La gigantesca avalancha de basura y posterior incendio en el Relleno Sanitario Santa Marta, que inundó con un humo pestilente a Santiago el lunes 18 de enero, también arrasó con las seguridades que sus dueños –el Consorcio Santa Marta- habían comprometido ante las autoridades ambientales en 2011. Fue en ese momento que pidieron aumentar considerablemente el volumen de desechos que se depositan allí y, además, prolongar la vida útil del vertedero -que debía cerrar en 2022- hasta 2035.

Aunque entonces los dueños del Consorcio Santa Marta reconocieron la existencia de un sector del relleno con mayor riesgo de deslizamiento, el Servicio de Evaluación Ambiental  Metropolitano (SEA) –con la conformidad de 12 ministerios y del Gobierno Regional- aceptó las seguridades y autorizó en febrero de 2012 duplicar, paulatinamente, las toneladas de basura que podía recibir el vertedero; aumentar en casi 100 metros la altura de la montaña de desechos y prolongar la vida útil de Santa Marta -y por ende del rentable negocio- 13 años más de lo originalmente permitido.

Al 2035 se habrán acumulado 42 millones de toneladas de basura en el vertedero ubicado en la comuna de Talagante, casi en el límite con San Bernardo. La empresa  actualmente cobra un promedio de $8.930 a sus comunas clientes por cada tonelada depositada en el relleno, por lo que aproximadamente recibirá US$524 millones de ingresos durante su operación hasta 2035 (calculado con un dólar a $715).

Las inversiones declaradas por el consorcio en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de Santa Marta y Estación de Transferencia Puerta Sur suman US$ 87,6 millones.

El vertedero Santa Marta desde el aire. El derrumbe se produjo en la zona oscura ubicada a la derecha del muro de hormigón. La basura llegó hasta el punto marcado «Masa de residuos»,

Puerta Sur es el complejo al que llegan los camiones recolectores de basura de algunas comunas, la que es separada y trasladada a camiones de mayor envergadura. La Florida, por ejemplo, paga $12 mil por tonelada de desechos. Este servicio es más caro que el que pagan las comunas que llevan la basura al vertedero sin pasar por la estación.

El permiso con el que las autoridades extendieron el negocio de Santa Marta se aprobó en 2012 sin que hubiera de por medio un proceso de participación ciudadana. Y ello, porque la evaluación ambiental se hizo sobre una “declaración de impacto ambiental” y no de un “estudio de impacto ambiental”, que sí exige el pronunciamiento de la comunidad.

Apenas cuatro años después de dicha autorización, los peores temores se cumplieron: 200 mil metros cúbicos de basura se precipitaron hacia la quebrada El Boldal, cuyo curso desemboca en un sector poblado y de parcelas. Aunque la avalancha no llegó a ellas, superó los dos muros de contención de cuatro metros de altura, levantados justamente para evitar que la basura saliera del relleno hacia las parcelas.

La investigación del derrumbe en el vertedero apunta al efecto que habría tenido el acopio de fecas de cerdos de una planta de Agrosuper de la Sexta Región, y/o mal trabajo de compactación de los bloques de basura. Los desechos de los animales, menos sólidos, pudieron desestabilizar los terraplenes de basura.

RIESGO PARA LAS NAPAS

De acuerdo a los antecedentes con que cuenta la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), las anomalías comenzaron entre el 11 y el 14 de enero, cuando empleados de Santa Marta detectaron grietas en la zona en que se depositan los desechos, junto con afloramiento de líquidos. El viernes 15, entre las 18:30 horas y las 19 horas, se produjo el deslizamiento hacia la quebrada El Boldal y el domingo 17 se inició el incendio.

La masa deslizada desde las cuatro terrazas más bajas del vertedero es una mezcla de desechos domiciliarios de 19 comunas de Santiago, más la arcilla que se usa para taparla, junto con los líquidos de la descomposición y –recientemente- los llamados “purines” de los cerdos, que también se vertían en el relleno.

La Superintendencia de Medio Ambiente -entidad encargada de la fiscalización- pidió al Tribunal Ambiental de Santiago (TAS) que se suspenda la operación de Santa Marta, lo cual fue acogido. Serán 15 días hábiles de cierre que el TAS podría prolongar una sola vez por el mismo lapso.

El riesgo ambiental es que los líquidos contaminantes penetren el suelo hasta las napas subterráneas de agua en la quebrada El Boldal, un sector que no está impermeabilizado como ocurre con el interior del relleno.

Los fiscalizadores de la SMA también detectaron grietas en la parte superior del vertedero, lo que indica que continúa el riesgo de inestabilidad. Además, quedaron dañados  los  sistemas para extraer el biogás y los líquidos lixiviados (percolados) que produce la basura. Se calcula que diariamente se están acumulando 200 metros cúbicos de ese líquido en el vertedero, que no pueden ser retirados ni llevados a la planta de tratamiento.

La emergencia también vino a confirmar las advertencias sobre peligros de contaminación de aguas y desprendimientos de rocas que hizo en 2001 la empresa Gestión Ambiental Consultores en su informe: “Deficiencias técnicas y de información de la Resolución Ambiental 433/2001 que califica ambientalmente de manera favorable el EIA del proyecto Relleno Sanitario Santa Marta”.

