Proyecto hotelero en Concón: Detractores presentan informes que indican que no resistiría un tsunami

Para este jueves 21 de agosto quedó programada la reunión convocada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso para dirimir, con los votos de los seremis y el intendente de la región, la continuidad o el rechazo al proyecto Hotel Punta Piqueros. A la reunión no fueron invitadas las organizaciones ciudadanas que han manifestado observaciones en este proceso de evaluación, aunque de todos modos pidieron ser escuchadas en la cita. Más aún, después de que una nota de El Mercurio de Valparaíso de este martes 19 de agosto anunció que la  “aprobación ambiental” de la iniciativa inmobiliaria está “ad portas”.

El proyecto hotelero  está emplazado en el borde costero de Concón, en una  zona de alto riesgo de tsunami. En razón de ello hemos entregado a las autoridades  estudios e informes que indican que esta iniciativa no cuenta con condiciones para resistir un tsunami, por lo que, al aprobarlo, se expone la vida de sus potenciales  1.500 pasajeros y 145 trabajadores (vea el informe gráfico de vulneraciones y su resumen en una presentación Power Point).

El diseño del inmueble, además, no permite la extinción de un incendio de envergadura desde el exterior, ni el acceso de carros bombas y escalas telescópicas a la base del edificio para salvar a personas atrapadas en su interior.

Los riesgos evidentes del proyecto en materia de seguridad, además de una suma de vulneraciones a normas ambientales y urbanas amparadas por el Ministerio de Vivienda -a través de su División de Desarrollo Urbano, sus seremis y el director de Obras, que emitieron documentos contrarios a derecho para viabilizar el proyecto-, obligaron al Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar a demandar ante la justicia a la municipalidad y a la Inmobiliaria Punta Piqueros. Nuestra organización ciudadana, con 16 años de existencia, sin fines de lucro y con personería jurídica vigente,  fue favorecida por la Corte Suprema, la que paralizó la obra y exigió que se realizara un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Sin embargo, desacatando tal sentencia la Inmobiliaria consultó al SEA sobre la “pertinencia” de hacer efectivamente el EIA. (Vea la consulta dirigida al SEA).

Un EIA se rige por la Ley de Medio Ambiente 19.300. Sin embargo, los riesgos a los que este proyecto hotelero expone a sus pasajeros y trabajadores son de tal gravedad, que trascienden dicha ley. En efecto, sus vacíos en materia de seguridad lo convierten en un problema transversal, que obliga a los seremis y al intendente a analizar el tema con extrema rigurosidad, bajo el mandato constitucional de los artículos Nº1, Nº 6 y Nº 19, que obligan al Estado a proteger la vida de los ciudadanos.

Nuestro comité ha evidenciando y reiterando públicamente la gravedad de aprobar un proyecto con estos riesgos no resueltos. No obstante, las autoridades han hecho caso omiso de tal responsabilidad, salvo una excepción de la seremi de Salud, quien en una comunicación fechada el 5 de Mayo 2014 (vea ese documento) manifestó observaciones referidas al riesgo por emergencias. No obstante, en un instructivo del SEA del 19 de Mayo 2014 (vea ese instructivo)  se le indicó expresamente que se refiriera sólo al ámbito ambiental “de su competencia”. Lo anterior, a pesar de que durante todo el proceso de este EIA sí estuvo incorporado el factor riesgo. Es más, los vacíos referidos al riesgo fueron parte de las observaciones ciudadanas realizadas en el curso del EIA y el SEA no las objetó, por lo que siempre fueron consideradas como antecedentes integrantes del proceso.

Es impresentable que tan sólo un año después de ocurrida la tragedia del terremoto y tsunami de 2010, que obligó al Estado a tomar medidas, ese mismo Estado -representado por el Municipio de Concón- haya concedido un permiso de obras para una edificación en plena zona de riesgo, sin exigir resguardos. Y, además, que los seremis, contraviniendo directrices fundamentales de responsabilidad estatal, hayan aprobado finalmente todas las etapas de este EIA sin mayores observaciones referidas a tal riesgo de tsunami.

La tragedia de 2010 -que generó el enjuiciamiento de las autoridades competentes- no puede repetirse y debe ser obligación del Estado prevenir toda situación de riesgo que afecte la seguridad y la vida de las personas. Por ello, debe declararse inviable el proyecto en la votación del EIA programada para este jueves 20, con un voto negativo final que lo permite el artículo 16 del Reglamento de la Comisión de Evaluación.

MAREJADAS Y TSUNAMI

Vea aquí fotos que muestran el efecto de las marejadas sobre la edificación.

Las marejadas recurrentes en la Región de Valparaíso han demostrado la extrema vulnerabilidad del proyecto Hotel Punta Piqueros. Se registró el caso en que las olas  superaron la altura de los 40 metros, sobrepasando la obra gruesa de la construcción y la vía pública que ésta enfrenta (vea un video que registra el volumen de las marejadas).

