“Hoy existe una Nueva Villa Baviera, levantada anímicamente por los niños y niñas que nacieron bajo un largo cautiverio (…) No ha sido fácil reinventarse y mirar el futuro con confianza. El pasado pesa y está siempre tocando la puerta de la Nueva Villa Baviera”. Con esas palabras, los colonos de la “llamada segunda generación” de Villa Baviera –nacidos bajo el perverso régimen instaurado por Paul Schäfer– invitan al público a que se acerque a visitar y recorrer el enorme fundo ubicado en Parral.

La gestación de esa “Nueva Villa” levantada por los herederos de la ex Colonia Dignidad tiene un origen definido: 21 de agosto de 2009. Ese día, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación del Fisco de Chile, firmó un acuerdo con los representantes de dos empresas de Villa Baviera –Inmobiliaria Cerro Florido y Abratec– por el cual éstos comprometieron el pago de indemnizaciones para las víctimas de los delitos de tortura, desaparición de prisioneros políticos y abuso sexual de menores, cometidos por Schäfer y sus cómplices. Un genuino acto de reparación con el que buscaban extirpar de Parral el estigma de las atrocidades cometidas por el pastor pedófilo, de las cuales muchos de ellos también fueron víctima.

Para garantizar el pago, entregaron cuatro terrenos de Villa Baviera en hipoteca a “favor del Fisco y de terceros a determinarse” (las víctimas), avaluados en esa fecha en casi $3.400 millones. A cambio, el CDE se comprometió a levantar el embargo que pesaba desde 1996 sobre parte de los bienes raíces y muebles de Cerro Florido y Abratec, medida que había sido solicitada por el propio consejo en el juicio que entabló por “contratos simulados” en contra de algunos jerarcas de la ex Colonia Dignidad.

El acuerdo le permitió a la “segunda generación de colonos” esquivar la inminente quiebra de sus empresas –que ahora podían ser administradas sin trabas judiciales–, abriéndole las puertas para reactivar la alicaída economía de Villa Baviera.

Hoy el panorama es muy distinto a ese día de agosto de 2009 en el que abundaron los abrazos y apretones de mano. A seis años de firmado el acuerdo, las víctimas y los “nuevos colonos” están en guerra. Pese a que el embargo efectivamente se anuló, las empresas de Villa Baviera siguen en una situación crítica y sus propietarios se resisten a pagar las indemnizaciones.

Eduardo Salvo Hernández (35 años), abusado en reiteradas ocasiones por Schäfer y a quien se le adeuda más de $50 millones por “daño moral” (ver recuadro), es solo una de una serie de víctimas –con sentencias a firme a su favor desde febrero de 2013–, que debieron ser indemnizadas y que aún no reciben su dinero. Entre ellas se encuentra también Salo Luna Garrido, cuya historia se hiciera conocida tras escapar junto a Tobías Müller del enclave de Schäfer en 1997.

Eduardo Salvo a sus 13 años en la ex Colonia Dignidad.

Tras infructuosos intentos de cobranza, en 2014 el tema se judicializó. En septiembre de ese año nueve víctimas presentaron una demanda civil en el Juzgado de Letras de Parral para que los miembros de la “segunda generación” de Villa Baviera cumplan con las obligaciones pactadas en el acuerdo de 2009.

Son más de $800 millones los que se reclaman en indemnizaciones. Pero en la contestación de la demanda, la defensa de los nuevos líderes del enclave de Parral adujo una serie de vicios de nulidad para dejar sin efecto el acuerdo que firmaron con el Fisco. “No podrá tener lugar la ejecución sostenida en autos por ser nula la obligación. Mi parte no puede quedar obligado por una hipoteca nula tanto en su título como en su tradición”, señala uno de los pasajes del escrito presentado a fines de mayo por el abogado que representa a quienes lideran actualmente Villa Baviera, Andrés Kuncar Onetto.

A casi seis años de ese 21 de agosto, los fantasmas de la ex Colonia Dignidad vuelven a tocar la puerta del enclave de Parral. Hoy, las vigas con las que en 2009 se proyectó el promisorio futuro de esta “Nueva Villa” tambalean.

