El 11 de octubre del 2013, Sebastián Lerdo de Tejada, director general del ISSSTE -la segunda red nacional de seguridad social mexicana con más de 12 millones de afiliados-, comunicó que finalmente estaba “en los planes” sustituir el Hospital General Gonzalo Castañeda (ubicado en el muy céntrico y precolombino barrio de Tlatelolco de nuestra ciudad capital), sirviéndose para ello de una “asociación público-privada”.

¿“Asociación” público-privada para sustituir? ¿Por qué? Curiosa solución ocupar una sociedad público-privada, lo que mucho inquieta a los mexicanos desde hace una década.

La implantación de hospitales público-privados en México, que operan en diferentes estados de la república con el esquema de Proyecto de Prestación de Servicios (Hospitales Regionales de Alta Especialidad), como los del Bajío, Bicentenario, Ixtapaluca y Zumpango, entre otros, muestran que:

1)    El contrato entre el Estado y el privado obliga a que -en la sociedad- éste último se encargue del financiamiento, lo edifique y administre. Por su parte, el Estado le suministrará pagos mensuales por un período de 25 años, otorga la propiedad de la obra, así como la concesión del predio (equipado).

2)    Las autoridades responsables, antes del gobierno del priísta Enrique Peña Nieto, gustaban de fundamentar la viabilidad de esta sociedad en que ello garantizaría una administración eficiente, proyectos terminados “llave en mano” (asumiendo todos los riesgos de la edificación) y la expansión de la oferta [1].

En realidad esta singular sociedad culmina en un proceso dual: eleva artificialmente el costo de la disponibilidad hospitalaria sin que la oferta aumente sólidamente, al tiempo que confirma que las nuevas joyas resultan más caras que si el Estado las hubiera levantado sólo.

¿Y quién termina pagando? El ciudadano-elector vía sus impuestos.

Conviene no perder de vista que la literatura especializada documenta que, iniciativas similares, han sido siempre presentadas como “complementarias” y bien dotadas de regulaciones estrictas. El Estado “debe” probar que “no” puede -en esos casos- edificar solo. Y que, una vez decidido a asociarse, su proyecto será monitoreado con lupa. Justo de lo que carece el experimento de la sociedad mexicana.

El mejor documento con que contamos para nuestro país es el de Valentín Cardona que disecciona el “modelo” Ixtapaluca. Al recorrerlo queda claro que la política pública sólo ha perdido y las fallas estructurales de la sociedad requieren un ajuste de fondo.

Hasta el momento, el gobierno federal de Peña Nieto no parece tener la menor intención de hacerlo. Al contrario. Como gobernador del Estado de México fue directamente responsable de los casos probablemente más escandalosos.

Como casi todo en México, el asunto está en manos de la sociedad civil  -severamente alejada de los partidos políticos- y no en la de los profesionales de la salud, ni mucho menos de las autoridades sanitarias (federales, estatales, municipales) simultáneamente cómplices y silentes.

Lo que sigue es abrir el debate público con “datos duros” (otro de los eternos pendientes de la administración pública mexicana), caracterizada por la opacidad y el pleno empleo de información sesgada e interesada. Se entiende que sea interesada, pero no que falte a la primera normativa de todo gobierno: información relevante, veraz, completa y persuasiva.

Hay que abrir y dilatar este debate todo lo necesario que sea preciso. El objetivo es que esa “información de calidad” fluya sin prisas y sin pausas.

En ese debate, el Estado debe probar fehacientemente si sus opciones de política justifican la expansión de esas singulares sociedades que, conforme corre el tiempo, despiertan cada día muchas más dudas que incuestionables resultados sanitarios en beneficio de la salud de la población que los paga.

Caso contrario, seguirá creciendo la sospecha de que, como Estado y con su sociedad, sólo consolida malos negocios, antes que dotar a las mayorías de los servicios que requieren con urgencia.

En las democracias y en los gobiernos de mayoría, el gobierno también puede perder el debate. La anómala operación de las singulares sociedades que se han recientemente impulsado en México anuncia que ese podría ser el caso. Se abriría, entonces, una gran oportunidad de corrección estructural que terminaría conduciendo al corazón de toda política de salud: la ampliación, y no el actual racionamiento, de todos los derechos sanitarios “universales” ya consagrados y que el Gobierno mexicano gusta de explotar con mucha demagogia.

[1] Programa de Acción Específico 2007-2012. Hospitales regionales de alta especialidad. Esquema de proyectos para la prestación de servicios. Subsecretaría de Administración y Finanzas. Secretaría de Salud, México, D.F.