La fuerza de una onda de tsunami es mil veces mayor que la de una marejada y la presión hidrostática es de 40 ton/m2. En consecuencia, las fachadas vidriadas del edificio colapsarán, penetrando violentamente el agua en  su interior, inundando todo a su paso y succionando con la misma fuerza a su retiro.

La geografía del lugar donde se emplaza este proyecto aumenta el riesgo, por cuanto inmediatamente detrás del hotel se encuentra la ladera del farallón del Campo Dunar cortada como acantilado.

Cuando la onda del tsunami sobrepase el hotel, chocará con esta verdadera muralla. El agua retenida por el farallón elevará su nivel violentamente por sobre los 30 metros de altura que contempla la zona de seguridad. Se producirá así un efecto de resonancia y oscilación de las aguas entre el hotel y el farallón del acantilado, lo que multiplicará la capacidad destructiva de las olas.

El hotel contiene habitaciones, restaurantes, salones de eventos, salones de reuniones, sala de estar, tiendas, bar, spa, gimnasios, piscinas, además de cocinas y oficinas administrativas, que, a plena capacidad sumarán 1.543 usuarios y 145 trabajadores. El inmueble tendrá diez pisos, seis de ellos se ubicarán bajo la calzada, hasta la cota del oleaje, sin protección alguna que garantice la seguridad.  La situación se agrava porque no existen vías de escape, salvo a una terraza exterior del edificio, sin más protección que una baranda perimetral en la cota 34,5, a la cual deben ascender los evacuados, incluyendo adultos mayores y minusválidos. Y esta terraza, como se ha expuesto, será igualmente sobrepasada por la altura de las aguas represadas, dejando expuestas a las personas a la fuerza de las mismas. (Vea el informe del oceanógrafo Alfonso Campusano)

Si en el tsunami de 2010 murieron 150 personas, en una circunstancia de sismo asociado a tsunami en la zona donde se pretende emplazar este hotel habría una alta probabilidad de que mueran más de 1.500 personas.

Frente a tan grave situación ya han sido notificadas las máximas autoridades, como la Presidenta de la República (vea la carta enviada a la mandataria), el ministro del Interior y la Onemi, responsables directos de la seguridad de los ciudadanos. Cabe hacer presente que el Ministerio del Interior de inmediato solicitó un informe a la Onemi (vea el documento), organismo que ratificó el emplazamiento de alto riesgo de Punta Piqueros, señalando que: “se encuentra situado en una zona vulnerable ante amenaza de tsunami” (vea la respuesta de la Onemi).

Sin embargo, estamos “ad portas” de que los seremis e intendente autoricen, en el país más sísmico y de mayores tsunamis registrados, la construcción de un hotel emplazado en una geografía única, que por sus características topográficas es extraordinariamente riesgosa, exponiendo conscientemente la vida tanto de sus usuarios nacionales y extranjeros, así como de sus trabajadores. En consecuencia, no podrán deslindar responsabilidades ante los eventos previstos cuando se les acuse de falta de servicio, de negligencia inexcusable, y se les conmine a responder de los daños a la vida física y psíquica que sufran las personas a quienes se les permitió usar y pernoctar en dicho lugar, con pleno conocimiento de los riesgos a que eran expuestos.

ZONA DE SANTUARIOS

El área próxima al hotel es una zona de santuarios de la naturaleza, compuesta por el Campo Dunar y la Roca Oceánica. Respecto de esta última se actuó con la mayor violencia en la primera fase de la construcción, cuando se destruyó con dinamita y maquinaria pesada el Peñón Orejas de Burro, de alto valor ambiental, alterando significativamente la unidad geomorfológica de esta zona de santuarios. La brutal demolición contaminó con material sedimentario rocoso y restos de construcción la zona bentónica de la Caleta de Pescadores Montemar, pues no se consideró utilizar barreras de contención sólidas que protegieran el medio ambiente  marino, aunque en el EIA la inmobiliaria declaró haber considerado “barreras sólidas y efectivas”. Dicha situación significó la destrucción del área de anidación del producto “loco”, lo que afectó el sustento de los pescadores de la caleta.

Asimismo, se destruyó la belleza escénica del paisaje con una edificación de gran volumetría que rompe la línea paisajística, vulnerando la Ley 13.364, única en Chile, que protege la belleza del paisaje y garantiza el uso público del borde costero de Viña del Mar a Concón. Además, se expone a la zona de santuarios a convertirse en estacionamiento informal, toda vez que el hotel contará con apenas 134 estacionamientos para una capacidad de 1.543 personas, lo que impone un flujo mayor de vehículos a una vía angosta y sin bermas.

La problemática generada por este proyecto de alto riesgo para la vida humana y de alto impacto ambiental, nos advierte que los organismos del Estado, lejos de imponer normas claras, exigentes y preventivas, se “adecuan” y generan “condiciones de viabilidad” para estas iniciativas inmobiliarias. Y, particularmente en este caso, lo han hecho a pesar de tener pleno conocimiento de un escenario de geografía riesgosa, de infraestructura precaria y de la vulnerabilidad de la zona de santuarios de la naturaleza, contraviniendo normas esenciales de planificación urbana, de evaluación ambiental y de responsabilidad estatal.