Durante el último año la propuesta de reforma educacional ha generado una intensa defensa de parlamentarios, oficialistas y de oposición, por perfilar la reforma educacional en vías de hacer todo para que nada cambie. Por un lado la Alianza por Chile ha construido una campaña del terror amenazando con el cierre masivo de colegios particulares subvencionados que supuestamente generará la reforma, sacando a miles de personas a la calle a movilizarse en contra de cualquier transformación que fortalezca la educación pública.
Por otra parte el gobierno y los parlamentarios oficialistas ha delimitado un camino bastante calculado, diseñando políticas públicas orientadas a ajustar las reglas de funcionamiento y los incentivos que regularán algunos aspectos del mercado educativo, manteniendo y profundizando el trato de la educación pública como si fuese privada. Este movimiento pareciera tratar de aminorar los costos políticos al interior de la Nueva Mayoría. El gobierno entiende que acordando las reglas del juego con los sostenedores privados de la educación[1], será posible avanzar en otras áreas que para el movimiento social por la educación son críticas, como una carrera profesional docente y una nueva institucionalidad y financiamiento para la educación pública.
El gobierno ha demostrado su clara opción por mantener buenas relaciones con quienes lucran y se han enriquecido a partir del negocio educativo ofreciendo arrendar o comprar la infraestructura y subiendo el monto de la subvención que reciben. En lo que concierne a la prohibición de seleccionar estudiantes por parte de los sostenedores, vale la pena señalar que esta práctica es inconstitucional en casi todos los países del mundo[2], sin embargo aún acá hay grupos que mantienen una defensa acérrima por mantenerla, junto con el financiamiento por alumno. Ante esta situación, es pertinente preguntarse si es posible construir una educación sin lucro, pública, gratuita y con participación de la comunidad, si quienes son miembros de los partidos políticos tienen intereses creados en universidades, centros de formación técnica y colegios[3].
El Foro por el Derecho a la Educación desde hace más de seis años ha propuesto el fin de la selección y del financiamiento compartido, por ser la gratuidad y la no discriminación dos características centrales de la educación pública que contribuyen a la realización del derecho a la educación. Así lo reafirma el relator especial sobre el Derecho a la Educación, Kishore Singh, quien en un reciente informe[4] señala: “Los gobiernos deben hacer todo lo posible para fortalecer sus sistemas de educación pública, en lugar de permitir o apoyar a los proveedores privados; la educación con fines lucrativos no se debería permitir, a fin de salvaguardar la causa noble de la educación”.
No obstante, en nuestro país, hasta ahora, no ha existido un debate fundado que permita redefinir lo público en educación y la discusión se restringe a que cada grupo de interés le exija al gobierno que su proyecto educativo debe ser financiado. En un esfuerzo colectivo por destrabar este debate necesario para orientar qué entender por educación pública, junto con otras organizaciones, el Foro ha elaborado el documento: “Criterios para la Reconstrucción de lo público en Educación en el Chile Neoliberal”[5].
Soslayar la discusión sobre lo público y no definir colectivamente qué tipo de educación queremos y para qué queremos educarnos, le resta profundidad a la discusión sobre qué tipo de financiamiento es el más adecuado y se ajusta a los estándares internacionales sobre el derecho a la educación. Actualmente el debate sobre el financiamiento de la educación queda reducido a definir cuánto porcentaje del presupuesto fiscal se reajusta para asignarlo a un sistema educacional mercantilizado, privatizado y precarizado.
La evidencia demuestra que una ley que intentó fortalecer la educación pública sin cambiar el modelo de financiamiento, como la ley SEP, terminó incrementando los recursos fiscales que van a los colegios particulares subvencionados, que reciben el 52% de estos fondos[6].
El gobierno se comprometió a presentar una propuesta de fortalecimiento de la educación pública para diciembre de este año. Hasta ahora no hay anuncios sobre qué se debe financiar para tener una educación pública ajustada a derecho y cómo se debe financiar.
Pensar el paradigma bajo el cual se sostiene un proyecto educacional es un elemento clave para definir su modelo de financiamiento. Existe abundante evidencia de que los mejores sistemas educativos son aquellos que preferentemente se sostienen sobre la base de una educación pública, gratuita, sin discriminación y con participación de la comunidad[7].
Por ello, la participación debe ser entendida desde una perspectiva amplia, incluso en aquellos ámbitos que se definen como propios de expertos, como el área del financiamiento. Es por ello muy importante que las comunidades entren en diálogo con las instituciones a cargo de fortalecer la educación pública y que estas últimas respondan de manera oportuna a las necesidades de la comunidad.
