El corvo con que los degollaron pesaba 410 gramos y medía 19 centímetros de largo por 3,6 centímetros de ancho. Era de Miguel Estay Reyno, el “Fanta”. Se lo había regalado uno de los torturadores más temidos de la dictadura, Roberto Fuentes Morrison, el “Wally”, el año anterior. Ese 30 de marzo de 1985 en Quilicura, el primero en usar el arma fue el sargento segundo José Fuentes, quien tomó por atrás  la cabeza de Manuel Guerrero  y le hundió el cuchillo en el cuello. El corvo pasó luego a manos del cabo Alejandro Sáez Mardones, quien repitió el procedimiento con Santiago Nattino. Luego el cabo Claudio Salazar agarró el arma y le hizo un profundo corte en el vientre a José Manuel Parada, quien cayó adolorido al piso segundos antes de que otro agente tomara nuevamente el arma y lo degollara también.

José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero

Quien comandó el degollamiento de los tres profesionales comunistas, una de las operaciones más sangrientas y estremecedoras de la dictadura, fue el entonces coronel Guillermo González Betancourt, jefe operativo del Departamento de Asuntos Internos y Externos de la Dicomcar, la Dirección de Comunicación de Carabineros. Este lunes 21, los cinco ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema –integrada por Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y los abogados integrantes Jean Pierre Matus y Jaime Rodríguez- rechazaron de forma unánime el recurso de amparo con el cual González Betancourt buscaba acceder a la libertad condicional y revertir la decisión en contrario de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Santiago (ver fallo).

González Betancourt cumple pena de presidio perpetuo como autor del secuestro y homicidio de Parada, Guerrero y Nattino, además del secuestro de Ramón Arriagada Escalante y de los dirigentes de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (Agech) Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas. Suma a su condena otra pena de 5 años y un día como autor de asociación ilícita y una más de 5 años y un día por el robo con intimidación del auto de Traverso, uno de los secuestrados sobrevivientes. Además, se le dieron las penas accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por su tiempo de vida, y la de sujeción de vigilancia de la autoridad por el máximo que establece el Código Penal.

En mayo de 2012, González Betancourt cumplió 20 años de condena en el penal de Punta Peuco y en septiembre comenzó a recibir una serie de cuestionados beneficios carcelarios. Ese mes, el Consejo Técnico de Gendarmería le concedió la salida dominical. Luego, en enero de 2013, consiguió salir del penal el fin de semana completo y el 24 de junio del mismo año obtuvo el beneficio de la “salida controlada libre”, gracias al cual podía salir todos los días de Punta Peuco hasta por 15 horas diarias.

Ahora González Betancourt buscaba la libertad condicional, pero los ministros del máximo tribunal que le negaron el beneficio se basaron en el último informe sicológico entregado por  Gendarmería, el que da cuenta de que el oficial (r) de Carabineros  “no ha adquirido una adecuada conciencia del delito cometido, del daño y el mal causado con el mismo y no ha demostrado una real disposición al cambio”.

El fallo considera que, de acuerdo a la ley chilena, la libertad condicional debe ser “un medio de prueba” de la rehabilitación del condenado, lo que en este caso no se cumpliría.

La resolución de la Segunda Sala incluye una prevención del ministro Lamberto Cisternas, quien estimó que González Betancourt no cumplía con los requisitos para optar a la libertad condicional debido a que su acumulación de penas exigiría que cumpliera 25 años en prisión y no 20. Además, Cisternas hizo ver que la defensa del condenado no rebatió la acusación de que su conducta penitenciaria no puede considerarse como intachable, según constaría en su hoja de vida de Gendarmería.

“VENGO A OFRECER MI CORAZÓN”

El abogado Luciano Fouillioux fue quien asumió el alegato en representación de una de las víctimas del comando que encabezó González Betancourt. Al iniciar sus palabras, lo calificó como un «criminal que también tiene derechos humanos», los que jamás se les negarán en un Estado de Derecho, pero desde un piso jurídico distinto al que planteó su defensa. Y fundamentó sus dichos diciendo que al rechazar su libertad condicional no hay vulneración de garantía de libertad personal y seguridad individual de aquellas que permite la invocación del recurso de amparo (Artículo 21 de la Constitución); y que su recurso estaba mal fundado por cuanto se invocan como vulnerados derechos constitucionales que no pueden ser remediados por la vía del recurso de amparo. El estado de confusión de su defensa es tal, afirmó, que se llevó “al recurrente a confundir recurso de protección con recurso de amparo”.

Luego, Fouillioux recordó la enorme conmoción que provocó en marzo de 1985 el asesinato de los tres profesionales, que incluso provocó la caída del entonces jefe de Carabineros y miembro de la Junta Militar, general César Mendoza Durán. También hizo mención a los obstáculos que debieron enfrentar los jueces que tuvieron a cargo la investigación del triple homicidio, desde Cánovas Robles hasta Milton Juica.

