El 2 de junio pasado, el arquitecto Jorge Silva Menares (34 años) acudió a la Fiscalía de Rancagua a prestar declaración. Pero no dijo una palabra: se acogió a su derecho a guardar silencio. Tras permanecer 20 minutos en el edificio de calle Alcázar, en el centro de la ciudad, se retiró mudo en compañía de su abogado.

Silva Menares no es un personaje más en la trama del Caso CAVAL. Su ascenso en la Municipalidad de Machalí, al alero del alcalde José Miguel Urrutia (UDI), ha sido meteórico. Ingresó en abril de 2009 para ejecutar un modesto programa edilicio que daba trabajo a jefes de hogar cesantes y en diciembre del mismo año se convirtió en director de Obras, hasta que en julio de 2014 asumió como el administrador de los dineros del municipio.

Jorge Silva Menares (Fuente: 24 Horas)

Pero las esquirlas del millonario negocio inmobiliario hecho por CAVAL, la empresa de la nuera de la Presidenta Bachelet, lo arrastraron y lo pusieron en la mira de la Fiscalía por las irregularidades que pudo haber cometido como director de Obras de la Municipalidad de Machalí. Fue entones que al alcalde Urrutia no le quedó más salida que iniciar una investigación interna sobre el proceder del arquitecto.

Luego de cuatro meses de investigación y tras el cierre del sumario, el miércoles 8 de julio la municipalidad dio a conocer su veredicto: Jorge Silva fue destituido de su cargo de director de Administración y Finanzas de Machalí –el de mayor confianza del alcalde Urrutia– por “graves faltas al principio de probidad administrativa”, según señala un comunicado edilicio.

LOS DOS AUTOMÓVILES VOLVO DE SILVA

El arquitecto Silva es una pieza clave en las indagatorias del Ministerio Público. El fiscal Luis Toledo y su equipo buscan determinar si en la millonaria compraventa de los terrenos de Machalí realizada por CAVAL –la empresa de Mauricio Valero y Natalia Compagnon– hubo enriquecimiento ilícito, negociación incompatible y/o conflicto de interés.

Una de las aristas prioritarias en la investigación de la Fiscalía se centra en determinar la existencia de traspasos de dinero efectuados por el operador de la UDI Juan Díaz Sepúlveda a Jorge Silva cuando éste se desempeñaba como director de Obras de la Municipalidad de Machalí.

Juan Díaz fue contratado a mediados de 2011 por el síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín para gestionar y acelerar el cambio del plan regulador, tarea que al interior del municipio estaba a cargo de Jorge Silva.  Por ese trabajo Díaz firmó un contrato por UF 6 mil, a lo que se suman otras UF 11 mil por su intervención en la venta de los terrenos. En total, Chadwick le pagó a Díaz $415 millones. Pero Juan Díaz también selló un acuerdo preliminar con CAVAL por su participación en la operación, por lo cual quedaron dos cheques en garantía a su nombre: uno por $300 millones y otro por $500 millones. Su parte en el negocio era cuantiosa. Pero habría sido más suculenta si el cambio al plan regulador se hubiera concretado. La misma expectativa que tenían los dueños de CAVAL: Compagnon y Valero.

Volvo V40 (Fuente: motopoint.com)

El silencio de Silva frente a los fiscales impidió ahondar en sus vínculos con Juan Díaz, pero en la investigación ya existen datos que podrían llevar a la ruta de los dineros que este último le habría entregado como recompensa por su gestión.

Más allá de las interrogantes que aún persisten sobre el rol preciso que le cupo a Silva en la operación inmobiliaria, lo cierto es que fue en el transcurso del segundo semestre de 2011 cuando Juan Díaz comenzó a aparecerse por la Municipalidad de Machalí. Donde se le vio con mayor frecuencia fue en la oficina de Jorge Silva, entonces director de Obras del municipio.

Según la indagación de CIPER, el encuentro entre ambos se produjo justo en momentos en que Silva había entrado en un espiral de deudas que con el tiempo dieron origen a cuatro acciones judiciales en su contra por créditos impagos, presentadas por distintas entidades financieras entre 2011 y 2014 (Scotiabank, BBVA, Santander y un fondo de inversión). Una de ellas fue dirigida también en contra de la cónyuge de Silva, la analista de sistemas Marisol Navarrete Carmona (39 años).

