Conocí a Yancarla de manera indirecta. Aun así, cada cierto tiempo ella vuelve a aparecer en mis pensamientos recordándome todo lo que está pendiente en nuestro sistema de protección de la infancia.
Yancarla ingresó a un hogar de la red Sename cuando tenía 11 años y un cuadro de vulneración más bien moderado, pero con el pasar de los años su diagnóstico se fue agudizando hasta convertirse en crónico, a la par que los organismos encargados de protegerla no lograban encontrar solución a sus problemas. Fue separada de su familia, desarraigada de su lugar de nacimiento, pues eso es lo que nuestro sistema estimó más conveniente. Le hicieron tres trasplantes de hígado y nunca pudo ser reinsertada en una familia que le brindara afecto. Era de Purén y debió haber tenido una vida tranquila; a los 16 años, después de cinco años de deambular de un centro a otro, “egresó”, es decir, se estimó que podía volver con su familia. Yancarla falleció en su tierra natal pocos días después.
Yancarla Muñoz Díaz fallecida a los 16 años, el 30 de junio de 2012
En su caso todo falló. Si la recuerdo en esta columna es porque creo que ella resume la historia de tantos niños a quienes el Estado no ha sido -y no es- capaz de brindar protección real. Los niños que han muerto mientras estaban al cuidado del Estado y que han espantado e indignado a Chile, son la parte más extrema de un sistema que falla en muchos otros aspectos. El horror de esas muertes ha obligado a nuestra sociedad a mirar una realidad que usualmente es invisible. Pero si nos quedamos sólo en el espanto, si no entendemos los motivos estructurales que generan este resultado, condenamos a que los niños que necesiten protección en el futuro sigan el terrible camino de Yancarla.
Soy jueza de familia y escribo desde esa experiencia. Con estas columnas no pretendo decir la última palabra sobre este tema; me gustaría más bien abrir una discusión sobre un asunto que si no nos logra involucrar como sociedad, no tendrá jamás una solución satisfactoria. Pero también me gustaría transmitir que esa discusión es urgente. Hoy Chile está incumpliendo sus deberes con la protección de los derechos humanos de los niños y niñas que están en este sistema. Y eso pone en riesgo y somete a sufrimiento a muchos menores de edad en este momento.
En ese sentido concuerdo plenamente con lo expresado por el presidente de la Excma. Corte Suprema este fin de semana, cuando se le preguntó qué ocurriría si Chile fuera llevado a juicio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de servicio en el tema de menores: “Tal como estamos, perderíamos en cualquier juicio. Creo que falta mucho, es una gran falla que tenemos”, dijo.
LOS LÍMITES DE LA PROTECCIÓN QUE OFRECEMOS
Quienes formamos parte del sistema de protección nos enfrentamos a menudo con niños que requieren un tipo de atención especializada que el aparato público no provee, y que sí se encuentra en el sistema privado. Pensemos por ejemplo, en atenciones de salud urgentes que por la lista de espera de los servicios públicos ponen en riesgo la vida del niño o una intervención psiquiátrica especializada en niños con perfil complejo cuando hay consumo de drogas y algún trastorno mental de base que exige internación especializada cuya oferta no existe. ¿Pueden los operadores exigir al Estado que brinde esa oferta aunque no pueda ser proporcionada por los entes públicos? ¿Hay herramientas para ordenar la prestación en el ámbito privado o que se cree la oferta inexistente? ¿A quién debe exigirse la atención necesaria para esa niña o niño?
Normalmente los operadores del sistema asumen que solo cabe usar los recursos que hay. El resultado es que muchas veces el sistema ofrece una actuación a medias, una actuación por cumplir, una “ilusión de protección”, como la define Francisco Estrada, ex director del Sename.
Los niños que han muerto mientras estaban al cuidado del Estado son la parte más extrema de un sistema que falla en muchos otros aspectos
Pero los jueces no podemos ofrecer una “ilusión de protección”. Nuestro rol es hacer que los derechos de los niños se cumplan efectivamente. Eso espera el sistema de protección de derechos de nosotros. Y eso corre tanto para niños y niñas que cuentan con familias que los cuidan y con mayor motivo cuando hablamos de aquellos que no tienen a nadie que haga exigibles sus derechos. Si eso es así, ¿estamos los jueces no solo autorizados sino obligados a exigir que los niños reciban la atención que necesitan?
