Desde el regreso a la democracia en 1990, nunca una ley había sido tan cuestionada como la Ley de Pesca. No se trata sólo de críticas políticas o técnicas, o enfocadas en el fuerte lobby realizado por la industria, sino porque ahora en la justicia están las evidencias de que grandes empresas pesqueras pagaron a parlamentarios para influir en que esa ley se votara en 2012 a favor de sus intereses.  Por eso han tomado fuerza las voces que exigen derechamente anular la ley por carecer de legitimidad.

Ante la presión creciente, La Moneda está usando como válvula de escape un convenio firmado por el gobierno con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) para revisar la ley. Sin embargo, en el organismo internacional relativizan los alcances del acuerdo:

-La Ley de Pesca está siendo cuestionada por casos de cohecho asociados a su tramitación. ¿Ustedes van a analizar el tema de cómo se legislaron los derechos pesqueros?

-De ninguna manera es competencia nuestra ni incidir en la política interna del país ni en la definición que para ello tengan las autoridades correspondientes, llámese judiciales o legislativas internas. Nosotros de ninguna manera intervenimos o incidimos en esa área. Seguramente estarán abordados los temas, no el cómo se llegó, que no es competencia nuestra, sino el análisis de lo que hay y cómo se alinea, que es lo que específicamente nos han solicitado -explicó a CIPER el oficial principal de Pesca y Acuicultura para América Latina y el Caribe, Alejandro Flores Nava.

Marta Isasi

Las evidencias de corrupción en la tramitación de la ley ameritan medidas que están lejos del campo de acción de la FAO. Ya en 2013, CIPER reveló los pagos realizados por Corpesca, pesquera del Grupo Angelini, al jefe de gabinete de la entonces diputada Marta Isasi por supuestos estudios vinculados a la Ley de Pesca. En ese momento, el gerente general de la empresa, Francisco Mujica, reconoció los pagos y aunque descartó haber tratado de influir en la ley, reconoció que habían financiado la campaña de de Isasi y de “muchos más”. Todo de manera legal, dijo Mujica, quien debió dejar su cargo tras la publicación (ver Ex asesor de diputada Marta Isasi revela pagos de Corpesca para financiar campañas políticas).

Pero no todo era tan legal. Ahora Mujica ha debido reconocer ante el Ministerio Público que Corpesca también le pagó al senador Jaime Orpis (UDI) fuera del periodo electoral. Lo que comenzó como supuestas donaciones a su Corporación La Esperanza (enfocada en el combate a la adicción a las drogas), derivó en desembolsos para sus asesores y pagos mensuales al propio Orpis. Éstos se realizaron entre 2008 y 2013, periodo que incluye la tramitación de la Ley de Pesca, que entró al Congreso en 2011 y salió en 2012 (ver nota en La Tercera). Si bien Orpis no era integrante de la Comisión de Pesca, CIPER descubrió que aparece votando y opinando activamente en las definiciones cruciales que dieron forma la cuestionada Ley General de Pesca, en reemplazo de los senadores UDI que ocupaban de manera estable ese cupo (ver recuadro). Además, Orpis patrocinó proyectos de ley que favorecían a Corpesca (ver nota de TVN).

A los pagos de Corpesca a Isasi y Orpis se suman los dineros que otras pesqueras le transfirieron a distintos dirigentes políticos, lo que fue descubierto en la investigación de la Fiscalía sobre el financiamiento ilegal de la política por parte del Grupo Penta. Las indagaciones continúan, por lo que no está claro aún qué tan largos fueron los tentáculos de las pesqueras. Tampoco a cuántos legisladores afecta. Los antecedentes que se conocen hasta ahora han puesto un signo de interrogación sobre la independencia de Pablo Longueira (UDI), quien lideró la tramitación de la Ley de Pesca desde el Ministerio de Economía. De hecho, el texto legal es también conocido como la “Ley Longueira”.

En la investigación de los pagos ilegales de Penta, el ex gerente Hugo Bravo aseguró ante la Fiscalía que a Longueira se le pagaron $100 millones en efectivo. A ello se agregó que en la arista Soquimich que se abrió en la misma investigación, aparecieron personas que en paralelo entregaron boletas por servicios no prestados a Soquimich, a empresas pesqueras y a la Corporación Centro de Estudios Nueva Minería del ex diputado y socio de Longueira, Cristian Leay (UDI).