Pese a su nutrido historial de créditos y deudas, los gastos del matrimonio Silva-Navarrete continuaron, y en grande. Fue así como el 23 de diciembre de 2013, la esposa del entonces director de Obras compró un automóvil marca Volvo modelo C30 2.0 año 2014, avaluado en aproximadamente $13 millones. Fue en este vehículo color plateado eléctrico en el que según distintos testigos, su esposo, el arquitecto Silva, comenzó a llegar a la municipalidad desde enero de 2014.

Pero las compras no se detuvieron allí. Un mes más tarde, el 24 de enero de 2014, Navarrete adquirió un segundo Volvo cero kilómetro (modelo V40 T4), de color azul, por un precio similar al anterior.

El patrón de gasto del matrimonio Silva-Navarrete resulta llamativo a la luz de su historial de deudas. Pero hay un dato extra. Coincidentemente, las sucesivas compras del arquitecto y su esposa se iniciaron justo cuando el operador Juan Díaz terminó los trabajos encomendados por el síndico Herman Chadwick para vender los tres terrenos de Machalí a CAVAL y gestionar el cambio del plan regulador de la comuna, labores por las que recibió $415 millones.

Fue con parte de esos dineros que Díaz pagó los gastos de su operación inmobiliaria –concentrada principalmente en la Municipalidad de Machalí– y saldó los compromisos que adquirió con quienes le colaboraron en ese negocio.

EL PETIT COMITÉ DE JUAN DÍAZ

Jorge Silva Menares saltó a la agenda pública luego de que un reportaje de CIPER revelara a fines de febrero un intercambio de correos electrónicos de octubre de 2013, entre él (como director de Obras de Machalí) y Mauricio Valero, uno de los dueños de CAVAL. El intercambio de correos es sensible porque tiene lugar pocos meses antes de que CAVAL comprara los tres paños de tierra en la Sexta Región.

En uno de esos correos el arquitecto Silva Menares le señaló a Valero que una vez se aprobara el Plan Regulador Intercomunal, el propio municipio introduciría una enmienda para aumentar la densidad de habitantes por hectárea en la zona, de modo de “poder generar proyectos atractivos”. Precisamente lo que buscaba CAVAL para materializar su negocio.

La publicación de CIPER dio inicio a un sumario administrativo ordenado por el alcalde de Machalí, José Miguel Urrutia, para esclarecer las irregularidades que habría cometido Silva y otros funcionarios del municipio en la entrega de información reservada y estratégica a los involucrados en el polémico negocio de CAVAL.

José Miguel Urrutia, alcalde de Machalí

Fue en ese mismo reportaje que quedó al descubierto el conflicto de interés que pesaba sobre una de las profesionales del equipo de Silva en Machalí: la también arquitecta Cynthia Ross Wiesner, sobrina del propietario de los terrenos de Machalí adquiridos por CAVAL (Patricio Wiesner del Solar). Ross fue contratada como funcionaria a honorarios de la Municipalidad de Machalí el 12 de marzo de 2013, justamente para introducir modificaciones a los planos reguladores comunal e intercomunal. Una modificación que beneficiaba sustantivamente los dineros que podía recaudar la familia Wiesner con esa venta que, además, salvaba a la empresa de la quiebra.

El contrato de Ross fue firmado por al alcalde José Miguel Urrutia. De acuerdo a distintas versiones recogidas por CIPER, fue el propio Silva quien promovió su contratación como asesora edilicia.

Cynthia Ross y Juan Díaz se conocían de antes. Ambos aparecen asociados en una serie de negocios inmobiliarios desarrollados en distintas comunas de la Región Metropolitana (Buin, Renca y Quilicura). Mientras trabajó en el municipio de Machalí, Ross elaboró informes privados sobre los terrenos que finalmente adquirió CAVAL, los que llegaron a manos de esa empresa durante las negociaciones. Por su doble rol como funcionaria municipal y gestora de intereses particulares, Ross también está bajo la lupa de la Fiscalía.

Una vez que CAVAL compró los terrenos en Rancagua, Juan Díaz Sepúlveda se transformó en el nexo principal entre uno de los  socios de la empresa, Mauricio Valero, y la Municipalidad de Machalí. CAVAL necesitaba vender esos terrenos a un precio mayor, lo que solo conseguiría con el cambio del plan regulador. Y para lograrlo los protagonistas del negocio no escatimaron esfuerzos ni recursos.

Según el testimonio de distintos funcionarios municipales publicados por La Tercera, desde fines de 2011 era frecuente ver a Cynthia Ross y Juan Díaz llegando juntos a la municipalidad. Según estos mismos relatos, las reuniones entre Juan Díaz, Jorge Silva y Cynthia Ross, en el mismo edificio de la alcaldía, eran una vez al mes y en su oficina.

