La posibilidad de una reforma educacional sustantiva en Chile vive días difíciles. Mientras las ideas conservadoras han logrado avanzar producto de la exitosa coordinación de sus diversos voceros, a saber, los partidos de oposición, la Confepa, los sectores conservadores de la DC y los «expertos» educacionales de la vieja Concertación; las ideas progresistas, en cambio, han retrocedido. Hoy existe una posibilidad cierta de que el proyecto de Inclusión vea diluir sus contenidos más transformadores y que los proyectos aún no enviados al Parlamento no representen apuestas verdaderamente transformadoras.

Los únicos incentivos que ha enfrentado el gobierno son a moderar su postura: el bajo crecimiento económico, la eficiente presión de los sostenedores, las protestas de los apoderados que rechazan los cambios, la baja densidad del movimiento estudiantil y su bajo o nulo compromiso con los aspectos positivos de la propuesta inicial

En esta columna discuto las que considero las causas de este retroceso, enfatizando que aun cuando la primera responsabilidad ha sido del gobierno y sus deficiencias técnico-políticas, la falla es generalizada y ha sido toda la izquierda, dentro y fuera del gobierno, la que no ha estado a la altura de las circunstancias.

El análisis de la situación actual debe partir por reconocer la complejidad de acometer una reforma de estas características. Dific ultad que no está solo en la elaboración técnica y política del nuevo diseño educacional, sino que está también en las características de la transición: la necesidad de que cada una de las reformas parciales vaya formando un todo coherente y la importancia de que estas reformas y sus logros parciales vayan fortaleciendo el apoyo político y social en torno a la orientación general, de modo de hacer políticamente sustentable el tránsito del viejo al nuevo sistema.

Frente a este difícil desafío, el problema de primer orden ha estado en el actuar del gobierno. Sin embargo, cabe mencionar que a diferencia de los gobiernos de la Concertación, algunos de los proyectos hasta ahora enviados denotan un intento serio por hacer importantes cambios de rumbo en el esquema educacional chileno.

¿Qué se le puede criticar al gobierno desde una perspectiva favorable a una reforma educacional sustantiva? En mi opinión dos han sido los principales problemas. Por un lado, es innegable que la coalición de gobierno llegó muy mal preparada para emprender esta reforma. Al respecto se debe considerar que desde el 2011 se tuvieron más de dos años para haber llegado con ideas y fórmulas mucho más acabadas, en algunos casos con más de alguna alternativa de los distintos componentes de la reforma, sobre todo si se iba a tener la irresponsable idea de autoimponerse la regla de presentar grandes reformas en menos de 100 días. No es descartable como explicación principal de este déficit, la necesidad de la Nueva Mayoría de atrasar lo máximo posible las definiciones políticas, como una forma de mantener unida una coalición muy heterogénea.

Así, lo central no es si se debió o no partir por la reforma al sistema público, ya que aquello también implicaba una alta resistencia. El problema fue que se comenzó sin tener definido el diseño general. Aquello tiene consecuencias muy concretas, por ejemplo, no es claro que los nuevos recursos provenientes de la reforma tributaria vayan a ser suficientes, lo que puede hacer inviable los proyectos que se tramiten al final del gobierno (por ejemplo, los de educación superior). A su vez, la forma en que se propone terminar con el copago (objetivo que comparto plenamente) impone importantes restricciones al posible cambio del sistema de financiamiento de las escuelas públicas y privadas (el peso de los componentes de oferta y de demanda), posibilidad de cambio que el gobierno ha decidido mantener hasta ahora en la más absoluta ambigüedad.

Por otro lado, el segundo problema del gobierno -en este caso claramente no fruto de un “error”- es que se ha tratado de hacer una reforma educacional con las ideas de la Nueva Mayoría, pero con las formas de la Concertación: grandes cambios con una sociedad desmovilizada. El ejemplo paradigmático de este enfoque fueron los diálogos ciudadanos. Estos diálogos fueron “exitosos” en contener al mundo social, e irrelevantes para la definición de política. El gobierno sigue viendo al movimiento social como un problema, un estorbo, y no como un actor clave que debe sumar y movilizar para hacer políticamente viable una reforma que, como hemos señalado, genera una poderosa resistencia.

En otro plano, el panorama no es más alentador si se analiza el rol que ha jugado el movimiento estudiantil, y en general la izquierda fuera de la Nueva Mayoría. Su estrategia, equivocada a mi juicio, parte de un diagnóstico distinto al esbozado en los párrafos anteriores. En vez de ver un diseño difuso, pero con una intención reformadora por parte del  gobierno, ven un diseño claro, donde ya todo está definido, con un carácter no reformador, igual al de los gobiernos pasados de la Concertación. Así, cada moderación de los proyectos del gobierno, cada ambigüedad discursiva (de las cuales ha habido en exceso), se interpreta como otra prueba más de que no hay nada nuevo en la Nueva Mayoría. No ven una coalición con tensiones relevantes, con fragilidades e improvisaciones, donde el carácter está en disputa; y, por lo mismo, cuando el gobierno se modera no se preguntan por su responsabilidad en ese resultado, sino que ven aquello como una confirmación de que el carácter del gobierno ya está definido de antemano, de que tenían razón en no ser parte de la Nueva Mayoría.