Este dilema está permanentemente presente en el trabajo de todos los operadores del sistema. Lo constaté en 2012, cuando junto a otras juezas recorrí Chile haciendo un diagnóstico sobre los niños en el sistema residencial y me reuní en mesas de trabajo con actores relevantes en materia de protección de la infancia. Hoy lo sigo viendo en mis reuniones con colegas. Este dilema es clave porque constituye un punto de inflexión donde se define la forma en que los jueces asumimos nuestro rol.
Quienes creen que el juez no debe ir más allá de la oferta existente, estiman que éste carece de facultades expresas para hacerlo. Sus atribuciones se limitarían, sostiene esta mirada, a las que aparecen en el art. 80 bis de la Ley 19.968 y que establece que el juez puede comunicarle al director nacional de Sename la falta de oferta para que éste disponga de las medidas tendientes a generarla. Eso es todo. En los hechos, esta facultad carece de desarrollo en cuanto a establecer un procedimiento claro para forzar la creación de una oferta, lo que en la práctica se puede traducir en que mes tras mes el juez constate, por ejemplo, que no hay siquiatras en una región, sin que eso genere un cambio. Estas facultades tampoco hacen referencia a la falta de oferta a nivel nacional, situación que es vista como un impedimento para exigir a la autoridad central.
Sin embargo, este argumento parece débil cuando se toman en cuenta los deberes de prestación que tiene el Estado, y que se derivan de los compromisos que adquirió Chile al ratificar instrumentos de protección internacional. La Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, impone a todos los órganos del Estado el deber de dar efectividad a los derechos, entre los que están el aseguramiento de todas las atenciones necesarias para el adecuado desarrollo, hasta el máximo de los recursos, obligando incluso al Estado a requerir ayuda internacional cuando no sea capaz de asegurar los derechos.
Hoy Chile está incumpliendo sus deberes con la protección de los derechos humanos de los niños y niñas que están en este sistema. Y eso pone en riesgo y somete a sufrimiento a muchos menores de edad en este momento
En esa misma línea, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene recalcando desde hace tiempo y a través de casos emblemáticos que los Estados tienen deberes concretos para con los niños que se encuentran a su cuidado y ha venido desarrollando el contenido cada vez más extenso del derecho a la protección especial que tienen los niños, el derecho a la vida, el derecho a las prestaciones necesarias para el desarrollo, entre muchos otros. Los jueces, desde esta perspectiva, tenemos la potestad de hacer cumplir nuestras resoluciones, incluso utilizando para ello el uso de medidas coercitivas en contra de quien niegue o retarde el cumplimiento de una resolución que imponga prestaciones a favor de un niño cuando la falta de atención puede poner en peligro su vida.
Excepcionalmente he conocido casos en que se ha decretado el arresto en contra de algún director de servicio por no cumplir con la creación de oferta específica. ¿Es necesario llegar a ese extremo? Estimo que esa debe ser una solución de último recurso y que el foco debe ponerse en extender la convicción de que los recursos se tienen que proveer en la cantidad adecuada. Pero los jueces no deben renunciar a priori a esa posibilidad pues lo que el sistema normativo nos señala es que la falta de oferta o de recursos no es una excusa válida para desatender a los niños.
Normalmente los operadores del sistema asumen que solo cabe usar los recursos que hay. El resultado es que muchas veces el sistema ofrece una actuación a medias, una ilusión de protección
Este razonamiento no es solo válido para casos en que la vida de los niños está en riesgo, pues los principios que guían la Convención de los Derechos del Niño y los derechos garantizados en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otras normas, obligan a adoptar las medidas necesarias para asegurar “una vida digna de ser vivida”, como ya señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su influyente fallo sobre el caso Villagrán Morales.
Este deber de protección especial aparece integrado también en el artículo 5° de la Constitución, cuando dispone que “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. En casos en que ha peligrado la vida de una persona, se ha recurrido a este artículo para forzar a entes de salud privados a otorgar prestaciones -aunque el plan del afectado no lo contemplaba- como en casos de VIH/SIDA y otros.
Excepcionalmente he conocido casos en que se ha decretado el arresto en contra de algún director de servicio por no cumplir con la creación de oferta específica… Estimo que esa debe ser una solución de último recurso. Pero los jueces no deben renunciar a priori a esa posibilidad
En el caso de Yancarla, ella debía estar en una residencia en que se le entregara atención psiquiátrica, psicológica, que se atendiera su recuperación tras los sucesivos trasplantes porque requería de cuidados estrictos; también necesitaba que su familia fuera incorporada a la intervención con el objeto de habilitarlos para recibir a su hija nuevamente. Es decir, un conjunto de prestaciones que el sistema público no brinda ni asegura. Aunque la cantidad de niños que tienen los problemas de Yancarla han ido en aumento, aún no se destinan los recursos necesarios para atenderlos y esa falta de protección agrava la situación de ellos.
