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Comentarios (6)

Javier perez | 21.04.2014
La pregunta que me hago... ¿cuantos proyectos o anteproyectos se presentaron antes de la derogacion del decreto? En las Direccion de obras municipales de algunas comunas.
Jonás Ramos | 15.04.2014
Mire Sr(a). Planificador(a) Urbano(a) Claramente Ud. debe ser una de las personas que trabajó en la redacción del mencionado Decreto 1 que se acaba de derogar. Y en buenahora que se hizo. Los argumentos falaces que Ud. menciona son los mismos que se mencionaron para justificar el nefasto decreto 1. Su argumento de que la única forma de garantizar que no se instalen equipamientos era prohibiéndolos, es desviar el foco de atención, porque el tema es que con ese decreto se permitían equipamientos de gran escala en lugares no aptos para ello. Recuerde que lo que hace ya varios años se determinó, era que los planes reguladores no podían regular la escala de los equipamientos y ésta estaba dada solo por la categoría de las vías. Además, si era tan buena la idea del decreto 1 ¿por qué entonces no se le dio un tiempo a los planes reguladores para prohibir equipamientos? Eso se hace estableciendo artículos transitorios. Pero no, la intención era precisamente que los planes reguladores no pudieran frenar este tipo de megaproyectos. Mire, la gente que trabaja en el sector de la construcción sabe que ese decreto era un insulto a la planificación urbana, llena de cuchufletas para beneficiar a los negocios, que de seguro ya se concretaron mientras estuvo vigente.  Pero el problema es que ustedes nos dejaron grandes herencias que están plasmados no solo en decretos, sino que también en leyes, como la 20.703, la 20.741 y otros 2 proyectos de ley que dejaron en el Congreso, y lo más grave es que se lo dejaron de herencia a la ciudad. ¿Cómo hicieron esto? Fácil, abandonaron sus obligaciones para dejárselas a personas inescrupulosas como las que protagonizan la investigación de ciperchile.
Planificador Urbano | 14.04.2014
Llama la atención que los fundamentos esgrimidos por las nuevas autoridades para la derogación del polémico decreto no sólo no respondan a argumentos técnicos, sino que, más grave aún, desconozca los alcances de la normativa anteriormente vigente. Conceptos como que el D.S. N°1 permitía instalar equipamientos al interior de barrios residenciales consolidados, sin consulta a la comunidad, resultando ésto “especialmente grave por cuanto la normativa antes vigente les garantizaba que ello no ocurriría”; o que dicho decreto “contemplaba beneficios no justificados a las edificaciones destinadas a hospedaje” y que “ponía en riesgo la existencia de importante superficies actualmente destinadas a áreas verdes” demuestran el escaso análisis realizado respecto de los reales alcances del derogado Decreto. De acuerdo a la legislación urbana vigente, la única forma de garantizar que no se instalen equipamientos al interior de los barrios es prohibiendo dicho uso en el Plan Regulador respectivo, situación que no se veía en nada afectada por el D.S. 01. Éste D.S. tampoco establecía “beneficios no justificados” a edificaciones destinadas a hospedaje (las que dicho sea de paso están siempre admitidas en barrios residenciales) sólo las permitía en zonas en las que el Plan Regulador respectivo permitiera el uso equipamiento, el cual contempla actividades absolutamente compatibles con un hotel. Finalmente, respecto de áreas verdes, la norma vigente con anterioridad a este D.S. - y que sigue estando vigente hoy - permite el desarrollo de equipamientos en un 20% de la superficie de zonas destinadas a áreas verdes, condición que tampoco se veía afectada por el D.S. 01. Por lo anterior, independientemente de compartir el interés por informar y hacer partícipe a las comunidades respecto de las decisiones de planificación, me parece que el D.S. N°33 es una muestra más de un actuar improvisado y efectista de la Nueva Mayoría, que busca marcar - a mi juicio en forma equivocada - diferencias con la anterior administración, sin siquiera darse el tiempo de analizar en un mínimo detalle las políticas y decretos promulgados por el Gobierno saliente.
