Informe de la Contraloría: Los antecedentes que gatillaron la renuncia del director del SII

Exactamente 13 meses y diez días resistió en su puesto el ahora renunciado director nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII), Julio Pereira. Desde el 2 de junio de 2012, cuando La Segunda reveló que el SII condonó US$119 millones en multas e intereses a la multitienda Johnson’s, Pereira comenzó a navegar por aguas turbulentas. Y lo hizo torpedeado desde un comienzo por las dos asociaciones de funcionarios del SII, que lo acusaron de haber intervenido para que se otorgara el cuantioso “perdonazo” a  Johnson’s a pesar de que debió inhabilitarse por haber sido socio de PricewaterhouseCoopers (PwC), la empresa que asesoró la estrategia tributaria de la multitienda que dio origen a la millonaria deuda que ésta mantenía con el fisco.

Pereira sobrevivió, respaldado por el gobierno, a una investigación especial de la Cámara de Diputados y a las declaraciones de sus subalternos que lo apuntaron como responsable de la condonación. Pero no pudo remontar la última ola que lo golpeó y que terminó por hundirlo: el informe final de la auditoría que realizó la Contraloría a las condonaciones realizadas por la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC) del SII y que revisó el beneficio que favoreció a Johnson’s.

Aunque sigue en curso una investigación sumaria de la Contraloría respecto de las responsabilidades administrativas en la condonación, los antecedentes acumulados en la auditoría realizada por el ente fiscalizador a la DGC bastaron para gatillar su salida. El informe final de la auditoría fue difundido este jueves 11 de julio y, aunque Pereira señaló en la noche de esa misma jornada que aún estaba pendiente el dictamen definitivo de la investigación sobre sus eventuales responsabilidades, al día siguiente tuvo que dar un paso al costado. Cerca de las 20:00 horas del viernes 12, a través de un comunicado de prensa, La Moneda confirmó que el Presidente Sebastián Piñera había aceptado su renuncia «con el objeto de que el ex director pueda concentrar sus tareas en las respuestas que se le han solicitado por los respectivos informes de la Contraloría General de la República, sin que ello altere la normal dirección del SII«.

El informe final de la auditoría hecha en la DGC contiene tres aspectos que resultaron demoledores para Pereira.

El primero es que la Contraloría cuestiona la legalidad de la condonación, pues afirma que el argumento del SII para concederla fue evitar la quiebra de Johnson’s, ya que eso habría significado la imposibilidad de cobrar los tributos que debía. Para la entidad fiscalizadora, ese argumento no resulta válido, pues no está considerado dentro de aquellos establecidos en las normas que regulan las condonaciones. El código tributario determina que los contribuyentes que pueden acceder al beneficio son aquellos que incurren en omisiones excusables, no reincidentes, que desconocen las normas que los obligaban a pagar tributos. En este caso, Johnson’s llevaba años litigando con el SII para evitar el pago, por lo que estos requisitos no se cumplían.

El segundo punto de la auditoría que jugó en contra de Pereira es que se detectó que tenía intereses en otras empresas que obtuvieron condonaciones. El informe señala que en las cinco declaraciones de patrimonio e intereses que hizo Pereira desde que asumió el cargo, figura como accionista de sociedades que “efectuaron solicitudes de mayor condonación que fueron autorizadas”. Entre estas se cuenta Banco de Chile, Colbún, Corpbanca, Enersis, Comercial ECCSA (Ripley), Banco Santander, AS Gener y Lan Chile. Aunque la Contraloría levantó esta observación, porque Pereira tiene un bajo porcentaje accionario en estas sociedades y sus inversiones en esta área son administradas por un fondo sobre el cual no tiene control, la información de todas maneras minó su imagen. Más aún cuando el informe de la Contraloría reveló que también posee acciones de Cencosud, empresa que resultó directamente beneficiada con la condonación a Johnson’s, pues adquirió esa multitienda una vez que se saneó su situación tributaria gracias al “perdonazo”.

Las relaciones de Pereira con Cencosud ya habían hecho mella en el director del SII. En enero de 2013 revista Qué Pasa informó que este mantiene un contrato de arriendo con Cencosud que le reporta cerca de $22 millones mensuales. Pereira forma parte de la sociedad Molino Viejo Limitada, propietaria del terreno donde funciona el Portal La Reina de Cencosud.