Necesitamos entrar en un círculo virtuoso, en que las apuestas más osadas del gobierno refuercen y se vean reforzadas por la movilización de los actores sociales. Para esto no es necesario estar de acuerdo en todo

El mejor ejemplo para ilustrar las falencias de este diagnóstico y estrategia política de la izquierda que está fuera de la Nueva Mayoría y del movimiento social es lo sucedido en el debate sobre lucro y arriendos. El debate partió con una osada propuesta de ley por parte del Ministerio de Educación, la que buscaba eliminar efectivamente el lucro en la educación escolar, sobre la base de anular toda posibilidad de arriendo. La propuesta, entre otras cosas, implicaba que la Iglesia Católica no podría seguir financiando parte de sus actividades (no educacionales) en base al autoarriendo de inmuebles. La reacción frente a esta propuesta por parte de la izquierda extra NM y del mundo social fue una mezcla de silencio (nadie instaló en el debate el porqué una propuesta de este tipo complicaría a la Iglesia Católica), relativización de la importancia de la medida (enfatizando que iban a lucrar de otras maneras) y en algunos casos de crítica frontal (se decía que el gobierno no había entendido nada de la movilización social, y que esta propuesta tergiversaba lo que realmente se quería). El resultado final fue el más esperable: la Iglesia Católica y otros sostenedores «hicieron la pega», presionaron eficientemente, y lograron que se retrocediera parcialmente en esta medida, incorporándose, entre otras cosas, una indicación que permite arrendar a un tercero no relacionado cuando este último no tiene fines de lucro, un traje hecho a la medida de la Iglesia Católica.  Al respecto, no deja de ser irónico que una vez que se mandó esta indicación surgieran voces desde la izquierda y el movimiento social criticando la medida, argumentando que constituía un importante retroceso, cuando antes no se había considerado como un importante avance.

Este ejemplo no es una excepción, ya que desde que se mandó la primera versión del proyecto que intenta poner fin al lucro, copago y selección; los únicos incentivos que ha enfrentado el gobierno son a moderar su postura: el bajo crecimiento económico, la eficiente presión de los sostenedores laicos y eclesiásticos, las protestas de los apoderados que rechazan los cambios, la baja densidad del movimiento estudiantil y su bajo o nulo compromiso con los aspectos positivos de tal propuesta inicial, etc. El gobierno podría resistir y tener un compromiso con las reformas a toda prueba, pero sería ingenuo pensar que producto del 2011 y de la incorporación del PC, pasaríamos de un conglomerado con un carácter neoliberal prácticamente uniforme, como fue en las cuatro primeras administraciones de la Concertación, a un gobierno que empujaría las reformas profundas contra viento y marea.

En resumidas cuentas, las deficiencias técnico-políticas del gobierno, así como la mutua desconfianza entre el gobierno y el movimiento social, configuran un escenario que hace peligrar la viabilidad política de un proceso de reforma. De este modo, revertir este difícil momento pasa, entre otras cosas, porque los distintos sectores que abogan por una reforma profunda, cambien su estrategia y, así como las fuerzas conservadoras, logren empujar en una misma dirección desde sus distintas coaliciones políticas.

No hay ninguna posibilidad de desplegar este círculo virtuoso sin que el gobierno mantenga y fortalezca su compromiso transformador. Ese es el rol irremplazable de los sectores progresistas que son parte de la Nueva Mayor

Necesitamos entrar en un círculo virtuoso, en que las apuestas más osadas del gobierno refuercen y se vean reforzadas por la movilización de los actores sociales. Para esto no es necesario estar de acuerdo en todo, ni mucho menos converger todos en un mismo sector político (es cosa de ver como lo hace el mundo conservador), sólo se requiere que cada uno haga su parte: el gobierno debe proponer leyes que tengan un carácter transformador, en una dinámica que no apueste por la neutralización del mundo social, y el mundo social y la izquierda extra NM debe recuperar su capacidad de movilización, su capacidad de propuesta, y apoyar sin cálculos ni temores las propuestas del gobierno que cumplan con una orientación transformadora.

Ante todo, no hay ninguna posibilidad de desplegar este círculo virtuoso sin que el gobierno mantenga y fortalezca su compromiso transformador. Ese es el rol irremplazable de los sectores progresistas que son parte de la Nueva Mayoría. Y en justamente ahora, en el debate de la nueva institucionalidad para la educación pública, donde ese rol se debe jugar. Una propuesta que exprese una decidida preferencia por la educación publica, para revertir la historia reciente y avanzar hacia un país donde ella tenga un peso especifico relevante y sea paradigma de calidad, podría constituir el primer paso para la configuración de un movimiento social y ciudadano que de sustentabilidad política a la reforma. Una propuesta deslavada y timorata, que no exprese con fuerza esa preferencia, solo nos va a llevar a un 2015 de confrontación y estancamiento de la reforma.