Frente a familiares de las víctimas y a numerosos ex compañeros de trabajo de José Manuel Parada en la Vicaría de la Solidaridad, el abogado Fouillioux hizo un perfil del sociólogo, relatando sus características como padre, marido y joven sensible y comprometido que cuando vio en 1974 – citando la canción de Fito Páez  «Vengo a ofrecer mi corazón«- «cuanta sangre se llevó el río, corrió y se enroló en el Comité Pro -Paz y luego siguió su tarea en la Vicaría de la Solidaridad, lugar donde trabajó hasta que fue detenido y degollado, mientras por más de una década protegió, amparó y acompañó al perseguido”.

Respecto del tema penal de fondo, Fouillioux le planteó a los ministros de la Segunda Sala que lo que estaba en discusión era de “singular relevancia, ya que el asunto es si tiene o no derecho a beneficios carcelarios un condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, que no demuestra arrepentimiento, según se afirma en los propios informes de Gendarmería, y que aún así pide que se le aplique un beneficio como autor de delito común”.

Fouillioux planteó también que el recurso de amparo estaba mal formulado tanto en la forma como el fondo: era improcedente por la materia en que incidía, como por la indudable búsqueda indebida de un forzamiento o invención de un procedimiento, para llegar hasta la Segunda Sala de la Corte Suprema, que conoce los temas penales. Si el recurso es acogido –afirmó- se busca generar una ruta de próximas libertades a condenados por delitos de lesa humanidad, llevando casi a cero todo avance jurisdiccional en estas materias.

-Y eso nadie lo puede tolerar, ni las victimas ni las propias Fuerzas Armadas y menos aún el Poder Judicial, que viene ajustando su actuar desde la carencia del ayer. Por lo tanto, no se le puede pedir a la Corte Suprema borrar con el codo todo lo escrito con la mano, ya que nadie entendería que habiendo condenado reiteradamente por delitos de lesa humanidad, entendiendo la imprescriptibilidad penal y ahora civil –como con el fallo reciente sobre los prisioneros políticos de Isla Dawson- se pueda también otorgar beneficios carcelarios por delitos que son reclamados como » comunes » por el recurrente –agregó el abogado.

Al terminar, Luciano Fouillioux reclamó coherencia en los fallos de la Corte Suprema y dijo ante los ministros de la Corte que frente a este tipo de delitos ya estaba todo dicho y conocido:

“Así planificaron el crimen, así los secuestraron, así los asesinaron, así después del debido proceso los condenaron, así después de 23 años de la condena y 30 años de los hechos, no demuestra arrepentimiento… Estamos frente  a una situación inalterable, que une dos puntas de un mismo lazo, el hombre que ofrece su corazón, tal como cantó Fito Páez y que generó el alistamiento de quienes hemos querido proteger la indemnidad de las victimas y sus familias. Esto obligó a un grupo de ex compañeros de José Manuel Parada en la Vicaría de la Solidaridad (y leyó una larga nómina que encabezaban María Luisa Sepúlveda y Roberto Garretón) a hacerse parte en este recurso para defender la posición del compañero degollado por estos sicarios del mal. Cerradas así las cosas y el tiempo transcurrido y actuado, nos hacen decir: señores ministros, nos habrán visto llorar muchas veces pero jamás de rodillas, por eso estamos aquí para invocar nuestra posición”.

LOS CRIMENES

Otros condenados del Caso Degollados han tenido mejor suerte que González Betancourt. El 12 de agosto de este año, la Corte Suprema ratificó el dictamen de la Corte de Apelaciones que un mes antes aprobó la libertad condicional de Alejandro Sáez Mardones. Esa vez no sirvieron los esfuerzos judiciales de las familias de las víctimas ni la decisión del gobierno de hacerse parte en la apelación a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Sáez Mardones circula hoy libre por las calles (ver recuadro).

Guillermo Washington González Betancourt, también conocido como “Bototo”, nació en Curicó en 1943. A los 20 años ingresó como aspirante a oficial a la Escuela de Carabineros. Su ascenso fue rápido: al año siguiente ya era subteniente de la Séptima Comisaría Prefectura Santiago Norte y en 1966 ascendió a teniente en Graneros. En 1968 volvió a Santiago, a la Sexta Comisaría, y en 1970 se integró al Grupo Móvil, en la Primera Comisaría de Servicios Especiales. Después del Golpe Militar pasó al Departamento de Orden y Seguridad de la Dirección General de Carabineros y fue ascendido a capitán.