Hoy sabemos a qué final conduce el conformarnos con los recursos que hay. La alta cifra de niños muertos ha develado las graves falencias de este sistema, descorazona porque lleva implícita la misma pregunta: ¿Se habrían salvado vidas de haber actuado, todos los operadores, ejerciendo un rol activo en la defensa de los derechos de los niños y exigiendo que el Estado cumpla su deber de prestación y cuidado?
La Convención de los Derechos del Niño impone al Estado el deber de dar efectividad a los derechos, e incluso lo obliga a requerir ayuda internacional cuando no sea capaz de asegurar los derechos
No podemos saberlo. Pero lo que sí sabemos, no es irrelevante desde el punto de vista de las políticas públicas: sabemos que no hicimos todo lo que podríamos haber hecho, y que lo que los estándares internacionales nos exigen. Sabemos también, que tenemos compromisos en pos del cuidado de los niños que han sido separados de su medio familiar, y estos objetivos se logran poniendo en práctica y exigiendo que se cumplan los estándares de atención a los que adherimos cuando ratificamos la Convención de los Derechos del Niño. Los niños separados de sus familias deben tener el mejor cuidado porque están bajo la tutela del Estado. Esto implica no solo condiciones materiales y de infraestructura adecuada, sino que también acceso efectivo a una educación de calidad, a atenciones médicas oportunas, cuidados en la salud mental que tiendan a reparar, a que sus familias sean realmente habilitadas para recuperar a sus hijos mediante un trabajo de intervención más personalizado, que los funcionarios que se desempeñen en los hogares sean idóneos y tengan la debida preparación, entre muchos otros.
Para cambiar esta situación es necesario, por supuesto, más recursos. Pero el énfasis que quiero hacer es que se requiere también asumir una decisión política clara en cuanto a la protección de los derechos de la infancia. Poner los derechos de los niños como un principio que ordene la distribución de recursos es central para llevar adelante una gestión de política integral que permita respuestas efectivas ante casos complejos y que permita hacer realidad los compromisos que Chile ha asumido al ratificar los diversos instrumentos internacionales de derechos.
¿Se habrían salvado vidas de haber actuado ejerciendo un rol activo en la defensa de los derechos de los niños? No podemos saberlo. Pero lo que sí sabemos es que no hicimos todo lo que podríamos haber hecho, y que lo que los estándares internacionales nos exigen
Esa mirada debió estar presente en el proyecto de ley que establece las garantías de la infancia, por el que hemos esperado años. Pero no está. Uno de los problemas de esa normativa -y que lo he explicado cuando concurrí a las sesiones iniciales de la comisión respectiva en la Cámara de Diputados a dar mi opinión sobre este proyecto-, es que en más de diez ocasiones, con distintas redacciones, se expresa una fuerte limitación presupuestaria como límite para el aseguramiento de los derechos que esa futura norma quiere consagrar.
Es decir, se trata de un proyecto que sólo tiene la apariencia de un estatuto de protección de derechos porque hace ilusoria toda garantía para hacerlos exigibles, al señalar que tal o cual derecho solo es reclamable en la medida que la disponibilidad presupuestaria lo permita. Esto va en contra de las más elementales exigencias de una ley de protección integral de derechos, según los estándares que plantean los organismos especializados en la materia, limitación que entiendo pretende ser corregida a través de indicaciones.
Tengo la convicción que si los derechos de los niños no tienen la prioridad que demanda su satisfacción inmediata, seguiremos ofreciendo una “ilusión de protección”.
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Yo estuve con ella cuando sabía que se iba a morir , eran tantos sus dolores y picazón del cuerpo que se rascaba con un palo ðŸ˜ðŸ˜, cuando yo lleve había discutido con una mamá que la había tratado mal , la familia de ella no la quería , ella estaba agonizando en el cread y no se la querían llevar , ella era consciente de eso , antes había estado mucho tiempo en la calle , consumía drogas y se metía con tipos para conseguir dinero , nunca la olvidare , ella marcó mi vida ðŸ’
CLAUDIA NAVARRO | 14.12.2016
Estimada Sandra Castro, perdón si lo que le voy a criticar sobre el inicio de su comentario; la verdad es que siento tanta molestia con todo esto que pasa que no puedo quedarme así como así de brazos cruzados.