UN GESTO DE RECONCILIACIÓN

Como un “gesto de reconciliación con Chile” fue presentado por la nueva generación de Villa Baviera el acuerdo con el que en 2009 se comprometieron a indemnizar a las víctimas de abusos sexuales y secuestro cometidos por los antiguos jerarcas de la ex Colonia Dignidad.

La transacción comenzó a fraguarse en octubre de 2008, cuando el entonces embajador de Alemania en Chile, Michael Glotzbach, se reunió con la Presidenta Michelle Bachelet. En esa instancia, el diplomático alemán le manifestó a la mandataria la preocupación de su gobierno por la precaria situación económica que afectaba a los ciudadanos de su país –poco más de 180– que habían decidido quedarse en Villa Baviera.

El holding de empresas heredado por los antiguos jerarcas a la nueva generación de colonos (Cerro Florido y Abratec, entre otras) no tenía liquidez y se encontraba asfixiado por cuantiosas deudas. Y ello, porque Paul Schäfer y su círculo íntimo de colaboradores habían sacado ilegalmente del país gran parte de su capital.

Pero eso no era lo único que comprometía las finanzas de Villa Baviera. Desde 1996, existían un embargo sobre parte de los bienes de algunas de sus empresas (Cerro Florido y Abratec) lo que implicaba que éstas no podían vender, enajenar, ni acceder a créditos para renegociar sus deudas, renovar maquinarias y financiar nuevos emprendimientos (ver reportaje de CIPER). El embargo había sido solicitado por el propio Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el marco de juicio por “contratos simulados” contra la ex Colonia Dignidad.

Frente a la inminente quiebra de las empresas, la embajada de Alemania en Chile encargó en 2009 un informe de su situación financiera. La conclusión del informe  fue categórica: de no obtener recursos frescos para reprogramar sus deudas y financiar inversiones, las empresas del holding cerrarían el año 2009 con un déficit superior a los $1.300 millones. El lapidario diagnóstico venía acompañado de  una recomendación: “urge alzarlos (los embargos) mediante la implementación de un acuerdo reparatorio (…) esto debe hacerse con extrema urgencia”.

Con el informe en mano, la “segunda generación de colonos” propuso al gobierno que el CDE se desistiera del embargo que hasta entonces mantenía paralizado el patrimonio de las empresas, comprometiéndose, a cambio de ello, a indemnizar a las víctimas de los abusos de Schäfer y sus cómplices.

El acuerdo de “indemnizaciones por embargos” quedó suscrito el 21 de agosto de 2009. En él, la actual administración de Villa Baviera hipotecó en favor del Fisco cuatro predios avaluados en más de US$ 6 millones de la época (unos $3.400 millones) con el fin de garantizar el pago de indemnizaciones para las víctimas de los delitos cometidos por Schäfer y sus cómplices. A cambio, el CDE levantó el embargo de los bienes de las empresas, evitando su inminente quiebra (ver acuerdo).

El acuerdo estipuló que con ese fondo se pagarían indemnizaciones para todas aquellas víctimas de delitos en que se determinara responsabilidad penal en calidad de autor, cómplice o encubridor, de Paul Schäfer, y también para víctimas de delitos de lesa humanidad ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Para mayor precisión, se dejó constancia de 40 procesos judiciales que involucran a la ex Colonia Dignidad. En el escrito se estipuló además que podrían cobrar las indemnizaciones contra ese fondo, todas las víctimas de delitos cometidos al interior de las propiedades de la ex Colonia Dignidad, siempre que solicitaran el pago en un plazo no superior a tres años desde la sentencia de término del juicio que les otorgue la indemnización. Asimismo, se estableció que el plazo máximo de la vigencia de la hipoteca se extendería hasta el 31 de diciembre de 2017.

Agosto de 2009 significó un hito para los nuevos líderes de la ex Colonia Dignidad. Un renacer que les permitiría reactivar su alicaída economía y quitarse la mochila del pasado por medio de actos de reparación en favor de las víctimas. Pero hasta hoy, ni lo uno ni lo otro ha ocurrido.

EMPRESAS EN PICADA

El 15 de febrero de 2010, a seis meses de haber firmado el acuerdo, los representantes de Cerro Florido y Abratec (ambas empresas quedaron como garantes del pago de las indemnizaciones indicadas en favor del Fisco y/o de terceros), crearon una nueva sociedad: Inmobiliaria Bergneustadt Limitada. Curiosamente, su capital inicial –casi $600 millones– fue constituido con el dominio de los cuatro terrenos de Villa Baviera hipotecados en favor del Fisco para reparar a las víctimas de Colonia Dignidad. El acuerdo de 2009 no estipuló prohibición alguna de enajenar o vender esos terrenos hipotecados.