Solange Hermosilla, por ejemplo, declaró ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) que la estrecha asesora de Longueira, Carmen Luz “Titi” Valdivielso, le pidió que emitiera boletas por servicios no realizados para SQM, la corporación de Leay y para Pesquera El Golfo. Los pagos se realizaron entre 2009 y 2010, cuando Longueira era senador (ver Financiamiento ilegal de la política: Los pagos de las pesqueras)

EL LIMITADO ROL DE LA FAO

En su programa de gobierno, la entonces candidata Michelle Bachelet se comprometió “realizar una evaluación” de la Ley de Pesca para “velar” que se cautelen los intereses y demandas de todos los sectores. La promesa se concretó este año a través del convenio con la FAO y fue destacada por Bachelet en su cuenta pública del 21 de mayo, al señalar que la evaluación será un proceso “participativo y donde todos los actores podrán estar representados”. El anuncio fue ratificado este miércoles 27 por el vocero de gobierno, Marcelo Díaz.

La respuesta de las empresas pesqueras ante el cúmulo de denuncias sobre pagos ilegales a parlamentarios, fue pedir prudencia en el análisis de la ley ya sancionada: «Sería lamentable y deplorable que situaciones puntuales que deben ser investigadas a través de las instituciones de nuestro Estado de Derecho, pudieran afectar una legislación que, a pesar de su implementación, está siendo actualmente evaluada, a solicitud del gobierno por la FAO de Naciones Unidas», dice la declaración emitida el mismo 27 de mayo por la Sociedad Nacional de Pesca.

El “memorando de entendimiento” entre la FAO y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura está firmado el 13 de mayo (ver documento). Y establece que el objetivo principal es “la evaluación del texto del clausulado de la Ley de Pesca N° 20.627 con el objeto de proponer recomendaciones para compatibilizarlo con los instrumentos y buenas prácticas internacionales para sostenibilidad y gobernanza del sector pesquero”.

El primero en poner paños fríos en las expectativas del rol de la FAO, es el subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, quien descarta cualquier vinculación de la firma del convenio con las acusaciones de cohecho que enturbian la tramitación de la ley. “Esos casos son posteriores a la elaboración del programa de gobierno”, dice Súnico, aunque el primer reportaje de CIPER sobre los pagos ilegales a Marta Isasi se publicó en mayo de 2013 y el programa de Gobierno se presentó en octubre del mismo año. Además, cuando se firmó el convenio con la FAO ya estaban en pleno desarrollo los cuestionamientos a la legitimidad de la ley. Súnico explica:

-Lo que sucede es que históricamente el conjunto de los actores del sector pesquero ha tenido dificultades para ponerse de acuerdo, porque cada uno de los intervinientes son sectores que aspiran a desarrollarse económicamente y tener más cuotas y poder capturar lo mayor posible. Y le pedimos este trabajo a un órgano independiente porque no queremos que esta evaluación sea sólo entre los que aspiran un poco más de cuota. Nuestro objetivo es tener una mirada más de conservación y recuperación de los recursos que una negociación de los interesados.

Alejandro Flores Nava

El mexicano Alejandro Flores Nava, contraparte del gobierno chileno en la FAO, raya la cancha en la que se desarrollará el trabajo que hará el organismo internacional al hacer una revisión de la Ley de Pesca. El tema de fondo para el organismo es la sustentabilidad de los recursos pesqueros, por lo que la forma en que se han repartido las cuotas con la Ley de Pesca quedaría fuera de su ámbito de acción.

-¿La propiedad del recurso no estaría en cuestionamiento si la ley garantiza la sustentabilidad?
-Hablamos de algo sostenible cuando tiene un sustento institucional, legal, tiene sostenibilidad ambiental y tiene como centro el bienestar social.

-¿La garantía del acceso a los recursos, de que éste no quede concentrado en manos de las grandes empresas, es un tema que va a analizar la FAO?
-La FAO promueve la pesca captura basado en derechos. Las rutas para determinar esto y eventualmente garantizar el acceso a la población, son soberanas, son de responsabilidad exclusivamente soberana de los países. La FAO no se erige de ninguna manera en un fiscalizador ni mucho menos. La FAO es un organismo internacional de asistencia técnica. Yo siempre he dicho que en Chile a lo mejor no se dan cuenta de que es un país con muchos recursos y muchas capacidades. La FAO, como organismo internacional, es difícil que venga a decirles cómo hacer las cosas, pero sí un valor añadido de una organización como la nuestra es esa mirada de experiencia global que puede enriquecer los procesos internos, y por supuesto su objetividad y neutralidad.