Sólo hacerle mención que lo expuesto por la Jueza de Familia, MJ, no es una historia para contar otra, perdón si la ofendo con esto, pero esto que expone es real, sucedió y sigue sucediendo.
No pensemos que podemos contar sólo "historias" y quedarnos con eso. Ninguna realidad reemplaza a otra.
CLAUDIA NAVARRO | 28.11.2016
Quiero comenzar primero agregando como ciudadana de ésta república, a los dichos de Mónica J., que cada una de las muertes de éstos niños(as) bajo tutela del Estado de Chile, es una puñalada a nuestra Democracia, una puñalada a los Derechos de Los Niños, una puñalada a Los Derechos Humanos, y una vergüenza enorme al país.
Las acciones indiscriminadas tomadas desde el primer encargado de velar por la protección de los niños(as) es un delito que no puede quedar impune.
Como ciudadanos, mirar estos hechos sin sentirnos afectados, nos hace igual de cómplices de quienes violentan contra los niños; y el ejemplo más simple es ver a una madre/padre golpear a su hijo y no hacer nada para impedir que lo continúe haciendo.
La mandataria actual, hace un mes declaró "Como sociedad y como Estado les hemos fallado†refiriéndose ni más ni menos que a la suma de 1.313 muertes de niños que se encontraban bajo la tutela del Estado. Pero ¿qué ha hecho el Estado desde ese entonces? poner al final de sus prioridades el proyecto de adopción, ofrecer más recursos económicos para el año 2017 a fundaciones y centros privados colaboradores del SENAME, anunciar la división de administración del sistema Senme (Min. Desarrollo Social y Min. Justicia) como medida de disolución.
Más no ha considerado que los niños(as) vulnerados de sus derechos lo que más necesitan es hacer uso justamente de sus derechos. La señora Directora del Sename, Solange Huerta, en una entrevista con un medio televisivo dijo "Desde que un niño pasa a formar parte del sistema de protección ya ha sido vulnerado de sus derechos", ¿qué derecho? el derecho más fundamental y que el Estado de Chile ha incumplido por años, como es el derecho a crecer en familia, el derecho a dar opinión y ser consultados, el derecho a la recreación y descanso en un ambiente sano; el Estado falló según los dichos de la mandataria y sigue fallando; de qué manera puede una fundación privada colaboradora y/ó directa del SENAME decir que es sano mantener el desarrollo sano de un niño(a) sin la protección de una familia (adoptiva o no), encerrado, con pocos espacios para la recreación, y además sin consultar opinión del niño(a), siendo violentado por sus compañeros, sus cuidadores directos, sin oportunidades más que la de esperar el día de su "juicio final" que se entiende por su egreso e inserción a la sociedad nada más y nada menos que a sus 18 años de edad. Perdón, pero eso es ¿Normal? es ¿Sano?
La jueza Mónica indicó que para rescatar a Yancarla (fallecida a los 16 años) de su abusador, rogó para que éstos centros del SENAME la recibieran, ya que es la única alternativa que tenía como "medio de protección" pero, si el sistema ofreciera otras opciones, si el sistema quisieran diluirlo, ¿por qué no ofrecer "familias sustitutas"? ¿por qué negarle a un niño(a) el más importante de sus derechos? ¿por qué continuar su martirio en estos centros? ¿Por qué un niño(a) que es vulnerado en su familia de origen, no puede tener la opción de integrar otra familia? ¿Por qué, si existe un abogado para un ciudadano de voto, no existe para un niño vulnerado de sus derechos?
Como ciudadanos de esta república, no podemos quedarnos inmunes a estos actos que más que ayudar a la infancia de nuestro país, la vulnera todos los días; es cierto! los niños no sólo son el futuro de nuestro país, son nuestro presente, pero nuestro presente no es el mejor que digamos, y si no mejoramos, nuestros futuros ciudadanos mostrarán lo peor de nosotros, porque no nos preocupamos antes de su buen desarrollo, no le dimos importancia a lo que realmente necesitan nuestros niños(as). Los jóvenes de hoy todos los días nos enrostran la poca atención que les estamos dando, y nosotros ¿qué hacemos? nos quejamos que son una generación irrespetuosa, poco empática, sin valores, sin educación; pero déjame decirte, que los niños son el reflejo de nosotros mismos, si como padre hemos fallado, no nos alarmemos porque el hijo no quiere estudiar y prefiere drogarse o alcoholizarse con sus amigos.
