AFP: el poder impotente

¿Cuál es la mayor fuerza económica de Chile hoy? ¿Luksic, Matte? ¿Piñera, Paulmann? ¿Angelini, Solari?

No. Es usted. O, mejor dicho, usted, yo y los otros 10.099.816 chilenos que estamos afiliados a alguna AFP.

¿No me cree? Es un asunto de números, simplemente. Los ahorros de esas cuentas –que, como se insiste majaderamente, nos pertenecen a los ahorrantes individuales y a nadie más que a nosotros– suman $112.673.743.000.000. O sea, más de 112 billones (millones de millones) de pesos. O, si lo prefiere ver en moneda dura, 171 mil 89 millones de dólares (US$171.089 millones) (ver informe de la Superintendencia de Pensiones).

Esta suma gigantesca, inabarcable, convierte en pigmeos económicos a las mayores fortunas de Chile, según el ranking Forbes: los Luksic (US$10.100 millones), Paulmann (US$3.700 millones), Piñera (US$2.500 millones) y los Matte (US$2.300 millones).  De hecho, más que duplica la fortuna del hombre más rico del mundo, Bill Gates (U$75 mil millones según Forbes).

Sabemos que dinero es poder. Y que –Chile lo demuestra día a día– las grandes fortunas en nuestro país se traducen casi automáticamente en una gigantesca capacidad para hacer lobby, influir la legislación y obtener regulación a la carta. ¿Por qué, entonces, los dueños del mayor poder económico del Chile contemporáneo se sienten impotentes, como demostraron al salir a la calle para protestar contra el sistema de las administradoras de fondos de pensiones?

He ahí la genialidad del sistema. Las AFP son un formidable instrumento para quitar poder al Estado y entregarlo, no a sus legítimos dueños, sino a los dueños de las empresas que los manejan. Y no es un efecto colateral. Es una consecuencia premeditada. En su libro «El cascabel al gato: la batalla por la reforma previsional», el inventor del sistema, José Piñera, se felicita de que su creatura «significó una disminución gigantesca del poder político del Estado sobre la economía». El cambio «equivalió a privatizar varias decenas de las empresas que efectivamente pasaron al sector privado».

La trampa es que el trabajador-propietario es un dueño despojado del poder que esa propiedad debería entregarle. Ese poder es capturado por otros: por los dueños de las AFP. Al diseñar el sistema, Piñera descartó que los fondos fueran gestionados por cooperativas o «entes jurídicos nuevos, constituidos por los propios cotizantes».

Las AFP serían, en palabras del entonces ministro del Trabajo, «empresas con dueño».

Dueño, claro, distinto del legítimo propietario de los miles de millones de pesos que dan un enorme poder a esas empresas.

Ese poder no es una entelequia teórica. Es un poder muy concreto. El dinero de nuestros fondos de pensiones (nuestro dinero) es dueño de parte importante de las grandes empresas chilenas, elige directores en ellas y define su gobierno corporativo. Tiene voz y voto en qué proyectos priorizan, qué normas laborales o ambientales respetan, o cómo fiscalizan que la empresa no viole la ley.

Todo ello, lo hacen sin preguntarle ni consultarle a usted.

Parece increíble, pero es real. Nosotros (usted, yo y otros 10 millones de chilenos) somos los dueños de buena parte de megaempresas como Cencosud (16,55%), Colbún (17,63%), Endesa (15,33%), Enersis (12,69%) o CMPC (11,58%).

Una empresa de la que nosotros somos en parte dueños, como CMPC, se colude y nos mete la mano al bolsillo en el cartel del confort. Otra, también parcialmente de nuestra propiedad, Cencosud, realiza repactaciones unilaterales violando la ley, y nos mete así la mano en el otro bolsillo.

¿Podría ser diferente? Por supuesto que sí. Algunos ejemplos están en mi libro «Poderoso Caballero», en que se desarrolla este tema.

El canadiense Ontario Teachers’ Pension Plan Board (OTPP) incluye a 182.000 profesores de la provincia de Ontario, con 129.000 jubilados como beneficiados y un retorno anual promedio de 10,2%. Pero hace más que eso: su directorio, nombrado por el sindicato de profesores y el gobierno de Ontario, debe cumplir normas de inversión responsable, respetando principios sociales, laborales y ambientales. Como sus inversiones le dan el poder de nombrar directores en distintas empresas, el OTPP debe promover en ellas una serie de estrictos principios que van desde el tamaño de los directorios (entre seis y quince integrantes), la separación de roles entre directorio y administración, indemnizaciones limitadas para su plana ejecutiva, la oposición a contratos de «paracaídas dorados» para sus gerentes, etcétera.

