Todo parece indicar que estamos frente al cierre de un ciclo de las políticas educativas en Chile. Para entender por qué es importante detenerse en tres elementos centrales de nuestro actual momento educacional que pueden orientar la discusión en el futuro. Hoy están pasando principalmente tres cosas:
Un gobierno que intenta cerrar con la mayor eficacia posible un conjunto de políticas que le permita consolidar un sello propio. Esta es una tarea difícil, porque como hemos dicho en otra oportunidad, estos últimos años han sido principalmente de continuidad (https://ciperchile.cl/2013/03/04/los-aciertos-y-los-pecados-capitales-del-gobierno-en-educacion/), con algunas especificidades comunes a los gobiernos de derecha en educación: ampliación de mediciones estandarizadas y de la presión al sistema, introducción de incentivos principalmente individuales, igualdad de trato a los proveedores públicos y privados, entre otras medidas.
Unos resultados educacionales que parecieran encontrarse en una fase de “meseta” o estancamiento, donde el avance que comenzó a notarse hace algunos años disminuye su ritmo de crecimiento y donde la inequidad y segregación se muestran cada vez más escandalosamente consolidadas, tanto en la educación escolar como superior.
Una insatisfacción ciudadana con el sistema educacional que vuelve a mostrarse con fuerza. Después de un año 2012 de menos intensidad, el liderazgo de los estudiantes, la coyuntura política y la impericia del gobierno para conducir la agenda educativa están gatillando una nueva etapa de movilizaciones sociales que tendrán un lugar prioritario en la discusión nacional.
La presión social, el estancamiento de los resultados y la falta de iniciativas de la autoridad que fundamentalmente propone seguir haciendo más de lo mismo, empujan al fin de un ciclo educativo que estuvo caracterizado por el mejoramiento incremental de algunas condiciones y factores clave del proceso educativo y que permitió que nuestro sistema tenga otra cara y las oportunidades de educarse con calidad se amplíen sustantivamente.
Esta fase, por cierto, ha requerido de un fuerte respaldo y consenso político, lo que en general dotó de continuidad y financiamiento creciente a parte importante de las políticas implementadas en las últimas dos décadas. El costo de ello, ya lo sabemos, fue postergar y más bien hacerle el quite algunas reformas estructurales que sí son espacio de disputa y diferencias político-ideológicas. Ahí está el nudo clave a desatar para los años que vienen.
En este nuevo escenario educacional, la pregunta central ya no es cómo mejoramos incremental o marginalmente las políticas, si no que cuál es el tipo de sistema educativo que queremos construir para las nuevas generaciones de niños, niñas y jóvenes.
El gobierno y la derecha en general ha leído bien este contexto, llamando a consensos legislativos para esta última fase que permitan, en lo grueso, seguir consolidando -ahora con énfasis en educación superior- un modelo de educación que hace crisis en varias de sus dimensiones
Si bien hay muchas alternativas intermedias, lo cierto es que hoy el mundo se divide en dos grandes modelos de reforma educacional. El primero consiste en promover el cambio educativo y la calidad de la educación a través de mecanismos de mercado, fomentando la competencia entre establecimientos educativos, empoderando a los “consumidores educacionales” para que “elijan bien”, abriendo espacios importantes a la participación privada en la provisión de educación y aumentando de manera dramática la presión hacia las universidades, escuelas y docentes, haciéndolos responsables por sus resultados. Seguramente esta vía suena familiar, pues Chile la ha ido siguiendo al pie de la letra y es por esto que somos reconocidos internacionalmente como uno de los sistemas escolares más mercantiles del mundo. Varios países, hay que decirlo, han comenzado a retirarse de este camino, pues la evidencia es clara en mostrar que no mejora la calidad y menos la equidad de los sistemas.
Un camino distinto es centrar las reformas educacionales en el desarrollo de capacidades, en la colaboración y en el apoyo preferente del Estado a las unidades educacionales para conseguir su mejora. En este tipo de sistemas, el Estado tiene un rol de garante del derecho a la educación que se pone por sobre el de la libertad de enseñanza, pues entregar oportunidades educativas equivalentes para todos se asume como un desafío de la sociedad y no de cada individuo o familia. Por ello, en estos mismos sistemas nadie duda de la importancia que tiene contar con una educación pública laica, integrada socialmente y con estándares de calidad que guíen al resto del sistema. Tampoco titubean en prohibir que la educación sea objeto de “emprendimientos” o fines de lucro, pues los derechos no son parte de aquello que se transa en el mercado.