LAS PRESIONES DE ROSS Y SILVA

En su declaración en la Fiscalía el 18 de mayo, el alcalde Urrutia entregó detalles de las presiones ejercidas tanto por Ross como por Silva ante distintas autoridades para acelerar la modificación del Plan Regulador Intercomunal (PRI). En ella, según informó The Clinic, el edil hizo mención de un oficio municipal visado por Jorge Silva y enviado el 4 de abril de 2014 a la entonces intendenta de la Región de O’Higgins, Morín Contreras Concha, para “avanzar rápidamente en el proceso de modificación del PRI”. The Clinic también revela que el documento municipal, que lleva la firma de Urrutia, habría sido escrito por Cynthia Ross.

La prueba de ello se encontró en un correo electrónico enviado por Ross a Juan Díaz en el que le adjunta el oficio municipal y le señala: “A veces siento que tengo dotes de escritora… la leo y la encuentro clarita, clarita”.

Cynthia Ross Wiesner

Según informó The Clinic, Silva le envió a Cynthia Ross el mismo documento que había enviado a la intendenta. Y Ross se lo traspasó a Juan Díaz, quien finalmente lo hizo llegar a CAVAL a través de la diseñadora de la empresa, Sol Herreros Wandel.

En la carpeta de la Fiscalía también existen otros correos electrónicos que comprometen a Silva y Ross. Son dos emails fechados en junio y noviembre de 2013, en los que quedan al descubierto las presiones que ambos ejercieron ante la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Rancagua. En uno de ellos, Patricio Olate Correa, jefe del Departamento de Desarrollo Urbano del organismo regional, le pide a Ross “no seguir presionando” por el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), el cual es  necesario para cambiar el uso de suelos. En el otro, enviado al mismo funcionario, Silva le pide “avanzar lo más rápido posible”.

En su declaración ante la Fiscalía el 22 de abril pasado, Olate señaló: “Cynthia Ross tuvo una conducta de constante presión para que el plan regulador avance rápido. Ella presionaba junto con el director de Obras (Jorge Silva) en el sentido de querer obtener lo más rápido posible la modificación”.

UN FUNCIONARIO COMO CUALQUIER OTRO

Entre concejales y funcionarios municipales, Jorge Silva es descrito como un profesional de bajo perfil, un funcionario “como cualquier otro”. Aunque la ascendente carrera del arquitecto muestra un patrón poco común: en cinco años el arquitecto se convirtió en el hombre de mayor confianza del alcalde José Miguel Urrutia, quien lo nombró como director de Administración y Finanzas.

Fue el 4 de febrero de 2009 cuando Silva presentó sus credenciales como arquitecto en la Municipalidad de Machalí. Ese día, a través de un decreto alcaldicio firmado por Urrutia (ver documento), se le entregó patente profesional para que pudiera ejercer como arquitecto en la comuna.

Dos años antes, en marzo de 2007, Silva junto a otros tres socios había creado con un capital de $10 millones (Silva aportó $1 millón) la empresa Arquiver Limitada, dedicada al desarrollo de proyectos de arquitectura y construcción, además de “actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión”. Fue allí cuando Silva asesoró junto a sus socios a la empresa Treck S.A. en el diseño de una sala comercial para la muestra de productos en Santiago (ver proyecto).

Ese habría sido el único proyecto emprendido por la sociedad. Según registros del Servicio de Impuestos Internos (SII), Arquiver no registra movimiento desde 2008. Dos meses después de haber obtenido su patente profesional en Machalí, Silva volvió al municipio en busca de oportunidades laborales.

Municipalidad de Machalí

CIPER accedió a dos documentos firmados por el alcalde Urrutia con fecha 13 y 15 de abril de 2009, por los cuales se contrataron los servicios de Silva para ejecutar dos proyectos de construcción de multicanchas en la población Santa Teresa y en la Villa La Vinilla de la comuna de Machalí. Un programa de empleo para “jefas y jefes de hogar que a la fecha se encuentran sin empleo y que carecen de recursos para satisfacer sus necesidades sociales básicas”.

Al momento de firmar los dos contratos, Silva era propietario de dos vehículos marca Chevrolet (modelo Corsa), los que adquirió en marzo y mayo de 2008 (aún figuran a su nombre en el Registro Civil). También era dueño de dos terrenos: uno en el fundo El Castillo de Lonquén, en Isla de Maipo; y otro, en sociedad con su esposa, en el Condominio Vista al Valle, en Machalí. Este último fue adquirido en enero de 2009 por un valor de $53 millones.

