Hace unos días, el Ejecutivo, a través del ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga, ingresó indicaciones sustitutivas al articulado que reforma el Código de Aguas de 1981 y viene trabajando desde hace unos años la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados.
En este contexto de transformaciones, estimo oportuno dar a conocer la opinión que a través del tiempo me he ido formando sobre esta materia.
El artículo 19 N° 24 de la Constitución de 1980 dispone que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Con ello, estos derechos cuentan con la protección que la Constitución otorga al derecho de dominio, la que los hace inexpugnables.
El punto está en que dicho régimen desconoce a las aguas su condición de bien nacional de uso público consagrada en la tradición romana sabiamente y recogida por el artículo 595 del Código Civil desde el inicio de nuestra institucionalidad jurídica. Allí se declara que los ríos y las aguas que corren por cauces naturales son bienes nacionales de uso público.
Es cierto que el artículo 5 del Código de Aguas vigente desde 1981 dispone que las aguas son bienes nacionales de uso público, pero tal declaración resulta plenamente retórica si se analizan con cuidado las características que a través de todo su articulado se asignan al derecho de aprovechamiento de las mismas y, sobre todo, a la luz de lo que señala la Constitución.
Recordemos que son bienes nacionales de uso público aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda si, además, su uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Dichos bienes se caracterizan por estar fuera del comercio y por lo mismo son imprescriptibles e inalienables. Pese a lo anterior, bajo el marco creado por el Código de Aguas actual, los derechos de aprovechamiento sí están en el comercio, y sí son alienables y prescriptibles, lo que resulta incompatible con su condición de bienes nacionales de uso público.
Al mismo tiempo, la Dirección General de Aguas (DGA) está obligada a constituir los derechos una vez cumplidos los requisitos formales establecidos para tales efectos por el Código de Aguas, sin reservar ninguna facultad a la autoridad para establecer prioridades que favorezcan el interés común.
La legislación sobre aguas anterior a 1981, sin embargo, había consagrado el derecho de la autoridad para conceder derechos de agua sujetando su otorgamiento a las preferencias establecidas en la ley. El Código de Aguas de 1951 disponía, entre otros, que el derecho se concedía por una merced concedida por el Presidente de la República y explícitamente vinculado a un determinado uso establecido conforme a un orden de prioridad. Éste partía por la bebida, para seguir con las necesidades de uso doméstico y saneamiento (agua potable) de la población, y terminaba con los usos de naturaleza comercial e industrial.
La prioridad sobre el uso del agua, entonces, era decidida por la autoridad frente a la situación de hecho que le tocaba enfrentar. Nadie cuestionaba el hecho de que la merced debía concederse tomando en cuenta dichas prioridades.
En 1969, la reforma agraria sustituyó el régimen de aguas vigente por uno que limitaba el uso de las mismas al destino para el que fue concedido el derecho, prohibiendo la venta de la merced por sí misma (salvo en casos en que se hiciera con el predio en la cual escurría o se encontraba) y estableciendo una nueva lista de usos preferentes.
Cuando se impuso el Código de Aguas de 1981 (que se mantiene vigente en lo conceptual), se limitó la capacidad de la autoridad para intervenir y regular el uso que se dará a los derechos de aprovechamiento de agua entregados gratuitamente por el Estado a particulares.
Así constituidos, tales derechos se incorporan al patrimonio privado de sus titulares amparados por la garantía constitucional del derecho de propiedad, lo que resulta inusitado si se atiende al valor de este recurso para la vida humana y a la necesidad de establecer prioridades para su uso.
Esto contradice la condición de bienes nacionales de uso público de las aguas y produce efectos negativos para el interés de los habitantes del país, quienes en definitiva son sus verdaderos propietarios.
Así, por ejemplo, aunque sea de interés del país mantener campos cultivados, quienes tienen derechos de agua constituidos para su regadío, con uso estacionario de los mismos, pueden desprenderse de ellos a cambio de las ingentes sumas de dinero que el mercado les ofrece y venderlos a proyectos que requieren uso intensivo permanente. Así se han depredado o vulnerado gravemente un sinnúmero de acuíferos en el país.
De más está referirse al efecto adverso para el interés general que tiene el simple no uso o uso parcial de un derecho de aprovechamiento de aguas, por más que la reforma del Código del año 2005 haya venido a paliar este efecto negativo del sistema actual.
Otra de las iniciativas relevantes en el Congreso respecto del estatus jurídico de las aguas, se originó en un mensaje del 6 de enero de 2010 enviado por Michelle Bachelet justo antes del término de su primer periodo presidencial. La iniciativa propone en su artículo primero derogar el inciso final del artículo 19 N°24 de la Constitución. Nada se dice sobre la suerte de los derechos de agua constituidos con anterioridad a la derogación, los que, a nuestro juicio, deberían ser respetados en su integridad y así expresarse en el texto legal propuesto.
