarlo de la facultad de disponer de lo que es suyo.

En ese sentido, la experiencia de Argentina, que en 2008 acabó de golpe con las allá llamadas AFJP cobra relevancia. Hasta ahora se tramitan juicios de afiliados por la expropiación de sus fondos y a mediados de agosto, el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, acogió una demanda de la aseguradora estadounidense Metlife que controlaba MetAFJP. La entonces líder del mercado argentino, asegura que la decisión del gobierno le provocó un “estimado de pérdidas de cientos de millones de dólares”. En Chile, Metlife controla Provida, la mayor AFP del sistema.

Actualmente, Chile mantiene Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones (APPIs) con otras 36 economías, los que obligan a tratar y proteger bajo altos estándares las inversiones de empresas extranjeras. Estos convenios también están amparados por la Constitución y además por la Convención de Viena, que establece que una nación no podrá invocar normas de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de un tratado. Ello sería, por ejemplo, una nacionalización de los fondos de pensiones.

Entre los países con lo que hay firmados APPI figura Estados Unidos, sede de los controladores de las tres AFP más grandes del sistema: Provida (Metlife), Cuprum (Principal) y Habitat (Cámara de la Construcción y Prudential). También hay convenios con Colombia, de donde proviene Sura, controladora de Capital; e Italia, sede de los accionistas de Assicurazioni Generali SPA (Planvital). La única AFP chilena es Modelo, controlada por la familia Navarro, dueña de Sonda.

-Chile es un caso exitoso de inserción global. Su estrategia de desarrollo pasa por el libre acceso a los mercados, con reglas de inversión claras y estables, enmarcadas en una red de tratados que difícilmente podrían ser estresados por un cambio de esta naturaleza y por un próximo gobierno altamente necesitado de entregar señales pro-mercado para reactivar la inversión y la economía –señaló a CIPER el director de una AFP que pidió reserva de su nombre.

El economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, quien trabajó en la construcción de la propuesta de la Coordinadora No+AFP, le quita dramatismo a estos obstáculos:

-Sabíamos que las críticas iban a venir por ese lado. Lo interesante es que la propuesta es como un jaque mate al sistema político, porque no es una postura inviable, sino que toma lo que sucede en los países capitalistas más avanzados.

Frente a la supuesta expropiación de los ahorros, Kremerman aclara que el sistema propuesto reconoce a los trabajadores como los verdaderos dueños de los fondos: “ninguna persona va a perder lo que ya tiene y que será su piso en el nuevo sistema, nunca menos”, enfatiza.

Respecto del terremoto financiero que podría significar mover las inversiones de un momento para otro, Kremerman también pone paños fríos: “Eso no se ha planteado así. Que exista un cambio rápido de administrador no implica cambiar inmediatamente el mix de inversiones. La gradualidad necesaria para eso es una discusión de segunda generación. Lo primero es cambiar la lógica de las cuentas individuales”.

Un tercer límite, explican en el comando de Guillier, es el costo fiscal del cambio. Y ello, porque hasta ahora Chile tiene que seguir pagando la transición desde el sistema antiguo que hizo la dictadura. Cada año se deben sufragar los bonos de reconocimiento y pensiones de quienes se mantuvieron bajo el esquema antiguo. Y la cuenta es bien alta: entre 1981 y 2004 el Estado chileno destinó el 5,7% del PIB a financiar el déficit total del sistema de pensiones, el que se mantendrá hasta 2025. El estudio es de la Dirección de Presupuestos de 2005, elaborado por el ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y la economista Pamela Gana.

Andras Uthoff, economista del comando de Guillier

Cálculos de las mismas AFP sostienen que con el bajo nivel de cotizaciones –sólo una de cada dos personas aporta regularmente- el Estado deberá terminar apoyando financieramente a casi el 50% de los afiliados. A septiembre, según datos de la Superintendencia de Pensiones, el sistema registra 10,38 millones de afiliados, de los cuales solo 5,23 millones efectúan aportes mensuales.