JUAN PABLO VIGNEAUX BRAVO | 11.04.2014
Siendo personalmente no partidario de muchas de  las modificaciones que se han hecho a la Ley General de Urbanismo Y Construcciones y a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en estas últimas décadas, en varios Gobiernos de turno, bajo un régimen neoliberal extremo de Estado subsidiario en el favorecer la iniciativa privada y los negocios inmobiliarios, que se ha llamado “planificación por condiciones”, discrepo de las críticas, y de la formalidad de éstas,  que se han hecho al Decreto Nº1 y de su derogación, y las razones de discrepancia  las expuse en comentarios de columna publicada en Newsletter Plataforma Urbana :  “La explicación del Minvu sobre la modificación de la OGUC” http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/01/03/la-explicacion-del-minvu-sobre-la-modificacion-de-la-oguc/ Discrepo tajantemente y por sobre todo del presidencialismo que implica, y de la falta de análisis y debate por parte de  expertos con visiones distintas, de quienes  lo redactaron, apoyaron y promulgaron, y de quienes lo criticaron y/o pidieron su derogación.    Acusa esta derogación algo inadmisible de aceptar que ocurra en  la administración del Estado, en la administración pública: que en materia de legislación  urbana se actúe  por Decretos que se modifican o derogan fácilmente por la autoridad política del país de turno  bajo  la presión  de una opinión de élites, intelectuales o profesionales, o por visiones políticas o partidistas, sin medir real y rigurosamente sus fundamentos e  impactos en el bien común, o repercusiones en materias  legales, de Derecho privado y público.   Discrepo, por ejemplo, del considerando 5º de este D.S.  Nº 33 como razón de  derogación de Decreto Nº1 , me parece  que lo que este Gobierno  debe derogar es la  Política Nacional de Desarrollo Urbano, promulgada por D.S. Nº 78 (V. y U.), en octubre de 2013.  Una Política Nacional que no contemplo la debida participación ciudadana, que transgredió procedimiento legal , D.L. 1305 (V. y U.) de 1975, que fija en su artículo 12 numeral a) el organismo de administración que debió elaborarla (Minvu, Dirección de Desarrollo Urbano, no una Comisión Asesora Presidencial), por tanto , respaldar esta derogación en el punto  5.4.1 de esta PNDU no me perece. Visto lo que ya he opinado en columna que he señalado, no comparto  los juicios emitidos en esta columna sobre que sólo favorecía negocios inmobiliarios, que por lo demás, en el caso de malles comerciales por los que se le acusaba de  estar “hecho a la medida”  ya estaban construidos y aprobados por los Municipio, sus Direcciones de Obras, estaban otorgados sus  permisos de edificación, que otorgan derechos privados en materia de propiedad y patrimonio imposibles de anular administrativamente, por los mismos municipios, y difícilmente revocables en un juicio ante Tribunales Civiles sin mediar indemnizaciones.  Estaban ya en etapa de  construcción o ya terminados  antes de la  promulgación del Decreto Nº1 en Diciembre de 2013, y con o sin este Decreto Nº1 han entrado o  entrarán en funciones, recibidas sus obras por el Municipio.
Álvaro Palma | 09.04.2014
¿Y qué más da? Si igual todos sabemos que ambos, hotel y mall, igual se van a construir, tengan o no los permisos, y después aplicará el viejo concepto de los hechos consumados. El mismo que aplicó con el Terminal Alameda, el Costanera Center, entre muchos otros. ¿O acaso alguien cree que la autoridad tendrá alguna vez pantalones (o dejará de tener intereses creados, que es lo mismo) para demoler a quienes no cumplan la ley, así como tan diligentemente lo hacen cuando el infractor no se apellida Paulmann o Piñera? Yo al menos, lo dudo seriamente.
foxx | 08.04.2014
Los Mall y Hoteles no tienen amigos en este gobierno pero si las centrales hidroelectricas o las plantas de celulosa... o no Presidenta...
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