Mis respetos a Mónica Jeldres por la valentía de reconocer que el poder legislativo tiene mucha responsabilidad en temas de infancia y protección.
Agradezco enormemente sea la diferencia del montón que no actúa en favor de los derechos de los niños.
M., Elena Cuevas | 21.11.2016
Un artículo muy claro el que ha presentado la Jueza, es claro y preciso en el cual, se demuestran las falencias de nuestro sistema en cuanto a la protección de los menores. Realmente como país estamos al debe en materias de infancia y lo cierto es que no basta con asumir la situación sino que también, es necesario actuar ante la misma.
Ivan | 19.11.2016
Estimada Jueza,
Compartimos y agradecemos sus reflexiones, es un llamado a la acción, un llamado a la esperanza y un llamado a imaginar nuevas formas de incidir, de influir...tenemos gobernantes y parlamentarios y una clase política indolente a lo que es brutalmente evidente...los niños deben ser el eje que ordene el país que soñamos...y no simplemente una política pública...tenemos la confianza que podemos cambiar el orden de las cosas...es un imperativo etico...que va mucho más allá de las instituciones que representamos...nuestra invitación es a promover un movimiento social a favor de los niños y niñas...nuestra invitación es no permitir que se perpetue la indolencia...
Ivan Zamora
Director Ejecutivo
ONG PAICABI
Cheryl carrilli | 18.11.2016
Es una vergüenza nacional, se creó el ministerio de la mujer con platas que pudieron usarse en mejorar la capacidad para sename, se a despilfarrado de manera irracional en gastos se prensa en la moneda y muchos otros, pero para quienes realmente necesitan urgente no hay... Una pena
Marta Escanilla | 15.11.2016
Magistrado, me quedo corta con cualquier comentario a vuestra opinión. CÓMO quisiera encontrar cada día - en mi labor como abogado- a jueces como usted. CÓMO quiero, sinceramente, sentir que a los JUECES DE FAMILIA, les importa la familia... Y que prima en sus decisiones un Verdadero y superior interés por los niños, y un cuidadoso análisis de los pseudo informes redactados con la metodologia del corta y pega, de quienes dicen ser los "profesionales " de SENAME, Y en general del sistema público llámense OPD, CESFAM, ONG etc. Informes que en general, tienen como único alcance "el CUMPLIR mediocremente con lo ordenado ".
Edoardo Tosti-Croce A. | 14.11.2016
Mis respetos a la Jueza Jeldres y mis felicitaciones por la claridad, coraje y honestidad de los análisis que hace sobre la compleja realidad de la protección de la infancia en general y de aquella a la que se le han vulnerado sus derechos.
Para quienes hemos tenido la oportunidad de conocer el trabajo de la Jueza Jeldres y el privilegio de escucharla directamente, tanto en el Tercer Coloquio sobre Infancia y Juventud realizado el 4 de noviembre en la Universidad de La Frontera, como en la reunión de trabajo que realizamos al día siguiente, junto con otros participantes al encuentro, creemos que son Magistrados como ella o su colega Pilar Villarroel, las que nos llenan de esperanza acerca de la Justicia en Chile, ya que tienen una visión crítica de su propio trabajo y la determinación de asociarse con la sociedad civil y la academia, para de impulsar el necesario cambio que requiere el sistema de protección para los niños, niñas y adolescentes de nuestro País.
Edoardo Tosti-Croce A.
Asesor y Representante
Fundación Ecam, Región La Araucanía
Sandro castro | 14.11.2016
Interesante historia
Le cuento otra, donde un padre lucha por su hija argumentando los derechos de está la cual está con su madre que es alcoholica y son trabajo estable por el abuso del trago, el curador ad-litem y la jueza dicen que el padre es exagerado la niña tiende fabulizar e inventar cosas. Negada la custodia temporal. Una denuncia anónima otra vez denuncia lo mismo ( fue el padre) y ahora si le creen a l ñiña ahora ella no miente y realmente la madre es alcoholica con pruebas
Casi 1 año expuesta simplemente porque alguien no hace su trabajo porque le da paja que esto se alargue..... la culpa es de la gente o de las personas que no están capacitadas para hacer valer la justicia y derechos
