Ley de Isapres: Cada uno mata su chancho

Recientemente le llegó a mi señora un documento de aviso de parte de Isapre CruzBlanca, a la cual estamos afiliados de manera independiente. Se titulaba “Carta de Adecuación” y estaba firmada por el gerente de Operaciones de dicha institución (ver carta).

De principio a fin, llena de eufemismos, la carta describe de manera muy hábil los motivos para llegar a la “razonable” noticia de un aumento del 6,7% en su plan mensual, el cual tomamos hace menos de un año, con el fin de incluir una cobertura adecuada en maternidad, antes de que suba exponencialmente por el solo hecho de ser mujer.

Los argumentos para tal decisión son esgrimidos –casi como un lamento– en relación a que el uso de los fondos por usuario ha subido de 0 a 18 mil pesos aproximadamente, mostrando además los billones de pesos que se han gastado en prestaciones de salud y licencias. En la carta se explica que la Ley de Isapres no los faculta para discriminar la diferencia del gasto por usuario, sino que funciona como un fondo (casi que) solidario. Todo esto, en resumen, no dejaría otra opción que subir el plan en un 6,7% mensual.

Sin profundizar mucho, basta apelar a la memoria del lector para llegar al porqué no corresponde esta alza sobre el valor pactado y de cómo esta acción califica de acto coercitivo de “negociación”. Solo por nombrar un par: las grotescas utilidades de las Isapres y el que el valor mensual de los planes esté en unidades de fomento –UF, cuyas alzas son definidas por el IPC–, a diferencia de los sueldos, que no se ajustan según la inflación.

Esta práctica de las Isapres ha sido denunciada por decenas de miles de compatriotas por medio de recursos de protección, con fallos favorables de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones, quienes argumentan que no se puede subir el plan por uso, ni propio ni ajeno, ya que para eso fue pagado. Además, no hay rebaja cuando la gente gasta menos.

Entonces, si estamos frente a la evidencia legal (marcando jurisprudencia) de que la mayoría de quienes apelan le ganan al alza impuesta por la Isapre, con fallos de entidades judiciales superiores, ¿por qué esta ley no ha sido declarada inconstitucional?; ¿tenemos que asumir que quien es más “despierto” sufrirá menos abusos? Y por lo tanto, ¿tenemos que asumir que otros ciudadanos chilenos fueron atropellados en sus derechos, porque no les dio el tiempo ni las ganas de defenderse? Estas prácticas representan un quiebre para la confianza social y colectiva y dejan en evidencia las incoherencias sistemáticas, bajo las cuales se desarrollan los abusos económicos a los que nos vemos sometidos diariamente los chilenos.