El trabajo de la FAO está recién comenzando. Flores explica que el proceso será liderado por un experto internacional del organismo, que probablemente venga de la sede central en Roma, que tendrá como contraparte un consultor nacional. Éste será elegido a través de un llamado abierto que tendrá como requisito el que no haya participado en ninguna parte del proceso de elaboración de la ley vigente ni en ningún proyecto que se tramite actualmente en el Congreso, con lo cual se busca dar transparencia y objetividad a la evaluación. Luego, habrá una consulta para escuchar a los distintos actores del sector.

El producto que el organismo internacional va a entregar al final del proceso consiste en una serie de recomendaciones, que podrían incluir enmiendas y una enumeración de brechas de la ley con respecto a acuerdos o mecanismos internacionales, si es que las hubiera.

La limitación de la evaluación de la FAO es que el principal cuestionamiento a la Ley de Pesca tiene que ver con cómo se decidió la asignación de cuotas por 20 años prorrogables a un pequeño grupo de grandes empresas. Incluso en una organización con énfasis ecologista, como la ONG Oceana, se declaran satisfechos con los aspectos ambientales de la ley, pero son muy críticos de la forma en que se otorgaron los derechos de pesca.

-Nos parece bien que la FAO evalúe los temas ambientales, lo que cuestionamos es la entrega de derechos individuales de pesca a las empresas por 20 años, porque es injustificado garantizarle a cualquier empresa que va a poder seguir pescando cierto porcentaje hacia el futuro. Nos parece que es un aspecto viciado de una ley que fue votada aparentemente con casos de cohecho sobre ciertos parlamentarios -dice Alex Muñoz, director ejecutivo de Oceana.

Para Muñoz, la influencia del sector industrial en las decisiones del Congreso no es algo nuevo. Ni tampoco un tema que involucre sólo a parlamentarios de la UDI. El director de Oceana recuerda lo que sucedió entre los años 2000 y 2002 cuando se entregaron los primeros derechos individuales de pesca bajo el gobierno de Ricardo Lagos, cuando el ministro de Economía era Jorge Rodríguez Grossi (DC) y Felipe Sandoval (DC) actuaba como subsecretario de Pesca:

-Son ellos los que por primera vez entregan estos derechos haciendo un fuerte lobby a nombre de estas empresas. Hoy Felipe Sandoval es presidente de Salmon Chile, que agrupa no solamente a las compañías de este sector sino también a otras empresas que están integradas con pesqueras, que son las que le venden la harina de pescado a las salmoneras.

Otro vínculo preocupante en la historia de la regulación pesquera que destaca Muñoz es el de los hermanos Andrés y Adolfo Zaldívar (el segundo ya fallecido) con la familia Angelini: “Hay 17 integrantes de la familia Zaldívar que poseen acciones o que trabajan en cargos gerenciales en las empresas pesqueras del grupo Angelini”.

Durante la tramitación de la Ley de Pesca la presión de la industria fue descarada. Al punto que algunos parlamentarios simplemente les abrieron las puertas para que participaran del debate legislativo como si fueran sus asesores. Así lo reveló la ex diputada Marta Isasi ante la Comisión de Ética de la Cámara, quien se hizo acompañar a las sesiones por un ejecutivo de Corpesca, como una forma de demostrar que no era la única que había dejado ingresar a los lobistas de las pesqueras (ver reportaje).

De todos modos la FAO tendrá más de algo que decir respecto al impacto de la Ley de Pesca en la sustentabilidad de los recursos, pues la situación ha empeorado desde que entró en vigencia.