A sólo 45 días de haber sido reclutado para los proyectos municipales, Silva renunció voluntariamente a sus compromisos laborales (ver renuncia). Era el 30 de junio y justo un mes antes, el arquitecto había pedido uno de los primeros créditos por casi $9 millones en el Banco Santander, el que en 2014 le valdría una demanda por incumplimiento en el pago de cuotas.

Tras su renuncia, cinco meses después el alcalde Urrutia lo volvió a contratar. Pero esta vez como director de Obras Municipales (ver decreto alcaldicio). Era el 1 de diciembre de 2009 y fue el punto de partida de una ascendente carrera. En julio de 2011, Silva recibió un segundo espaldarazo del alcalde Urrutia al firmar un contrato adicional, paralelo al que ya tenía como director de Obras, para “reformular y readecuar el Plan de Desarrollo Comunal de Machalí” (ver contrato). A los honorarios como director de Obras y que rozaban el millón de pesos, se agregaron otros $460 mil.

En esas labores Silva se desempeñó hasta mayo de 2014. Para entonces ya era un hombre cercano a Urrutia. Prueba de ello es que en julio fue nombrado director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Machalí, con una renta de $1,8 millones.

UN ESPIRAL DE DEUDAS

Mientras los bonos de Silva aumentaban en la municipalidad, también lo hacían los compromisos financieros que el arquitecto adquirió con distintas entidades bancarias y comerciales. El espiral crediticio en el que ingresó Silva a partir de 2008 pronto comenzaría a asfixiarlo.

El 18 de julio de 2011, el Banco Scotiabank interpuso una demanda contra Jorge Silva Menares por el no pago de un pagaré por $2,3 millones más intereses. Una segunda demanda caería sobre Silva y su señora, Marisol Navarrete Carmona, en octubre de 2014 tras haber dejado de pagar, desde julio de ese año, las cuotas correspondientes a un crédito otorgado en 2011 por el Banco BBVA y que ascendió a UF 2.084 ($48 millones aproximados). Al momento de la demanda, lo adeudado por Silva y Navarrete era un monto cercano a $1,7 millones, a lo que se debía sumar “el capital adeudado no vencido que asciende a $66 millones”.

En ese mismo mes de octubre de 2014, Silva fue objeto de un tercer recurso judicial por un crédito impago de $130 mil a la administradora de tarjetas Cencosud. Días más tarde, el 4 de noviembre, fue el turno del Banco Santander: interpuso una demanda contra Silva por incumplimientos en dos créditos que el arquitecto solicitó en junio de 2008 y en mayo de 2009. El primero, un crédito de consumo por $8,6 millones y el segundo, un crédito hipotecario por cerca de $23 millones. Silva dejó de pagar ambos créditos en junio de 2014 y al día de la demanda debía alrededor de $20 millones.

Las deudas de Silva no se agotan allí. De acuerdo a su hoja de vida financiera, también mantiene deudas con el Instituto Profesional AIEP. Actualmente los dos automóviles marca Chevrolet (modelos Corsa Swing y Corsa HB) que compró Silva en marzo y mayo de 2008 figuran a su nombre y arrastran un extenso historial de multas impagas.

Según registros de verificación de infracciones de tránsito, desde 2009 a la fecha el Corsa Swing de Silva registra 26 multas por un total de $1,3 millones, las que han sido derivadas a distintos juzgados de Policía Local y municipalidades. El motivo principal de ellas es por transitar sin dispositivo electrónico (tag) en autopistas concesionadas. La última fue cursada en abril de 2015 y según el Registro Civil, Silva a la fecha no ha pagado 10 de las 26 multas.

La situación del otro vehículo, el Corsa HB, no es más alentadora. Ha sido multado en 14 oportunidades. La suma de las infracciones alcanza los $720 mil y según la base de datos del Registro Civil, Silva aún mantiene impagas ocho de las 14 multas.

Fue en este escenario de compromisos crediticios y morosidades que Juan Díaz Sepúlveda irrumpió en la vida de Jorge Silva Menares quien, al poco tiempo, se convirtió en el eslabón más delgado de una larga cadena de poderosos intereses constituida por personajes variopintos –Natalia Compagnon, Mauricio Valero, Patricio Cordero y Juan Díaz, entre varios otros–, con un objetivo común: hacer el negocio de sus vidas.