–La hipoteca es sobre el bien raíz. Es una garantía real que sigue al inmueble, no al propietario. Las indemnizaciones no corren peligro con esa transacción– señaló a CIPER un abogado conocedor del proceso.

A la cabeza de Inmobiliaria Bergneustadt quedó Hans Schreiber Nill, uno de los cuatro miembros de Villa Baviera que firmaron el contrato en 2009, y quien según distintos relatos recogidos por CIPER es el que en la práctica administra todas las empresas de Villa Baviera. Hans Schreiber comparte esa posición de mando con un histórico de la ex Colonia Dignidad: Reinhard Zeitner Bohnau.

Zeitner fue miembro del equipo de seguridad de Colonia Dignidad en plena vigencia del régimen instaurado por Paul Schäfer. “Es de los típicos mandos medios que en el pasado era parte de los miembros de seguridad de la Colonia que andaba con pistola, perros de seguridad y cuidaba los cercos”, cuenta un cercano a la ex Colonia Dignidad que pidió reserva de su identidad.

En el fallo unánime de la Corte Suprema que condenó en enero de 2013 a 16 ex jerarcas del enclave controlado por Paul Schäfer, Zeitner fue sancionado como cómplice en el delito de sustracción del menor Ángel Salvo Fuentes, quien fuera secuestrado en 1997 para evitar que diera su testimonio en la investigación que recién iniciaba la justicia contra Schäfer y su círculo de colaboradores. Tras la sentencia que lo condenó a tres años y un día de presidio, a Zeitner se le otorgó el beneficio de libertad vigilada. Pese a su condena, hay quienes señalan que Zeitner fue una víctima más de los delirios de Schäfer.

A casi seis años del fin del embargo, distintos antecedentes recogidos por CIPER muestran que, contrariamente a lo que se proyectó en agosto de 2009 cuando se levantó el embargo, la disciplina alemana no ha sido capaz de revertir el negro panorama financiero que desde hace años afecta a las empresas de Villa Baviera: las empresas arrastran enormes pasivos y, pese a su millonario patrimonio, no tienen liquidez desde hace varios años.

REUNIÓN CLAVE

El 23 de abril pasado, tuvo lugar en la ex Colonia Dignidad una reunión clave. A ella concurrieron una treintena de accionistas a escuchar el estado de resultado de las empresas del holding. El panorama financiero que allí se les presentó fue desolador.

En esa reunión se reconoció que desde 2005 las empresas no obtenían utilidades y que desde 2011 los costos de operación habían sido sistemáticamente mayores a los ingresos. “Estamos en crisis”, “no se paga la operación”, se le dijo a los asistentes a la reunión, mientras se les explicaba en tono pedagógico que pese al millonario patrimonio que administran las sociedades de Villa Baviera, desde hace años no existe liquidez. Se reconoció además que, por eso mismo, se había “perdido la credibilidad” con muchos proveedores.

En 2013, los resultados financieros indican que las empresas de la ex Colonia Dignidad tuvieron pérdidas por casi $400 millones y en 2014 por más de $200 millones (EBITDA negativo). Entre 2013 y 2014 el valor de la acción bajó en más de 50% (de $32.780 a $14.724).

Las ventas también cayeron. En el último año se dejó de vender casi un millón de dólares (un 15% menos que en 2013). Una de las explicaciones que se dio a los accionistas fue que producto de la estrechez de caja, en oportunidades incluso no había dinero para ponerle petróleo al camión que debe repartir los pedidos  a los clientes (de áridos, principalmente). “No podíamos cumplir con los requerimientos”, se señaló.

En la reunión se reconocieron ante los accionistas errores históricos de administración. “Aquí somos todos responsables”, señaló uno de los directores de las empresas, agregando que la única manera de salir del marasmo financiero era “hacerlo en familia” y consiguiendo una importante inyección de capital. “Soluciones hay, en la medida en que se le inyecte dinero y alguien se haga cargo de manera eficiente de la operación”, se señaló.

