A la sombra de los cuervos. Los cómplices civiles de la dictadura

Meses después del golpe militar, en 1974, el segundo hijo de Eliodoro Matte Ossa, también llamado Eliodoro e ingeniero civil de la Universidad de Chile, con un MBA en la Universidad de Chicago, volvía a Chile. Según un reportaje de la revista Qué Pasa del 28 de noviembre del 2008, «recién llegado de Chicago y tras una breve estadía en la academia –hizo clases de finanzas internacionales en la UC–, recibió un llamado para integrarse al gobierno que encabezaba Augusto Pinochet. Del otro lado de la línea estaba el coronel de Aviación y médico Alberto Spoerer, por esos años ministro de Salud y cercano a la familia Matte, quien le pedía incorporarse a esa cartera. Entonces, un joven Eliodoro, de veintinueve años, aceptó la propuesta e ingresó a la Sociedad Constructora de Recintos Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud (SNS). Más tarde sería destinado a Laboratorios Chile, en ese entonces estatal, donde inició un reordenamiento que prepararía a la firma para ser privatizada, como ocurrió en los ochenta […]» (161).

De acuerdo con el Informe de la Comisión Investigadora (de la Cámara de Diputados), encargada de analizar presuntas irregularidades en las privatizaciones de empresas del Estado ocurridas con anterioridad al año 1990, la enajenación del Laboratorio Chile a manos de particulares significó al fisco una pérdida de 2.032 millones de pesos de la época (162).

Como retribución, la dictadura comenzó a entregarle a los Matte dividendos inmediatos. El Decreto Ley (DL) 701, creado en 1974 y cuyo objetivo exclusivo fue ayudar a las plantaciones forestales con bonificaciones monetarias e incentivos tributarios, parecía hecho a la medida del grupo empresarial. En sus primeros diez años de funcionamiento, el cuerpo legal habría hecho crecer la masa silvícola en un millón de hectáreas, «siendo esa la base de la riqueza de grupos forestales como los Angelini y Matte», según lo señala el propio diario El Mercurio, socio estratégico desde antiguos tiempos del clan Matte debido a la interdependencia de ambos negocios (163). Según antecedentes publicados por el diario La Tercera el 18 de julio de 2015, el decreto, hoy en estado de prórroga , entre 1974 y 1997, benefició en un 95% a las grandes y medianas empresas, con unos 365 millones de dólares, y solo en un 5% a los pequeños propietarios.

Julio Ponce Lerou fue uno de los que operó para ayudar a la Papelera luego de los «duros» años que había enfrentado durante la Unidad Popular y que habían mermado su producción. Era el indicado: había trabajado para la familia Matte a principio de los setenta en la ciudad de Concepción. Para el año 74 fue nombrado director ejecutivo de la Conaf.

A cargo del Ministerio de Economía asumió Fernando Léniz Cerda, uno de los primeros civiles que transitaba desde el sector empresarial a cargos públicos de la dictadura. Al igual que Ponce Lerou, Léniz era ex funcionario de la Papelera. Entre 1963 y 1965 trabajó ahí, llegando a ser gerente de producción. De modo paralelo había sido presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), organización gremial desde donde participó en la redacción de un proyecto de ley considerado el predecesor del DL 701, que no prosperó (164). Ya en dictadura, fue Léniz, en conjunto con la Junta militar y el ministro de Hacienda, Jorge Cauas, quienes firmaron el cuerpo legal hecho a la medida de las grandes empresas forestales.

Según el libro El mapa actual de la extrema riqueza, el DL 701 subsidió hasta el 75% de los costos de forestación, a lo que se añadieron rebajas tributarias y líneas crediticias preferentes. «Así, el fisco corría con el mayor costo de las nuevas plantaciones, mientras las utilidades posteriores quedaban en poder de los intereses privados. De esta manera, las plantaciones forestales experimentaron una fuerte expansión. Al 31 de diciembre de 1996, el valor libro de las plantaciones forestales de empresas CMPC sumaba 1.142,7 millones de dólares, equivalente al 42,7% de su patrimonio total.» (165)

El DL 701 entregaba a la Conaf, presidida por Ponce Lerou, amplias atribuciones para operativizar y fiscalizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones. Además, tenía bajo su tutela los terrenos que la Corporación de Reforma Agraria (Cora) había expropiado durante el gobierno de Salvador Allende a diversos latifundistas con el objetivo de entregárselos a campesinos y pequeños agricultores como una forma de redistribuir los medios de producción. Con el golpe militar, la Conaf sumaba cientos de miles de hectáreas bajo su tutela, una vez que las nuevas autoridades revirtieron el proceso de la reforma, con un alto costo para los campesinos y comunidades mapuches.