LA PISTA DE MANDARIJN

En noviembre de 2012, la esposa de Jorge Silva, Marisol Navarrete Carmona, constituyó con un capital de $1 millón la empresa Mandarijn. Es la única sociedad que figura a nombre de la analista de sistemas (no tiene socios) y fue creada con el objeto de “desarrollar actividades de arquitectura, ingeniería, diseño, construcción y de asesoría técnica en la gestión de proyectos”.

Silva y Navarrete se casaron en abril de 2009, justo cuando el arquitecto firmó sus primeros dos contratos con la Municipalidad de Machalí. A los pocos meses, Silva fue nombrado director de Obras del municipio. Desde entonces –y hasta hace unos meses– ambos vivieron en una casa que compraron en 2008 en un sector alto de Machalí: Condominio Vista al Valle.

En junio de 2012, Marisol Navarrete adquirió un nuevo terreno (además del de Vista al Valle), ubicado en la Villa María Lucía de Machalí y avaluado en $15 millones. En octubre de 2014, sin embargo, Navarrete se deshizo del terreno y lo vendió al doble de su precio.

A fines de 2013, a pesar de las deudas que agobiaban al matrimonio, Marisol Navarrete adquirió un auto marca Volvo del año. Y sólo con treinta días de diferencia compró un segundo Volvo, también cero kilómetro. Silva, en tanto, nunca se deshizo de sus dos automóviles Chevrolet, aunque a partir de entonces comenzó a ir a su trabajo en la municipalidad en uno de esos Volvo, causando sorpresa entre sus colegas. “Todos hablaban del buen auto que se había comprado”, relató a la fiscalía el 18 de mayo pasado María Fernández, ex arquitecta del municipio de Machalí.

Luis Toledo, Fiscal Regional.

Días antes de la compra del segundo auto, fechada el 24 de enero de 2014, Juan Díaz había recibido los $415 millones por los dos contratos que firmó con el síndico Herman Chadwick.

Actualmente los dos automóviles Volvo no figuran a nombre de la esposa de Silva Menares. A las pocas semanas de estallar el caso CAVAL (6 de febrero de 2015) y de hacerse público el intercambio de correos electrónicos entre Mauricio Valero y Jorge Silva (26 de febrero), los autos fueron vendidos. El primero, el 18 de marzo y el segundo, el 23 del mismo mes.

Las operaciones inmobiliarias y de compra y venta de automóviles de Marisol Navarrete también estarían hoy bajo la lupa del Ministerio Público. Pero foco del equipo de fiscales no estaría únicamente allí. También se investiga si Mandarijn, la sociedad que Navarrete constituyó a fines de 2012, fue el vehículo a través del cual Juan Díaz Sepúlveda hizo los presuntos traspasos de dinero al ex director de Obras de la Municipalidad de Machalí.

Según información del Servicio de Impuestos Internos, la empresa Mandarijn está activa y registra timbraje de documentos contables en 2013, 2014 y 2015.

LA INCÓGNITA DE GARCO

Además de Arquiver, el nombre de Silva aparece también asociado a una empresa de construcción de nombre Garco, perteneciente al ingeniero Patricio Garrido Garrido. Fue el propio Silva quien en noviembre de 2014 inscribió constructoragarco.cl en el registro de  dominios web. Allí, Silva aparece como el contacto administrativo de la empresa de Garrido (ver aquí).

Garco ha sido empresa proveedora en varias ocasiones de la Municipalidad de Machalí. En mayo de 2009 firmó su primer contrato. Un año más tarde, cuando Silva ya oficiaba como director de Obras, firmó un segundo contrato por más de $7 millones para la construcción de viviendas sociales, un trabajo bajo la supervisión de Silva. El mismo mes, Garco cerró otros dos acuerdos: uno, por $11 millones (reposición de la cubierta del gimnasio municipal); y el segundo, por $21 millones para reparar los daños que dejó el terremoto en un colegio de la zona.

El 18 de noviembre de ese mismo año, Garrido fue contratado por la Municipalidad de Machalí para hacer un “levantamiento de información en terreno” y confeccionar informes sobre el estado de algunas edificaciones de la comuna luego del terremoto. El contrato lleva la firma del alcalde Urrutia y en él se pactó un salario mensual de $1,2 millones. Nuevamente estas tareas estuvieron dirigidas y fiscalizadas por Jorge Silva.

Actualmente, el ingeniero Patricio Garrido continúa desempeñándose en el municipio como inspector técnico de obras a honorarios. En cambio, el destino de Jorge Silva pende de un hilo. Su situación laboral en la Municipalidad de Machalí ya se definió. Pero el desenlace de su historia ante la justicia está aún por escribirse.