Hoy hay consenso en la necesidad de ofrecer a la infancia y la adolescencia un tratamiento y modalidades de respuesta acordes con las transformaciones físicas, psicológicas y sociales que caracterizan esta etapa. Esto obliga a reconfigurar la lógica de los servicios de salud y protección social, pero también a construir un nuevo marco regulatorio adecuado. En ese sentido, ¿cuáles podrían ser algunas medidas para avanzar hacia una nueva política de salud mental infanto-juvenil en Chile?
(1) Crear una Ley de Salud Mental y Psiquiatría. En Chile, el estigma hacia las personas con enfermedades y discapacidades mentales es una cuestión cotidiana (discriminación en la escuela, en el trabajo, etc.). Chile es uno de los pocos países del mundo que no cuenta con una legislación que proteja los derechos de las personas con enfermedad o discapacidad mental y que favorezca su integración social. Si bien en el año 2001 entró en vigencia un nuevo reglamento que resguarda algunos derechos durante la hospitalización en servicios de psiquiatría, conformándose además comisiones de protección de las personas con enfermedad mental, el reglamento no responde en plenitud a los estándares de la legislación internacional. Por otro lado, una ley de salud mental garantizaría sustentabilidad financiera a las políticas y programas del sector.
(2) Desarrollar un Plan Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil. El Plan Nacional de Salud Mental 2011-2020 aún no ha sido publicado. Si bien la Estrategia Nacional de Salud incluyó cuestiones relativas a la salud mental, esta área pierde profundidad y preponderancia si no se le asigna un espacio específico, invisibilizando además los mecanismos para alcanzar los objetivos propuestos. El Plan debe ampliarse a la salud mental infanto-juvenil, y su elaboración debe contar con participación ciudadana, a través de las asociaciones de usuarios y familiares de personas con trastornos mentales. El desarrollo de un Plan de Salud Mental específico constituiría un hito en el avance de nuestro país hacia el pleno cumplimiento de los compromisos suscritos en materia de derechos de salud de niños y adolescentes. Junto con esto, brindaría una plataforma que favorecería una mayor coordinación intersectorial para la ejecución de los programas de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud mental. Actualmente, y pese a los avances que intentó la Política Nacional a favor de la Infancia y la Adolescencia 2001-2010, la coordinación entre los sectores de salud, educación y justicia para el desarrollo de iniciativas de de salud mental es aún muy escasa.
(3) Ampliar la cantidad y cobertura de equipos y centros de atención especializada en salud mental infanto-juvenil, a nivel de atención primaria y secundaria. Si bien ha habido un progreso sustantivo en los últimos 10 años, la disponibilidad de atención primaria en salud mental es todavía insuficiente (por ejemplo, aún existen comunas y establecimientos que no cuentan con acceso a salud mental en el nivel primario). Lo anterior está asociado a las disparidades de necesidades y recursos de cada municipio. Existen enormes inequidades (sociales y geográficas) en la distribución de presupuesto, recursos humanos e infraestructura en la entrega de servicios de salud mental. Además, actualmente son pocas las escuelas que desarrollan actividades de promoción y prevención, así como son pocos los recintos penitenciarios que cuentan con servicios de salud mental.
(4) Crear un Instituto Nacional de la Salud Mental, una institución autónoma que se haga cargo de investigar, diseñar e implementar políticas específicas en el área (en él se debería integrar el Servicio Nacional de Alcohol y Drogas, actualmente dependiente del Ministerio del Interior). Esta institución debería estar a cargo de la medición periódica de la prevalencia de trastornos mentales y discapacidad asociada, la elaboración de orientaciones clínicas para garantizar tratamientos de calidad, evaluar las políticas, planes, normativas, programas y orientaciones técnicas, hacer cumplir la legislación sobre hospitalizaciones involuntarias o el pago de licencias médicas por enfermedad mental, así como implementar programas que faciliten que las personas con discapacidad mental acceder a trabajos remunerados o vivienda. Este instituto deberá además coordinar el trabajo intersectorial, así como la capacitación en salud mental de los profesionales de la salud pública. Podría usarse como referente el National Institute of Mental Health de Estados Unidos.
(5) Ampliar la cobertura AUGE a nuevas patologías mentales, examinando las coberturas de carga de enfermedad sin restricción de edades. Las enfermedades mentales representan actualmente sólo el 5% de las patologías cubiertas en la Ley GES, pese a que los trastornos mentales implican una alta carga de enfermedad.