Tema aparte es resolver si los derechos de agua deben ser reconocidos como bienes nacionales de uso público a nivel constitucional como se propone en el artículo segundo del mensaje presidencial. Nos parece que este reconocimiento no es necesario y que basta que los derechos de agua queden regidos por el artículo 19 N° 23 de la Constitución en el que se dispone que la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes que consagra no se extiende a aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deben pertenecer a la nación toda .
El Estado, como titular de derechos patrimoniales, está afecto a la limitación recién señalada. Ello significa que no puede adquirir el dominio de las aguas, pero sí puede otorgar derechos sobre ella en concesión conforme a las normas que al efecto debiera establecer el Código de Aguas. No existe, por consiguiente, el riesgo de una estatización de los derechos de agua.
Si se aprueba la reforma constitucional conforme a lo señalado precedentemente, habría que modificar el actual Código de Aguas para adaptarlo al nuevo régimen constitucional e introducirle los cambios que se estimen convenientes en orden a destinar los derechos de agua que se constituyan bajo el nuevo régimen para fines específicos.
No se nos escapa que las modificaciones recién señaladas son incompatibles con el régimen de mercado a que están sujetas las aguas en estos momentos. Pero ello es así precisamente porque se trata incuestionablemente de bienes nacionales de uso público.
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Ángela Vivanco falló a favor de consorcio chileno-bielorruso sin transparentar su relación cercana con abogado de esa empresa
Una consulta, que debo hacer si mi vecino del frente, tiene un tremendo árbol en su propiedad, el cual echa raíces que llegan subterraneamente a mi desagüe, del baño, cocina y el de la lavadora, provocando la obstrucción de éste y comienza a devolverse el agua.
que puedo hacer, la compañía de agua, tendrá la autoridad de solicitar a este vecino que corte su arbol ?
Muchas gracias
Camila arias muñoz | 22.12.2022
Que puedo hacer si mi vecino desvió y no deja pasar el estero de agua donde nosotros sacábamos para consumo humano y regar nuestros arbolitos
cristian | 22.05.2022
yo poseo una parcela en molina de 6000 mts 2 esta parcela tenia riego del canal ramirez rinconada el canal pasa al lado de la parcela , tiene sus tuberias y acequia interior, esta parcela en su escritura tiene derechos de agua, cuando vino el terremoto esta agua la cortaron diciendo que no decia la cantidad,la cantidad no es mucha por la superficie , las personas a cargo del cana lvenden acciones por ella y no dejan alternativa alguna , que puedo hacer necesito ayuda por favor . esto no ha sido comentado antes gracias
Manuel | 10.07.2021
hace años atras , este no era un tema de debate cuando el agua como recurso era abundante , pero ahora cada vez es mas escaso y genera serios problemas . Pero un punto que quisiera señalar que creo que es importante . Independientemente que las grandes empresas o algunas se roben el agua o no se la roben . Alguien de los presentes aquí estaría dispuesto o dispuesta a invertir en un proyecto pequeño , mediano o grande y que necesite este recurso escaso sin que se le asegure el derecho de utilizarla a mediano o largo plazo ? Ahora si nadie o a la autoridad de turno o la ley no se lo asegura con un DERECHO, quien estaría dispuesto a especular en un proyecto empresarial que prácticamente seria una crónica de una muerte anunciada.
Alfonso Reyes | 01.06.2021
Los grandes agricultores dicen que en todos los países de Europa el agua es un bien privado pero no es verdad, el agua es un bien de dominio público y lo privado son las aguas intra prediales y el Estado otorga sólo las concesiones de derechos de uso o de aprovechamiento del recurso , con la condición del uso beneficioso. Ese derecho de uso debería ser temporal prorrogable y recuperable o causal de cancelación por el Estado si su uso no es eficiente y prioritario.
A.V | 06.10.2020
Nadie habla de una perspectiva directa. Cuando fui a un trabajo social, un pobre hombre solo tenía unos bidones de agua potable, gastamos todo su recurso para cavar unos hoyos y el camión aljibe no pasaba todos los días. No será mejor invertir para llegar a todos los espacios de Chile? Deberían crear una jurisdicción respecto a eso, de nuestras propias cuentas sacar un porcentaje para seguir construyendo, que los más adinerados respecto a este tema no se llenen hasta rebalsar las manos de plata y agua.
Jorge | 03.10.2020
Duda. Soy vecino de un fundo, ambos con llegada a un río, el fundo paga derechos de agua para su riego y yo no. Al modificar la Constitución y darle al agua la categoría de bien de uso público, quiere decir que mi vecino ya no pagará por el agua que utilice (derechos de agua) y yo seguiré usando agua sin pagar como lo hago ahora ¿??? Cual será el beneficio? Si el estado escasamente fiscaliza ahora y no creo que esto cambie.
jorge ramirez | 30.09.2020
Todos nuestros recursos naturales deben volver a ser de todos los chilenos, es decir, que debe ser el estado chileno quien administre y explote dichos recursos en benficio de toda la poblacion. En la nueva constitucion deberia quedar establecida la renacionalizacion de todos nuestros recursos y servicios basicos que estan en manos de privados quienes se embolsan millones de dolares gracias al usufructo de lo que nos pertenece a todos. Por eso Yo APRUEBO CONVENCION CONSTITUCIONAL.