No tiene sentido seguir pensando que son los consensos los que permitirán seguir avanzando en educación, sobre todo si queremos movernos hacia un modelo que considera a la educación como un derecho
Importante entender entonces que lo que está en juego para los próximos años -si queremos dar el salto en calidad y equidad que la sociedad chilena demanda– es el tipo de sistema educacional que construiremos. Una opción es básicamente mantener los pilares del modelo actual, consolidando en lo grueso un mercado educacional que se ajusta en sus márgenes y ampliando la regulación de ese mercado. Un camino distinto es comenzar a girar hacia un sistema educativo en los términos del segundo tipo de reformas descrito más arriba. Es crítico tener ambos modelos a la vista a la hora de proyectar los siguientes pasos de nuestras reformas educacionales, pues claramente necesitamos una política que comience a equilibrar mucho mejor estas dos grandes vías.
La implicancia política de toda esta argumentación es que no tiene sentido seguir pensando que son los consensos los que permitirán seguir avanzando en educación, sobre todo si queremos movernos hacia un modelo que considera a la educación como un derecho. Lo que el país requiere con urgencia es que los distintos sectores políticos transparenten cuál es el sistema educativo que aspiran mantener o construir, para que sea la ciudadanía la que elija a quienes mejor representen sus anhelos y para que se anime una discusión pública seria sobre los temas estructurales clave. El gobierno y la derecha en general ha leído bien este contexto, llamando a consensos legislativos para esta última fase que permitan, en lo grueso, seguir consolidando -ahora con énfasis en educación superior- un modelo de educación que hace crisis en varias de sus dimensiones.
Lo que el país requiere con urgencia es que los distintos sectores políticos transparenten cuál es el sistema educativo que aspiran mantener o construir, para que sea la ciudadanía la que elija a quienes mejor representen sus anhelos
Más que consensos entonces, necesitamos respuestas -por definición ideológicamente diversas y contrapuestas- a preguntas como: ¿Nos jugamos en serio por una educación pública que sea alternativa mayoritaria y de calidad?, ¿hacemos que la educación privada cumpla con los requisitos básicos que la orienten a responder a una función pública?, ¿equilibramos el mercado con un Estado más fuerte que garantiza el derecho a la educación?, ¿avanzamos en la gratuidad y la eliminación del financiamiento compartido?, ¿permitimos que se obtenga beneficio económico particular con la educación?, ¿diseñamos políticas también en serio para enfrentar la segregación educativa?, ¿tratamos de jugarnos más por el desarrollo de capacidades y la colaboración que por la competencia entre actores educacionales?, ¿hacemos o no una política agresiva para poner a los profesores en el sitio que se merecen?
Es momento de iniciar una nueva fase de reforma educacional en Chile, principalmente porque la ciudadanía exige un sistema educativo distinto al que tenemos y porque existen las condiciones sociales y políticas para avanzar en esa dirección. El gran desafío de esa nueva reforma es cambiar los cimientos de nuestro sistema escolar que, la experiencia es clara en mostrarnos, están tras varios de los problemas de nuestra educación. Bienvenidos entonces los disensos.
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Sin duda, la ciudadanía tiene claridad respecto a qué tipo de educación quiere para Chile. Esa misma claridad se le exige a los distintos candidatos al parlamento y a la presidencia. Somos muchos los que tenemos en el recuerdo los discursos y cómo los han plasmado en sus funciones varios de quienes quieren encantarnos hoy con sus propuestas. No admitiremos que se excusen, eludan las respuestas o que tergiversen la voluntad, la participación y la voz de los ciudadanos que dicen representar. Y también estaremos muy atentos a las medidas que pretendan tomar en estos últimos meses quienes forman parte de la administración saliente.
sebastian donoso diaz | 11.05.2013
Creo que hablar de una política de consensos es algo equívoco, como lo  plantea Gonzalo Muñoz, hubo algunos consensos, pero esencialmente lo que hubo fue claramente una imposición de la derecha sobre los temas claves, a los cuales algunas autoridades de la concertación creyeron que se trató de consensos,  cuando  fue una “cesión de derechos†de –valga la redundancia-, la derecha en puntos críticos cuando eran ya insostenibles socialmente. Además, varias autoridades concertacionistas han mostrado que su corazón está en la educación privada más que en la educación pública, entonces ese consenso respondía a un criterio de capital social compartido, pero no a una realidad sentida por la ciudadanía.