El último punto de la reciente auditoría difundida por la Contraloría, y que terminó por sellar la salida de Pereira, es que recogió y validó declaraciones y correos electrónicos de sus subalternos que indican que él estuvo a la cabeza del proceso de condonación a Johnson’s. Inicialmente, la versión oficial del SII fue que el ahora ex director no había participado en la condonación, pero una investigación de CIPER demostró lo contrario (vea ese reportaje).

Las pruebas aportadas por el reportaje de CIPER fueron recogidas por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la que citó a declarar a funcionarios de la DGC que las corroboraron. Esas declaraciones fueron también recogidas en el informe final de auditoría publicado esta semana por la Contraloría.

LA DEFENSA DEL GOBIERNO

El primer síntoma de que la mano venía mal para Pereira fue el silencio de La Moneda tras la publicación del informe de la Contraloría, lo que contrastó con la cerrada defensa que se le había brindado en Palacio desde que se conoció la controversial condonación. En la mañana de este viernes 12 de julio, el ministro del Interior Andrés Chadwick evitó referirse al tema. Por su parte, la ministra vocera, Cecilia Pérez, anunció que el titular de Hacienda, Felipe Larraín, superior de Pereira, sería el personero de gobierno que abordaría la materia: “Hemos decidido en el comité político, por instrucción del Presidente, dejar el tema del dictamen (de la Contraloría) en manos del Ministerio de Hacienda”.

A comienzos de marzo la situación era completamente distinta. En esa oportunidad, La Moneda blindó a Pereira argumentando que la Contraloría ya lo había exculpado. El propio Presidente Piñera se involucró en la defensa a Pereira, al señalar el 4 de marzo en una entrevista que concedió a radio ADN: “Desde el primer minuto tomamos la posición de esperar un informe de la Contraloría que acaba de salir. Yo lo he estudiado y por tanto, durante los próximos días, tal como lo anunciamos, vamos a tomar una definición en este tema”.

Al día siguiente, la ministra Cecilia Pérez informó que el mandatario había resuelto confirmar en el cargo a Pereira, fundando su decisión en que la Contraloría no había levantado cargos en su contra en la investigación que lleva adelante por eventuales irregularidades en la condonación a Johnson’s.

Efectivamente, en esos primeros días de marzo la Contraloría informó que había decidido levantar cargos contra el director jurídico del SII Mario Vila y la ex directora de la DGC, Mirtha Barra, dentro de su investigación por el beneficio tributario concedido a la multitienda. Pereira salvo ileso en esa oportunidad, lo que motivó el blindaje que le dio La Moneda. No obstante, tal como lo informó una nota publicada por CIPER, eso no significaba que Pereira quedaba exculpado.

El jueves 14 de marzo, en una reunión con parlamentarios y dirigentes de los funcionarios del SII, el contralor Ramiro Mendoza aclaró que sólo se había cerrado la primera parte de la investigación, en la que no se formularon cargos contra Pereira. Pero el director del SII podía verse envuelto nuevamente a partir de las declaraciones que, en la segunda fase de la indagatoria, se tomarían a Mario Vila y Mirtha Barra. Esta última ya había declarado en la Cámara de Diputados que el responsable final de la condonación era Pereira (vea su declaración completa ante la comisión parlamentaria), por lo que resultaba obvio que en la investigación de la Contraloría volviera a involucrar a su ex jefe.

En ese informe de marzo, la Contraloría formuló cargos contra el ex subdirector jurídico del SII, Mario Vila, pues consideró que podría haber vulnerado su deber de abstención en la operación que favoreció a Johnson’s. Esto, porque Vila, al igual que Pereira, también trabajó en PwC y asesoró a Johnson’s en la estrategia tributaria que dio origen al largo litigio de la multitienda con el SII.

Ahora, en el informe final de la auditoría a la DGC, la Contraloría volvió a manifestar sus reparos a que Vila haya participado en las decisiones que beneficiaron a Johnson’s por el posible conflicto de interés. Pero, al mismo tiempo y por primera vez, formuló el mismo reproche respecto de Pereira. Este nuevo antecedente, que ya no pudo ser obviado por La Moneda, fue el que terminó de agitar las aguas en las que navegaba el jefe del SII y provocó su naufragio definitivo.