El abogado Winfried Hempel, quien estuvo presente en esa sesión de directorio, entrega más detalles de lo que allí sucedió:

–En esta reunión se anunció la venta de Abratec. La venta fue muy hermética, pero se sabe que se vendió a “precio huevo”. Aparentemente la compró un fondo privado de inversión. Eso le dio un breve respiro las finanzas de Villa Baviera, pero los pasivos siguen siendo enormes. Casi $5.000 millones. Aquí ha habido un despilfarro sistemático de dinero por parte de los líderes de Villa Baviera.

Sin utilidades desde 2005 y con costos de explotación muy superiores a los ingresos, la pregunta que queda en el aire es cómo durante toda una década han logrado mantener las empresas de Villa Baviera a flote.

Según el relato de Hempel, en esa misma reunión, uno de los directores confesó que durante varios años se habían manipulado los balances (deficitarios) de las empresas para así conseguir créditos con distintas instituciones financieras y para presentar a los accionistas de las empresas resultados más “optimistas”. “Eso lo reconocieron derechamente en la reunión de directorio de abril pasado. Dijeron que habían inflado los balances para que los bancos les dieran más dinero”, acusa Hempel.

Luego de conocer los resultados, algunos accionistas manifestaron su malestar. Uno de ellos señaló que no estaba consciente como accionista de estos resultados y que desde el 2005 se había presentado otra realidad.

ORDEN DE NO PAGO

El 19 de febrero de 2013 se dictó el cúmplase de la sentencia dictada por la Corte Suprema contra 16 jerarcas de la ex Colonia Dignidad por los delitos de abusos deshonestos perpetrados a más de una decena de víctimas del régimen de Paul Schäfer.

Fue ese mismo año, y según lo estipulado en el contrato firmado entre el Fisco y los colonos de Villa Baviera, que comenzaron las gestiones para que se hiciera efectivo el pago de las indemnizaciones consagradas en el acuerdo de 2009.

–Contacté a los actuales colonos a fines de 2013 para decirles que debían pagar. Al primero que llamé para hacer valer el acuerdo fue a Martin Matthusen Gerlach (uno de los firmantes del acuerdo de 2009 en representación de las empresas de Villa Baviera), quien me señaló que en ese momento estaba saliendo de la administración de las empresas y me dijo literalmente ‘veo que soy el único que firmó el acuerdo con la intención de cumplirlo’. Y agregó que no podía hacer nada –cuenta Winfried Hempel.

Hempel relata que estuvo durante varios meses intentando hacer valer el contrato firmado entre el Fisco y los administradores de Villa Baviera en 2009. Pero ninguna de las tratativas fructificó. “Todo lo dilataban. Me estaban usando para ganar tiempo”, acusa. Hempel apunta a Hans Schreiber y a Reinhard Zeitner como los responsables. “Son ellos los que están detrás de todo esto. Ellos representan la línea más dura y todos se alinean en torno a sus decisiones”. CIPER intentó en reiteradas oportunidades contactarse con Schreiber (por email y teléfono) sin éxito.

El 5 de septiembre de 2014 Hempel y el abogado Walter Morales, en representación de nueve víctimas de los ex jerarcas de Colonia Dignidad, presentaron una demanda de desposeimiento en el Juzgado de Letras de Parral en contra de los representantes de Inmobiliaria Bergneustadt, actual propietaria de los terrenos entregados en hipoteca al Fisco. En el libelo, los abogados de las víctimas piden a los tribunales que notifique a los socios de la inmobiliaria para que paguen las indemnizaciones de sus nueve representados o que de lo contrario los terrenos sean rematados. El monto total que se reclama supera los $800 millones.

En mayo de 2015, el abogado de los representantes de Bergneustadt, Andrés Kuncar, presentó en tribunales la contestación a la demanda interpuesta por Hempel y Morales. En ella, adujo una serie de causales de nulidad de la obligación contraída por  la “segunda generación de colonos” en 2009.

-Los argumentos que utilizan en el escrito muestran claramente que están desconociendo la obligación y que no quieren pagar -señala el abogado Walter Morales.