Desde ahí, Ponce Lerou lideró el proceso de «contrarreforma agraria». Según el libro Conflictos entre la agricultura empresarial y la agricultura campesina en Chile, un 28% de los predios expropiados por la administración anterior fue devuelto a sus «dueños originales», muchos de ellos latifundistas, un 32% fue licitado y el resto quedó en manos de los campesinos, quienes debieron repostular a la tenencia de las tierras mediante un sistema de puntajes (166). Aquellos que habían ocupado predios rústicos durante el gobierno anterior quedaron imposibilitados por ley para postular en este sistema (167).

Como director de la Conaf, Ponce Lerou presidió el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, propiedad de Corfo. Ubicado en la precordillera de Valdivia, administraba cerca de 360.000 hectáreas, con unos 3.500 quinientos trabajadores. Estaba destinado a transformarse, como el cobre, en otro «sueldo» de Chile. Comenzó su privatización a partir de 1986 (168). También fue el encargado de liquidar la hacienda Rupanco, de unas 47.000 hectáreas, pasada a manos de privados en un proceso que involucró directamente al ex yerno de Pinochet (169). Según el informe de la Cámara de Diputados sobre las privatizaciones de empresas del Estado, Ponce Lerou en Conaf, además de enriquecerse personalmente y salir del cargo como propietario de numerosos y valiosos fundos, «remató cientos de miles de hectáreas expropiadas por la Reforma Agraria» (170) durante el gobierno de la Unidad Popular.

Pero Ponce fue más allá. En julio de 1979, recién salido de Conaf, fue nombrado gerente de empresas de la Corfo. En julio de 1983, recién asumido como gerente general, debió renunciar a su cargo producto de una serie de denuncias que, finalmente, se concentraron en un panfleto anónimo (171), especie de juicio crítico y nota informativa sobre la persona y el rápido ascenso de Ponce Lerou en los negocios. En el primer aspecto, el escrito recuerda que, antes del golpe militar, en 1972, Ponce trabajaba para la CMPC y que ahí, como sindicalizado, «representaba el sector socialista» de la agrupación laboral. Señala, además, que en ese tiempo el caso tomó ribetes internacionales y que todos hablaban del «yerno» y de su enriquecimiento ilícito al ocupar sus cargos públicos como «trampolín» para sus negocios privados. A continuación enumera en detalle los fundos públicos en manos de la Corfo, que él mismo presidía, usufructuando de la propiedad del Estado para beneficio propio. Destaca, además, el caso del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli: según el documento, Ponce Lerou, quien presidió el complejo en 1975, a través de colaboradores de la misma Conaf explotaba su madera nativa, vendiendo a precios bajos y manejando él mismo el control de la cantidad de madera que salía. De esta forma, Ponce se habría «metido millones de dólares en el bolsillo», probablemente sus primeros millones. El documento continúa acusando que, en el complejo de Panguipulli, Ponce se robaba los animales al no contar correctamente el número de crías y al anotar «altas utilidades» para desviar la atención lejos de sus acciones. Se denuncia ahí también que arrendaba todos los camiones frigoríficos de Ferrocarriles del Estado, pagando por anticipado para evitar la competencia del resto de los productores de carne.

