A 12 años del desastre ecológico que terminó con la vida de miles de cisnes cuello negro en Valdivia, el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) publicó en noviembre pasado una norma de calidad del agua que, por primera, vez regula específicamente la cuenca del río Valdivia. Celulosa Arauco y Constitución (Celco), propiedad del grupo Angelini y que fue encontrada culpable por la Corte Suprema de contaminar el agua y causar la muerte de los cisnes, inició ahora acciones legales para invalidar la nueva regulación, alegando que le sería imposible adecuarse a las nuevas exigencias.

Esta Norma Secundaria de Calidad Ambiental (NSCA) establece los límites de distintas sustancias que el río puede sostener y, que en caso de sobrepasarse, implicaría que el curso de agua sea declarado como saturado. El objetivo es conservar el entorno, que incluye al Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanter y su humedal, en un estado lo más cercano posible al que tendría sin la presencia humana. Pero las nuevas exigencias han generado rechazo entre las empresas asentadas en la zona, crispando el clima. Tanto, que en menos un mes ya habían ingresado tres reclamos ante el Tribunal Ambiental de Valdivia. Además del que presentó Celco, también reclamaron la Corporación para el Desarrollo de la Región de los Ríos (Codeproval, de la que también es parte Celco) y Forestal Calle Calle.

La dictación de la norma tiene un historial de polémica. A comienzos de 2014, las autoridades ambientales del recién asumido gobierno de Michelle Bachelet se percataron de que la Contraloría había tomado razón de la NSCA del río Valdivia el 10 de marzo –un día antes del cambio de mando– y que ese decreto tenía cambios importantes con respecto al anteproyecto elaborado luego de un largo proceso de evaluación científica y participación ciudadana. Entre otras cosas, el punto de toma de muestra más cercano a la planta de Celco se había alejado unos 17 kilómetros, lo que implicaba que al momento de medirse la concentración de sustancias, éstas estaban mucho más diluidas. Se decidió entonces no publicar decreto, que se reformuló ahora con parámetros más rígidos y un punto de captación a sólo tres kilómetros de la planta.

Desde Celco indicaron a CIPER que, con esta nueva norma, cualquier descarga de sustancias al río va ser inviable y que, incluso, la operación de la planta corre un riesgo importante en su funcionamiento a largo plazo.

La empresa, que en 2014 fue condenada a pagar $5.200 millones por los daños ambientales causados al río, hace clara su posición en el escrito presentado ante el tribunal ambiental:

“Los parámetros de calidad de las aguas considerados en la norma, tendría como única consecuencia (indirecta) aumentar aún más las ya altísimas exigencias impuestas a Planta Valdivia y, por cierto, la imposibilidad técnica de adaptarse a ellas”, dice el escrito firmado por los abogados representantes de Celco, Mario Galindo y Andrés Bordalí (ver documento).

EL DECRETO QUE ENCENDIÓ LAS ALARMAS

En abril del 2014, unos meses después de que Celco fuera encontrado culpable de la contaminación del río Cruces –parte de la cuenca del río Valdivia–, se estaba por dar el paso más significativo para la protección de la cuenca de la Región de Los Ríos. Tras el visto bueno de la Contraloría, estaban listos para su publicación en el Diario Oficial los decretos que normaban las aguas que atravesaban por la cuenca de Valdivia, además de Biobío y Maipo. Sin embargo, el Ejecutivo decidió detener el proceso y volver a revisar su contenido, impidiendo la entrada en vigencia de las normas para la protección de estos caudales.

Las alarmas se habían encendido en el Ministerio de Medio Ambiente cuando una profesional alertó a las jefaturas de que el decreto Nº55/2013, que regulaba las aguas de la cuenca del río Valdivia (ver documento), había sufrido cambios de última hora que relajaban las exigencias. Hubo modificaciones entre el anteproyecto que se envió al Consejo de Ministros y también entre el acuerdo que éste organismo envió al Presidente Sebastián Piñera y el documento que finalmente se envió a la Contraloría. A la luz del resultado final, las sospechas eran que el más beneficiado era Celco, justamente la empresa que había generado el desastre ambiental que justificaba la norma.

En concreto, habían flexibilizado los parámetros normados y la posición del área de vigilancia RC II, el punto cercano a la planta de Celco. Los parámetros normados en el anteproyecto eran 17 (ver documento), no obstante, en el decreto enviado por la administración de Sebastián Piñera sólo se mencionaban 15. Aunque se agregaban dos nuevas sustancias, se eliminaron de la lista cuatro: sodio, calcio, magnesio y potasio. Y también se descartaron las mediciones “totales” en el lecho del río por las “disueltas”, que son las que se miden en el cauce, como fue el caso de los metales (cobre, aluminio y hierro). Además, se modificaron los límites permitidos de algunas sustancias. Por ejemplo, el sulfato pasó de un rango de entre 3  y 7 mg/litro en el anteproyecto, a entre 5 y 10 mg/litro en el decreto de 2013.

El nuevo gobierno también detectó importantes cambios en las coordenadas establecidas para la toma de muestras del río Cruces. De hecho, este cambio -dice el ministerio en su escrito ante el Tribunal Ambiental de Valdivia- se realizó entre la aprobación del decreto por el Consejo de Ministros y la toma de razón de Contraloría. En específico, se modificó el punto final del área de vigilancia RCII, dejando a la planta de Celco en el inicio del área de vigilancia RCIII. Las muestras se toman en el punto de término de cada zona, en consecuencia, este cambio significaba que el control de la norma se desplazaba a aproximadamente 20 Km aguas abajo de las descargas de la Planta Valdivia de Celco, en vez de los tres establecidos originalmente. En ese momento, Carla Peña, seremi de Medio Ambiente de la Región de los Ríos, explicó esta situación a La Tercera:

–Entre la firma del ex presidente y la toma de razón de Contraloría, se estableció finalmente que el punto de muestra sería a 20 km, por lo tanto la disolución que van a tener los metales pesados será mayor y no podremos dar cuenta del impacto de Celco en la zona.

