Hace un par de meses, el Ministerio de Educación (Mineduc) anunció la eliminación de nueve especialidades en liceos técnicos con el fin de modernizarlas y aumentar su coherencia con las demandas actuales del mercado. La Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) ha estimado en aproximadamente 600 mil el déficit de técnicos profesionales, lo que, en vista y consideración del rol clave que han de cumplir tanto para el desarrollo social como para la innovación y producción del país, implica la necesidad de ampliar y fortalecer tanto la Educación Media Técnico-Profesional (EMTP) como la impartida a nivel superior.
En un contexto en donde la desregulación y el lucro en las Instituciones de Educación Superior (IES) es cada día más patente a través de empresas relacionadas, inmobiliarias y subterfugios legales (del cual la investigación de CIPER al Instituto Profesional Valle Central es un claro ejemplo), se hace necesario que el debate público se centre también en la calidad y regulación de la Educación Técnico-Profesional. Principalmente, la de los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP), casas de estudios que albergan a 414.205 estudiantes, el 40% de la matrícula de pregrado en la Educación Superior, según datos del Consejo Nacional de Educación (CNED) .
EL ABANDONO DE LA CALIDAD
Desde 1990 en adelante se han materializado diversos procesos de acreditación en la educación superior chilena –Consejo Superior de Educación (CSE), Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, (CNAP), Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SINAC-ES)-. Sin embargo, y tal como lo refleja un reporte de la OCDE para el año 2012, desde 1990 todos estos procesos se han llevado a cabo sobre la base de la voluntariedad.
Actualmente, de las 164 instituciones de Educación Superior existentes en Chile, el 63,4% corresponden a CFT (59) e IP (45). Sin embargo, tan solo un 44% de los IP están acreditados o en proceso de acreditación; en los CFT, según datos del CNED, dicha cifra no supera el 21%, a diferencia del sector universitario en donde la cifra asciende a un 85%. A pesar de ser la principal fuente de Educación Superior en Chile en cuanto a la oferta, la Ley General de Educación (LGE) no exige la obligatoriedad en la acreditación de las instituciones Técnico-Profesionales ni de sus planes de estudios.
La inexistencia de acreditación obligatoria se suma a otro elemento característico del sector técnico profesional chileno: la ausencia de prohibición de lucro. Ambos aspectos dan cuenta de un patrón en el modelo de Educación Superior, que se manifiesta con especial fuerza en el mundo técnico profesional: la proliferación indiscriminada y desregulada de instituciones sin que esta vaya aparejada de una preocupación por la calidad de la educación que estas imparten.
Todo esto tiene consecuencias que se expresan a la hora que los estudiantes egresan, y en esto el informe del propio MINEDUC “Educación técnico profesional en Chile. Antecedentes y claves de diagnóstico”, arroja elementos demoledores: el 40% de los egresados de este tipo de establecimientos nunca se titula, otro 40% no logra desempeñarse en lo que estudió y no continúa sus estudios superiores y apenas un 20% logra encontrar empleo en el área en que se formó.
A nivel escolar, como es de esperarse, la situación no es precisamente mejor. El informe antes señalado da cuenta de que: “la Educación Media Técnico Profesional (EMTP) no cuenta con criterios definidos respecto a las condiciones mínimas que una unidad educativa debe cumplir para impartir una determinada oferta de especialidades y que sean verificadas durante su reconocimiento oficial. Asimismo, tampoco existe un mecanismo que permita monitorear el cumplimiento consistente de ciertos requisitos considerados necesarios para la efectividad de los procesos formativos propios de esta educación.”
Además de todo lo anterior, durante este gobierno y los anteriores se han promovido cambios al marco curricular y a los planes y programas de estudio para asegurar su pertinencia con los requerimientos del mercado laboral actual. Sin embargo, estos nunca se han materializado de manera efectiva en la EMTP. La carencia en cuanto a la capacitación de los docentes y claridad respecto a cómo se van a implementar estas modificaciones han sido impedimentos claves, volviéndose una necesidad perentoria el contar con programas de apoyo claros y concretos que hagan plausibles y efectivos los cambios propuestos.