Guillermo González Betancourt (Fuente: memoriaviva.com)

Entre 1974 y 1979 integró las Fuerzas Especiales en varias comisarías de Santiago, hasta que en marzo de 1980 fue ascendido a mayor. En agosto de ese año, en un oscuro episodio, sufrió un accidente con explosivos que le provocó la amputación traumática de su mano derecha. El episodio no lo inhibió de seguir realizando operaciones con explosivos para ocultar sus crímenes. En 1985, luego del secuestro del profesor de la Agech Alejandro Traverso, escondieron su Fiat 600 en el patio del cuartel de la Dicomcar de calle Dieciocho, allí en el mismo lugar donde funcionó el diario Clarín hasta septiembre de 1973. En su declaración ante Juica, el suboficial Luis Huaiquimilla dijo que tiempo después de los asesinatos y secuestros, González Betancourt ordenó destruir el auto de Traverso. El propio González manejó su Chevette rojo con una carga de explosivos en el asiento del copiloto camino a Quinta Normal. Lo seguía el Fiat 600, manejado por otro agente. Cuando llegaron a un sector solitario, cargaron los explosivos en el auto de Traverso y lo hicieron explotar.

González usa una prótesis y fue enviado en varias ocasiones en comisión de servicio a Alemania para recibir tratamiento médico en el Hospital Militar de Hamburgo. Allí estuvo reemplazando su prótesis pocos días antes de ordenar el asesinato de los tres profesionales comunistas, lo que le permitió conducir personalmente el vehículo Chevy Chevette -junto al “Fanta” y otro agente de la Dicomcar- hasta el sitio en Quilicura donde fueron degollados.

Los hechos que desencadenaron el asesinato de Guerrero, Parada y Nattino comenzaron a gestarse en 1984. En agosto de ese año, angustiado por la culpa, desertó el ex integrante del Comando Conjunto Andrés Valenzuela, alias “Papudo”. El Comando Conjunto fue una de las organizaciones más siniestras y secretas de la dictadura, en la que participaban los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea, Armada y Carabineros (en un principio también participó el Ejército). El grupo competía en la cacería de los disidentes políticos con la DINA, liderada por Manuel Contreras, llegando a disputarse los prisioneros hasta en las calles. Al Comando Conjunto  se incorporaron también algunos civiles ex Patria y Libertad (como el grupo que asesinó en julio de 1973 al edecán naval de Salvador Allende, Arturo Araya Peters) y más tarde ex prisioneros que tras ser torturados brutalmente se convirtieron en agentes.

Entre estos últimos está Miguel Estay Reyno, el “Fanta”, un ex militante comunista que se convirtió en colaborador y años después en asesino de sus propios ex camaradas. Guillermo González Betancourt también participó en las actividades del Comando Conjunto, actuando bajo las órdenes del capitán Germán Esquivel, jefe de Contrainteligencia de Carabineros.

La existencia del Comando Conjunto se mantuvo en absoluto secreto hasta que en agosto de 1984 Andrés Valenzuela se acercó a las oficinas de la revista Cauce para relatarle los crímenes que había presenciado a la periodista Mónica González, hoy directora de CIPER (ver entrevista). Luego prestó testimonio ante funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad y fue sacado del país.

Según se narra en “Los Casos de la Vicaría”, los relatos de los crímenes de la dictadura recopilados por Andrea Insunza y Javier Ortega que inspiraron la serie “Los Archivos del Cardenal”, dos meses después de la deserción de Valenzuela, agentes de inteligencia de la dictadura asaltaron la sede del Movimiento Democrático Popular (MDP).  Entre otros documentos se llevaron una libreta con apuntes y teléfonos que pertenecía al arquitecto Ramón Arriagada Escalante, un militante comunista al que apodaban “Vincenzo”. Esa libreta contenía información de reuniones de varios militantes y dirigentes, entre ellos los tres profesionales asesinados.

En febrero de 1985, Arriagada fue secuestrado bajo las órdenes de González Betancourt, y en las semanas siguientes fueron también secuestrados varios profesores de la Agech. Bajo tortura, a Arriagada lo interrogaron sobre las actividades de Manuel Guerrero y José Manuel Parada, quienes en los últimos meses habían estado trabajando para confirmar los datos entregados por Valenzuela sobre el Comando Conjunto. Toda la historia se encuentra detallada en el libro “Los Secretos del Comando Conjunto”, de Mónica González y Héctor Contreras, publicado en 1991 por Ediciones del Ornitorrinco.

CONDENADOS

No tardó mucho el juez José Cánovas Robles, nombrado ministro en visita para investigar los asesinatos de Guerrero, Parada y Nattino, en llegar a la conclusión de que el crimen había sido ordenado desde el Departamento de Asuntos Externos e Internos de la Dicomcar, a cargo de Guillermo González Betancourt, a quien declaró reo. Pero la decisión del juez fue rápidamente anulada por la Corte de Apelaciones, por entones supeditada a las ordenes que emanaban desde el Ministerio del Interior del régimen. El juez Cánovas descubrió que González Betancourt había salido sin permiso de su lugar de reclusión y que además había alojado al “Fanta” en su casa de la costa para ayudarlo a eludir la justicia.