El ministerio trabajó dos años para establecer nuevas NSCA, retomando gran parte de los elementos establecidos en el anteproyecto original, además de agregar metales pesados y sodio (ver documento). En su respuesta al Tribunal Ambiental en la causa ingresada por Celco, el procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado Valdivia, Natalio Vodanovic (en representación del MMA), explicó las medidas tomadas (ver documento):

• Modificación de áreas de vigilancia: En el decreto del 2013, las dos fuentes más importantes que descargan al río, tanto de forma puntual como difusa (Celco y el poblado de San José de la Mariquina), quedaban en la misma área de vigilancia (RCIII), con la única posibilidad de ser controladas aproximadamente 20 km aguas abajo, en el sector de Cahuincura. Esta distribución no permitía evaluar por separado los potenciales impactos que estas fuentes podrían generar en la calidad fisicoquímica del río así como en el ecosistema asociado.
• Parámetros normados: Se restableció la propuesta contenida en el anteproyecto de la norma, considerando la importancia de los metales totales en los ecosistemas acuáticos y la calidad natural e histórica para sulfato, cloruro, sodio y oxígeno.
• Niveles de calidad: Se mejoraron los niveles de calidad ambiental del oxígeno, sulfato, sodio, cloruro, fosfato y metales, en consideración a los niveles establecidos en el anteproyecto, a la calidad actual de las aguas de la cuenca y considera una clase óptima y media para su monitoreo.

Celco alega que estas normas establecidas en el Río Cruces están entre las más estrictas a nivel mundial y hacen inviable las descargas de la compañía, ya reguladas por su Resolución de Calificación Ambiental (RSA).

El ministro (S) de Medio Ambiente, Marcelo Mena, explica que esta no es una norma de emisión (como la que tiene aprobada la empresa), sino que regula la calidad de las aguas. “La norma está diseñada para proteger los ecosistemas de los ríos de Valdivia y no tiene relación con una fuente (de descarga) en particular”, asegura. Enfatiza que se continuará defendiendo en tribunales la vigencia de la regulación, un mensaje que transmitió este jueves 11 a las comunidades de la zona de Valdivia.

Aunque el decreto se publicó en noviembre, se estableció un periodo de seis meses para diseñar un plan de vigilancia, que contempla cuatro mediciones anuales. Aún si se exceden los límites establecidos para la concentración de los distintos parámetros, en ningún caso significa el cierre inmediato de la planta de Celco o de otras fuentes de descarga. La medición es como un semáforo: los resultados pueden óptimos, medios o saturados. En este último caso, lo que corresponde es diseñar un plan de descontaminación, un proceso largo (como el que se vive hoy en Santiago) y participativo, que sí puede contemplar límites a las descargas. Un plan de este tipo se traduce en un decreto, que podría invalidar las resoluciones de calificación ambiental de las empresas que actualmente funcionan en la cuenca, reconocen en el gobierno.

CELCO: NO HAY TECNOLOGÍA QUE PERMITA CUMPLIR LA NORMA

El escrito presentado por Celco ante el Tribunal Ambiental de Valdivia plantea un escenario dramático para la compañía. Como ejemplo, argumentan que las exigencias superan incluso las de la regulación del agua potable en Chile. Si bien esto es cierto, desde el gobierno replican que ambas normas no son comparables y que, por ejemplo, el agua potable contiene cantidades de cloro que son inocuas para el ser humano y serían dañinas para ecosistema acuático.

En su reclamo, la empresa argumenta que no existe coherencia entre el costo económico y social y el beneficio estimado de la norma:

–Por una parte, no se observan beneficios ambientales claros (se debe tener presente que, según último reporte de la Universidad Austral de Chile, la calidad ambiental del río es buena) y, por la otra, dada la imposibilidad técnica de hacer cumplir la norma (no existe tecnología disponible para la industria de producción de celulosa que permita cumplir con los estándares).

Según argumentan desde la empresa, el río en su estado natural (arriba de la descargas de la planta) ya se encuentra saturado según los estándares de la nueva norma. “¿Qué esperan que pase río abajo?”, se preguntan. Pero las autoridades ambientales replican que los estudios utilizados para elaborar la regulación dan cuenta de que eso no es efectivo.

En su defensa, fuentes de la empresa usan la carta de los beneficios sociales y económicos que significa el funcionamiento de la planta Valdivia para la región. Argumentan que la sustentabilidad no es sólo ambiental, sino que debe considerar otros componentes. Celco emplea a 5 mil personas en la región, entre trabajadores de la planta y la actividad forestal ligada a ésta.

“Estamos dando la pelea en tribunales para convocar a un proceso participativo que apunte a tener una norma donde se proteja la calidad de agua del río, su flora y fauna y la salud humana, y que de alguna una forma sea compatible con el desarrollo social y económico de la región”, explican en Celco.

Pese al escenario fatal que esboza el escrito presentado por la empresa en tribunales, fuentes de la compañía reconocen que existe un “plan B”, que es el no menos polémico ducto que descargaría los desechos de la Planta Valdivia hacia el mar a través de la bahía de Mehuín. Si bien ya cuenta con autorización ambiental, esa alternativa también despierta la férrea oposición de las comunidades locales.