(6) Aumentar el presupuesto asignado a salud mental en el sistema público. El presupuesto actual (menos del 3% del presupuesto total en salud) es insuficiente para la implementación plena del Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría. La OMS recomienda que dicho gasto debe ubicarse entre el 10 a 16% del total del presupuesto en salud. Esta brecha de recursos ha significado que algunos de los problemas prioritarios no hayan podido ser atacados adecuadamente. Además, la mayor parte de estos recursos son destinados a la salud mental de adultos. De hecho, actualmente los servicios de salud mental para niños y adolescentes tienen un grado de implementación inferior al de los de adultos, y el número de prestaciones ambulatorias y comunitarias es aún menor que el número de días en hospitales y hogares y residencias protegidas.
(7) Asegurar una mayor formación en salud mental (particularmente infanto-juvenil) de los profesionales de la salud. A pesar de la alta prevalencia de desórdenes mentales, las mallas curriculares de pregrado de las profesiones de salud sólo dedican entre el 2 y el 5% del tiempo a la salud mental. Los profesionales de atención primaria tienen un bajo acceso a capacitación en este tema, y no existen programas sistemáticos y continuos en el tiempo para la formación especializada en algunas profesiones (por ejemplo, enfermeras y asistentes sociales).
Porque la salud mental de los niños y adolescentes resulta un eslabón clave en el tránsito desde una sociedad de privilegios a una efectiva sociedad de derechos, y porque no sólo se trata de reconocer a los niños y adolescentes como titulares de éstos derechos, sino también de preocuparnos de su bienestar y felicidad, algunas de estas medidas no pueden seguir esperando.
Lo primero que se debe hacer es eliminar todos esos clichés acerca de la adolescencia que se vienen repitiendo hace décadas, como la insistencia en los cambios hormonales -siempre planteada en sentido negativo-, la madurez entendida como la sumisión a determinados cánones -más bien prejuicios- sociales, y la excesiva importancia que se da al pololeo, al punto que algunos consideran que el muchacho que no se besuquea por ahí es un anormal. Cuestiones que por asuntos de conveniencia han sido alentadas por los propios sicólogos, con resultados nefastos para los afectados, aunque con buen saldo económico para ellos. Por ejemplo, las cientos de jóvenes que han caído en la anorexia porque uno de estos sujetos, a sus doce años, les dijo que estaban gordas y que eso era síntoma de despreocupación por su cuerpo, por ende de baja autoestima y consiguientes actitudes depresivas y autodestructivas. O repetir hasta el cansancio una de las tantas abominaciones creadas por Freud, como la pubertad precoz femenina, que los propios expertos (que no son sicólogos) han dicho que viene acompañada de factores adversos como obesidad y disminución de las facultades cognitivas. Un invento de una mente retorcida que convenció a los demás de que eran iguales (o peores, para así poder colocarse en el pedestal) y que oculta una aberrante discriminación por género, al asociar esa maduración temprana con la búsqueda del príncipe azul en desmedro de las actividades intelectuales, que requieren un mayor desarrollo cerebral y un mayor trabajo personal. No entiendo por qué los colectivos feministas, y las mujeres en general, han puesto el freno a esta tesis que las segrega y que alimenta los prejuicios más ancestrales en su contra.
Susana Quezada | 11.04.2014
Si bien dichas reformas implican un avance, se echa de menos un enfoque más preventivo con intervenciones que apunten a promover vínculos seguros desde la gestación y la primera infancia, con equipos de APS capacitados.
(4) Crear un Instituto Nacional de la Salud Mental, una institución autónoma que se haga cargo de investigar, diseñar e implementar políticas específicas en el área (en él se debería integrar el Servicio Nacional de Alcohol y Drogas, actualmente dependiente del Ministerio del Interior). Esta institución debería estar a cargo de la medición periódica de la prevalencia de trastornos mentales y discapacidad asociada, la elaboración de orientaciones clínicas para garantizar tratamientos de calidad, evaluar las políticas, planes, normativas, programas y orientaciones técnicas, hacer cumplir la legislación sobre hospitalizaciones involuntarias o el pago de licencias médicas por enfermedad mental, así como implementar programas que faciliten que las personas con discapacidad mental acceder a trabajos remunerados o vivienda. Este instituto deberá además coordinar el trabajo intersectorial, así como la capacitación en salud mental de los profesionales de la salud pública. Podría usarse como referente el National Institute of Mental Health de Estados Unidos.