Además menciona que, a través de Javier Vargas Nielo, gerente agropecuario del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, fue comprando sus primeros predios, proceso que lo hizo rico y que incluyó el no pago de préstamos, además de la adjudicación de créditos bancarios exorbitantes. Según el texto, entre los colaboradores directos de Ponce estaba el fallecido empresario Javier Vial (172), a esa fecha integrante de uno de los dos grupos económicos más grandes del país, «Los Pirañas», nacido bajo el alero de las privatizaciones y las prebendas que la dictadura les otorgó y, además, uno de los responsables de la crisis económica en que cayó Chile en 1982, debido a la escandalosa quiebra del Banco Hipotecario de Chile. La institución financiera, de su propiedad, puso fin al «milagro económico», como se conoció el crecimiento económico chileno luego que los Chicago Boys asumieran la administración del país (ver La familia Kast, parte II: «Una nación para los Kast»).

Con su cargo en la Conaf, Ponce había asumido también la presidencia de Celulosa Constitución (Celco) y de Celulosa Arauco, además de la dirección ejecutiva de Industrias Forestales S.A. (Inforsa) y la jefatura de Industrias Forestales de Corfo (173). Presidió entonces y desde esa posición el proceso de traspaso de estas empresas a manos de privados.

Desde la Corfo, Ponce se proyectó hasta la presidencia de Inforsa, Industria Azucarera Nacional (Iansa), Compañía de Teléfonos de Chile (CTC), Empresa Nacional de Minería (Enami), a la vicepresidencia de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) y, en 1982, llegó a ser presidente de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), su chiche.

Aunque no lo reconoció públicamente, detrás del documento anónimo que describía estas tropelías, se encontraba la mano de Ricardo Claro Valdés, financista de la DINA (174), quien, junto a un grupo de operadores afines, pagó a una periodista de Temuco (175) para que hiciera una investigación que se transformó en la causa de la salida de Ponce de Corfo en 1983 y, con ello, de las empresas que desde ahí presidía, incluida Soquimich.

Pese a ello, Ponce no cejó en su empeño. Recién salido de Corfo, formó la Sociedad Ganadera Monasterio, de la que era socio mayoritario absoluto. Uno de sus principales negocios fue la solicitud de dos préstamos (en 1984 y 1985) al Banco Interamericano de Desarrollo, por 145.000 UF, que fue aprobado con el aval de Corfo. El pago no fue cancelado por Ponce debido a que Monasterio quebró y, en cambio, entregó a Corfo las prendas en garantía que había ofrecido: vaquillas y propiedades compradas a través de otra de sus sociedades (176). En esta pasada, el fisco o Corfo «perdió» al sobretasar los animales y los terrenos recibidos en prenda: «El remate de estos bienes fue considerablemente más bajo que el valor del préstamo, lo que significó una pérdida para Corfo, es decir para el patrimonio público, de un 64,23% de la inversión» (177). En total, la cantidad perdida fue cercana a los 1.880 millones de pesos, calculados a cifras de 1990. Ponce Lerou podría haber ocupado estos dineros para comprar acciones de Soquimich, que había iniciado recién su etapa de privatización, proceso que se extendió entre 1983 y 1988.

En la actualidad, la minera no metálica y sus ejecutivos se encuentran investigados por ventas de acciones fraudulentas en el mercado financiero para obtener ganancias, perjudicando a los accionistas minoritarios, y por el pago de dineros ilegales a políticos en medio de sus campañas electorales (ver Familia Matte, parte 2: «Entre susurros», capítulo 4: «El funcionario de Mininco»). Hoy, Soquimich es la principal productora mundial de yodo y derivados, litio y derivados y potasio.

Según el informe de las privatizaciones, durante su reinado en Conaf entre 1974 y 1979, «remató cientos de miles de hectáreas expropiadas por la Reforma Agraria» (178) en el gobierno de la Unidad Popular. Una de las empresas más favorecidas con este proceso fue la CMPC. Con la dictadura llegó a concentrar una parte importante de los bosques plantados del país y el negocio, que se había afectado durante el gobierno de la Unidad Popular, experimentó una explosión definitiva (179).

Notas
(161) Artículo «Matte íntimo», 28 de noviembre de 2009. Revista Qué Pasa.

(162) «Informe de la Comisión Investigadora (de la Cámara de Diputados) encargada de analizar presuntas irregularidades en las privatizaciones de empresas del Estado ocurridas con anterioridad al año 1990». Página 311.

(163) «De Obrero en Canadá a uno de los empresarios más controvertidos de Chile». Diario El Mercurio, 15 de septiembre, cuerpo B, página 10.