Andras Uthoff, experto en pensiones del equipo de Guillier, dijo a CIPER que el sistema actual  “representa para el garante, que es el Estado, importantes compromisos fiscales permanentes y transitorios; y además, genera alta incertidumbre, decrecientes retornos financieros y bajas pensiones para los millones de trabajadores que son propietarios de los fondos”.

El sistema de AFP sustituyó al de cajas, en el que los trabajadores pagaban una contribución de, a veces, hasta el 40% de sus ingresos para financiar pensiones cuyo monto conocían de antemano. Hoy, se paga el 10% y todo depende de las fluctuaciones del mercado. Ello ha llevado a que el promedio de las pensiones sea de $230.733 (cifra de septiembre de la Superintendencia de Pensiones). Después de una vida entera cotizando, un chileno se retira percibiendo el equivalente al 40% de su último ingreso. Este porcentaje dista bastante del 70% prometido en 1981.

La situación es más dramática para las mujeres, porque viven más, tienen menores sueldos y largas lagunas previsionales. En promedio, las mujeres se jubilan con una pensión que equivale al 29% de sus últimos ingresos, cifra que sube al 52% en el caso de los hombres.

EL RIESGO DE LA “ISAPRIZACIÓN”

Andras Uthoff, al igual que Claudia Sanhueza, fue parte de la “Comisión Bravo”, un grupo de expertos chilenos y extranjeros que en 2015 sesionó en Santiago para proponer cambios al modelo de seguridad social. Ambos votaron por una misma propuesta (B) para reformar el sistema, la que considera –dice Uthoff- retomar “el principio de solidaridad y los subsidios cruzados necesarios para que los individuos de alta capacidad de ahorro asistan al logro de una vejez digna de quienes no tienen esa capacidad”.  Para Uthoff, la propuesta del gobierno que se debate en el Congreso es “tímida” y sentencia: “Recupera los principios de la seguridad social, pero se contradice al mantener la lógica individual del actual sistema”.

La propuesta B consideraba avanzar hacia un sistema mixto que recupere el financiamiento tripartito (10% de cotización individual, 5% de aporte estatal y 5% proveniente del empleador), ofrezca beneficios y contribuciones definidas -una pensión equivalente al menos al salario mínimo vigente- y que sea administrado por una entidad público – privada que le otorgue mayor transparencia y gobernabilidad al sistema.

Según explican en el comando de Guillier, el ala más moderada de los técnicos que se han ido incorporando al grupo -especialmente ligados a la DC- ha propuesto fortalecer el pilar voluntario del sistema, de tal manera que quienes pueden ahorrar más de lo obligatorio contraten planes de pensiones privados complementarios, como los que venden bancos, aseguradoras y gestoras en los países europeos. Incluso, con incentivos tributarios, como los que hoy tiene el Ahorro Previsional Voluntario (APV).

Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol

En las AFP esa propuesta es vista con cautela. El principal riesgo para ellas es que, finalmente, se termine configurando un sistema similar al de la salud: un sector privado para la gente de mayores ingresos (Isapres) y uno público, para la mayoría de la población (Fonasa).

Quizás esta sea la única coincidencia entre las AFP y el economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, quien dijo a CIPER: “Esa lógica es muy peligrosa, porque es muy difícil después salir de ella”.

El futuro de las AFP está lejos de zanjarse, sobre todo, luego de que el martes 5 de diciembre, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) alertara en su informe Pensions at a Glance 2017 que el envejecimiento de la población chilena se está acelerando y que el mayor problema del sistema previsional son las bajas tasas de aporte y las malas pensiones.

A pocos días de la segunda vuelta, el sistema de AFP, el corazón del modelo económico de Chile, enfrenta un momento clave. Dependiendo de quien salga electo Presidente, la industria podría por primera vez desde 1981 experimentar un cambio relevante, la madre de todas las batallas.