Queda en evidencia, a la luz de los datos oficiales, la necesidad imperiosa de llevar adelante importantes reformas al sistema en su conjunto, como son la prohibición efectiva del lucro en este sector, avanzar en criterios claros respecto de la formación que se busca impartir, capacitación docente acorde a ello, la creación de una institucionalidad capaz de fiscalizar y materializar las reformas pretendidas, y dotar a la EMTP de una vinculación real con el medio que permita cubrir las necesidades técnicas que hoy demanda el país.
SEGREGACIÓN, ACCESO Y DESERCIÓN: “LA PUERTA GIRATORIA”
Un categórico informe elaborado por la Comisión para el Estudio de la Formación Técnico-Profesional en Chile (MINEDUC, 2009) señala que gran parte de la matrícula de la EMTP proviene de los hogares con menores ingresos. Basados en estimaciones de la encuesta CASEN, el 64,7% de sus alumnos provienen de los dos menores quintiles de ingresos. Más aún, de acuerdo al Índice de Vulnerabilidad Educativa (IVE) que elabora la JUNAEB[1], el 61% de los liceos TP se encuentran en el decil de mayor vulnerabilidad (90-100), en contraste con la distribución más homogénea de esta variable que presentan los liceos Científico-Humanistas (CH). Por lo mismo, en vista y consideración de esta estratificación socioeconómica que se presenta según modalidad (CH o TP), resulta lógico inferir la gran brecha que se produce a nivel de aprendizajes del currículum básico nacional.
Tal como la directora académica del CIAE, Alejandra Mizala, describe en una columna escrita el 2012, existe una estratificación “por nivel socioeconómico y consecuentemente por resultados académicos”, resultado educativo que “depende en gran medida de la composición socioeconómica del alumnado del colegio al que va, lo que significa que nuestras aulas no tienen la capacidad de interrumpir la reproducción cultural de la pobreza”. Esta estratificaciónha sido corroborada consistentemente en el SIMCE y la PSU, a nivel nacional; como a nivel internacional PISA, además de pruebas e informes que refuerzan y constatan la relación que existe en Chile entre los resultados académicos y el NSE de los estudiantes.
Un estudio del MINEDUC aporta un dato ilustrador sobre las consecuencias que trae esta brecha curricular en términos de acceso a la educación terciaria: “la modalidad CH supera en casi el doble a la TP en número de alumnos que tienen puntajes iguales o superiores a 475 puntos en los últimos tres procesos de admisión[PSU 2007-2009]. Asimismo, en la PSU de matemáticas sólo un 1,5% de estudiantes de establecimientos TP logran puntajes superiores a los 600 puntos contra el 24,2% de los estudiantes CH”.
Para explicar esto, es importante darle énfasis a lo débilmente conectada que se encuentra la continuidad en la formación técnico profesional Secundaria y Terciaria, tanto en términos institucionales como curriculares. Estoevidentemente dificulta el tránsito de los egresados de la modalidad técnico-profesional al sistema de Educación Superior. Dicho esto, no es de extrañar que en un sistema escolar tan económicamente segregado y curricularmente desigual como el chileno, la PSU se presente como la gran barrera infranqueable para muchos estudiantes.
Efectivamente, un alto porcentaje de los egresados de la Educación Secundaria Técnico Profesional no accede al sistema de educación superior. De hecho, Bassi y Urzúa (2010) muestran que, mientras el 66% de quienes cursan la modalidad Científico Humanista continúa estudios terciarios luego de obtener el certificado de educación media, en el sector Técnico Profesional esta cifra es de apenas un 42%. Y la realidad empeora aún más si se considera, como lo hace este mismo estudio, que de estos estudiantes que sí inician estudios terciarios luego de haber cursado educación secundaria técnico profesional, menos de la mitad acaban finalizándolos.