DESODORANTE PARA LOS VECINOS

CIPER se trasladó a los alrededores de Santa Marta. En el lugar abunda la vegetación y las plantaciones de hortalizas, situación que contrasta con el interior del relleno, donde solo hay tierra y polvo. El vertedero se ubica a 40 minutos del centro de Santiago; se accede por Lo Herrera, un sector de poco más de mil habitantes, quienes todos los días conviven con el tránsito de camiones basureros de alto tonelaje. También son vecinos los pobladores de El Romeral, en la orilla del Río Maipo, que deben lidiar con el mal olor y las moscas.

El intendente Claudio Orrego con vecinos de El Romeral.

Los pobladores de El Romeral criticaron la ausencia de la empresa en la emergencia, la que según ellos sólo les envió kits con cloro y desodorante ambiental. Ellos denunciaron la supuesta contaminación de las aguas después del derrumbe, situación que es investigada por la Dirección General de Aguas (DGA). Sus técnicos tomaron muestras el viernes 22 de enero en ocho lugares dentro del relleno y en cinco pozos en los alrededores, que son operados por la empresa Aguas Andinas.

En ambos sectores visitados por CIPER los lugareños dijeron que no notaron nada raro los días anteriores al incendio y que solamente por comentarios de trabajadores de Santa Marta se enteraron del derrumbe.

A su vez, conductores de camiones que llevan basura al relleno aseguraron a CIPER que no había nada anormal hasta el viernes 15 de enero, cuando comenzaron a salir con retraso los camiones desde Puerta Sur y que recién el sábado dejaron de recibir desechos en el relleno.

EL RELLENO CRECE

Santa Marta comenzó a operar en 2002 luego de una ardua polémica pública, que incluyó una acusación constitucional –finalmente rechazada- contra el intendente de la época, Marcelo Trivelli, en su calidad de presidente de la Comisión Regional del Medioambiente (COREMA) por  autorizar el funcionamiento del relleno que había logrado su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) positiva número 433/2001.

El permiso original estableció que el relleno y sus áreas de protección consideraban un terreno de 296 hectáreas, de las cuales 77 se ocuparían en depositar los desechos. La operación debía extenderse por 20 años y el máximo de basura domiciliaria a recibir mensualmente era de 60 mil toneladas (actualmente recibe cerca de 120 mil toneladas).

El consorcio se comprometió entonces a invertir US$ 21 millones, monto que involucraba –entre muchos otros trabajos- construir una planta de biogás, una de tratamiento de líquidos percolados, impermeabilizar el suelo de la zona de desechos, construir canales para interceptar las aguas lluvia y proteger la flora y fauna de la zona.

En 2011 la empresa presentó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para solicitar cambios a la RCA 433 de 2001. En rigor, cada modificación al original constituye una nueva RCA y Santa Marta ya acumula trece RCA hasta el año 2015.

Lo que buscaba el Consorcio Santa Marta en 2011 era un nuevo punto de partida para aumentar la cantidad de residuos a depositar. En su solicitud, la empresa proyectó que al año 2036 (aunque el permiso es hasta 2035) iban a recibir 176.800 toneladas cada mes. Además, pidió incrementar en 10 hectáreas la zona de depósito de basura y elevar en casi 100 metros los terraplenes donde se dejarán los residuos.

Camiones depositan la basura en el vertedero Santa Marta (Fuente: www.biobiochile.cl).

El riesgo era si el terreno y la compactación permitían acopiar más desechos. La empresa en su Declaración de Impacto Ambiental presentada en marzo de 2011 señaló: “Los resultados obtenidos de los análisis de estabilidad indican que la zona de relleno que presentaría la condición más desfavorable es la quebrada Q8, debido a que el sector donde se proyecta existan los mayores espesores de residuos al interior del relleno y, por consiguiente, donde el peso de la masa potencialmente deslizante es mayor”.

Y seguidamente afirmó que los estudios realizados en 2010 por el grupo de geotecnia de la Universidad Católica de Valparaíso y los realizados posteriormente por el Consorcio Santa Marta “permiten concluir con certeza y precisión que la densidad global acumulada de los residuos al término de casi nueve años de operación es de 1,2 toneladas/metro cúbico” (por sobre la norma mínima de 0,9 fijada en 2001) por lo que “se concluye que el rediseño del Relleno Sanitario es estable”, aseguraron los dueños del consorcio.

Sin embargo, en 2001 la empresa Gestión Ambiental Consultores – Ecology & Environment Inc. emitió un informe con las deficiencias técnicas y de información de la RCA que permitió la apertura del Vertedero Santa Marta. CIPER tuvo acceso a este informe y en él los especialistas acusaron que la calidad geológica de la roca donde se emplaza el relleno es “muy mala” y por tanto no apta para fundar obras civiles. Además, señalaron, la roca presenta una alta permeabilidad, situación que permitiría la infiltración de líquidos percolados hacia napas subterráneas.