H2O | 04.03.2020
Creo que no hay que meter en cada tema de discordia a los derechos humanos. Ese tema es de Chile y se debe resolver acá.
Lo de las mineras, deben estar limitadas a un % máximo que permita operar y no dejar pueblos aledaños en la sequía.
Lo de empresas de agua, alguien tiene que invertir en transporte, alcantarilla, plantas de potabilización y eso debe pagarse según tu uso. Si nadie invirtiera, como tendrías el agua en tu casa? O en cualquier producto comestible que requiera agua? Quieres paltas? Requieren agua, quieres frutas? Requieren agua.
El punto es que si no aseguras a las empresas el derecho a esa agua, crees que invertirán para producir el bien que el mercado pide comercializar (paltas, frutas, carne, verduras, otros productos no necesariamente comestibles) ?
Si no te aseguran el agua, comprarías una parcela para cultivar sandías? Claramente no.
Carolina | 04.03.2020
Bueno yo en mi ignorancia con respecto a leyes, me pregunto no se podra hacer algo en la corte interamerocana de derechos himanos con respecto al agua? algun abogado que sepa que sin con muchas firmas de todos los chilenos que nos vemos afectados por este terrible e in humano robo a nuestros derechos fundamentales podriamos hacer una demanda colectiva o algo asi?? Porque veo lo que pasa en siete tazas y me parece una crueldad con el ecosistema y que le echen la culpa al cambio climatico y que nadie haga nada
César | 07.02.2020
El es parte fundamental de la vida, por lo tanto el agua debe ser de todos los chilenos con respaldo legal constitucional y ser administrada por el Estado, no por privados. Cuando un bien que compete a todos los chilenos lo administra el Estado los beneficios son para todos, pero cuando es administrado por privados, los beneficios son particulares, ya sea comercializando mediante tarifas que añoa a año se van multiplicado, como ocurre con la electricidad, con el transporte, con la educación, la salud y otros bienes que se han privatizados, hasta teníamos un Banco estatal, Lagos lo privatizó, un socialista mentiroso.
omar | 16.01.2020
con el tiempo, tendremos que pagar incluso por el sol, el aire y la lluvia...insólito.
el agua debe ser de Chile y todos los chilenos y a las empresas mineras cobrarles altísimos aranceles.
Leonardo | 16.01.2020
El tema del agua usada por privados como bien de uso público...no es el problema...lo serio es cuando empresas como barrick gold deja a pueblos enteros sin agua priorizando sus empresas mineras, agrosuper acabando con mapas... incluso vendiendo el agua al extranjero...la ley de aguas es muy controversial ya que por un lado es un bien de uso público y por otro otorga derechos inexpugnables a particulares que usen el agua a su antojo...
TANER KING
Lucho | 08.01.2020
Esta bien, si el agua ha de ser un derecho, entonces ustedes preocupense de hacerla potable, de realizar las alcantarillas para desechos, que el agua se transporte cómodamente hasta sus hogares... o queremos que llegue gratis con todo lo que implica el transporte y limpieza de esta?
Ya sé! volvamos mejor a tener ríos fluyendo corriente abajo, dependiendo de la madre tierra y del dios de la lluvia para obtener el recurso... especialmente en años de sequía... o construyamos piscinas para retener el agua, pero no sé quien se hará cargo de mantenerla pura... porque no creo que se levanten a trabajar sin recibir su pago.
Dejen de joder, si lo que más barato sale de todas las cuentas es precisamente el agua.
Santi | 18.10.2014
Luego sera el terreno que pisamos...
Alfredo Miranda Olivos | 17.10.2014
El agua para el consumo humano y para el cultivo de alimentos prioritariamente. Aquellos que poseen derechos de agua y no tienen tierras que cultivar el Estado debe recuperarlos, sin pago, fueron entregados a gratuidad y deben devolverse de la misma forma.Â
Eduardo Hernández | 13.10.2014
Quieren seguir vendiendo el agua, ...que sigue ... el aire ???
MARIANA CARDOEN | 10.10.2014
Trabajo en el Ãrea de Desarrollo de una Inmobiliaria y me encantaría preguntarle a Ernesto López, ¿Dónde puedo comprar terrenos en Santa Isabel a UF 13 m²? y también en que proyecto de Santiago tienen a UF 73 m² de departamento para ir a conocerlos. Según mi experiencia en Santiago el m² esta entre 30 y 45 UF y el m² de departamento a UF 40 y 50 según el metraje.
Cuando se impuso el Código de Aguas de 1981 (que se mantiene vigente en lo conceptual), se limitó la capacidad de la autoridad para intervenir y regular el uso que se dará a los derechos de aprovechamiento de agua entregados gratuitamente por el Estado a particulares.