Por tanto, se erige como una necesidad prioritaria que las políticas curriculares aborden y consideren en el corto plazo la disminución de estas diferencias a través de la inclusión de competencias genéricas comunes a ambas modalidades, que permita y facilite no sólo situar a los estudiantes en igualdad de condiciones respecto a sus posibilidades de acceso a la educación terciaria, sino también que ofrezca la adquisición de los conocimientos y competencias necesarias que contribuyan a paliar los altos índices de deserción.
INGRESOS Y EMPLEABILIDAD: AÚN COMPARATIVAMENTE MENORES
Pese a lo antes mencionado en materia de acceso, no se puede desconocer el hecho de que este ha aumentado significativamente en la Educación Superior Técnico-Profesional. Las postulaciones en este sector crecieron en un 18% del 2012 al 2013, y en un 37% si se consideran los últimos cinco años. Inciden en esto factores como la menor duración de sus carreras, el bajo costo de titulación en relación a carreras universitarias, y niveles de remuneraciones y empleabilidad que en alguna medida han tendido a mejorar.
Sin embargo, respecto a estos ítems es mucho lo que hay pendiente. En términos salariales, la brecha persiste según nivel de estudios que se posean y, a su vez, dependiendo de la modalidad que se escoja (universitaria o técnico-profesional). Por otra parte, como la información del Mineduc lo demuestra, las rentas por cursar estudios universitarios siguen siendo comparativamente mejores que las carreras técnicas, tanto en sus cotas inferiores y superiores, como en sus niveles promedio.
En lo que respecta a la empleabilidad se hace evidente que si bien el acceder a un mayor nivel educacional está asociado a mejores rentas y trabajos, es decir, mayor movilidad social y calidad de vida, siguen siendo dispares las remuneraciones entre los egresados de universidades y los graduados de CFT e IP, aspecto relevante que refleja, en cierta medida, la preponderancia que se le atribuye a la Educación Técnico-Profesional.
FINANCIAMIENTO: ESCASO Y DESREGULADO
El Mineduc ha hecho un incremento sustantivo en los fondos destinados para la mejora en los equipamientos de los Liceos Técnico-Profesionales, pasando de $73 millones (2009) a casi $21 mil millones (2012). A esto se suma la creación de convenios entre dichos liceos y empresas de sectores productivos de la zona, de manera tal de facilitar la actualización del currículum de los liceos y otorgar cupos para que los estudiantes realicen sus prácticas para titularse.
De igual forma, el Mineduc ofrece diversas becas al sector técnico profesional, entre las que destacan las becas Nuevo Milenio, Excelencia Técnica, de Articulación y la Beca Práctica Técnico Profesional (BPTP). Según un informe de la Contraloría General, en el 2012 el financiamiento fiscal a estudiantes de IP y CFT alcanza una cifra que asciende a los $160.000 millones aproximadamente. Sin embargo, dicha cantidad, representa únicamenteel 21,2% del gasto estatal en IES, siendo considerablemente inferior a lo invertido en universidades estatales, universidades estatales no tradicionales y universidades privadas.
En este contexto, más allá de la escuálida inversión, resulta preocupante que al Mineduc no le inquiete la ausencia de una ley que les prohíba el lucro, como se ha dicho con anterioridad, sino que, por el contrario, proponga otorgar financiamiento estatal a CFT e IP que carezcan de acreditación.
Seamos serios: No se puede permitir que los recursos del Estado se sigan invirtiendo sin asegurarse que dicho dinero se destine e invierte sólo y únicamente para mejorar y asegurar la calidad de la enseñanza que se imparte.
DESAFÍOS
Así como esta columna ha buscado constatar los múltiples problemas que debe enfrentar una formación técnico-profesional en Chile, también entrega nociones de cuáles son algunos de los desafíos prioritarios que han de abordarse en esta modalidad de estudio.