La consultora también denunció “una falta de equidad técnica” por parte de la COREMA en cuanto a las mayores exigencias que se le hicieron a otros proyectos de vertederos de la Región Metropolitana, en comparación con Santa Marta. El informe mencionó que a Loma Los Colorados (de KDM), por ejemplo, se le obligó a monitorear cinco pozos de agua subterránea, de los cuales uno debía estar ubicado aguas arriba. En cambio, a Santa Marta se le exigió hacer lo mismo pero solo con tres pozos y ninguno aguas arriba.

De todos los servicios públicos que intervinieron en la aceptación de la nueva RCA para Santa Marta, solamente la SEREMI del Medio Ambiente pidió precisiones sobre los riesgos de deslizamiento. “Sin perjuicio de que en la Declaración (de la empresa) se indica que todos los factores de seguridad se encuentran sobre los valores que señala la normativa vigente, se solicita al titular (Consorcio Santa Marta) aclarar si se han adoptado medidas especiales para estos sectores que tendrían una menor estabilidad que el resto del relleno, y en caso afirmativo describirlas”, consultó la SEREMI de entonces, Jessica Mualim.

Las entidades públicas que dieron su conformidad a la prolongación del relleno del vertedero fueron: Gobierno Regional, Dirección General de Obras Hidráulicas, las SEREMI de Obras Públicas, de Salud, de Transportes, de Vivienda, Agricultura, Medio Ambiente, el SAG, CONAF y Sernageomin.

Con esos antecedentes, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) –con las firmas de Catalina Klein, intendenta metropolitana (s) y presidenta de la comisión evaluadora; y de Kay Bergamini, entonces director regional del SEA- emitieron la RCA 076/2012 que permite a Santa Marta operar hasta 2035; aumentar en 10,6 hectáreas el área de depósito de desechos; realizar un avance gradual de los niveles (altura) del relleno hasta el año 2035, debidamente compactados (relación peso/volumen entre 1,05 y 1,40 tonelada por metro cúbico de residuos).

En 2015, Santa Marta inició un nuevo proceso ante el Servicio de Evaluación Ambiental para instalar un relleno en Antofagasta. Lo hizo a través de una “declaración de impacto ambiental”, la que ya ha recibido 100 reparos de parte de los servicios públicos sobre riesgos de aluviones y contaminación.

ESCASOS RECURSOS PARA FISCALIZAR

Desde 2013, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) ha realizado cuatro fiscalizaciones en terreno al Vertedero Santa Marta: dos en 2013, ninguna en 2014 y dos en 2015. La SMA cuenta con sólo 200 funcionarios en todo el país por lo que hay regiones, como Arica y Aysén, donde existe un solo fiscalizador.

Teóricamente la SMA debe fiscalizar el cumplimiento de 15.000 Resoluciones de Calificación Ambiental. Además, investigar las dos mil denuncias que reciben cada año y actuar en las emergencias, como la ocurrida en Santa Marta.

El resultado de esos paupérrimos recursos es que la SMA selecciona cada año alrededor de 300 RCA para fiscalizar, apenas el 2% del universo que debiera controlar. Para 2016, la meta es fiscalizar 227 RCA, en las que la superintendencia gastará un presupuesto de $1.403 millones. Habrá 15 inspecciones en terreno en cada región del país.

Para ampliar el alcance de los controles, el gobierno estableció una Red Nacional de Fiscalización Ambiental en la que se coordinan los organismos públicos con atribuciones de inspección, por ejemplo, las seremis de Salud, CONAF, SAG o la Dirección del Territorio Marítimo (Directemar), cuyos fiscalizadores reciben capacitación de la SMA.

Líquidos percolados en la quebrada El Boldal.

Sin embargo, esos servicios deben destinar presupuesto para esta labor, el que también es reducido. Así, por ejemplo, el SAG destinará $310 millones para 69 fiscalizaciones ambientales este año, 11 de las cuales se realizarán en la Región Metropolitana. En el otro extremo, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) destinará sólo $1,7 millón para la tarea de control ambiental vinculado al tema indígena, con 10 fiscalizaciones, tres de ellas en la Región de Antofagasta.

Los escasos medios y el amplio espectro de supervisión es la razón por la que la SMA ha realizado hasta ahora sólo cuatro fiscalizaciones en terreno al Vertedero Santa Marta. CIPER tuvo conocimiento de que en ellas se detectaron faltas menores a las RCA, por lo que la superintendencia abrirá “procesos sancionatorios” que usualmente terminan en multas a la empresa, en este caso el Consorcio Santa Marta. Solamente cuando estos procesos culminen –lo que implica recibir y evaluar los descargos del fiscalizador- se harán públicas las actas de las visitas a terreno con las faltas cometidas.

Posteriormente los sancionados pueden apelar al castigo ante el Tribunal Ambiental de Santiago y,  en última instancia, a la Corte Suprema.

En la escala de faltas ambientales la legislación considera como “gravísimas” afectar la salud de la población, impedir las fiscalizaciones, y falsear u ocultar antecedentes sobre un daño ambiental. En ese caso la máxima pena que se puede aplicar es la anulación de la RCA que autorizó a la empresa a operar.