La publicación de la Ley de Transparencia el año 2008 fue un paso decisivo para materializar el reconocimiento legal de un derecho de acceso a la información de todos los ciudadanos y para asegurar una efectiva transparencia del Estado. Pasados cinco años, y tras una fructífera labor llevada a cabo por el Consejo para la Transparencia, parece adecuado hacer un alto y considerar cuales son los desafíos que en esta materia están pendientes, que no son pocos. Ese fue el objeto de un reciente seminario realizado por la Fundación Konrad Adenauer y el Centro de Derecho Humanos de la UDP, en el cual participaron miembros actuales y pasados del Consejo y de la sociedad civil. De los numerosos puntos que fueron discutidos en esa ocasión, tres me parecen particularmente relevantes.

Uno es la necesidad de establecer un reconocimiento explícito en nuestra Constitución del derecho de acceso a la información. Hasta ahora este derecho posee un reconocimiento meramente legal y en una sentencia del Tribunal Constitucional. Pero el mismo tribunal, en recientes fallos, lo ha restringido fuertemente en su alcance e importancia versus otras garantías constitucionales. Esta contradictoria jurisprudendencia exige una definición por parte del poder constituyente, incorporándolo dentro del catálogo de derechos de la Constitución, como ya lo han hecho numerosos otros países.

Un segundo tema que aparece con claridad del trabajo del Consejo es la falta en Chile de una adecuada y moderna legislación sobre archivos y procesamiento de la información dentro del Estado. El derecho de acceso de poco sirve si es que no está claramente definido, de acuerdo a los estándares informáticos contemporáneos, el cómo, quién y dónde se almacena la inmensa cantidad de información que hoy está en manos del Estado. La falta de esta normativa con frecuencia ayuda a la administración a excusarse de dar adecuada respuesta a las peticiones de acceso de información fundada en la real, o supuesta, inexistencia de la información.

Un tercer aspecto a considerar es el relativo al proceso de nombramiento de los miembros del Consejo. De acuerdo a la Ley de Transparencia estos son nombrados por el Presidente de la República y confirmados por el Senado. Sin embargo, la práctica de este proceso ha sido poco transparente y sin la adecuada participación de los miembros de la sociedad civil, que en materia de la protección de un derecho humano, como lo es el derecho de acceso, tienen sin duda mucho que decir. Un Consejo que mantenga su nivel de legitimidad y sea capaz de hacer frente a los desafíos que la transparencia presenta en este nuevo siglo, requiere contar con la confianza plena de los ciudadanos y de las organizaciones civiles.

A todo lo anterior, es necesario agregar una temática que en este año eleccionario es particularmente sensible y que es la relativa a la transparencia en las campañas electorales. Sin que haya un pleno y accesible conocimiento sobre quién y cómo se financian éstas, la desconfianza de los ciudadanos hacia el sistema político continuará aumentado, con el peligro que ya eso conlleva para nuestra democracia y convivencia nacional.