Dado su rol preponderante para el desarrollo del país, es vital el poder promover, mediante innovaciones curriculares que apunten a una educación dual, la vinculación de la Educación Técnico-Profesional con las necesidades laborales de los distintos sectores productivos del país. Brindar la formación y capacitación respectiva al personal docente que se desempeña en este sector y mejorar la infraestructura y equipamiento de los Liceos Técnico-Profesionales resulta clave para estos propósitos. De igual manera, surgen como reformas necesarias que han de impulsarse y materializarse en el corto plazo el lograr una transición más equitativa hacia la Educación Superior disminuyendo las brechas existentes entre la formación Técnica Profesional y la Científico-Humanista, y realizar cambios sustantivos al sistema de ingreso y retención en la Educación Superior que considere las particularidades propias de la Educación Media Técnico Profesional.
Por último, es acuciante prohibir la posibilidad de lucrar en los Institutos Profesionales y los Centros de Formación Técnica, así como también darle prioridad a avanzar hacia una progresiva obligatoriedad en la acreditación institucional y de sus programas de estudio. Ambos aspectos son ejes centrales del mejoramiento del sistema técnico-profesional en Chile, en la medida que apuntan hacia una mayor regulación de la formación recibida y a un buen uso de los recursos invertidos. Es hora de que el Estado se haga cargo de esta materia para darle, tras tantos años de postergación y abulia política, la importancia que merece y demanda esta modalidad del sistema educativo que resulta crucial para el desarrollo de nuestro país.
(*) Gonzalo Oyarzún Vargas es estudiante de quinto año de Pedagogía en Inglés y vicepresidente de la Federación de Estudiantes 2013 de la Universidad Alberto Hurtado. Es militante de Genera Opción Universitaria (GOU), miembro del Colectivo Nueva Educación e investigador del Centro de Estudios de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (CEFECh).
[1] El IVE es elaborado por JUNAEB en base al ingreso familiar, estudios de la madre y el padre e indicadores educativos y se utiliza para la distribución de diversos recursos focalizados.
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Estimado Gonzalo:
Soy Profesora de educación media técnico profesional. Encuentro muy bueno tu artículo y te felicito por la rigurosidad con que estudiaste el tema. Considero que realmente la educación técnica –especialmente la Enseñanza Media TP- ha estado en completo abandono y olvido por parte del Estado. Yo he vivido en carne propia lo que es ser titulada de un liceo técnico: mi familia no tenía plata para que en el futuro estudiara en la universidad, así que a pesar de tener excelentes promedios en la básica, me pusieron en un liceo comercial para que tuviera un título saliendo de cuarto medio y pudiera trabajar. Estudié 4 años de especialidad, hice la práctica y logré encontrar trabajo pero los sueldos que me ofrecían eran todos bajísimos. Eso considerando que yo fui la mejor de mi promoción y que en esos años la especialidad eran 4 años y tenías el título de Técnico (después la redujeron a 2 años y ahora el título es de Ayudante). Tuve muchas compañeras de liceo que tuvieron que estudiar de nuevo la carrera en un CFT porque no les daban trabajo en ninguna parte por venir de un liceo técnico. Rendí la PSU pero no logré alcanzar los 500 puntos.
Por todo esto, estuve años trabajando por sueldos bajos con mi título de liceo. Muchos años después, con recursos e iniciativa propios, estudié Pedagogía en la Universidad.
Como Profesora de Educación Media Técnico Profesional, me di cuenta que la mayoría de los colegas son técnicos y no han estudiado pedagogía, porque no es obligatorio. Por lo cual también hay una falencia de herramientas pedagógicas –sin quitar mérito a quienes sin tener título hacen una labor docente de excepcional calidad por la vocación y experiencia-. Todo esto se suma a la reducción de años de especialidad (supuestamente para aumentar los años de formación general que permitan cursar educación superior); el título de liceo ya no es de “Técnico†como antiguamente, sino que es de “Ayudanteâ€, lo cual obliga a acudir a un CFT privado y pagar si quieres ser Técnico de verdad. Cabe destacar que no existen CFT estatales hasta el día de hoy, son todos privados y no es requisito que sean acreditados.