Avanzar en una perspectiva pública de la educación es, entre otras medidas, oponerse al actual sistema de subvención por asistencia de alumno a la escuela, porque éste genera competencia entre establecimientos y discriminación, donde los estudiantes pierden su condición de ser humano, su dignidad y pasan a ser vistos como un bolsón de recursos.
Es fundamental construir las condiciones para un financiamiento basal de la educación pública que incorpore características como: accesibilidad, inclusión, disponibilidad de recursos y equipos profesionales adecuados, un curriculum pertinente de acuerdo a las necesidades de cada comunidad y por supuesto la participación colectiva en la toma de decisiones sobre el proyecto educativo y su realización.
Ante este desafío, el Foro Chileno por el Derecho a la Educación en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil y administradores de educación pública[8], han trabajado durante más de dos años en la elaboración y puesta a prueba de una propuesta de financiamiento basal de la educación pública, calculado con participación de las comunidades. Este modelo de financiamiento, además, se basa en el cumplimiento de la normativa internacional sobre el Derecho a la Educación y recoge las necesidades que las propias comunidades han definido como urgentes para sus contextos.
Esta propuesta de financiamiento permite superar la arbitrariedad con que se fijan los montos de la subvención escolar, que no tienen en cuenta las necesidades de funcionamiento de las escuelas y liceos, y es, a su vez, un modelo para construir las políticas públicas de forma pertinente, participativa y ajustada a derecho.
Esta es una exigencia ética y política ineludible. De esta forma creemos contribuir con una medida concreta, que junto a otras permita destrabar la privatización, mercantilización, segregación y crisis generalizada que caracteriza a nuestro sistema educativo.
[3]Monckeberg, M (2007). “El Negocio de las Universidades en Chile”. Editorial Debate: Chile. Monckberg, M (2013). “Con Fines de Lucro.La escandalosa historia de las universidades privadas en Chile”. Editorial Debate: Chile.
[8]La investigación se está realizando junto con Fundación Sol, el Equipo de Psicología y Educación de la U. de Chile, la Cooperativa de Trabajadores Centro Alerta, siendo San Joaquín y Los Andes las primeras comunas donde se desarrolla esta iniciativa.
Estimados de Ciper,
He leído bastante respecto a la reforma educacional. De lo que he podido leer, no he encontrado la respuesta a una duda de fondo que tengo y que quisiera hacérsela a ustedes. Desde ya asumo una falta de entendimiento de mi parte y quizás esto está claro en todos los niveles. Bueno, por otra parte he visto tanto cambio y falta de claridad del ministro que no me asombra que efectivamente se desconozca lo que consulto.
Actualmente están los establecimientos municipalizados y los particulares subencionados, que sumados conforman el 93% del total de establecimientos,
Los establecimientos municipalizados a futuro pasarán a depender del mineduc. Entonces estarán financiados íntegramente por el estado, administrados, supervisados, etc. por parte del estado.
Por otra parte, los particulares subencionados, a futuro no tendrán copago. Menciono que esto partió con un plazo de 4 años y ha subido hasta los 30 años.
Bueno, al momento que no tengan copago, estarán también íntegramente financiados por el estado, quién obviamente deberá administrar y supervisar.
Entonces mi pregunta es: ¿qué diferencia habrá entre ambos establecimientos? entre el que fue municipalizado y el que tuvo copago. O de otra forma: ¿que papel cumple el sostenedor, ya que éste no desaparece según la reforma?
Encuentro bien básico saber esto, en el sentido que se espera que no exista diferencia entre ambos tipos de colegio, pero claramente la hay y lo que es peor, sin saber la función de aquello que hace la diferencia.
Un cordial saludo y agradeciendo desde ya su respuesta.
Osvaldo Lema
El gobierno ha demostrado su clara opción por mantener buenas relaciones con quienes lucran y se han enriquecido a partir del negocio educativo ofreciendo arrendar o comprar la infraestructura y subiendo el monto de la subvención que reciben. En lo que concierne a la prohibición de seleccionar estudiantes por parte de los sostenedores, vale la pena señalar que esta práctica es inconstitucional en casi todos los países del mundo[2], sin embargo aún acá hay grupos que mantienen una defensa acérrima por mantenerla, junto con el financiamiento por alumno. Ante esta situación, es pertinente preguntarse si es posible construir una educación sin lucro, pública, gratuita y con participación de la comunidad, si quienes son miembros de los partidos políticos tienen intereses creados en universidades, centros de formación técnica y colegios[3].
Por ello, la participación debe ser entendida desde una perspectiva amplia, incluso en aquellos ámbitos que se definen como propios de expertos, como el área del financiamiento. Es por ello muy importante que las comunidades entren en diálogo con las instituciones a cargo de fortalecer la educación pública y que estas últimas respondan de manera oportuna a las necesidades de la comunidad.
