Uno de los discursos que instaló la dictadura y que la Concertación hizo suyo es la idea de la focalización de los recursos del Estado.

El argumento a favor de focalizar es el siguiente: sea cual sea el nivel de gasto al cual el Estado se puede comprometer de manera sostenible, si nuestra mayor preocupación es mejorar la vida de las personas con menores recursos económicos, el gasto del Estado debe concentrarse en este grupo objetivo.

En mi opinión, este criterio es pertinente en diversos ámbitos de la política pública. Un buen ejemplo es cuando se discute el subsidio a los combustibles. Sin embargo, la focalización puede implicar diversos problemas, donde -como muchos han enfatizado en el debate educacional-  el riesgo de aumentar la segregación es uno de ellos.

En salud y educación la elite ha desarrollado un sistema aparte para sus miembros, lo que ayuda a explicar la poca urgencia con que el sistema político ha abordado el déficit en los respectivos sistemas públicos

Otro potencial problema de la focalización, el cual abordo en este texto, es que aún cuando analíticamente tiene sentido hacer el ejercicio de discutir cómo asignar los recursos del Estado asumiendo un monto fijo y determinado, la focalización puede terminar perjudicando a los más pobres si la forma en que se distribuyen los recursos tiene un efecto no despreciable sobre el monto a distribuir.

El argumento que voy a desarrollar se deriva de dos premisas que son particularmente válidas para el caso chileno.

Premisa 1: Aunque no es el único factor, las preferencias políticas de cualquier grupo-sector-clase social están fuertemente determinadas por la forma como tales políticas afectan su calidad de vida.

Premisa 2: Las preferencias políticas de la elite económica están sobre representadas en la determinación de la orientación de las políticas públicas. Esto quiere decir, por una parte, que la elite económica tiene la posibilidad de incidir en la deliberación democrática -o sea, estar sobre representada-  a través de una serie de mecanismos directos, tales como: el financiamiento de campañas, el lobby, el enfoque editorial de sus medios de comunicación, etc. Estos mecanismos pueden, en principio, ser parcialmente desactivados por una mejor regulación, pero nada de aquello ha sucedido en Chile.

Además, la elite económica tiene una serie de mecanismos para incidir -o sea, estar sobre representada- en la deliberación democrática. Estos mecanismos son difíciles de regular-limitar, toda vez que son consustanciales al orden capitalista y su inherente concentración de la propiedad de medios de producción.

Nada más claro para ilustrar este punto que las recientes palabras del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien señaló: «las propuestas de la Concertación y el PC están afectando la inversión». Más allá del poco sustento empírico de estas palabras (pues Bachelet no es un «problema» para el mercado), sí grafican una característica propia del capitalismo, a saber, quienes concentran los recursos económicos pueden limitar los márgenes de lo socialmente posible a través de sus decisiones de inversión. Es decir, el propio ejercicio de sus intereses, en este caso la decisión de inversión, presiona al sistema político por el resguardo de tales intereses.

Sobre la base de estas dos premisas vuelvo al argumento central de esta columna.

Si la focalización de los recursos públicos genera un servicio de mala calidad, que sin embargo, no afecta el estándar de vida de la elite económica, este sector no tendrá mayor interés en mejorar tal servicio (premisa 1); Además, dado el mayor peso de la elite en el debate político (premisa 2), será menos probable aunar los recursos necesarios para mejorar dicho servicio deficitario. En otras palabras, la focalización reducirá el monto recaudado para la implementación de tal política pública.

Ejemplos que avalan este mecanismo sobran. Basta con pensar en la salud y la educación en Chile, servicios en los cuales la elite ha desarrollado un sistema aparte para sus miembros, lo que sin duda ayuda a explicar la poca urgencia con que el sistema político ha abordado el déficit en los respectivos sistemas públicos. ¿Cuánto más se invertiría en educación pública si los hijos de los dirigentes de la Sofofa tuvieran a sus hijos en tales escuelas? ¿Se hubiese necesitado de los movimientos del 2006 y 2011 para poner en el debate público la crisis de la educación si la elite económica tuviese a sus hijos en el sistema subvencionado y público? ¿Cuánto más se invertiría en salud pública si la elite compartiera el miedo de los pobres y la clase media de que su hospital no tenga la tecnología que puede salvar sus vidas?

La moraleja es simple: una condición necesaria para vivir en un mejor país, es lograr que la elite viva en el mismo país que el resto

Así, tener sistemas nacionales de educación y salud, en el que todos accedan al mismo servicio, no es sólo un asunto de igualdad de oportunidades, integración y derechos sociales; sino que es además un elemento indispensable para asegurar la calidad de estos servicios en países en los que, como Chile, la elite tiene distintos mecanismos, institucionales y extra institucionales para determinar el cauce de las políticas públicas. La universalidad del gasto -o sea la no focalización- en educación y en salud puede finalmente redundar en una mejor salud y educación para los sectores más vulnerables.

La moraleja es simple: una condición necesaria para vivir en un mejor país, es lograr que la elite viva en el mismo país que el resto.