La información referente al número de hectáreas explotadas con la entrada en vigencia del DL 701, ya en 1975, fue extraída de la revista Electrónica de geografía y ciencias sociales de la Universidad de Barcelona Scripta Nova, artículo «Innovación agroproductiva y ordenamiento del territorio. El caso del desarrollo forestal chileno», Nº 69, del 1 de agosto de 2000, autor: Pablo Camus, Pontificia Universidad Católica de Chile. Señala: «En consecuencia, ya en 1975, el primer año de vigencia del DL 701, se sembraron casi el doble de hectáreas que el área máxima plantada en cualquier año del “plan de reforestación” de la década de 1970. Así, la superficie reforestada en el período 1975-1989 aumentó de 390.000 hectáreas en 1975 a 1.326.700 hectáreas en 1989, siendo la plantación promedio anual de 63.267 hectáreas, es decir tres veces el promedio anual de forestación entre los años 1960 y 1973. Otro hecho característico de este período fue el papel que adquirió el sector privado que, aprovechando el subsidio a las plantaciones otorgado por el Decreto Ley Nº 701, efectuó el 80% de las plantaciones totales realizadas en el país».

(164) Fernando Léniz. «Desde su cargo como presidente de la Corma, este ingeniero civil de la Universidad de Chile (se recibió en 1949 como mejor alumno de la carrera), en su primer período entre 1963 y 1966, comenzó a perfilar este decreto ley que se concretaría cuando él era ministro de Economía entre 1973 y 1975. Fuente: http://www.conaf.cl/el-legado-de-fernando-leniz-qepd-al-sector-forestal-el-decreto-ley-701/

(165) Mapa actual de la extrema riqueza en Chile. Autor: Hugo Fazio R. Universidad Arcis, Lom, Cenda. Página 187.

(166) Dicha información se encuentra consignada en el libro Conflictos entre la agricultura empresarial y la agricultura campesina en Chile, de los autores Gladys Armijo Zúñiga y Froilán Cubillos Alfaro. Señala: «El proceso de contrarreforma tuvo enormes repercusiones en la vida de las familias campesinas. Las tierras expropiadas, conocidas como área reformada, volvieron al gobierno. De acuerdo a los registros de CORA (Corporación de Reforma Agraria), de un total de 9.965.868 hectáreas, un 28% fue restituido a sus dueños, un 32% fue licitado, un 0,7% fue traspasado a instituciones y solo un 33% fue entregado a los campesinos, quienes debieron postular a ella bajo un sistema de puntajes. De esta manera surgió el parcelero asignatario. Estas asignaciones de tierra pretendieron fortalecer la propiedad privada. Parceleros y minifundistas representaban a 9.149 pequeños agricultores (Echenique, 1982). En este período se registra también, entre aquellos campesinos que no obtuvieron tierras, un fenómeno de desarraigo campesino que se expresó a través del desplazamiento migratorio inconcluso (página 124). Fuente: http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/fondo/pdf/31634_6.pdf

(167) Dicha información se encuentra consignada en el libro Conflictos entre la agricultura empresarial y la agricultura campesina en Chile, de los autores Gladys Armijo Zúñiga y Froilán Cubillos Alfaro. Señala: «A partir del año 1974, la contrarreforma revirtió el proceso de reforma. Mediante el Decreto Ley N° 1.600 se estableció que no podrían postular aquellos campesinos que hubiesen ocupado predios rústicos o hubiesen inducido a otros a efectuar dicha ocupación. De esta manera aquellos campesinos que habían participado activamente en las expropiaciones de tierras, y por lo tanto en el proceso de Reforma Agraria, quedaron excluidos de participar en el concurso que asignó estas parcelas» (página 124). Fuente: http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/fondo/pdf/31634_6.pdf

Además, el artículo 1º del DL 1.600, publicado el 26 de diciembre de 1976, señala expresamente: «Artículo 1°. Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley N° 16.640, de 28 de Julio de 1967, sobre Reforma Agraria: A) Reemplázase el inciso final del artículo 71, sustituido por el artículo 4° del Decreto Ley N° 208, de 1973, por los siguientes: “El Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria podrá rechazar la postulación de quienes hubieren ocupado un predio rústico o hubieren inducido a otros a efectuar dicha ocupación. Para estos efectos, el Consejo apreciará los antecedentes en conciencia, debiendo tomar en consideración las circunstancias en que se produjo la ocupación y el grado y naturaleza de la participación que tuvo en ella el postulante. El Consejo podrá requerir informes a las autoridades u organismos que estime conveniente.