En una de las causales se reclama la invalidez del acuerdo de 2009 producto de que los beneficiarios de las indemnizaciones “solo vinieron a ser titulares del derecho a ser indemnizados (…) el 25 de enero de 2013. No pudo ni puede estipularse nada a favor de una persona futura e indeterminada”, se señala en el escrito, en el que se pone énfasis en que “la determinación de las partes de un contrato es requisito de todo acto jurídico”.

–Saben perfectamente de lo que se trata el acuerdo y solo quieren eludir su responsabilidad. En todo el procedimiento no han mostrado voluntad alguna de querer llegar a un acuerdo –señala Morales.

En la contestación a la demanda también se argumenta que la inscripción de la hipoteca en el Conservador de Bienes Raíces no es válida, pues “no fue requerida por ninguno de los interesados (ni el Fisco ni Cerro Florido), sino por don Enrique Monasterio Rebolledo (el entonces abogado de los colonos), quien no exhibió ni contaba con título alguno para obrar por los interesados de dicha inscripción” (ver escrito).

–Están desconociendo el acuerdo por un error de forma. Eso prueba que actúan de mala fe. Es una excepción  absolutamente inatendible –dice Hempel.

Todas las causales de nulidad presentadas por el abogado representante de los colonos fueron desestimadas por los tribunales. A fines de septiembre de este año Kuncar y los colonos volvieron a la carga y presentaron un recurso de casación en contra de la sentencia de primera instancia.

–El juicio puede demorar. Si se cumple el plazo de término de la hipoteca (31 de diciembre de 2017), el Consejo de Defensa del Estado se va a quedar sin terrenos. El Fisco accedió a levantar el embargo en reemplazo de la hipoteca y después del contrato de 2009 no ha hecho ninguna gestión para ver en qué va esa hipoteca, ni tampoco para velar por el efectivo cumplimiento de las obligaciones –acusa Hempel.

 “EL CDE HIZO MÁS DE LO QUE DEBÍA”

El abogado consejero del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell fue quien llevó las causas que involucraban a la ex Colonia Dignidad en representación del Fisco. En 2013, Martorell consiguió la condena de 16 de los ex jerarcas de Villa Baviera por delitos de violación y secuestro de menores. También fue protagonista en las negociaciones que sellaron el acuerdo de agosto de 2009.

En conversación con CIPER, el consejero del CDE señala que el acuerdo excedió con creces el espíritu original de la negociación entre el CDE, en representación del Fisco, y los representantes de las empresas de Villa Baviera,  Abratec y Cerro Florido.

–Logramos que hipotecaran cuatro parcelas, las más importantes de la ex  Colonia Dignidad, en favor del Fisco. Yo como abogado dije, “no nos vamos a contentar con eso, vamos a incluir a los menores que fueron víctimas”. Aprovechamos de unir legalmente una causa que no tenía nada que ver, una causa patrimonial sobre contratos simulados, con las víctimas civiles de los abusos sexuales para que también fueran favorecidas. Podríamos haber velado, tal cual nos correspondía, solo por los intereses de Fisco, pero fuimos más allá, era lo que debíamos hacer –cuenta Martorell.

El Consejo de Defensa del Estado –añade Martorell- no tenía responsabilidad alguna en los hechos para negociar en favor de las víctimas, pero decidieron dar la pelea para que éstas tuvieran un respaldo patrimonial contra el cual hacer valer las sentencias judiciales que condenaron a los ex jerarcas de Colonia Dignidad.

–Sin esta hipoteca, las víctimas habrían quedado en un vacío legal, porque habrían ido al juzgado civil a hacer valer las indemnizaciones que dictaminara la justicia, pero no habrían tenido ningún respaldo –señala Martorell.

El abogado del CDE se muestra sorprendido y contradice las críticas de abogado Hempel y de parte de las víctimas respecto del eventual rol que debía haber cumplido el CDE en la supervisión del cumplimiento del contrato:

–Entiendo la molestia que puedan tener las víctimas si hasta el día de hoy no han sido indemnizadas. Pero acá hay algo claro: no es responsabilidad del Consejo de Defensa del Estado hacer el seguimiento de esos pagos, salvo en las condenas que se puedan aplicar respecto del Fisco en las causas, por ejemplo, de derechos humanos. No podemos legalmente demandar indemnizaciones de perjuicios en favor de las víctimas, porque el CDE no representa a las víctimas, sino que representa al Estado.