Uno ve como a los estudiantes de liceos TP se les limitan las oportunidades: de acceso a la educación superior, pues la formación no es suficiente para que alcancen buenos puntajes en la PSU y de trabajo, porque les ofrecen sueldos miserables. Se han hecho reformas, pero son todas insuficientes al día de hoy. Tus propuestas son bastante interesantes y creo que serían efectivas.
carlos navarrete | 14.01.2014
Acaso el ministerio ayuda a los alumnos a buscar su vocacion ? ... es algo importante y debiera suceder. Asi como buscar la vocacion es una etapa importante, tambien lo es el hecho de que el sistema OFREZCA un abanico mas AMPLIO de posibilidades para ser PROFESIONAL en trabajos laborales. En Chile no tenemos formada la EDUCACION VOCACIONAL, aqui hay mucho que hacer; el esquema debe ser ADAPTABLE, FLEXIBLE y ADAPTABLE para los estudiantes, de esa forma el alumno crece y llega a ser profesional antes, SIRVE A LA PATRIA, gana y produce mas.Â
 La GRATUIDAD y otras cosas mas son el resultado de un sistema educacional mas adecuado al pais. Si quieres saber como hacer que esto opere, ubicame.
denis | 30.12.2013
Creo que los colegios técnicos profesionales no sirven de nada, de echo solo perjudican a los estudiantes ya que les prometen que al salir ya tendrán una carrera cuando la verdad es muy distinta, ninguna empresa respeta ese título como tal.
Además que estudiar en un colegio de esas características perjudica al momento e rendir la PSU porque por ser un colegio técnico no pasan toda la materia que se debería pasar en la educación media, pasarán una cuarta parte de matemáticas, lenguaje y ciencias. Lo mejor es estudiar en un colegio humanista y rendir la PSU de la mejor manera posible para obtener un crédito universitario y poder estudiar en la educación superior.
Eduardo | 19.11.2013
Me gustaría conocer los argumentos,del por que los senadores de derecha se "opusieron" ,a que se integre a la malla curricular de la enseñanza Media,la asignatura Educación Cívica.
Lei el artículo y no encontré respuesta concreta a mi incógnita.Poner que se opusieron sin respaldar ,me parece poco serio.
Atte
Eduardo
hg.h-h | 17.10.2013
Los tecnicos en general tienen un pèsimo futuro laboral en Chile ya que son discrimindos por ley en la reparticiòn publica al momento de exijir carrera funcionaria y por ende sueldo digno toda vez que dentro de la escala unica de remuneraciones tienen un tope de $5oo mil de sueldo y considerando que un profesional gana $600 mil + - , no tienen futuro y en la empresa privada ganan algo mas pero no tienen horario fijo por que en Chile el sector privado no respeta las 8hrs diarias de trabajo .Ademas que no pueden llegar a ejercer una jefatura por que por ley un tecnico no puede tomar determinaciones en la empresa publica.
Rodrigo Fernandez | 16.10.2013
Felicitaciones por la columna. Claridad y lucidez sobre un tema al que nuestros "intelectuales" le temen.
victor künast | 16.10.2013
Qué será quintiles?
Gonzalo Oyarzún | 16.10.2013
Estimado Benjamin,
Efectivamente, la palabra "desregularización" no existe, por lo mismo no se encuentra en ninguna parte del presente informe.
Saludos.
benjamin | 16.10.2013
Ja! Pertenece a la Federación, por eso publican todo lo que escribe. Se reconoce el mérito, pero podría pedir que corrijan sus textos, antes de enviarlos.
Gonzalo, la palabra "desregularización" no existe, corta.
Tal como la directora académica del CIAE, Alejandra Mizala, describe en una columna escrita el 2012, existe una estratificación “por nivel socioeconómico y consecuentemente por resultados académicos”, resultado educativo que “depende en gran medida de la composición socioeconómica del alumnado del colegio al que va, lo que significa que nuestras aulas no tienen la capacidad de interrumpir la reproducción cultural de la pobreza”. Esta estratificación ha sido corroborada consistentemente en el SIMCE y la PSU, a nivel nacional; como a nivel internacional PISA, además de pruebas e informes que refuerzan y constatan la relación que existe en Chile entre los resultados académicos y el NSE de los estudiantes.