(168) Según el Informe de la Comisión Investigadora encargada de analizar presuntas irregularidades en las privatizaciones de empresas del Estado ocurridas con anterioridad al año 1990, «en el período 85-89 se usó la licitación soolo en el caso de la venta de algunas empresas menores (Emec, Emelat, las centrales Pilmaiquén y Pullinque, Enaex, y Telex-Chile); partes de otras, como predios de Cofomap, o venta de algunos paquetes de CTC y LAN». Página 63.

(169) El libro Los magnates de la prensa, de la periodista María Olivia Mönckeberg, señala: «La hacienda de más de 47.000 hectáreas fue expropiada en el proceso de Reforma Agraria: era el predio de mayor tamaño de Chile y se había constituido en cooperativa. Después del golpe, las cooperativas fueron disueltas y, aunque alrededor de 850 campesinos de Rupanco aseguran que tenían sus títulos de propiedad, el entonces vicepresidente de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Julio Ponce Lerou –el ex yerno de Pinochet–, generó un polémico proceso de «contrarreforma agraria» que culminó con el traspaso de esas tierras a nuevos compradores. En el artículo de La Nación «Un intocable en el banquillo», autor: Gabriel Agosín, del 7 de agosto de 2005, se señala que «el 12 de julio de 1977, a pesar de que el saldo de la cooperativa era de más de 217 millones de pesos, fue liquidada por la Cora en 242 millones de pesos –40 menos de lo que representaba el avalúo fiscal de los inmuebles–, bajo el ambiguo argumento de “posibles alteraciones contables”». De esta forma, las tierras pasaron a ser administradas por la Conaf, mientras que los antiguos dueños fueron notificados por Ponce Lerou, «en presencia de fuerza pública y militar», de que la cooperativa «había sido disuelta y que ellos pasaban a ser contratados como trabajadores, con una remuneración de 40 pesos por día trabajado». Pero esas fueron solo las primeras de varias irregularidades. El 2 de marzo de 1979, Conaf compró la hacienda en 330 millones y luego, el 6 de diciembre de 1979, la vendió en 884 millones de pesos a la Sociedad Inmobiliaria Cabildo S.A. Un negocio redondo que arrojó, en moneda de la época, 13 millones de dólares de ganancias. «El Estado tiene que reparar a esta gente de alguna forma», dice el diputado Espinoza. «Son más de 800 familias de la hacienda Rupanco a quienes les cambió la vida cuando se les quitaron sus tierras en los años setenta. Asimismo, queremos que se investigue a Ponce Lerou para que explique lo que para nosotros es claro: que esta fue su primera gran movida que le permitió enriquecerse ilícitamente».

(170) Informe de la Comisión Investigadora encargada de analizar presuntas irregularidades en las privatizaciones de empresas del Estado ocurridas con anterioridad al año 1990. Página 121.

(171) El documento anónimo fue publicado en el artículo «Los archivos secretos de Ricardo Claro y sus actuaciones en las sombras», autor: Juan Cristóbal Peña. Ciper, 31 de diciembre de 2008. El link para acceder al panfleto es: https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/gacetilla-ponce-lerou.pdf

(172) Según el libro de María Olivia Mönckeberg El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno, «Juan Hurtado Vicuña es cuñado con Fernando Larraín Peña, quien junto a Javier Vial Castillo y a Ricardo Claro Valdés integraron en los años sesenta el grupo económico conocido como «Los Pirañas». Ediciones B. Página 133.

En 2005, la Corte Suprema absolvió a los directivos del Banco Hipotecario de Chile (BHC) Javier Vial y Rolf Lüders, condenados en primera instancia a cinco años y un día (esto es presidio efectivo) por el delito de estafa y al pago de 165 millones de pesos. La querella acusaba a los ejecutivos del banco de otorgar financiamiento a numerosas empresas, la mayoría de papel, a través de la mencionada institución bancaria. Este flujo de dinero, destinado a ayudar a los negocios del grupo Vial, es lo que provocó la quiebra del BHC.