A pesar de la conmoción pública que provocó el triple asesinato y de la acuciosa investigación que realizó el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Cerda (hoy ministro de la Suprema), a quien le ordenaron cerrar el proceso sobre el Comando Conjunto y fue castigado por ordenar la detención de algunos de sus integrantes, el juicio llegó hasta allí. No habría justicia. Hasta que en 1992, un nuevo ministro en visita, Milton Juica, declaró reo a González Betancourt y a otros 15 carabineros como autores de asociación ilícita.

Seis meses antes de ser procesado, González Betancourt vivió un drama familiar. El 3 de octubre de 1991, su hija Estrella González Jepsen fue asesinada a tiros por su pareja, el teniente de Carabineros Félix Sazo. Eran padres de un niño que en ese entonces tenía 9 meses. Según relatan los informes policiales de la época, ese día la joven de 24 años se encontraba en su trabajo en el Hotel Crowne Plaza, en el centro de Santiago. Alrededor de las 10 de la mañana, Sazo llegó a la oficina vestido con su uniforme y Estrella salió con él a conversar afuera, frente al Monumento a los Mártires de Carabineros, donde discutieron violentamente. Estrella volvió muy nerviosa a su oficina. Minutos después ingresó nuevamente el oficial, quien se acercó al mostrador, gritó el nombre de su novia y le disparó cuatro balazos: dos en el pecho, uno en la cabeza y otro en la espalda. Segundos después, el uniformado se disparó dos tiros en su propia sien (ver crónica de La Cuarta).

DISTANCIAMIENTO DEL FANTA

Según narra el libro “Los Secretos del Comando Conjunto”, Miguel Estay Reyno había ingresado a las juventudes Comunistas en 1969, siendo estudiante del Liceo Gabriela Mistral. Se hizo conocido entre los jóvenes de la “Jota” como integrante de las Brigadas Ramona Parra y fue apodado Fanta, por “Fantomas”, un personaje de la revista cómica “La Chiva”, que circulaba en esa época. Cuando cayó detenido por los miembros del Comando Conjunto, lo amenazaron con asesinar a su hermano Jaime  y a la novia de éste (la que después se convirtió en su esposa) y el “Fanta” se abrió a colaborar. Así le explicó su decisión al ministro Carlos Cerda, juez que investigó al Comando Conjunto:

-Ofrecí a cambio de la libertad de ambos confeccionar un currículum completo de mi actividad en la juventud y en el aparato de inteligencia del PC, en el que proporcionaría todos los antecedentes sobre los militantes comunistas que he conocido. Ese documento lo confeccioné en mi celda.

Miguel Estay Reyno, “El Fanta”

El “Fanta” no sólo entregó a sus compañeros sino que se convirtió en un activo colaborador en los crímenes de la dictadura. “Yo opté y la verdad es que he pagado con creces mi decisión”, dijo Estay en entrevista con CIPER en 2007. Y agregó:

-En el camino me fui encontrando con otra gente, con otras ideas y las empecé a asumir. La verdad es que como una parte importante de los chilenos, yo creí en el sello que logró imponer el gobierno militar, fundamentalmente en términos económicos. Y como además tenía cierto grado de especialización en el área de inteligencia, se dio una vinculación relativamente natural con gente de los servicios, por el interés que podían tener en esos conocimientos. Debo reconocer que ya en 1984 ó 1985, cuando me meto en esta sección (Dicomcar), yo tenía un grado de afinidad importante con la visión del gobierno militar.

El “Fanta” era un hombre de confianza de González Betancourt. Compartían una oficina en el cuartel de la Dicomcar de calle Dieciocho, la misma que adornaban con el corvo con que degollarían a Guerrero, Parada y Nattino. Pero la relación entre ellos no volvió a ser la misma luego de que Estay acusara a su jefe de ser responsable de los secuestros y asesinatos. González se vengó de Estay Reyno declarando que la decisión de matar había sido suya, diciendo que se había adjudicado más poder del que realmente tenía dentro de la organización. Decepcionado del que había sido su agente de confianza, González Betancourt dijo: «Si fue capaz de traicionar a sus camaradas comunistas, por qué no podía volver a hacérmelo ahora a mí», según se narra en el libro “La Noche de los Corvos”, de Nelson Caucoto y Héctor Salazar.

González Betancourt, imperturbable, no reconoció  ninguno de sus crímenes, acusando a sus subalternos de operar sin su conocimiento. Ante Juica declaró: “El hecho es que al día siguiente los más sorprendidos fuimos (Patricio) Zamora y yo cuando nos impusimos de la muerte de estos detenidos”. Para entonces, el ministro Juica ya tenía acreditado su rol en el triple homicidio y la condena era inevitable.