En 2012, el último año antes de que se modificara la ley, el estado de las pesquerías chilenas ya era crítico, pero aún había algunas que se mantenían saludables. La anchoveta que se capturaba en el norte del país, por ejemplo, aún estaba en estado de plena explotación. Hoy, a dos años de que la nueva legislación entrara en vigencia, ya está considerada como una especie sobreexplotada. La situación es aún más grave: entre la XV y la X región los únicos peces que no están sobreexplotados o en un estado de colapso, son las sardinas comunes. Todo lo demás aparece en el último informe de la Subsecretaría de Pesca con color rojo o naranjo. Lo que antes aparecía en riesgo de empeorar, hoy está peor. El jurel, la anchoveta del norte y las merluzas de cola, del sur y de tres aletas: sobreexplotados. La sardina española, la anchoveta de la zona central, el congrio dorado y la merluza común: colapsados o agotados (ver informes de 2012 y 2014).

AGUAS MOVIDAS

El anuncio de la evaluación de la Ley de Pesca sumado a los nuevos antecedentes de presunto cohecho en la tramitación de la ley, han vuelto a agitar las aguas de los reclamos y disputas asociadas a la Ley de Pesca. La industria pesquera, como era de esperar, se muestra satisfecha con la legislación. El presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe Mondaca, dijo recientemente a La Tercera que le parecía razonable que el gobierno haya pedido la asesoría de la FAO, pero que no preveía cambios en la ley: “No veo ninguna razón para eso. No hay nada sucio en la Ley de Pesca”.

En la otra trinchera están los que buscan que se derogue la ley, como la mediática campaña de la ONG Yo Pesco. El Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile (CONDEPP) es de la misma idea. Ya inició una campaña de recolección de 300 mil firmas para conseguir su objetivo.

Otras organizaciones de pescadores, como Conapach, ven en la participación de la FAO una oportunidad de ser escuchados. Su máxima dirigenta, Zoila Bustamante, dijo a CIPER: “La Presidenta fue muy clara en el discurso del 21 de mayo en que va a haber participación de las partes en este proceso y nosotros estamos a la espera de que esta evaluación sea real y que podamos opinar”.

Entre los parlamentarios también hay divergencias. Tres de los integrantes de la actual Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara Alta, los senadores Adriana Muñoz (PPD), Carolina Goic (DC) y Rabindranath Quinteros (PS), manifestaron su preocupación por la revisión de la FAO. Muñoz, quien preside la comisión, dijo a CIPER: “hay que hacer un giro y darle peso y preponderancia en la ley a los pescadores artesanales que están muy afectados por el colapso de las principales pesquerías del país. Ese es un punto que a nosotros nos importa mucho y no sabemos si en un estudio que realice la FAO se va a enfatizar este aspecto”.

Raúl Súnico

El senador Antonio Horvath (Ind), quien fuera presidente de la Comisión de Pesca durante la tramitación de la cuestionada ley, dice que aunque toda evaluación le parece positiva, “la FAO no ha sido un buen referente para la realidad pesquera chilena por todos los problemas internos que hemos tenido. Creo que hay que ir aún más allá y lo que le he planteado a la Comisión de Pesca es que hagamos una revisión profunda de la ley en la misma línea en que lo planteó el programa de la Presidenta Bachelet, porque hay temas pendientes que no logramos resolver en ese nuevo marco regulatorio”.

El diputado Hugo Gutiérrez (PC) ha sido el crítico más duro: pide anular la Ley de Pesca. «La historia parlamentaria no conoce la nulidad de ninguna ley de la República. (…) quisiéramos que sea derogada, pero sabemos que la derogación tendrá una implicancia dramática para el presupuesto de la República, por cuanto habría que indemnizar a estas siete familias», declaró a CNN Chile.

El subsecretario Raúl Súnico es tajante al afirmar que diga lo que diga la FAO es imposible que la ley sea derogada: “Quedaría la ley de la selva en todas las pesquerías mientras se discute el nuevo proyecto de ley. Eso no es posible, es irracional y sería muy malo para los recursos pesqueros en Chile que nos quedáramos sin legislación durante un año, que es lo que pudiera demorar una tramitación legal. Podría producir un colapso total de las pesquerías”.

LA IRRUPCIÓN DE ORPIS EN LA LEY DE PESCA

El detalle pasó inadvertido en su momento, pues es común que los partidos reemplacen a los parlamentarios titulares en las comisiones. Pero a la luz de los pagos de Corpesca al senador Jaime Orpis (UDI), a tres de sus asesores y a una corporación que él fundó y que dirige su esposa, cobra otro sentido la presencia del senador tanto en la Comisión de Pesca del Senado como en la comisión mixta que se formó en las semanas previas al despacho de la ley. Porque Orpis en ese momento no era integrante de la Comisión de Pesca.