(173) Artículo «El obrero que se convirtió en millonario». El Mercurio. Economía y Negocios. 25 de abril de 2015. Fuente: http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=140866

(174) En el libro La danza de los cuervos, Javier Rebolledo, Ceibo, 2012, Jorgelino Vergara detalla el rol de Ricardo Claro como financista de los funcionarios civiles de la DINA. A su vez, se agregó la declaración judicial de Eduardo Patricio Cabezas Mardones, del 8 de mayo de 2007, a fojas 3.663, de la causa por la muerte del cabo Manuel Leyton Robles, donde señala que Ricardo Claro formaba parte del círculo de empresarios vinculados a una brigada de la DINA-CNI cuyo objetivo fue tomar contacto con personas importantes. Según Cabezas Mardones, el jefe de esta brigada habría tenido reuniones «netamente económicas» con el empresario ligado al Opus Dei.

(175) Artículo «Los archivos secretos de Ricardo Claro y sus actuaciones en las sombras», autor: Juan Cristóbal Peña. Ciper, 31 de diciembre de 2008. Fuente: https://ciperchile.cl/2008/12/31/los-archivos-secretos-de-ricardo-claro-y-sus-actuaciones-en-las-sombras/

(176) El Informe de la Comisión Investigadora (de la Cámara de Diputados) encargada de analizar presuntas irregularidades en las privatizaciones de empresas del Estado ocurridas con anterioridad al año 1990, cita la denuncia del «ex diputado, José Monares y el presidente del Comité de Defensa y Recuperación Empresas del Estado, don Pedro Araya, el 28 de febrero de 1990, en carta al contralor don Osvaldo Iturriaga». En ella señala: «Cabe hacer presente, señor contralor, que la Sociedad Ganadera Monasterio Ltda. pertenece al señor Julio Ponce Lerou, yerno del general Pinochet, y los créditos solicitados fueron avalados con fianza solidaria por la Compañía de Inversiones Agroforestal Fraj Ltda., cuyos únicos dueños son Luis Eugenio Ponce Lerou y Julio César Ponce Lerou». Página 326.

(177) Informe de la Comisión Investigadora (de la Cámara de Diputados) encargada de analizar presuntas irregularidades en las privatizaciones de empresas del Estado ocurridas con anterioridad al año 1990. Página 327.

(178) Ibíd. Página 121.

(179) La revista electrónica de geografía y ciencias sociales de la Universidad de Barcelona Scripta Nova, artículo «Innovación agroproductiva y ordenamiento del territorio. El caso del desarrollo forestal chileno», Nº 69, del 1 de agosto de 2000, autor: Pablo Camus, Pontificia Universidad Católica de Chile, señala que «en efecto, en 1988, a fines del gobierno militar, había 1.242.300 hectáreas de plantaciones forestales. De estas, los dos mayores grupos económicos nacionales, Matte y Angelini, eran dueños del 40% de dicho recurso productivo, es decir 451.200 hectareas». Continúa: «Por ejemplo, mientras en 1973 se cortaron 4,6 millones de metros cúbicos de bosques, en 1984 se cortaron 11,3 millones. Asimismo, la producción de madera creció de 930.000 metros cúbicos en 1973 a 2.000.000 en 1984, la producción de celulosa de 242.000 toneladas en 1973 a 682.300 en 1984 y la producción de papel para periódicos de 105.100 toneladas en 1973 a 170.400 en 1984. Paralelamente, las exportaciones de productos forestales tuvieron un auge espectacular, pasando del 3,7% de las exportaciones totales del país en 1970 al 9,7% en 1980 y al 13,2% en 1993».

(180) Acta de diligencia de reconstitución de escena del 18 de agosto de 2011, a fojas 1.684 del tomo V, de la causa 27-2010.

(181) Entre otras, declaración judicial de Rosa Edith Barriga Pérez, del 17 de agosto de 2011, a fojas 1.599 del tomo V, de la causa 27-2010.