Pension Danmark (PD) es otro ejemplo. Con 660.000 afiliados, esta organización sin fines de lucro de Dinamarca invierte buscando altas rentabilidades, pero también sigue una minuciosa política ética, que le prohíbe poner el dinero de sus miembros en compañías que «violen leyes y regulaciones» o «actúen irresponsablemente o sin consideración con el sentimiento de la opinión pública». Las compañías también deben aplicar políticas de respeto a los derechos laborales, el medio ambiente y los derechos humanos.

¿Qué pasaría si las AFP chilenas tuvieran directorios responsables ante sus cotizantes, mandatados para hacer cumplir normas como estas?

En vez de eso, las AFP se convirtieron desde su creación en el refugio predilecto de la élite político-empresarial, primero en dictadura…

 … Y luego también en la Concertación…  Julio Bustamante trabajó en el Grupo Cruzat, formando las AFP Alameda y Unión (incorporada luego a Provida). Al llegar la democracia, asumió como superintendente de AFP, desde 1990 a 2000. Y en 2002 pasó a ser presidente de la AFP Magister (cuando era de Inverlink), dando la vuelta completa a la puerta giratoria. Luego, en 2011, se alió nuevamente con Cruzat para formar una nueva AFP, Sur, cuya constitución fue rechazada por las autoridades.

En 2006, cuando el primer gobierno de Michelle Bachelet preparaba la reforma previsional, AFP Provida reforzó su directorio con personalidades de la Concertación. Entró Ximena Rincón, que hasta seis semanas antes era intendenta de Santiago. Siendo directora de Provida, fue elegida vicepresidenta de la Democracia Cristiana y fue precandidata a alcaldesa de Santiago. También se incorporó al directorio de la AFP el expresidente de la Cámara de Diputados José Antonio Viera-Gallo, del PS, quien acababa de dejar su escaño en el Senado.

Otros nombres ilustres de la Concertación que han entrado al mundo de las AFP son el ministro de Economía de Aylwin, Jorge Marshall (PPD), como director de Provida; el ministro secretario general de Gobierno de Lagos, Osvaldo Puccio (PS), director suplente en Provida; el ministro de Economía de Bachelet, Hugo Lavados (DC), presidente de Cuprum, o la subsecretaria de Hacienda de Lagos, María Eugenia Wagner (DC), directora de Cuprum.

El trabajo es, sin duda, atractivo. Al menos 24 exfuncionarios de la Concertación –ministros, subsecretarios y superintendentes– se han inscrito en el listado de la Superintendencia de Pensiones como candidatos a ser apoyados por las AFP para entrar en los directorios de las empresas en que las aseguradoras tienen representación.

El cargo también ha tentado a ex miembros del gabinete de Sebastián Piñera, que han integrado el registro de candidatos a directores, como el ex titular de Energía, Ricardo Raineri (RN), y el de Economía, Pablo Longueira. Hoy, el rostro visible de la defensa del sistema es el ex ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Mackenna, presidente de la Asociación de AFP.

Y hay otro vínculo político. AFP Cuprum entregó aportes reservados en todas las campañas electorales entre 2004 y 2012, mientras permanecía bajo el control de Carlos Délano y Carlos Lavín: municipales de 2004, 2008 y 2012; y presidenciales y parlamentarias de 2005 y 2009. En 2013, el Grupo Penta vendió Cuprum al grupo estadounidense Principal.

Las donaciones de AFP Cuprum, tal como las de las isapres Banmédica y Vida Tres, también del Grupo Penta, y las de Colmena (2005), tienen algo en común: son de empresas cuyos ingresos provienen de los pagos por seguridad social de los trabajadores chilenos. Eso significa que una parte de esas cotizaciones obligatorias fueron destinadas de forma secreta a financiar campañas políticas, partidos o institutos de formación política.

En el caso de las AFP, cada trabajador chileno debe destinar el 10% de su sueldo a su cuenta de ahorro individual, administrada por la AFP, y un monto adicional, de entre 0,47% y 1,54%, como comisión por depósito de cotizaciones.

Cuprum no informó ni consultó a sus afiliados si estaban de acuerdo con que parte de esa comisión, sacada de sus sueldos (1,48%, actualmente) fuera destinada a invertir en políticos. Tampoco lo hicieron las isapres, pese a que también obtienen sus ganancias de cotizaciones obligatorias de seguridad social.

Claro, ellos tienen el poder para seguir comprando más poder. Todo, con nuestro dinero.