Jaime Orpis

En algunas de esas sesiones, Orpis participó en lugar del senador Alejandro García Huidobro (UDI). En otras, reemplazó a Víctor Pérez (UDI), quien se integró a la Comisión de Pesca el 7 de Noviembre de 2012, en plena votación de las casi mil indicaciones que tenía el proyecto de ley. Pérez llegó a ocupar el puesto de Carlos Bianchi (independiente), quien denunció el hecho en La Prensa Austral: “Me echaron de la Comisión de Pesca porque estaba votando todo en contra y fui reemplazado por otro senador”.

A la luz de los nuevos antecedentes, la Fiscalía Oriente pedirá al Congreso el registro de las votaciones de los parlamentarios en la tramitación de la Ley de Pesca, mientras se suman los actores que piden una revisión, evaluación, anulación y hasta derogación de la también llamada “Ley Longueira” (vea cómo votaron en el Congreso la Ley de Pesca).

Según lo publicado por La Tercera, son tres los asesores Orpis que recibieron pagos de Corpesca:

Lorena Lara Saldías: Arquitecta de Iquique, en Transparencia del Senado figura como asesora del senador Orpis en 2011 con honorarios mensuales de $ 1.098.577. En forma paralela aparece contratada como Inspectora Fiscal de la Dirección de Arquitectura del MOP por $1.222.441 mensuales. Lara emitió boletas a Corpesca por montos de $2 millones y $ 5 millones.

Carolina Gazitúa Larenas: Ingeniera en Administración de Empresas y ex asesora del senador Orpis. Aparece en la lista presentada por Impuestos Internos con boletas emitidas a SQM y a Corpesca. De SQM recibió $3 millones y cobró por servicios prestados a Corpesca, entre 2008 y 2013, un total de $73 millones.

Daniel Ortega Martínez: Abogado, actual asesor de la UDI en el Senado en materias de análisis de proyecto de ley por honorarios mensuales de $802.556, según figura en Transparencia. Ortega emitió una boleta a Corpesca por $10 millones de pesos.

Los otros protagonistas:

Francisco Mujica Ortúzar: Ex gerente general de Corpesca que admitió a CIPER haber pagado $25 millones al asesor de la ex diputada Marta Isasi, Giorgio Carrillo. En su declaración ante la Fiscalía Oriente el 20 de mayo pasado, entregó detalles sobre un mecanismo mediante el cual Jaime Orpis también recibía dinero de Corpesca a través de tres de sus asesores: Lorena Lara, Carolina Gazitúa y Daniel Ortega, quienes no prestaron servicios a la empresa.

Jaime Orpis Bouchon: Senador UDI por la Circunscripción 1 (Región de Arica y Parinacota y Región de Tarapacá), implicado por Francisco Mujica de haber dinero desde Corpesca a través de tres asesores. Según La Tercera, su declaración ante la Fiscalía, Mujica también relató que en el 2008 Orpis le pidió fondos para la Corporación La Esperanza, que dirige la esposa del parlamentario, Ana Luisa Jouanne, los cuales se manifestaron a través de un aporte mensual. Y agregó que en el 2009, Orpis le pidió dinero para su campaña senatorial, pero como Corpesca no tenía excedentes, lo derivó hacia otras empresas del Grupo Angelini.

Georgio Carrillo Vercellino: Periodista y ex asesor de la diputada Marta Isasi, a quien la parlamentaria demandó por estafa. En su declaración ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso, Carrillo dijo haber recibido 25 millones de Corpesca destinados a Isasi, antes de que comenzara la tramitación de la Ley de Pesca.

Marta Isasi Barbieri: Ex diputada independiente por Iquique, formalizada por el delito de fraude al fisco tras recibir 25 millones de la empresa Corpesca a través de su ex asesor Georgio Carrillo. Los votos de Isasi, tanto en la Comisión de Pesca como en la Cámara, fueron a favor de la industria en la tramitación de la Ley de Pesca.

Esteban Zavala Gutiérrez: Ex jefe de gabinete de Marta Isasi, entregó boletas a Corpesca por $4 millones entre los años 2010 y 2013.